Alcaldes son el eslabón más débil de la violencia política endémica

Por cada presidente municipal abatido entre el sexenio de Vicente Fox y lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum, más de cinco activistas sociales y periodistas fueron asesinados. Salinas de Gortari, el mandatario que reprimió más a la izquierda; el PRD contabilizó 1,200 casos, entre muertos y desaparecidos

Los Manzo de Uruapan; padre activista, hijo político

Estadística macabra… regodeo político con la muerte

Un príncipe de la Iglesia, un candidato presidencial, un líder político y un ex subprocurador general de la república encabezan la lista de las figuras asesinadas en México en los 32 últimos años. A ellas se suman un aspirante a gobernador y un exgobernador. El narcotráfico y las pugnas por el poder influyeron en todos los casos en mayor o menor grado. Decenas de alcaldes, aspirantes a cargos de elección popular y diputados han muerto también a causa de la violencia. La nómina incluye a periodistas, estudiantes, mandos militares, policías, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales. Esta es una cronología de casos relevantes.

«(En la sociedad) se ha incrustado la idea de que sumergirse en la política significa un trabajo de riesgo, pues el candidato se predispone a los conflictos de intereses propios y ajenos…».

(El asesinato de Luis Donaldo Colosio: Una radiografía de la Violencia Política/IETS Anáhuac)

24 de mayo de 1993. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo es acribillado en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara durante un enfrentamiento entre capos y sicarios. El Gobierno federal difundió la versión de que había sido víctima de fuego cruzado al ser confundido con el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín «el Chapo» Guzmán. El informe del Servicio Médico Forense, a cargo de Mario Rivas Souza, reveló que Posadas recibió 14 disparos directos. El nuncio apostólico Girolamo Prigione, a quien el cardenal esperaba en la terminal aérea, vio el cuerpo en el anfiteatro de la Cruz Roja. En una declaración posterior dijo no haber visto en su vida «tanta sangre, nunca».

Entrevistado más tarde por el periodista Joaquín López Dóriga, Prigione se refirió a la visita de Ramón Arellano Félix —uno de los líderes del cartel de Tijuana— a la nunciatura, el 13 de diciembre de 1993, para deslindarse del magnicidio. Informado por el diplomático, el presidente lo citó en Los Pinos. También acudió el procurador Jorge Carpizo. «Fui allí y conté todo. Le dije a (Carlos) Salinas: ese señor está calmado, dígame lo que yo puedo hacer; si yo puedo ayudar en algo». Sin embargo, comentó, no hicieron nada para detener al narcotraficante (La Jornada, 21.04.17). La Iglesia tomó el caso como un crimen de Estado.

23 de marzo de 1994. Después de una campaña boicoteada desde el poder, de la ruptura en el Monumento a la Revolución, donde pidió «cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad», Luis Donaldo Colosio recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen al término de un mitin en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, mientras se abría paso entre una multitud. Días antes se había reunido con Andrés Manuel López Obrador. La teoría de «la acción concertada» se sustituyó al cabo por la del «asesino solitario» (Mario Aburto). «Fue un crimen de Estado», acusó AMLO en rueda de prensa del 12 de octubre de 2023.

En El asesinato de Luis Donaldo Colosio: Una radiografía de la Violencia Política, se lee: «(…) el Partido Revolucionario Institucional nació con el magnicidio de Álvaro Obregón, y empezó su declive en 1994, con el crimen de Luis Donaldo Colosio; creando una sociedad temerosa, en la cual se ha incrustado la idea de que sumergirse en la política significa un trabajo de riesgo, pues el candidato se predispone a los conflictos de intereses propios y ajenos; en donde ya no solamente se trata de asuntos ideológicos (…). Desde 1994, esta idea de la política (…) es una perspectiva de la violencia analizada desde un enfoque cultural (…), ya que nuestro país se ha construido a base de la dominación y las vejaciones». Octavio Paz —dice el texto— pedía a los mexicanos analizar sus orígenes para escudriñar un régimen que ejerce el poder mediante la dependencia y el terror, razón por la cual la violencia política tomó más fuerza con el paso del tiempo.

Control político de facto

Frente al Monumento a la Revolución donde Luis Donaldo Colosio entusiasmó al país («Veo un México con hambre y sed de justicia»), Daniel Aguilar Treviño se acercó al coche de José Francisco Ruiz Massieu, número dos del PRI, y le disparó al cuello. Era 28 de septiembre de 1994.El exgobernador de Guerrero y excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari falleció mientras recibía atención en un hospital privado. Raúl Salinas de Gortari, el mayor del clan, fue sentenciado de 50 años por el asesinato, de los cuales solo 10 pasó en prisión. Un juez federal dejó sin efecto la condena y otro lo absolvió del delito de enriquecimiento ilícito. Más casos.

15 de septiembre de 1999. Mario Ruiz Massieu (hermano de José Francisco) se suicida en Nueva Jersey donde estaba bajo arresto domiciliario. Su excuñado Carlos Salinas de Gortari lo había nombrado subprocurador general de la república para encabezar la lucha contra los carteles de la droga. Entre diciembre de 1993 y febrero de 1995 depositó 9.9 millones de dólares en efectivo en el Texas Commerce Bank de Houston (en México guardaba otros 3 mdd). Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eran sobornos del narcotráfico; para él, «bonos» del Gobierno.

Cuando José Francisco fue asesinado, el presidente Salinas encomendó a Mario la investigación. Ruiz Massieu renunció una semana antes de que Ernesto Zedillo tomara posesión de la presidencia, con el argumento de que líderes del PRI bloqueaban su trabajo. La captura de Raúl Salinas de Gortari, en febrero de 1995, a quien Mario habría protegido, le dio al caso un giro dramático. El exsubprocurador huyó del país. Autoridades de Estados Unidos lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Newark en poder de 46 mil dólares. El Departamento de Justicia presentó cargos por lavado de dinero y le confiscó sus cuentas. Mario evadió su extradición a México varias veces, hasta que el Departamento de Estado ordenó su deportación. El 15 de septiembre de 1999 puso fin a su vida (con datos de Wikipedia).

28 de junio de 2010. Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, tenía todas las encuestas a favor, pero una semana antes de las elecciones murió acribillado mientras se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a Matamoros a un cierre de campaña. En el atentado murieron cuatro integrantes de su equipo. El crimen provino de la delincuencia organizada. Egidio Torre sustituyó a su hermano y se convirtió en gobernador. Poco después fue señalado de tener relaciones con el narco. La PGR investigó a los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (PRI) por el asesinato de Rodolfo Torre, declaró a Proceso el exsenador panista Felipe González (31.01.12).

18 de diciembre de 2020. Aristóteles Sandoval contaba con seguridad, pero aún así nadie impidió que lo asesinaran por la espalda. Dos años después de haber entregado la gubernatura de Jalisco, el político entró al restaurante-bar Distrito 5, de Puerto Vallarta. El fiscal general, Gerardo Solís, descartó un acto fortuito. «Hubo sincronización de eventos para encontrar al exgobernador en su momento más vulnerable». La escena del crimen se alteró por completo. Del asesinato se culpó al jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación, recién designado por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista. La misma situación comparten los de Sinaloa, del Noreste, del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.

«Los carteles controlan de facto, mediante campañas de asesinatos, terror, violaciones y violencia extrema, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos. En ciertas zonas de México, funcionaban como entidades cuasi gubernamentales, controlando prácticamente todos los aspectos de la sociedad», advierte la Casa Blanca.

Ciclo de inestabilidad

Por cada alcalde ultimado entre los sexenios de Vicente Fox y lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum fueron abatidos más de cinco defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y de la tierra, así como periodistas comunitarios y de medios de comunicación. De los casos políticos (94) y los relacionados con el activismo social y la prensa (525), las cifras más bajas corresponden a la administración de Fox. El mayor número de presidentes municipales ejecutados se registró en las gestiones de Peña Nieto (39) y Felipe Calderón (24), de acuerdo con Etellekt, especializada en análisis de riesgos, manejo de crisis y políticas públicas (Ciudadanos Observando, 03.11.25).

Los periodos con más activistas y periodistas asesinados fueron 2016-2017 y 2021-2022, en los Gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La información, obtenida de Wikipedia, cita fuentes como Amnistía Internacional, Global Witness, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. Respecto a la violencia contra alcaldes, Etellekt advierte «la urgencia de reformas en materia de seguridad para proteger a los líderes municipales, quienes a menudo son los más expuestos al crimen organizado».

Apunta, además, que el aumento de casos en el sexenio actual (10), incluido el de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, «exige acciones inmediatas del Gobierno federal para evitar que la violencia política se normalice. Sin medidas concretas, México podría enfrentar un ciclo interminable de inestabilidad en sus Gobiernos locales, afectando directamente a la democracia y al bienestar ciudadano».

La violencia política precede a la alternancia en el poder. El PRD denunció que entre la elección de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, y el primer año del Gobierno de Felipe Calderón, casi 700 de sus militantes fueron asesinados y 900, perseguidos, desaparecidos o puestos entre rejas. El exlíder perredista en el Distrito Federal, Ricardo Ruiz, dijo que en la administración calderonista las agresiones podrían ser «similares a las ocurridas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque las circunstancias son muy parecidas, en tanto que sus Gobiernos fueron producto de fraudes electorales en contra de candidatos de izquierda [Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador]» (La Jornada, 02.11.07).

Los atentados contra líderes y activistas del PRD no fueron investigados. El aparato oficial y la propaganda sepultó los expedientes. El partido fundado por Cárdenas fue objeto de acoso político y mediático permanente. La falta de castigo echó leña al fuego de la violencia política y la polarización. La crisis la agravó la influencia, cada vez mayor y más extendida, de la delincuencia organizada, no solo en la financiación de campañas, sino también en los Gobiernos y en las policías locales. En Coahuila, la connivencia entre autoridades y carteles causó las masacres en Allende y Piedras Negras, también impunes.

Neutralizar un fenómeno tan arraigado llevará tiempo. Requiere máxima atención y compromiso de la federación y de las autoridades estatales y municipales. AMLO diseñó una estrategia social para frenar el avance del narcotráfico, pero el avance fue mínimo, debido a fallas en la operación, a las resistencia de los grupos de presión y porque en la primera parte del sexenio el PRI, PAN y PRD controlaban la mayoría de los estados. La presidenta Sheinbaum da continuidad al plan de seguridad de la 4T. El horizonte para pacificar el país parece propicio, no obstante el ruido mediático y la alharaca de las oposiciones. E4

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Los Manzo de Uruapan; padre activista, hijo político

En la misma plaza donde don Juan defendía la democracia, Carlos fue asesinado por un joven de 17 años. La escolta del alcalde ejecutó al agresor tras haberlo sometido

Juan Manzo Ceja alternaba la promoción cultural con el activismo. La protesta pacífica era el medio utilizado para denunciar el fraude electoral. Cuando a Agustín Martínez Maldonado (PRI) se le declaró alcalde de Uruapan, en 1990, entró en acción. «En punto de las seis de la tarde de todos los días, Juan Manzo se colocaba al pie de la estatua en honor de Morelos, ubicada en la plaza principal de Uruapan. Se engarrotaba durante una hora, siempre solo, con una cartulina sostenida con ambas manos. Los dirigentes del partido al que pertenecía, el PAN, lo habían dejado sin apoyo, en una lucha sorda y pacífica que nunca prosperó, pues Agustín Martínez concluyó su periodo de Gobierno, eso sí, con el debido respeto a la libertad de manifestación…» (Quadratín, Michoacán, 05.11.15).

Está en duda si el movimiento en solitario de Manzo para separar del cargo a Martínez Maldonado devino fracaso, pues en 1991 el Congreso designó a Manuel García Trejo como interino, y al año siguiente a Anacleto Mendoza Maldonado. Los principales partidos nacionales han ocupado desde entonces la presidencia uruapense. La primera alternancia, con el PAN, ocurrió en 1996. Gobernó por tres periodos consecutivos. El cargo pasó después a manos del PRD y más tarde regresó al PRI. Morena ganó la alcaldía por primera vez en 2021; y el año pasado, el primer candidato independiente: Carlos Manzo Rodríguez, hijo de Manzo Ceja, luego de haber sido diputado federal por el partido de la 4T.

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Manzo aplicó en la política el compromiso social y el espíritu de lucha de su padre, pero por otros medios. Como diputado de Morena, Manzo defendió el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, mas como alcalde confrontó a la delincuencia organizada. En mayo pasado, tras el asesinato de una trabajadora municipal, Manzo instruyó a su policía: «Si ven que están disparando, hay que abatirlos; si están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos lacras de la sociedad».

Seis meses después, Manzo moriría abatido en la misma plaza donde su padre, convertido en estatua por una hora, educaba para la democracia. Su escolta, compuesta por ocho elementos seleccionados por él, dieron muerte al agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, tras someterlo. El homicida habría recibido una condena de cinco años por no ser aún mayor de edad, de acuerdo con el Sistema de Justicia para Adolescentes (El Heraldo de México, 06.11.25). Manzo tenía a su servicio 14 agentes de la Guardia Nacional, pero había solicitado que solo apoyaran con la seguridad periférica a la Policía Municipal, declaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ubaldo Vidales era sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan por la paz y la justicia en la entidad donde Felipe Calderón (michoacano), vestido de quepis y saco militar, le declaró la guerra al narcotráfico hace casi dos décadas. El responsable de la tarea, Genaro García Luna, figura entre los «10 mexicanos más corruptos» de 2013 de la revista Forbes. Entonces se ignoraban sus nexos con el Cartel de Sinaloa, por los cuales purga una sentencia de 38 años en el «Alcatraz de las Montañas Rocosas». Joaquín «el Chapo» Guzmán pasará el resto de su vida en el mismo Supermax de Colorado. E4

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Estadística macabra… regodeo político con la muerte

Dos presidentes municipales y un candidato a diputado de Coahuila, entre las víctimas. La presión política y financiera también es violencia

La izquierda ganó la presidencia y la mayoría en el Congreso en 2018, pero la geografía política del país cambió en la segunda mitad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con la presidenta Claudia Sheinbaum se ha consolidado. Las oposiciones y los grupos de presión no pudieron prolongar por más tiempo un régimen sustentado en las élites y en una corrupción galopante. Morena obtuvo la presidencia sin tener una sola gubernatura ni un solo municipio. Hoy gobierna 24 estados y, por separado o junto con los partidos Verde y del Trabajo, mil 125 municipios, hasta hace poco administrados por el PRI, PAN y PRD. En tanto que afecta intereses, la alternancia genera reacciones políticas, económicas, campañas de desinformación y violencia del crimen organizado para imponer condiciones y conservar privilegios.

La estadística de alcaldes abatidos desde 2000, difundida por El Universal a principios de mes, arroja 119 (25 más que la de Etellekt). Por tanto, el número de víctimas por sexenio también se modifica, excepto en el Gobierno de Vicente Fox, con cuatro. La cifra sube de 24 a 37 con Felipe Calderón; de 39 a 42 con Peña Nieto; y de 17 a 26 con López Obrador. En la presidencia de Claudia Sheinbaum suman una decena. El 80 % de los casos se concentra en Oaxaca (24), Michoacán (20), Veracruz (13) y Guerrero (12). Les siguen Puebla (ocho), Durango (seis), Jalisco (cinco) y Chihuahua y Estado de México (cuatro cada uno).

Treinta y ocho alcaldes militaban en el PRI, 19 en el PRD y 18 en el PAN. Nueve más en Morena y cinco en el Verde. El resto era de partidos locales o independientes, como Carlos Manzo, de Uruapan. Sharon Mercado describe en su nota que el método preferido por los victimarios es la emboscada y la ejecución con arma de fuego. «En gran parte de los casos, el presidente municipal es asesinado junto con sus choferes, escoltas, familiares o esposas».

Coahuila es uno de los estados con menor violencia política, pero no ha escapado a ella. Los alcaldes priistas Saúl Vara Rivera, de Zaragoza, y Olga Kobel Lara, de Juárez, fueron asesinados a tiros en 2011 y 2018, durante las presidencias de Felipe Calderón y López Obrador. El exalcalde de Piedras Negras y candidato a diputado federal por el PRI, Fernando Purón, recibió un balazo en la cabeza al salir de un debate el 8 de junio de 2018. Sin embargo, contra los presidentes municipales de oposición, e incluso del PRI, se ejerce otro tipo de violencia: la presión política y financiera para someterlos o forzarlos a renunciar; sea por revancha o para dejarlos fuera de la sucesión por la gubernatura.

La impunidad también es violencia. Las masacres de Allende y Piedras Negras recibieron una amplia cobertura mediática después de haber sido ocultadas por las autoridades, pero ni las denuncias, los documentales y los juicios en Estados Unidos contra exmiembros de organizaciones criminales han dado resultado. La justicia sigue ausente. Los responsables de endeudar a Coahuila por casi 40 mil millones de pesos, contratados en gran parte de manera irregular, tampoco han sido encausados. Mientras tanto, miles de coahuilenses son objeto de privaciones, pues casi el 10 % del presupuesto se dedica al servicio de la deuda. La falta de infraestructura ya empieza a pasar factura. La competitividad de Coahuila bajó del tercero al séptimo lugar en 2025, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). E4

Alcaldes asesinados por sexenio

(Promedio por año)

Presidente	%	Víctimas
Vicente Fox	0.67	4
Felipe Calderón	5.17	24
Enrique Peña	6.5	39
Andrés Manuel López	2.83	17
Claudia Sheinbaum	10	10

Fuente: Etellekt/Ciudadanos Observando