Adiós likes: Australia aboga por una juventud sin redes sociales

El Parlamento aprueba una medida sin precedentes que busca proteger a los jóvenes de los daños digitales. Las críticas por su implementación, privacidad y posibles efectos colaterales no podían faltar

Australia se posiciona como pionera en la regulación de redes sociales al aprobar una legislación que prohibirá a los menores de 16 años acceder a plataformas como Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram y X. La ley, considerada la más estricta del mundo en materia de internet, no entrará en vigor hasta dentro de al menos 12 meses y contempla multas de hasta 32.5 millones de dólares para las empresas que no cumplan con la normativa.

«Queremos que nuestros chicos tengan una niñez y que los padres sepan que los respaldamos».

Anthony Albanese, primer ministro de Australia

El primer ministro Anthony Albanese ha sido contundente al justificar esta medida, argumentando que busca proteger a las nuevas generaciones de los riesgos asociados con el uso excesivo de las redes sociales. «Queremos que nuestros chicos tengan una niñez y que los padres sepan que los respaldamos», afirmó tras la aprobación en el Senado por 34 votos contra 19. Sin embargo, el camino hacia la implementación de esta ley está plagado de interrogantes. Los críticos destacan vacíos en la legislación, incluyendo detalles sobre cómo se aplicará la prohibición y qué impacto tendrá en la privacidad y el bienestar social de los jóvenes.

Radical y polémica

Esta no es la primera vez que un país intenta restringir el acceso de los menores a redes sociales, pero la decisión de fijar el umbral en los 16 años marca un hito global. A diferencia de otros intentos, esta normativa no contempla excepciones para usuarios existentes o aquellos con permiso parental, lo que refuerza su carácter restrictivo. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, confirmó que plataformas de mensajería y juegos quedarán exentas, así como sitios que no requieren una cuenta para su uso, como YouTube. Aun así, la lista definitiva de plataformas prohibidas será definida con la asesoría del comisionado de Seguridad Electrónica (eSafety).

Para garantizar el cumplimiento de esta ley, el Gobierno planea implementar tecnologías de verificación de edad que podrían incluir sistemas biométricos o identificación oficial. No obstante, expertos digitales han señalado que estas herramientas, aún en fase de desarrollo, podrían no ser efectivas y generar preocupaciones significativas en términos de privacidad. Amy Friedlander, una defensora clave de la prohibición, expresó que esta medida busca aliviar la carga sobre los padres. «Durante mucho tiempo los padres han enfrentado esta opción imposible entre ceder y darle a su niño un dispositivo adictivo o verlo quedar aislado y sentirse marginado», comentó.

La ley no contempla sanciones para los menores que encuentren maneras de evadir la restricción, lo que, según algunos críticos, podría limitar significativamente su efectividad. Una de las herramientas más mencionadas en este contexto son las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), que permiten a los usuarios ocultar su ubicación real al redirigir su conexión a través de servidores en otros países. Esto no solo les permitiría eludir la prohibición geográfica de las plataformas, sino que también dificultaría a las autoridades rastrear el origen del acceso.

El uso de VPN entre adolescentes ya es una práctica común en diversas partes del mundo para sortear restricciones escolares, acceder a contenido bloqueado en ciertas regiones o navegar de forma anónima. Expertos en ciberseguridad señalan que las VPN, a menudo disponibles de manera gratuita o a bajo costo, son fáciles de descargar y configurar, lo que las convierte en una herramienta accesible incluso para los usuarios más jóvenes. Además, muchas de estas aplicaciones no requieren información personal para su uso, complicando aún más cualquier intento de supervisión o control por parte de las plataformas o el Gobierno.

Los críticos argumentan que, en lugar de restringir el acceso mediante estas medidas, sería más efectivo fomentar la educación digital entre los jóvenes y sus familias. «El uso de VPN es un claro recordatorio de que las prohibiciones rígidas no eliminan los riesgos, sino que simplemente los trasladan a un entorno menos visible y, posiblemente, más peligroso», advirtió un analista de ciberseguridad. Este punto enfatiza la necesidad de combinar regulaciones con estrategias educativas y preventivas que aborden las causas subyacentes del problema en lugar de enfocarse únicamente en sus síntomas.

¿Una solución imperfecta?

Activistas juveniles y expertos en derechos digitales han cuestionado la falta de consultas con los jóvenes, quienes serán los principales afectados. «Entendemos que somos vulnerables a los riesgos e impactos negativos de las redes sociales… pero debemos estar involucrados en el desarrollo de las soluciones», escribió el Consejo Juvenil de eSafety. Los peligros de una implementación inadecuada también incluyen la posibilidad de empujar a los menores hacia espacios no regulados de internet, exacerbando los problemas que la ley busca resolver.

Empresas tecnológicas como Google, Snap, Meta y TikTok han criticado la medida, alegando que carece de claridad y podría ser ineficaz. TikTok destacó que la definición del Gobierno sobre lo que constituye una red social es «amplia y turbia», mientras que X cuestionó la compatibilidad del proyecto con tratados internacionales y derechos humanos.

A pesar de las críticas, encuestas preliminares indican que la mayoría de los padres y cuidadores apoyan la reforma, reflejando una creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y emocional de los jóvenes. El primer ministro Albanese reconoció la complejidad del debate, comparando la medida con la prohibición de alcohol para menores de 18 años. «Sabemos que no será perfecta, pe ro estamos convencidos de que es lo correcto», enfatizó. E4