4T asume el control del Infonavit; ¿pondrá fin a décadas de abusos?

La reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores marca un giro en la política habitacional. El Estado retoma el papel rector en la construcción de vivienda social. La medida busca corregir años de sometimiento al sector privado, lo cual derivó en corrupción y despojo de los trabajadores

Escrituras gratuitas facilitarán la regularización de hogares

El 13 de febrero de 2025, el Senado mexicano aprobó una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), otorgando al organismo la facultad de crear una empresa filial encargada de la construcción de viviendas destinadas a trabajadores de bajos ingresos.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo edificar un millón de viviendas de interés social durante su sexenio, de las cuales 500 mil estarán a cargo del Infonavit y las restantes por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La reforma también introduce esquemas de arrendamiento social con opción a compra, permitiendo a los trabajadores rentar viviendas sin que el pago exceda el 30% de su salario, con la posibilidad de adquirirlas posteriormente. Además, se contempla la utilización de hasta 2.4 billones de pesos provenientes de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar la construcción de estas casas.

La delegación de la construcción de viviendas al sector privado en décadas pasadas no solo resultó insuficiente para atender la demanda, sino que también propició casos de corrupción y despojo. Entre 2013 y 2015, se documentó un fraude masivo en el que, mediante juicios exprés y en paquete, se despojaron de sus viviendas a más de 60 mil trabajadores en estados como Nayarit y Coahuila.

Este esquema involucró a jueces, magistrados y notarios que facilitaron la transferencia irregular de propiedades al Infonavit, afectando gravemente el patrimonio de los derechohabientes. En diciembre de 2018, la Fiscalía General del Estado de Nayarit denunció la red de corrupción creada para despojar de sus viviendas a derechohabientes en todo el país. El fraude se consumó cuando los juzgados validaron contratos de crédito previamente asignados a trabajadores en Nayarit y Chihuahua, afectando también a derechohabientes de Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Coahuila.

La reforma ha generado opiniones divididas. Mientras el oficialismo la defiende como una medida necesaria para garantizar el derecho a una vivienda digna, la oposición y sectores empresariales expresan preocupación por el uso de los ahorros de los trabajadores y la creación de una empresa constructora estatal.

«Quieren agandallarse de 2.4 billones de pesos, lo que afectará a 77 millones de familias», dijo Gina Gerardina Campuzano, senadora del PAN. Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, afirmó que la reforma representa «una transformación profunda de la política habitacional y del sistema de vivienda en México», garantizando el acceso al derecho humano a una vivienda adecuada y la protección del patrimonio de los trabajadores.

La reforma al Infonavit simboliza un esfuerzo del Estado por retomar el control en la provisión de vivienda social, buscando corregir las deficiencias y actos de corrupción del pasado. Sin embargo, su implementación requerirá de una gestión transparente y eficiente para asegurar que los recursos de los trabajadores se utilicen adecuadamente y se cumpla con el objetivo de proporcionar viviendas dignas a quienes más lo necesitan.

Un plan social

La reciente reforma al Infonavit marca un punto de inflexión en la política de vivienda. Durante décadas, el Estado delegó la construcción de viviendas al sector privado, generando una oferta insuficiente y costos inaccesibles para millones de trabajadores. Con la nueva reforma, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca revertir esta situación, impulsando la construcción de un millón de viviendas de interés social durante su sexenio.

«Nuestro objetivo es garantizar que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho. Con esta reforma, el Estado vuelve a asumir su papel de facilitador del acceso a una vivienda digna para los trabajadores», declaró la presidenta Sheinbaum durante la presentación del plan, el pasado 14 de febrero.

Según datos de la Conavi, en México hay un déficit habitacional de aproximadamente 8.2 millones de viviendas, y el 60% de los hogares del país han sido construidos de manera irregular o sin acceso a servicios básicos. Esta crisis ha afectado particularmente a trabajadores de bajos ingresos, quienes a menudo no cumplen con los requisitos para acceder a un crédito hipotecario en el esquema actual.

El plan del Gobierno contempla la construcción de 500 mil viviendas por parte del Infonavit y otras 500 mil a través de la Conavi, priorizando terrenos con acceso a transporte y servicios públicos. Además, la reforma introduce un esquema de arrendamiento social con opción a compra, permitiendo a los trabajadores rentar viviendas sin que el pago mensual supere el 30% de su salario, con la posibilidad de adquirirlas posteriormente.

Este modelo busca corregir las fallas del pasado, donde el sector privado produjo desarrollos de baja calidad y en zonas alejadas, lo que generó abandono masivo de viviendas. Ahora, con una mayor participación estatal, el Gobierno espera mejorar la calidad y accesibilidad de las viviendas, asegurando que los recursos del Infonavit se destinen verdaderamente al beneficio de los trabajadores.

Para determinar la capacidad de pago de los beneficiarios, se realizará un censo casa por casa y un estudio socioeconómico que garantizará que las mensualidades no excedan el 30% de los ingresos de las familias seleccionadas. Este enfoque busca adaptarse a las realidades económicas de los sectores más vulnerables, ofreciendo plazos de pago de hasta 30 años para facilitar la adquisición de una vivienda propia.

Además de la construcción de nuevas viviendas, el programa contempla la mejora de 100 mil hogares en la zona oriente del Estado de México y la regularización de más de 120 mil escrituras, acciones que buscan brindar seguridad jurídica y mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

Las viviendas estarán equipadas con servicios básicos como agua, drenaje y energía eléctrica, y se construirán en zonas libres de riesgos, evitando áreas propensas a deslizamientos o inundaciones. Asimismo, se priorizará la proximidad a centros educativos, de salud y áreas de empleo, garantizando una mejor calidad de vida para los beneficiarios.

El «megafraude»

Uno de los antecedentes más graves que motivaron la reforma al Infonavit es el «megafraude» ocurrido entre 2013 y 2015, en el que más de 60 mil trabajadores fueron despojados de sus viviendas mediante juicios hipotecarios irregulares. El esquema operó principalmente en Nayarit y Coahuila, donde jueces y magistrados facilitaron la ejecución masiva de embargos sin el debido proceso.

Las investigaciones revelaron que jueces como Artemio Zúñiga Mendoza y Jorge Ramón Marín Hernández, en Coahuila, encabezaron una red que validó la recuperación ilegal de propiedades a favor del Infonavit. En Nayarit, el magistrado Ismael González Parra fue señalado por su papel en la firma de resoluciones fraudulentas. Estos funcionarios autorizaron juicios en paquete, algunos resueltos en cuestión de horas, sin notificar a los trabajadores afectados.

En diciembre de 2018, la Fiscalía de Nayarit presentó una denuncia contra esta red de corrupción, señalando que, en muchos casos, los derechohabientes no solo desconocían los procesos en su contra, sino que jamás habían dejado de pagar sus créditos. Como resultado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una revisión de los expedientes y en 2019 anunció la anulación de más de 35 mil juicios fraudulentos.

A raíz del escándalo, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a varios jueces en Coahuila y Nayarit. Además, en 2021 se giraron órdenes de aprehensión contra varios funcionarios del Infonavit y despachos de abogados que participaron en el esquema. Sin embargo, hasta la fecha, las sanciones han sido mínimas en comparación con el daño causado.

Con la nueva reforma, el Gobierno de Sheinbaum busca cerrar las puertas a este tipo de prácticas. «No permitiremos que se repita un fraude de esta magnitud. El Infonavit debe servir a los trabajadores, no a intereses privados ni a redes de corrupción», afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

Riesgos y resistencia

La iniciativa ha generado fuertes reacciones por parte del sector privado y los partidos opositores, quienes acusan al Gobierno de expropiar los fondos de los trabajadores y de debilitar la participación de la iniciativa privada en la construcción de vivienda.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) han criticado la creación de una empresa estatal para la construcción de viviendas. «El Gobierno está regresando a un modelo que ya fracasó en el pasado. El sector privado ha demostrado ser más eficiente en la construcción de vivienda», declaró Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Canadevi.

El PAN y PRI han expresado su rechazo a la reforma. La senadora panista Gina Gerardina Campuzano advirtió: «Están jugando con el dinero de los trabajadores. No podemos permitir que el Gobierno meta la mano en los 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda». Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, cuestionó la viabilidad del proyecto. «No hay garantía de que el Gobierno pueda construir un millón de viviendas en seis años. Ya vimos en el pasado lo que ocurre cuando el Estado quiere ser constructor: corrupción y obras inconclusas». E4

Frases

A favor

«Nuestro objetivo es garantizar que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho. Con esta reforma, el Estado vuelve a asumir su papel de facilitador del acceso a una vivienda digna»

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

«No permitiremos que se repita un fraude de esta magnitud. El Infonavit debe servir a los trabajadores, no a intereses privados ni a redes de corrupción»

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu

 «Hoy tenemos trabajadores que no pueden comprar casa porque los precios son inaccesibles. La reforma busca corregir esto, no quitarles su dinero»

César Cravioto, senador de Morena

En contra

«Quieren agandallarse de 2.4 billones de pesos, lo que afectará a 77 millones de familias (…) Están jugando con el dinero de los trabajadores»

Gina Gerardina Campuzano, senadora del PAN

«El Gobierno está regresando a un modelo que ya fracasó en el pasado. El sector privado ha demostrado ser más eficiente en la construcción de vivienda»

Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Canadevi

«Ya vimos en el pasado lo que ocurre cuando el Estado quiere ser constructor: corrupción y obras inconclusas».

Manuel Añorve Baños, senador del PRI

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Escrituras gratuitas facilitarán la regularización de hogares

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que implementará un programa para otorgar escrituras gratuitas a miles de familias mexicanas con el objetivo de facilitar la regularización de viviendas y brindar mayor certeza jurídica a los trabajadores. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca reducir los costos y trámites burocráticos que históricamente han dificultado la escrituración de inmuebles adquiridos a través del organismo.

«La meta es garantizar que las familias mexicanas cuenten con seguridad jurídica sobre su patrimonio sin que esto represente un obstáculo económico. Queremos eliminar las barreras que han impedido que muchas personas obtengan sus escrituras»

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit

El programa de escrituración gratuita permitirá que miles de trabajadores formalicen la propiedad de sus viviendas sin tener que asumir los gastos notariales y administrativos asociados al proceso. De acuerdo con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, esta medida beneficiará principalmente a familias de bajos ingresos y a quienes adquirieron sus casas mediante créditos del instituto, pero nunca pudieron completar el trámite de escrituración.

«La meta es garantizar que las familias mexicanas cuenten con seguridad jurídica sobre su patrimonio sin que esto represente un obstáculo económico. Queremos eliminar las barreras que han impedido que muchas personas obtengan sus escrituras», afirmó Martínez.

Para agilizar el proceso, el Infonavit ha desarrollado un esquema de simplificación administrativa que permitirá a los beneficiarios realizar el trámite de manera rápida y sin complicaciones. Entre las medidas adoptadas se encuentran:

• Eliminación de costos notariales y derechos registrales para los beneficiarios del programa.
• Digitalización de documentos para reducir el tiempo de espera y evitar traslados innecesarios.
• Coordinación con Gobiernos estatales y municipales para garantizar la pronta inscripción de escrituras en los registros públicos de la propiedad.

Las personas que deseen acceder a este beneficio deberán cumplir con ciertos criterios, como haber liquidado su crédito Infonavit y no contar con escrituras previas de la propiedad. También podrán acceder al programa quienes hayan adquirido su vivienda mediante subsidios gubernamentales pero no hayan finalizado la regularización del inmueble.

En México, más del 35% de las viviendas adquiridas a través del Infonavit presentan problemas de escrituración, lo que impide a los propietarios realizar trámites esenciales como vender, heredar o remodelar sus inmuebles con financiamiento bancario. Esta falta de certeza jurídica ha sido una de las principales problemáticas en el sector de la vivienda social, afectando principalmente a trabajadores de bajos ingresos.

En estados como el Estado de México, Veracruz y Jalisco, miles de familias viven en casas sin escrituras debido a problemas administrativos, costos elevados o trámites engorrosos. Con este nuevo programa, el Gobierno espera regularizar al menos 120 mil viviendas en los próximos años.

La entrega de escrituras gratuitas no solo brindará seguridad jurídica a los propietarios, sino que también contribuirá a fortalecer el mercado inmobiliario y mejorar la recaudación fiscal a nivel local, al formalizar propiedades que anteriormente no estaban inscritas en los registros públicos.

Además, este programa se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno federal para garantizar el acceso a la vivienda digna, como la construcción de un millón de viviendas de interés social y la introducción de un nuevo esquema de arrendamiento social con opción a compra. E4