El resultado de las elecciones judiciales no puede comprarse con ninguno previo por ser la primera vez que los ministros, magistrados y jueces federales son nombrados mediante voto popular. Antes y después de la alternancia el presidente proponía ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia, y el Senado de la República nombraba al candidato oficialista con el voto del partido en el poder. Cuando el PRI dejó de tener mayoría calificada completó los dos tercios requeridos con el apoyo de las siglas más afines, en este caso las del PAN. Los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación planteaban dos escenarios: una amplia participación, por inéditos y por ofrecer a los mexicanos la oportunidad de elegir directamente a los impartidores de justicia; o un elevado abstencionismo por tratarse de un ejercicio democrático en un campo donde la mayoría es profana y priva la desconfianza como es el de las leyes.
Los grupos boicoteadores son los mismos que promovieron el voto contra Claudia Sheinbaum y los partidos de la alianza «Sigamos Haciendo Historia» (Morena-PT-Verde). De haber tenido éxito su empeño, Sheinbaum no habría alcanzado los 36 millones de papeletas que la convirtieron en la presidenta más votada en la historia del país. Los 13 millones de sufragios del 1 de junio tampoco se corresponden con la promoción de Palacio Nacional para acudir a las urnas. Quienes votaron o se abstuvieron lo hicieron libremente. Eso es democracia.
Las oposiciones y los grupos de interés alegan tramposamente que el futuro del sistema de justicia lo decidieron 13 millones de mexicanos, de un universo de 100 millones, lo cual es cierto. Si tanta su preocupación ¿por qué, entonces, en vez de incitar a la participación la disuadieron? La concurrencia pudo ser mayor o incluso menor, pero el voto vale si se emite, no si se reserva.
El sufragio no garantiza por sí mismo al país un Poder Judicial independiente ni a los ciudadanos una justicia asequible, pronta y expedita al margen de su posición política, económica y social. Eso depende de la capacidad e integridad de los jueces y del nuevo Tribunal de Disciplina que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
La judicial tiene, como toda reforma, adeptos y detractores. La mayoría coincide, sin embargo, en que la justicia en nuestro país es una entelequia. El Índice Global de Estado de Derecho 2024 ubica a México en el puesto 118 de 142 países [World Justice Project (WJP)]. En la región de América Latina y el Caribe es el número 28 —de 32— solo por encima de Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Los mejor calificados son Uruguay, Costa Rica, Barbados, Chile y Antigua y Barbuda. La recesión mundial del Estado de derecho, iniciada en 2016, afecta al 77% de los países, incluido el nuestro, dice WJP.
Con respecto al desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos en 94 países, México aparece en el lugar 81 de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2024 de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), 15 puntos por encima del promedio de impunidad de 31.6. Nuestro país «refleja problemas sistemáticos y estructurales en el sistema de seguridad, la justicia y la protección de los derechos humanos», dice el análisis.
La elección judicial no es, ni de lejos, la panacea universal, sino apenas un paso frente a las demandas de justicia largamente pospuestas. Su éxito dependerá de la actuación del Poder Judicial de la Federación y de la sociedad para exigir la aplicación de la ley sin distinción.
Salto al vacío
Trece millones de votos ¿son muchos o pocos? Depende contra qué se les compare. Frente a los 60 millones de la elección presidencial pasada, divididos en tres, no pintan, pues equivalen a menos 22%. Sin embargo, los procesos no son equiparables. Primero, porque la sucesión del presidente es cada seis años y la que más ciudadanos atrae a las urnas. Aun así, los niveles de participación no alcanzan entre el 90 y el 80% de Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil donde el voto es obligatorio, no facultativo o voluntario como en México y Estados Unidos. Segundo, por los intereses (internos y externos) en juego y porque la competencia está centrada en un puñado de aspirantes.
Las elecciones de diputados (federales y locales) son las más desairadas cuando no coinciden con las de presidente y gobernador. En las intermedias de Vicente Fox (2003) el abstencionismo casi llegó al 60%. En 2021 la participación subió al 52.6% ante la expectativa de que el frente PRI-PAN-PRD ganara la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Pero ni la vieja partidocracia pudo poner en apuros al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues la alianza de Morena, PT y Verde mantuvo el control del Congreso.
La votación para elegir ministros, magistrados y jueces federales es 25% mayor que la del PAN en las presidenciales de 2024; 60% que la del PRI y 12 veces superior a la del PRD. Con respecto a Morena representa casi el 50%. Los datos reflejan una realidad que se minimiza, magnifica o tergiversa según el color del cristal con que se mira (ley Campoamor). Sin embargo, el hecho de que 13 millones de mexicanos hayan elegido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los nuevos tribunales, en un proceso enmarañado y en medio de una catarata de mensajes para no votar, cual si el sistema de justicia vigente fuera inmaculado, es una muestra de madurez cívica plausible y digna de respeto.
Confiar a la ciudadanía la elección afectará intereses, pues antes los nombramientos dependían de los poderes políticos y económicos. Uno de los argumentos para desacreditar el proceso es que se votaría a ciegas en virtud de que nadie —o muy pocos— identificaba a los candidatos. ¿Son conocidos los ministros, magistrados y jueces en funciones? ¿O es que no hay más profesionales del derecho con credenciales suficientes para ocupar esos puestos? Además, entre los votados ya hay quienes forman parte del Poder Judicial; quienes no participaron fue para no exponer su orgullo.
México es el primer país que elige al Poder Judicial Federal completo. En Estados Unidos, 38 entidades votarán el año próximo por los jueces de los tribunales superiores respectivos, y 30 nombrarán fiscales generales. México dio un paso demasiado audaz. De acuerdo con la encuesta previa de Enkoll, El País y W Radio, el 72% consideraba que la elección era necesaria; el 65%, que aumentaría la confianza y legitimidad hacia el Poder Judicial; y el 38%, que era muy probable su asistencia a las casillas. Empero, el 25% no acudió. ¿Cómo se explica esa discrepancia? ¿Da para tanto la confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿El descrédito del Poder Judicial es tal que la mayoría dejó en el 13% una decisión de ese calado? El tiempo dirá si el remedio resulta peor que la enfermedad o si el salto al vacío conduce a un puerto donde la justicia sea para todos y no solo esté al alcance de quienes, como hoy, pueden comprarla.
