Aumentan las represalias contra periodistas en Estados Unidos

La acusación federal a un presentador de CNN por asistir a una protesta reaviva la discusión sobre los límites entre la aplicación de la ley y la cobertura informativa. La polarización en el vecino del norte se acrecienta cada día

Dictan arresto domiciliario a Zamora

La acusación federal contra el expresentador de CNN y ahora periodista independiente Don Lemon ha generado controversia en Estados Unidos, en buena parte porque el análisis de las grabaciones de video y audio disponibles parece contradecir aspectos clave de las denuncias presentadas en su contra. Lemon fue arrestado a fines de enero mientras se preparaba para cubrir los premios Grammy en Los Ángeles y enfrenta cargos federales relacionados con su presencia en una protesta antiinmigración dentro de la Cities Church de St. Paul, Minnesota, el 18 de enero de este año, una manifestación que interrumpió parcialmente un servicio religioso en donde un pastor local estaba vinculado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante la protesta, decenas de manifestantes irrumpieron en la iglesia y corearon consignas contra ICE, en medio de un contexto de crecientes manifestaciones en Estados Unidos por las políticas migratorias y un tiroteo anterior en Mineápolis que involucró a un agente de ICE, lo que elevó la tensión pública en el estado y más allá.

Los fiscales federales acusan a Lemon de conspirar para privar a otros de sus derechos constitucionales y de violar el Freedom of Access to Clinic Entrances Act (FACE Act) al supuestamente interferir con la libertad de culto dentro de un lugar de adoración, un cargo que tradicionalmente se ha utilizado para proteger el acceso sin obstrucciones a servicios de salud o prácticas religiosas. Sin embargo, un análisis detallado de los videos de la protesta, incluidos los propios de Lemon, revisados por The Washington Post, sugiere que no hay evidencia clara de que Lemon amenazara a los fieles, gritara consignas ni entorpeciera físicamente el ejercicio de culto de los asistentes, contradiciendo así algunas de las narrativas iniciales de la acusación. En múltiples segmentos de su transmisión, Lemon se identifica abiertamente en calidad de periodista, diciendo frases como «No soy parte del grupo; solo estoy fotografiando. Soy periodista», y se le observa entrevistando tanto a manifestantes como a miembros de la congregación y alejándose de la multitud principal en varios momentos.

Lemon se declaró no culpable el 13 de febrero en una corte federal de Minnesota, acompañado de su equipo legal, incluidos defensores con experiencia en casos de derechos civiles. En esa audiencia, el juez accedió a la declaración de no culpable y fijó que Lemon continuaría en libertad mientras se desarrolla el proceso, aunque los cargos siguen activos. Otros acusados en el mismo caso —la periodista independiente Georgia Fort y la activista de derechos civiles Nekima Levy Armstrong— también se declararon no culpables, y la mayoría de los detenidos comparecieron ante el tribunal en el mismo período. Este grupo de acusados rechaza firmemente las imputaciones y sostienen que estaban allí únicamente para documentar y reportar eventos de interés público, no para organizar o participar en la protesta.

La American Society of Journalists and Authors (ASJA) y otros colectivos de prensa han emitido declaraciones enérgicas criticando las detenciones y alegando que representar a reporteros que actúan dentro del ejercicio legítimo de su trabajo puede sentar un precedente preocupante para la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión. Estos grupos sostienen que el trabajo de los periodistas que cubren temas controversiales debe ser protegido incluso si las escenas que documentan son tensas o disruptivas.

El caso se produce en un momento de creciente polarización en torno a la inmigración en Estados Unidos, con protestas y debates en múltiples estados sobre las políticas del Gobierno federal y las acciones del ICE, incluidas redadas y enfrentamientos con comunidades locales. Las autoridades federales han defendido la aplicación de la ley en este caso, argumentando que la interrupción de un servicio religioso requiere intervención, mientras que los defensores de Lemon ven la situación como una mezcla peligrosa de aplicación legal y represalia política. E4

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Dictan arresto domiciliario a Zamora

El 12 de febrero marcó un momento significativo para el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, al obtener arresto domiciliario tras pasar más de tres años en prisión preventiva, una medida que diversos sectores consideran un avance relevante en la protección de sus derechos humanos y en la garantía del debido proceso. Zamora, fundador del diario elPeriódico y una de las figuras más reconocidas del periodismo de investigación en Guatemala, permaneció alrededor de mil 295 días recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala sin una sentencia firme, hasta que un juez decidió sustituir la medida de prisión preventiva por una menos restrictiva, permitiéndole regresar a su domicilio mientras continúan los procesos legales en su contra.

La resolución fue recibida con alivio y esperanza por gremios periodísticos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que desde hace años han señalado la prolongada detención del comunicador como un caso emblemático de criminalización del periodismo crítico en el país. Para muchos observadores, el arresto domiciliario no solo representa un beneficio personal para Zamora y su familia, sino también una señal de apertura institucional ante las crecientes demandas nacionales e internacionales por un sistema judicial más garantista.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebró la decisión judicial y la calificó como «un alivio, aunque insuficiente», al tiempo que reiteró su llamado a que se ponga fin a lo que considera una persecución judicial contra el periodista. E4