La campaña de publicidad de promoción de la participación ciudadana para acudir a las votaciones de la elección del Poder Judicial, no son las mejores y podrían estar muy lejos de lograr una votación aceptable de electores con candidatos desconocidos para puestos que incluso nadie imaginaba que existían. Con tres o cuatro versiones los mensajes mantienen la misma línea con una hipótesis que más pareciera dirigida a niños o menores de edad que a los adultos que van a participar.
Incluso los protagonistas de los spots de televisión y radio son niños y jovencitos que no votarán pero que sí son colocados como los ciudadanos responsables y con suficiente madurez para orientar a los adultos sobre como conocer a los candidatos y candidatas.
La producción no es mala y en cuanto al rigor profesional de su manufactura al menos en las imágenes son aceptables y bien realizadas pero su efectividad pierde impacto con el discurso del mensaje para animar a la participación.
Nuevamente, como suelen hacerlo, autoridades electorales y gobiernos en general, se limitan a transmitir spots de televisión para radio también sin cambio alguno o modificación exclusiva que determine diferencias para televidentes y radioescuchas.
El panorama no es mejor cuando hay una presión expresa del grupo dominante de poder gubernamental y político en el país para darle promoción al proceso para que las personas acudan a votar con el riesgo incluso de filtrar nombres o perfiles preferidos para ser votados.
El proceso electoral empeora cada vez más y bajo las circunstancias que lo rodean actualmente provocan un alejamiento del interés colectivo para conocer aspirantes sin propuestas expresas o compromisos incluso legales si se ganan los comicios.
Aún no hay información oficial sobre el costo de la campaña publicitaria y de la producción de los mensajes que circulan con la pauta oficial de los medios que son obligados a transmitir los spots institucionales del Instituto Nacional Electoral. Pero seguramente se abonarán a la insultante cantidad de dinero que costará una elección condenada al fracaso con candidatos a modo y sin un verdadero interés para los ciudadanos.
Al parecer el objetivo final es lograr una elección, que, aunque sea altamente cuestionada por su falta de transparencia y legalidad y con funcionarios elegidos en medio de la estrategia de coerción del voto al pago de una beca o apoyo sin importar el resultado de quienes conformarán el último poder de equilibrio legal y político que tenía el país.
La consecuencia esperada será el descrédito del INE para eliminarlo o bien regresarlo al poder del Gobierno federal como una dependencia en la que la participación ciudadana en su organización y ejecución ya no regresará pues las elecciones serán de estado, organizadas por el estado y sancionadas por el estado.
