La nueva ley general redefine prioridades: primero, el consumo humano; luego, los usos productivos. El Gobierno promete frenar el acaparamiento y el tráfico de adjudicaciones, pero el campo teme pérdidas por incertidumbre legal y mayor control de la federación
Aguas de Saltillo, una privatización encubierta
La nueva Ley General de Aguas ya no es promesa ni borrador: cerró su ruta legislativa en tiempo récord y entró a la fase decisiva de implementación. Tras pasar por comisiones en San Lázaro el 3 de diciembre, ser votada en el pleno de Diputados el 4 de diciembre, y recibir el aval del Senado, el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025; la norma entró en vigor el 12 de diciembre, al día siguiente de su publicación.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la reforma como un «devolver el agua a la Nación»: un intento por traducir el derecho humano al agua en reglas operables, con una rectoría estatal más clara y con instrumentos para frenar el acaparamiento y la extracción irregular. La Comissión Nacional del Agua (Conagua) defendió que el nuevo marco fortalece el derecho humano y pone candados al mercado negro y la sobreexplotación.
El corazón político del cambio está en el sistema de concesiones: la reforma establece que los derechos amparados en concesiones y asignaciones «no serán objeto de transmisión» y crea un mecanismo de reasignación cuando hay venta de tierras, fusiones o herencias, en plazos expeditos. En otras palabras: el agua deja de circular como «activo negociable» entre particulares; el Estado se reserva el control del traspaso del derecho.
Cámara de Diputados
Para el campo, esto toca fibras profundas: tierra y agua han funcionado como un binomio económico. Organizaciones campesinas y frentes de productores advirtieron que, sin la posibilidad de transmitir libremente concesiones, se erosiona el valor de sus propiedades y se abre un periodo de incertidumbre burocrática. La calle habló con tractores y bloqueos: protestas en Ciudad de México y en varios estados acompañaron la discusión parlamentaria.
El Gobierno y su mayoría respondieron con dos argumentos: primero, que el agua debe priorizar el consumo humano y el servicio público, sobre todo en escasez; segundo, que el esquema no equivale a «expropiar» agua al campo, sino a ordenar un sistema donde la simulación y el tráfico de derechos han prosperado por décadas. Conagua sostuvo públicamente que había desinformación alrededor del dictamen y que el reordenamiento busca cortar prácticas abusivas.
El debate, sin embargo, no es binario. La nueva ley llega a un país atravesado por sequías, disputas interestatales, megaproyectos hidráulicos cuestionados y presiones internacionales por tratados de agua. En ese contexto, la pregunta de fondo no es solo si la ley «favorece» a alguien, sino si el Estado tendrá capacidad —técnica, presupuestal y política— para hacerla cumplir sin castigar a los pequeños usuarios ni abrir la puerta a discrecionalidad.
Cambios de fondo
La Ley General de Aguas se define como reglamentaria del artículo 4º constitucional en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico, y distribuye competencias entre Federación, estados y municipios. No es un ajuste menor: es un marco para que la política hídrica deje de depender solo de programas sexenales y se vuelva obligación permanente.
La ruta política fue veloz y conflictiva. El dictamen avanzó en comisiones el 3 de diciembre en medio de amenazas de bloqueos, llegó al Pleno y se aprobó tras una sesión maratónica, y el Senado lo avaló con una votación reportada de 85 a favor y 36 en contra. El decreto se promulgó y publicó el 11 de diciembre.
Para el Gobierno, el simbolismo es claro: reubicar el agua en el centro del contrato social. En términos de narrativa pública, Sheinbaum capitaliza un reclamo histórico: que el agua no funcione como privilegio silencioso de quienes tuvieron poder para amarrar concesiones, perforar pozos o «mover» derechos con contactos. La propia Presidencia comunicó que el objetivo es ordenar concesiones y reforzar la rectoría del Estado.
Gobierno de México
Pero la importancia real se medirá en implementación: armonización local, reglamentos y operación administrativa. La ley fija plazos transitorios (por ejemplo, armonización estatal en 180 días para la Ley General), pero el aterrizaje depende de capacidades que en México suelen ser desiguales: municipios operadores frágiles, infraestructura envejecida y zonas agrícolas donde el agua es supervivencia y mercado a la vez.
El punto que detonó la protesta es explícito: «Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión». En su lugar, se crea un mecanismo para que, si hay transmisión de propiedad asociada a un título, fusiones/escisiones o herencias, la autoridad reasigne el volumen y emita un nuevo título conservando volumen, uso y plazo remanente.
El diseño intenta cortar dos prácticas: la compraventa indirecta de agua y el mercado informal de derechos. La reforma también crea un fondo de reserva de aguas nacionales alimentado por volúmenes que regresan por extinción de títulos o cesiones, y por los casos de preferencia derivados de esas reasignaciones. Es un «banco» regulado: el agua vuelve al Estado para reordenar prioridades.
El Gobierno defendió que el mecanismo no anula la vida económica del campo, sino que redefine la relación: sí puede cambiar el propietario de la tierra, pero el derecho hídrico se formaliza vía reasignación, con plazos expeditos de hasta 20 días hábiles en supuestos específicos. Incluso se establece que, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título, la nueva persona propietaria conserva derechos y se expide un nuevo título «por el plazo remanente», exceptuando el análisis de disponibilidad en ese trámite.
Las organizaciones campesinas, en cambio, alegaron que lo «expedito» puede volverse cuello de botella y que la certidumbre productiva se pone en manos de decisiones administrativas. De ahí los bloqueos, las caravanas de tractores y el discurso de «despojo» que recogieron medios nacionales: una parte del campo leyó la reforma como amenaza directa a su patrimonio.
Lo que está en juego
En su arquitectura, la Ley General de Aguas obliga a los tres órdenes de Gobierno a diseñar políticas públicas con enfoque de derechos, y plantea un modelo de gestión «participativo» que reconoce —al menos en el texto— la intervención de comunidades y sistemas comunitarios de agua y saneamiento. En un país con localidades donde el Estado llega tarde y el sistema comunitario sostiene la red, esto no es menor.
El beneficio más defendible, si se aplica bien, es la prioridad del consumo humano en situaciones de escasez. En la discusión pública se repitió una idea: no puede seguir ocurriendo que haya colonias sin agua mientras industrias o grandes usuarios mantienen volúmenes privilegiados. La reforma se inscribe en ese reclamo social y lo convierte en criterio rector.
Además, el Gobierno empuja una agenda de transparencia y control: el decreto menciona el Registro Público Nacional del Agua como herramienta de información; y endurece el enfoque sancionatorio frente a extracción ilegal y abusos. Conagua sostuvo que el objetivo es erradicar mercado negro, acaparamiento y sobreexplotación, y lo conectó con una narrativa de justicia social.
El reto es que el derecho, por sí solo, no abre la llave. La brecha histórica de infraestructura (fugas, redes colapsadas, plantas de tratamiento insuficientes) exige inversión sostenida. Y aquí aparece una duda técnica clave: ¿la nueva rectoría estatal vendrá acompañada de dinero, personal y sistemas de verificación suficientes para no quedarse en un cambio de papel?
Una de las críticas más repetidas es la centralización: al fortalecer facultades de la autoridad del agua (Conagua) y concentrar la gestión de reasignaciones, el Estado gana control, pero también se vuelve el «cuello» por donde pasan decisiones sensibles. Animal Político reportó alertas sobre falta de previsión presupuestal y riesgos operativos, justo cuando Conagua enfrenta restricciones.
Otro riesgo es la discrecionalidad: si la reasignación privilegia ciertos usos (derecho humano, seguridad alimentaria, desarrollo), el criterio es defendible, pero su aplicación puede abrir disputas, litigios y sospechas de favoritismo, especialmente en regiones donde el agua es poder: gobernadores, presas, distritos de riego, industrias y megaproyectos. E4
Ejes, impacto y cuestionamientos de la reforma
| Fundamento | ¿Qué cambia? | ¿Qué busca? | Riesgos / críticas |
|---|---|---|---|
| Derecho humano al agua | Se reafirma como eje rector: prioridad al consumo personal y doméstico sobre cualquier otro uso | Que hogares queden sin agua mientras grandes usuarios mantienen volúmenes | Falta de infraestructura y presupuesto para hacer lo efectivo |
| Rectoría del Estado | Se fortalece el papel de la Federación (Conagua) en la gestión y control | Dispersión, simulación y débil regulación histórica | Centralización excesiva y discrecionalidad |
| Concesiones | Los derechos no pueden venderse ni transmitirse como activos | Mercado negro y acaparamiento de agua | Incertidumbre jurídica para productores y propietarios |
| Reasignación | En ventas de tierras, herencias o fusiones, el Estado reasigna el derecho (no se «vende») | Evitar tráfico de concesiones | Burocracia y posibles retrasos |
| Banco o reserva de agua | Volúmenes que regresan al Estado se integran a una reserva nacional | Reordenar prioridades y usos | Falta de reglas claras para su asignación |
| Campo y producción | Se reconoce la importancia productiva, pero subordinada al derecho humano | Uso intensivo e ineficiente del agua | Temor a pérdida de certidumbre en el sector agrícola |
| Participación social | Se reconoce la participación de comunidades y sistemas comunitarios | Exclusión histórica de usuarios | Participación más formal que efectiva |
| Sanciones y control | Mayor énfasis en combatir extracción ilegal y abusos | Impunidad y sobreexplotación | Capacidad real de vigilancia limitada |
| Armonización estatal | Estados deben adecuar sus leyes en plazos transitorios | Marco jurídico fragmentado | Desigualdad en capacidades locales |
| Visión de largo plazo | Planeación hídrica con enfoque de sustentabilidad | Políticas sexenales e improvisadas | Choque con intereses económicos consolidados |
Un país con sed: la radiografía del agua en México
- 126 millones de personas viven en México
- ≈35 millones enfrentan algún grado de estrés hídrico
- 7 de cada 10 cuerpos de agua superficiales presentan algún nivel de contaminación
- ≈40% del agua potable se pierde por fugas en redes urbanas
- ≈76% del agua concesionada se destina al sector agrícola
- ≈14% se utiliza en abastecimiento público
- ≈10% en industria y generación eléctrica
- 653 acuíferos existen en el país
- Más de 100 acuíferos están sobreexplotados
- Miles de concesiones han sido señaladas por irregularidades o falta de medición confiable
- Décadas de retraso en inversión en infraestructura hidráulica municipal
- Millones de hogares reciben agua de forma intermitente o por tandeo
- Cientos de conflictos sociales documentados en torno al agua (presas, acueductos, industria, minería)
Fuente: Con datos de Conagua, Semarnat e Inegi, así como de organismos internacionales y organizaciones civiles especializadas. Los datos son aproximados y buscan ofrecer una radiografía general de la crisis hídrica en México
Aguas de Saltillo, una privatización encubierta
Saltillo fue presentado durante años como un caso «modelo» de gestión hídrica en México. A principios de los años 2000, el municipio apostó por una fórmula inédita en el país: la semiprivatización del servicio de agua potable, mediante la creación de Aguas de Saltillo (Agsal), una empresa mixta donde el ayuntamiento comparte control con el consorcio privado Aguas de Barcelona (Agbar). La narrativa oficial hablaba de eficiencia, inversión y modernización; la realidad, con el paso del tiempo, ha mostrado una experiencia más compleja y conflictiva.
La operación de convirtió a Saltillo en punta de lanza de un modelo que luego fue observado —y en algunos casos replicado— por otros municipios. Sin embargo, desde hace más de una década, la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) ha denunciado problemas estructurales: tarifas elevadas, cobros considerados abusivos, cortes de servicio, opacidad en la información financiera y una limitada capacidad de los usuarios para incidir en las decisiones del sistema.
Estas denuncias no se han quedado en el ámbito local. La AUAS ha llevado el caso de Saltillo a instancias nacionales e internacionales, argumentando que el modelo de gestión vulnera el derecho humano al agua, especialmente para sectores populares. El señalamiento central es que, al introducir una lógica empresarial en un servicio esencial, el acceso al agua deja de entenderse como un derecho garantizado por el Estado y pasa a tratarse como una mercancía sujeta a rentabilidad.
En ese contexto, la aprobación de la nueva Ley General de Aguas adquiere un significado particular para la capital de Coahuila. La reforma plantea una rectoría más fuerte del Estado, prioriza el consumo humano y limita la circulación de derechos de agua como activos transferibles. Para una ciudad donde el servicio está mediado por una empresa mixta con intereses privados, la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede el nuevo marco legal corregir los desequilibrios generados por la semiprivatización?
El caso saltillense no es aislado. En Puebla, la concesión del servicio de agua a empresas privadas derivó en protestas masivas por tarifas, cortes y falta de transparencia. En Veracruz, municipios con esquemas mixtos han enfrentado endeudamiento y deterioro del servicio. En Baja California, especialmente en Mexicali, la defensa del agua frente a intereses industriales y transnacionales detonó movilizaciones sociales de gran escala. En Nuevo León, la crisis hídrica de Monterrey expuso cómo la prioridad otorgada a grandes usuarios industriales profundiza la desigualdad en el acceso.
Lo que une estos casos es una misma tensión: la dificultad de compatibilizar la lógica de mercado con un recurso vital, escaso y socialmente sensible. Saltillo, al haber sido pionero, también se convirtió en un espejo donde se reflejan los límites del modelo. Las denuncias de usuarios muestran que la eficiencia administrativa no siempre se traduce en justicia social ni en participación ciudadana real.
Para el Gobierno federal, la nueva Ley de Aguas busca justamente revertir ese paradigma: colocar el derecho humano al centro y subordinar los usos económicos a una planeación pública de largo plazo. En teoría, esto abre una ventana para revisar contratos, esquemas de gestión y mecanismos de control social, sin desconocer la necesidad de inversión y operación técnica especializada.
En la práctica, Saltillo enfrenta un dilema político y jurídico de fondo. La ciudad puede convertirse nuevamente en referencia nacional, esta vez no como ejemplo de privatización, sino como caso de revisión crítica de un modelo que prometió resolver el problema del agua y terminó generando nuevas desigualdades.
La nueva Ley de Aguas no cancela automáticamente la experiencia de Agsal, pero sí la coloca bajo una lupa distinta: la del derecho colectivo frente al negocio del agua. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.