El auge de proyectos habitacionales y comerciales fuera de control aviva el debate sobre planeación territorial, participación ciudadana y sustentabilidad en la Región Sureste. Colectivos exigen criterios transparentes para nuevos desarrollos en la capital
Una ciudad sedienta y un modelo agotado y sin soluciones
Saltillo se expande a un ritmo acelerado. Nuevos fraccionamientos aparecen en la periferia, zonas tradicionalmente habitacionales comienzan a densificarse, los desarrollos verticales avanzan sobre distintos sectores y cada vez son más frecuentes los cambios de uso de suelo para proyectos comerciales o inmobiliarios. Sin embargo, junto con ese crecimiento también ha comenzado a afianzarse el convencimiento de que la ciudad se desarrolla sin una planeación urbana clara, homogénea y suficientemente consensuada con la ciudadanía.
La preocupación ya no se limita a conflictos aislados entre vecinos y constructoras. En distintos puntos de la ciudad han comenzado a surgir organizaciones civiles y colectivos vecinales que cuestionan la manera en que se autorizan obras, se modifican planes urbanos o se permiten nuevos desarrollos en áreas habitacionales y ambientales. El tema ha escalado desde inconformidades locales hasta una discusión más amplia sobre el modelo de crecimiento urbano que sigue Saltillo.
«Desde la ciudadanía organizada exigimos que este tema (uso de suelo) deje de tratarse como secundario y que la participación ciudadana sea vinculante, no simulada».
Nidia Ibarra, representante de Participación Ciudadana
En semanas recientes, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo formalizó la creación de un Consejo Vecinal de Participación en la Administración y Gestión, integrado como un espacio ciudadano para vigilar y debatir decisiones relacionadas con el uso de suelo, el crecimiento inmobiliario y la planeación de la ciudad. La iniciativa surge, según explicaron sus integrantes, ante la percepción de que muchas decisiones urbanas se toman sin suficiente transparencia y con escasa participación de quienes habitan las zonas afectadas.
El organismo reúne preocupaciones que van desde la pérdida de áreas verdes y la presión sobre los recursos hídricos, hasta la instalación de negocios considerados de riesgo dentro de colonias residenciales, el aumento de contaminación auditiva y los procesos de gentrificación en distintos sectores de la capital coahuilense. Aunque cada problemática tiene características particulares, los integrantes del colectivo sostienen que todas comparten la falta de organización y consistencia en el desarrollo urbano. Aseguran que Saltillo enfrenta consecuencias derivadas de cambios de uso de suelo autorizados, a su juicio, de manera discrecional o sin suficiente consulta ciudadana. También cuestionan que el crecimiento urbano continúe avanzando en una ciudad ubicada en una región semidesértica, donde la disponibilidad de agua y la capacidad de infraestructura representan desafíos cada vez más visibles.
Uno de los principales señalamientos gira en torno al Plan Director de Desarrollo Urbano. De acuerdo con los colectivos vecinales, distintos proyectos aprobados en los últimos años parecen apartarse de los criterios originalmente establecidos en materia de sustentabilidad, densificación y equilibrio urbano. Desde su perspectiva, el problema no radica únicamente en la existencia de nuevos desarrollos, sino en la percepción de que las reglas pueden modificarse dependiendo del proyecto o de intereses particulares.
La discusión ha comenzado a extenderse hacia distintos sectores sociales y académicos. Especialistas en urbanismo han advertido desde hace años sobre los riesgos asociados al crecimiento acelerado de ciudades del norte del país, particularmente en contextos donde la expansión territorial avanza más rápido que la infraestructura hidráulica, vial y ambiental. En Saltillo, esos debates adquieren especial relevancia debido al crecimiento industrial y poblacional que ha experimentado la ciudad durante las últimas décadas.
Entre las preocupaciones más recurrentes aparece el tema del agua. Vecinos y activistas sostienen que el crecimiento urbano no siempre considera las limitaciones hídricas de una región dependiente casi por completo de acuíferos. A ello se suman denuncias relacionadas con construcciones en zonas cercanas a arroyos, cauces naturales o áreas con riesgo de inundación. Para los colectivos, la combinación entre expansión urbana acelerada y presión sobre los recursos naturales podría generar problemas más severos en el futuro.
Otro de los puntos de tensión tiene que ver con las construcciones consideradas incompatibles con zonas habitacionales. En algunos sectores de Saltillo, vecinos han manifestado inconformidad por la instalación de gasolineras, desarrollos comerciales o proyectos de alta densidad cerca de viviendas. Las críticas no solo apuntan a posibles riesgos o afectaciones viales, sino también a la sensación de que las comunidades son notificadas cuando las decisiones ya fueron tomadas y las obras prácticamente iniciadas. En el Centro Histórico, las preocupaciones toman otra forma. Habitantes de la zona han denunciado desde hace tiempo problemas relacionados con contaminación auditiva provocada por bares, eventos y comercios nocturnos. Según los colectivos, los niveles de ruido y actividad comercial han comenzado a modificar la dinámica residencial de algunos sectores, provocando incluso que familias abandonen viviendas debido al deterioro de su calidad de vida.
A esas inquietudes se suma el fenómeno de la gentrificación, mencionado por activistas y vecinos como una consecuencia indirecta de ciertos modelos de desarrollo urbano. El incremento del valor del suelo, la transformación de barrios tradicionales y la presión inmobiliaria sobre determinadas zonas han comenzado a modificar el tejido social de algunos sectores de la ciudad. Aunque el fenómeno suele asociarse a grandes metrópolis, organizaciones ciudadanas sostienen que Saltillo ya empieza a experimentar algunas de sus consecuencias. En ese contexto, las organizaciones vecinales buscan fortalecer mecanismos de participación ciudadana. Entre sus principales propuestas se encuentra la reforma de la Ley de Participación Ciudadana para otorgar carácter vinculante a las consultas y opiniones vecinales en proyectos urbanos de alto impacto. «Desde la ciudadanía organizada exigimos que este tema deje de tratarse como secundario y que la participación ciudadana sea vinculante, no simulada», expresó Nidia Ibarra, representante del colectivo.
La exigencia refleja una percepción compartida entre distintos colectivos, acerca de que los actuales canales de participación existen formalmente, pero tienen poca capacidad real de influir en las decisiones finales. El surgimiento de estos grupos también muestra un cambio en la manera en que algunos sectores de la ciudadanía se relacionan con el desarrollo urbano. Los vecinos han comenzado a organizarse mediante consejos, colectivos y espacios de análisis que incorporan argumentos técnicos, legales y ambientales. La discusión ya no se limita únicamente a inconformidades particulares, sino que busca abrir un debate más amplio sobre el modelo de ciudad.
Movilidad hasta el tope
El crecimiento urbano de Saltillo también ha comenzado a reflejarse en los problemas de movilidad. El aumento del parque vehicular ha superado la capacidad de muchas vialidades de la ciudad, provocando congestionamientos cada vez más frecuentes, particularmente en horarios laborales y escolares.
Datos recopilados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, con base en cifras del INEGI y del Instituto Municipal de Planeación, señalan que el parque vehicular de Saltillo pasó de 225 mil 863 unidades en 2010 a cerca de 489 mil en 2023, un crecimiento muy superior al aumento de hogares en el mismo periodo. La expansión de la zona metropolitana, la distancia entre viviendas y centros de trabajo, así como la dependencia del automóvil particular, han contribuido a intensificar la presión sobre las vialidades.
La respuesta institucional se ha concentrado principalmente en infraestructura vial con el desarrollo de ampliaciones, distribuidores, puentes vehiculares y adecuaciones de circulación en distintos puntos de la ciudad. Aunque estas obras han permitido despresurizar temporalmente algunos sectores, especialistas y ciudadanos advierten que el problema reaparece rápidamente conforme aumenta el número de vehículos en circulación. En varias zonas de Saltillo, lo que antes eran embotellamientos concentrados en horas específicas comienza a convertirse en saturación prácticamente permanente. Bulevares como Venustiano Carranza, Nazario Ortiz Garza, Fundadores, Colosio o periféricos industriales presentan diariamente largos tiempos de traslado, afectaciones en cruces y una creciente presión sobre la infraestructura urbana.
El fenómeno trae consigo el incremento en contaminación ambiental, desgaste vial acelerado, aumento en accidentes, estrés social y pérdida de tiempo productivo. Además, la expansión urbana hacia sectores periféricos obliga a miles de personas a realizar recorridos cada vez más largos para trasladarse entre vivienda, trabajo y escuela.
Especialistas en movilidad coinciden en que ampliar vialidades no resuelve por sí solo el problema de fondo. El crecimiento indefinido de infraestructura para automóviles suele terminar incentivando todavía más el uso del vehículo particular, reproduciendo el mismo problema a mediano plazo. Por ello, una de las principales apuestas de las autoridades ha sido fortalecer el transporte público mediante nuevas rutas troncales y unidades gratuitas en ciertos corredores estratégicos bajo el programa «Aquí Vamos Gratis». El objetivo es ofrecer alternativas de movilidad que reduzcan la dependencia del automóvil privado. Sin embargo, distintos diagnósticos locales advierten que los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente al ritmo de crecimiento urbano de la ciudad.
De acuerdo con reportes recientes, el transporte público en Saltillo ha perdido usuarios de manera significativa durante la última década, mientras aumenta el número de automóviles particulares en circulación. La baja cobertura, tiempos prolongados de espera, rutas limitadas y problemas de conectividad continúan siendo algunos de los principales obstáculos para consolidar un sistema capaz de absorber la demanda de movilidad metropolitana. El resultado es una ciudad donde cada vez más personas dependen del automóvil para desplazarse diariamente, aun cuando la infraestructura vial comienza a mostrar señales de saturación constante.
Casos urbanos exitososs
Este debate no es exclusivo de Saltillo. En distintas ciudades del mundo, el crecimiento acelerado, la presión inmobiliaria y la expansión territorial obligaron a replantear la manera en que se autorizan cambios de uso de suelo y se construyen nuevos proyectos. La diferencia, señalan especialistas en urbanismo, radica en que algunas ciudades optaron por fortalecer mecanismos de planeación a largo plazo y participación ciudadana antes de que los problemas se volvieran irreversibles.
Uno de los casos más citados es el de Curitiba, en Brasil, considerada desde hace años un referente latinoamericano en materia de desarrollo urbano ordenado. Desde la década de 1970, la ciudad implementó planes integrales que vincularon movilidad, densificación y conservación ambiental, limitando el crecimiento descontrolado y priorizando corredores urbanos estratégicos. El modelo incluyó además consultas públicas y esquemas de planeación técnica de largo plazo que trascendieron administraciones municipales.
Otro ejemplo frecuente es Copenhague, en Dinamarca, donde el crecimiento urbano se ha desarrollado bajo criterios ambientales y de equilibrio territorial. La ciudad estableció límites claros para la expansión desordenada y fortaleció el acceso ciudadano a los procesos de planeación. En sectores habitacionales, comerciales y recreativos, los proyectos suelen pasar por etapas de revisión pública antes de recibir autorización definitiva.
En ciudades como Vancouver, Canadá, las discusiones sobre cambios de uso de suelo incorporan procesos abiertos de consulta vecinal, particularmente en proyectos de alta densidad o impacto ambiental. Aunque los conflictos entre ciudadanía, desarrolladores y autoridades continúan existiendo, el modelo busca reducir decisiones unilaterales mediante mecanismos de transparencia y deliberación pública.
Ningún modelo urbano está exento de tensiones o críticas. Sin embargo, las ciudades con mejores indicadores de calidad de vida suelen compartir reglas urbanas claras, planeación sostenida más allá de periodos gubernamentales y participación ciudadana efectiva en las decisiones sobre el territorio. En ese contexto, el debate que comienza a tomar fuerza en Saltillo se concentra en cómo lograr que el crecimiento urbano responda no solo a dinámicas económicas e inmobiliarias, sino también a criterios de sustentabilidad, infraestructura y bienestar colectivo. E4
Una ciudad sedienta y un modelo agotado y sin soluciones
La sociedad demanda a Agsal soluciones frente a los acuíferos sobreexplotados, opacidad operativa y proyectos ilusorios como traer agua del Pánuco
El crecimiento urbano de Saltillo también ha colocado bajo presión uno de los temas más sensibles para la ciudad: el agua. En una región semidesértica, dependiente casi por completo de acuíferos, el aumento poblacional, industrial e inmobiliario ha intensificado el debate sobre la capacidad de abastecimiento y sobre el modelo de administración hídrica que opera desde hace más de dos décadas.
Aunque Aguas de Saltillo suele presumir indicadores positivos de eficiencia y cobertura, distintos sectores ciudadanos, especialistas y organizaciones civiles cuestionan si el modelo actual prioriza realmente la sustentabilidad de largo plazo o la rentabilidad operativa de la empresa. La discusión se ha agudizado conforme crecen las advertencias en torno al agotamiento de los mantos acuíferos y la presión urbana sobre la infraestructura hidráulica.
La empresa paramunicipal —resultado de la asociación entre el municipio y capital privado extranjero desde 2001— ha sido objeto de críticas recurrentes relacionadas con tarifas, opacidad, cortes de suministro y falta de transparencia en decisiones estratégicas. La Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS) sostiene desde hace años que la lógica de operación privilegia criterios financieros por encima de una visión integral del derecho al agua y de planeación sustentable.
En ese contexto, uno de los proyectos que volvió recientemente a la discusión pública es la posibilidad de traer agua desde el río Pánuco mediante un acueducto de gran escala. La propuesta fue retomada por directivos de Agsal ante el agotamiento progresivo de los acuíferos locales. Sin embargo, especialistas han advertido que se trata de una alternativa extremadamente costosa, técnicamente compleja y lejana de representar una solución inmediata para Saltillo.
De acuerdo con estimaciones citadas por expertos, una obra de ese tipo podría costar entre 20 mil y 30 mil millones de pesos, además de requerir años —o incluso décadas— para concretarse plenamente. A ello se suman cuestionamientos sobre la calidad del agua disponible en el río Pánuco, afectada por descargas industriales, así como la variabilidad de su disponibilidad a lo largo del año.
Para distintos analistas, el riesgo consiste en convertir un problema estructural de planeación urbana e hídrica en una apuesta de infraestructura gigantesca que podría terminar trasladando costos financieros elevados a la ciudadanía. El debate no gira únicamente en torno a traer más agua, sino a cómo se administra, distribuye y preserva la que ya existe.
Organizaciones ciudadanas sostienen que el crecimiento urbano de Saltillo continúa avanzando sin suficiente consideración sobre la disponibilidad futura del recurso. Nuevos fraccionamientos, desarrollos verticales y expansiones industriales incrementan la demanda en una ciudad donde especialistas llevan años alertando sobre la sobreexplotación de los acuíferos. Para los críticos del modelo actual, el problema no puede resolverse únicamente perforando más pozos o impulsando megaproyectos hidráulicos, sino replanteando la relación entre crecimiento urbano y sustentabilidad.
La discusión también involucra transparencia. Colectivos ciudadanos han cuestionado históricamente la información pública relacionada con fugas, pérdidas de agua, costos operativos y esquemas tarifarios. Según críticas recopiladas por medios locales, persiste la percepción de que las decisiones estratégicas sobre el agua se toman con poca participación ciudadana y bajo una lógica predominantemente administrativa y empresarial. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.