Australia pone límite a las redes; México aún deshoja la margarita

La prohibición de cuentas, impuesta por Canberra, marca un precedente internacional para limitar daños digitales a niños y adolescentes. En nuestro país, la falta de regulación y de políticas públicas dejan lagunas y exponen a los usuarios a la adicción, la violencia y el influjo del crimen

Australia decidió hacer lo que muchos Gobiernos aún evitan: poner un límite claro a las redes sociales cuando se trata de proteger a niños y adolescentes. Desde el 10 de diciembre pasado, los menores de 16 años tienen prohibido abrir o mantener cuentas en plataformas digitales, una medida que coloca al Estado como responsable último de contener los efectos nocivos de un ecosistema tecnológico diseñado para capturar atención desde edades tempranas.

La legislación, aprobada hace un año con amplio respaldo político, obliga a las empresas a identificar y desactivar las cuentas de usuarios menores de edad y las hace legalmente responsables del cumplimiento. Aquellas plataformas que no adopten «medidas razonables» enfrentarán multas de hasta 32 millones de dólares. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, Snapchat, Reddit, Twitch y otros servicios ya han anunciado que acatarán la norma, que además exige reportes periódicos sobre el número de cuentas infantiles detectadas.

«Seguimos careciendo de una política pública que evite o contrarreste las adicciones digitales, los discursos de odio en redes sociales y el reclutamiento de sicarios por estas vías».

Sergio Aguayo, periodista

Con ello, la carga de la prueba y la responsabilidad no recaen en las familias ni en los propios menores, sino en las empresas que han construido modelos de negocio basados en la captación temprana de usuarios. Australia reconoce así que la regulación del espacio digital no es solo un asunto de libertad de expresión, sino también de salud pública, derechos de la infancia y cohesión social.

La medida se inscribe en una ola internacional de cuestionamientos a las Big Tech, señaladas por su papel en la propagación de discursos de odio, la normalización de adicciones digitales y la exposición de niños y adolescentes a dinámicas de violencia simbólica y real. Aunque no está exenta de controversia —parte de la juventud australiana ha protestado alegando afectaciones a su derecho a la información—, la decisión coloca al Estado como actor activo frente a un fenómeno que durante años fue tratado como inevitable.

Regulación a deber

El contraste con México resulta inevitable. Mientras Australia avanza hacia una regulación directa y coercitiva, el Estado mexicano mantiene una actitud que oscila entre la cautela y la omisión frente al poder de las corporaciones tecnológicas. Así lo advierte Sergio Aguayo, quien en su columna «Medusa digital» (Reforma, 10.12.25) pregunta sin rodeos: «¿Y México? México sigue ignorando el peso de las tecnológicas».

Aguayo subraya que, aunque el país cuenta con un Plan Nacional de Ciberseguridad impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el documento evita enfrentar uno de los problemas centrales: la responsabilidad de las plataformas digitales en fenómenos como las adicciones digitales, los discursos de odio o el reclutamiento criminal de menores. «Eso significa que seguimos careciendo de una política pública que evite o contrarreste» estos riesgos, advierte.

El vacío es aún más evidente si se observa la legislación reciente. En diciembre de 2024 se adicionó el artículo 101 Bis 3 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de erradicar «todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad». Sin embargo, el texto guarda silencio sobre el papel de las empresas tecnológicas extranjeras, principales intermediarias de esos entornos digitales donde se producen las violencias que se pretende combatir.

La explicación de esta prudencia, que Aguayo califica como «timorata», está en la asimetría de poder. Comparar el Producto Interno Bruto de México con el valor bursátil de una sola empresa tecnológica basta para dimensionar el desequilibrio: Alphabet, matriz de YouTube, casi duplica el PIB mexicano. A ello se suma el respaldo político que estas corporaciones reciben desde Washington, especialmente bajo el Gobierno de Donald Trump, lo que reduce aún más el margen de maniobra de países como México.

Pero la pasividad no se explica solo por factores externos. Existe una contradicción interna en la política pública. Mientras se invierten recursos significativos en áreas estratégicas como la digitalización gubernamental o las Fuerzas Armadas, se mantiene una austeridad severa sobre fiscalías y universidades públicas, actores clave para generar conocimiento, regulación y capacidades críticas en el entorno digital. El resultado es una política fragmentada, sin un eje claro que articule protección de derechos, innovación tecnológica y seguridad.

México cuenta con comunidades académicas, organizaciones civiles y sectores empresariales que participan activamente en la transformación digital global. Sin embargo, el Estado no ha logrado construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar los costos sociales de ese proceso. Aunque el Plan Nacional de Ciberseguridad promete para 2026 memorándums de entendimiento con empresas, academia y sociedad civil, hoy los espacios de deliberación plural siguen siendo excepcionales. Aguayo destaca, entre ellos, la Comisión de Derechos Digitales del Senado, presidida por Luis Donaldo Colosio Riojas, como uno de los pocos foros institucionales abiertos al debate.

Mientras tanto, crecen las tensiones derivadas de lo que el analista llama una «complicidad tácita» entre plataformas digitales y crimen organizado. Redes sociales utilizadas para el reclutamiento de sicarios, la normalización de la violencia y la exposición temprana de menores a dinámicas criminales plantean un escenario cada vez más difícil de ignorar. E4