La extinción de órganos e instituciones autónomos y descentralizados en México se consumó este año con el cierre y desaparición de siete instituciones y bajo el principio de austeridad, desde la administración federal anterior, en este 2025 se consumó con la decisión a pesar de los riesgos a corto y mediano plazo.
Los riesgos de absolutismo son solo una parte del alto peligro en temas cruciales para la gobernanza y la débil democracia nacional; además se llegará a la firma del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá con serias desventajas en temas de regulación y competencia.
De acuerdo con la numeralia y la realidad de las aprobaciones masivas del legislativo federal, de los siete organismos que desaparecen y al menos cuatro tienen incidencia en temas de negociación del tratado de libre comercio.
En el análisis de la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el hecho podría significar políticamente un grave retroceso, pues ahora serán los entes de gobierno quienes decidirán qué solicitudes de información se atienden y sobre todo los datos que serán públicos.
La eliminación de los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) arriesgará la competencia y regulación de mercados para generar posibles prácticas anticompetitivas que afectarían la calidad y precios de bienes y servicios.
En cuanto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la institución se integrará al Inegi lo que representa que el presupuesto que se destinaba se reasigne al instituto de estadística para cumplir con los objetivos de estos entes autónomos.
Respecto a la Cofece y el IFT, las autoridades federales crearon un nuevo organismo que controlará, sin consejos ciudadanos y con la autoridad plenipotenciaria presidencial, las decisiones de competencia económica y telecomunicaciones.
El gasto global que significaban los siete organismos en forma anual de acuerdo con el propio gobierno federal implicaría poco más de 5 mil millones de pesos y el ahorro estimado por especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria alcanzaría los 84 millones de pesos en un año.
La decisión del grupo de poder gubernamental federal no se acerca a una política de ahorro y austeridad, pues existen obras que aún paga el actual sexenio que triplicaron sus presupuestos originales y que son subsidiadas aún sin ofrecer rendimientos económicos y sociales para los mexicanos.
La intención es clara y sin recelo, controlar todo desde el grupo de poder sin dejar espacio alguno a la ciudadanía para revisar, opinar y decidir y aún menos para la oposición que prácticamente fue borrada de las reformas.
La posibilidad de vivir durante los próximos años una era de autoritarismo y absolutismo está latente y no se observa posibilidad alguna de que se puedan revertir las acciones que generarán tarde o temprano consecuencias graves para la economía y la política de los mexicanos.
