Carlos Manzo Rodríguez, «El del sombrero», el valiente alcalde de Uruapan fue ejecutado la noche del sábado 1 de noviembre en evento público acompañado de su familia y de su pueblo. De poco sirvieron los dispositivos de seguridad propios, del Gobierno del Estado y del federal. El sicario pudo disparar en repetidas ocasiones; a quienes le protegían los tomó por sorpresa o no estaban en lo suyo. Así, el más decidido de los alcaldes a enfrentar a los criminales, quien solicitó apoyo a la presidenta y al gobernador fue ultimado.
«El del sombrero» llegó a la presidencia municipal como independiente, después de ser diputado federal por Morena y ver frustrada su candidatura a la alcaldía. Ganó de manera arrolladora frente a un competidor que pretendía reelegirse, de Morena, presuntamente, coludido con el crimen. Carlos Manzo fue un candidato exitoso; su postura firme y comprometida para defender a los suyos de los criminales y de la extorsión generalizada le dieron amplia aceptación en el poder. Se transformó en un símbolo nacional de resistencia.
El asesinato tiene repercusiones serias. La presidenta Sheinbaum lo entendió y por ello convocó de inmediato a gabinete de seguridad, llamó al secretario Harfuch a salir a medios y en términos muy desafortunados se refirió al tema en la mañanera. El Estado queda expuesto por su incapacidad para ofrecer protección y salvaguardar la vida de quienes enfrentan al crimen, no se diga de la población expuesta. No son para subestimarse las condolencias y la condena del subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, en un momento en el que Trump declara guerra total al crimen.
El diagnóstico obligado es que el saldo del abandono de la lucha contra el crimen ha significado que los delincuentes hayan penetrado a profundidad economía, política y la vida social en las regiones donde domina. La extorsión genera cuantiosos recursos a los criminales y combatirla desde el centro es tarea imposible. Las fuerzas federales llegan temporalmente para luego retirarse, calientan la plaza y dejan expuestas a las autoridades municipales y a quienes participen de la temporal embestida.
El mismo diagnóstico revelará que la solución de fondo no es militarizando o enviando fuerzas de ocupación; se intentó en los años de Calderón y el resultado fue insuficiente y quizás adverso. No se ha dicho ni se quiere reconocer, ¿qué hubiera sucedido si Calderón, al igual que López Obrador, hubiera asumido una postura pasiva para efectos prácticos, de complacencia o complicidad? La indignación se enciende cuando desde la presidencia se invoca a un Gobierno que concluyó hace 13 años como causa de los problemas actuales.
Desde hace tiempo se ha insistido en la necesidad de fortalecer a las policías de proximidad y especialmente abatir la impunidad, que implica un cambio importante en las policías de investigación, las áreas técnicas asociadas y particularmente los ministerios públicos, temas ignorados por la draconiana reforma de justicia. El régimen ha creado su propia narrativa en sus dos versiones, la de abrazos no balazos y la del combate al crimen; los datos y los resultados desmienten todo éxito. La estadística criminal, particularmente la de los homicidios, se manipula minimizando dos indicadores que modifican el promisorio cuadro: el creciente número de desaparecidos y los homicidios por «otros delitos que atentan contra la vida», asunto documentado por Guillermo Valdés en Letras Libres, «Balance de la Estrategia de Seguridad».
Uruapan y Michoacán están indignados; con ellos, todo el país. El descontento, justificado, amenaza con desbordarse y la presidenta debe mantener temple. Así sucede cuando las autoridades se muestran ajenas al sentimiento colectivo de abandono por la inseguridad. Carlos Manzo no sólo era alcalde de Uruapan, representaba un símbolo de una lucha desigual, cada vez más desesperada por culpa de las autoridades empecinadas en convencer que en el país prevalece el orden, la ley y la tranquilidad. Afirman que la impunidad no existe, a pesar de las evidencias abrumadoras respecto a la complicidad de autoridades con criminales, como ejemplifica el mal llamado huachicol fiscal, los desplantes de funcionarios y políticos enriquecidos por la corrupción y el que las investigaciones nunca llegan a niveles superiores a pesar de la evidencia.
Asesinaron a «El del sombrero», quien exigía justicia y demandaba apoyo de las autoridades federales y estatales para cumplirle a los suyos en seguridad.
Queda claro que la solución necesariamente pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y locales, asunto negado por la estrategia de seguridad nacional bajo el supuesto de corrupción. Su abandono las vuelve un brazo armado del crimen organizado, triste realidad en muchas partes del país.
Asesinaron a Carlos Manzo. Deseable que su ejemplo sirva para un cambio que acabe con la complacencia.
El umbral del desastre
Una de las fascinaciones por las encuestas es que pretenden reducir la compleja e incierta realidad a una cifra, sea la evaluación de una autoridad, la percepción de la economía, la inseguridad o la prospectiva electoral. Los números son obsesión desde hace muchos años y tiene que ver con la pretensión de simplificar la vida. La realidad es que las cifras merecen una mejor interpretación a pesar de su simple expresión, y sean de las cuentas públicas o de los estudios de opinión merecen una discusión que casi nunca se presenta.
Muchos de los que observamos la evolución de los temas públicos en México nos vemos obligados a seguir con cuidado lo que sucede en EE. UU., porque nuestra dependencia —más allá de nuestras pretensiones y buenos deseos soberanistas— muestra que estamos muy expuestos por lo que hagan y decidan las autoridades norteamericanas. Deseamos que México no sea piñata de nadie y que nuestra presidenta defienda al país, pero la realidad se impone y nos presenta sumamente frágiles ante el vecino. Desde antes de Trump el secuestro y la entrega del mayor capo del narcotráfico, El Mayo Zambada, daba cuenta de un vecino dispuesto a todo.
Bien sabemos que la suerte del país, al menos en una buena parte, dependerá de los términos de la renegociación del acuerdo comercial con EE. UU. y Canadá. La letra del acuerdo habla de revisión, pero es un hecho que debemos pensar en una renegociación porque así lo decide quien domina el juego. El calendario puede jugar a favor de México, especialmente por sus efectos en la cadena de suministro ante la perspectiva de un año electoral en el que Trump y los republicanos se juegan mucho, porque allá la sociedad vota y rechaza a quien gobierna mal; además, la pérdida del Congreso afectaría porque la fuerza del presidente sobre su partido descansa en ser el factor para ganar elecciones, tema de gran importancia, que se volvería en contra. Trump pasaría a ser una consideración de repudio electoral. Hay que subrayar que los aranceles han probado ser muy impopulares en los votantes norteamericanos.
El umbral del desastre se ha alcanzado en estos días según uno de los estudios de opinión más recientes, Strength In Numbers/Verasight, que revela una diferencia entre republicanos y demócratas, de 7 puntos, a favor de los últimos. Además, para se perfilaban derrotas a los republicanos en la simbólica elección de alcalde en Nueva York y de gobernadores de New Jersey y Virginia. En palabras del autor Elliot Morris, se trata de «un público que prefiere los controles y equilibrios a las acciones presidenciales unilaterales»; además, en la contienda, incluso en algunas elecciones locales, la aprobación presidencial tendría un fuerte impacto, una suerte de referéndum sobre Trump.
Pero no solo se trata de la negociación del acuerdo comercial. México no puede asumirse como un potencial beneficiario respecto a las diferencias de Trump con otros países como China, Japón y Corea del Sur, ni siquiera Canadá, naciones con más recursos de negociación. Desde luego que la economía norteamericana está muy articulada con la proveeduría de origen mexicano, nuestra mayor ventaja, temas que se resuelven no por la vía institucional, sino por la presión de las mismas empresas en EE. UU. que podrían resultar afectadas, sin dejar de lado a los consumidores por el incremento de la inflación, asunto explosivo desde el punto de vista electoral.
El mayor riesgo para el país está en el plano de la seguridad. Es previsible que Trump pretenda ganar terreno en los temas de mayor fortaleza como seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado asociado a las drogas. Ventaja que Venezuela anticipe la agenda y que sería un error monumental desestabilizar a México, en especial cuando la colaboración del Gobierno está a la vista y del quiebre respecto a la política de abrazos no balazos del pasado inmediato; sin embargo, podría ser el caso de pretensiones imposibles de conceder y presentar un conflicto en la relación.
El país está en problemas que no pueden soslayarse. En buena parte son herencia, en otra son entorno, con margen de maniobra estrecho, y que un Trump arrinconado por los malos resultados de sus decisiones en materia económica y por una opinión pública crecientemente adversa pueda hacer de México objetivo para ganar imagen o al contrario, dar espacio al entendimiento a manera de restablecer condiciones en beneficio de los dos países.
Por lo pronto, el umbral del desastre, 7% de las intenciones de voto genéricas para la elección de noviembre del próximo año son referente.
