La Corte Penal Internacional está al tanto desde 2017 de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el moreirato. También fue enterada la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El delito, imprescriptible, alcanza penas de 30 años a cadena perpetua
Allende y Piedras Negras, las masacres insepultas
El papel fundamental de Vera y del FJdL
El 6 de junio de 2017, un día después de las turbulentas elecciones para gobernador, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitió a la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones forzadas y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad». La coalición relata el clima de terror durante el docenio de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El informe demuestra «la existencia de un ataque contra la población civil», y «de una política de un Estado o de una organización» para llevarla a cabo. La FIDH atribuye los delitos contra la humanidad a «Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE, y/o Grupo de Élite, GROM)».
Cinco meses después —el 6 de noviembre— la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó en Ciudad de México el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila», elaborado junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. La institución analiza los testimonios de integrantes de Los Zetas en tribunales federales de Austin, San Antonio y Del Río, entre 2013 y 2016, donde fueron juzgados por los delitos de asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero. Ese mismo día, el gobernador Rubén Moreira se jactaba ante el Congreso, en su último informe, de haber promovido leyes de vanguardia en materia de derechos humanos.
«38. La documentación transmitida al Comité por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) requirió la activación del procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, principalmente a la luz de patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016 (…)».
Antes de dar Moreira su discurso, el diputado Jesús de León Tello (PAN) ya lo había refutado: «El Gobierno concluye con crímenes de lesa humanidad en el Cereso de Piedras Negras, desapariciones en Allende (…) fosas de exterminio como en Patrocinio. (…) somos el tercer lugar a nivel nacional con más feminicidios, ¿y qué resultados hay? Ninguno. (…) Moreira no gobernó, sus prioridades fueron otras: proteger a su hermano Humberto y a todos sus cómplices (…), permitió el abuso de las fuerzas de seguridad». Sergio Garza Castillo (UDC) acusó: «Fuerza Coahuila se ha dedicado a violentar, extorsionar y abusar de la ciudadanía (…), y los elementos denunciados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no han recibido castigo alguno».
La primera denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la CPI la presentó el empresario Armando Guadiana Tijerina el 18 de julio de 2016. «Las autoridades, tanto municipales como estatales, estaban enteradas de los sucesos criminales (…), no actuaron para defender a las víctimas, y nada informaron a la ciudadanía. A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del Ejército mexicano (…) no se explica la razón por la cual no intervino. El estado de Coahuila y el Gobierno de la república mexicana no están dispuestos a llevar una investigación imparcial y mucho menos al enjuiciamiento (…) de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y Piedras Negras. El Gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes (…) sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad». Los argumentos de Guadiana coinciden con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que sacudió a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Guadiana, quien falleció en diciembre de 2023, recriminaba: «En México no se persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en Estados Unidos está investigado y acusado por delitos graves; en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas» (Proceso, 18.07.16). El empresario narraba así el terror en Allende: «No se respetó a los niños (…), fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados. (…) Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte Penal Internacional». Guadiana encabezó una campaña nacional para exigir castigo contra los responsables de la megadeuda, aún impunes.
Bomba política
El examen que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila entre 2009 y 2016, aunados al sinnúmero de casos registrados en los años subsecuentes, escaló del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) a la ONU y se convirtió en bomba política. El CED pidió el 2 de abril al secretario general de las Naciones Unidas remitir a la Asamblea General, de manera perentoria, «la situación de las desapariciones forzadas en México». El documento plantea «apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen». (La condición de Estado Parte somete a naciones soberanas a obligaciones jurídicas vinculantes).
La solicitud se funda en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (CIPPED). El artículo 34 dispone: «Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundamentados de que la desaparición forzada se practica en forma generalizada o sistemática (…), y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la Asamblea General de las Naciones Unidas (…)».
Coahuila no es matriz de ninguna organización nacional dedicada al narcotráfico, pero ser la entidad más citada por el CED (nueve veces), junto con Nayarit, habla de un problema subyacente ignorado por las autoridades. En el estado del Pacífico la colusión entre autoridades y el crimen organizado ha tenido consecuencias. El exfiscal Édgar Veytia fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína y otras drogas. En Coahuila la impunidad es otra de las herencias del moreirato. Los exgobernadores en cuyos mandatos ocurrieron las masacres y desapariciones denunciadas ante la CPI, expuestas también por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, hacen su vida como si tal cosa.
Después de Coahuila y Nayarit, los estados más observados por el CED son Veracruz y Jalisco. Les siguen Guanajuato, Estado de México, Baja California, Tabasco y Morelos. En el informe no figuran Guerrero y Michoacán. El artículo 2 de la CIPPED entiende por desaparición forzada «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida».
Por tanto, «La práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad (…) y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable» (artículo 5). Estas son: responsabilidad penal individual, imprescriptibilidad, jurisdicción universal y reparación a las víctimas. El Estatuto de Roma faculta a la CPI a imponer penas de hasta 30 años o cadena perpetua. Con la ratificación de la CIPPED en 2008, (segundo año de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico), «México asumió la obligación de prevenir, tipificar la desaparición forzada, investigar y sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas». Existen motivos más que suficientes para que los gobernadores y funcionarios que supieron de las desapariciones forzadas y no hicieron nada para evitarlas se preocupen.
Crisis humanitaria
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU no enjuicia al Estado ni al Gobierno de signo partidista alguno por la crisis humanitaria en México, pero enfatiza las causas que la provocan y «la falta de avances efectivos en la implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones». Pone de relieve la escasa voluntad política en los tres niveles de Gobierno para prevenir y erradicar el fenómeno, combatir la impunidad y promover leyes y mecanismos que protejan a la población civil, no solo de los delincuentes, sino incluso de las fuerzas de seguridad. Subraya la necesidad de castigar a funcionarios, policías y criminales coludidos. La impunidad estructural alienta la reproducción de las desapariciones y causa zozobra para las víctimas y las organizaciones acompañantes, dice en su informe de visita de 2021.
El CED advirtió desde 2015 de un «contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como (…) forzadas». Tres años después la situación era la misma, no obstante la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. El órgano de expertos independientes «expresó preocupación» porque la legislación no tipificaba el delito de crimen de lesa humanidad como establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (CIPPED). Urgió al Estado a «asegurar que la responsabilidad penal del superior jerárquico se reconociera en todos los casos de desaparición forzada». Para investigar y sancionar las desapariciones, recomienda «fortalecer los mecanismos de cooperación judicial, tanto nacional como internacionales».
Entre los hallazgos y recomendaciones de la inspección realizada en 2021, el CED destaca la misma «situación generalizada de desapariciones, con casi total impunidad». Hasta ese momento —observa— «solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional», según datos oficiales. Sobre los testimonios de desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, a empresas de seguridad privada y a «grupos delictivos que actuaban con la aquiescencia de funcionarios de los tres niveles de Gobierno», el CED recuerda: «los Estados son responsables de las desapariciones cometidas por sus servidores públicos y por las personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, incluso cuando se trate de organizaciones criminales o paramilitares».
En el marco de la visita de 2021, el CED transmitió al Estado mexicano 84 recomendaciones específicas, las cuales dividió en dos categorías. En «Condiciones mínimas para una política nacional» propone, entre otros puntos, considerar «criterios de responsabilidad de los servidores públicos (…), erradicar las causas estructurales de la impunidad (…) y abandonar el enfoque de la militarización de la seguridad pública». Entre las prioridades de esa política, destaca la urgencia de «remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; atender debidamente a las (…) ocurridas en el contexto migratorio (…) y facilitar los procesos de búsqueda, investigación y memoria relacionados con los casos de larga data».
El CED celebró en 2023 la creación de fiscalías en todos los estados. Sin embargo los avances fueron nulos, pues «la investigación y persecución penal de la desaparición forzada continuaban sin ser priorizadas». En su informe de este año, el CED reconoce la promulgación de leyes y políticas para afrontar las desapariciones forzadas y permitir su investigación, pero advierte que aún «no se ha hecho rendir cuentas a los responsables de alto nivel». El Gobierno aduce que la impunidad también respondería a la existencia de corrupción, en particular por parte de la judicatura local y los Gobiernos estatales, lo que impediría investigaciones genuinas». E4
Allende y Piedras Negras, las masacres insepultas
La presión internacional impide que el Gobierno entierre las atrocidades contra la población civil. «Innegable colusión entre las autoridades y Los Zetas»
Si la megadeuda pudo sepultarse en el foso negro de la impunidad, ¿por qué no sucedió lo mismo con las masacres de Allende y Piedras Negras y las desapariciones forzadas perpetradas en Coahuila en el periodo 2005 y 2016? No porque el Gobierno dejara de echar mano de todos los recursos a su alcance, sino por las denuncias, investigaciones y presión de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación del país y el extranjero. Los crímenes ocurridos durante la «docena trágica» forman parte central del informe sobre México, que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó el 2 de abril en Ginebra, Suiza, donde tiene su sede.
La intervención de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha sido crucial para que el CED solicite al secretario general de la ONU exponer la situación en México a la Asamblea General de manera perentoria. «(…) principalmente a la luz de los patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016», dice el punto 38 del dosier. Asimismo cita a Nayarit y Veracruz; y por casos más recientes, a Jalisco.
En 2017, la FIDH presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el informe «México: desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza». Advierte que entre 2009 y 2016 (periodos que comprenden las administraciones de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira): «Las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de forma conjunta con Los Zetas en un contexto de innegable colusión». Y «directamente a través de las fuerzas especiales».
En la masacre en Allende, «la evidencia sugiere que no solo el municipio, sino también el gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba», y que el cartel contó «con la pasividad e incluso la cooperación de las fuerzas de seguridad». El comunicado señala que en el penal de Piedras Negras, «al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos (…) quemados o disueltos en cubos con ácido». La FIDH deja en manos de la CPI «determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas». En su informe reciente, el CED concluye: «existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad».
En los periodos de «innegable colusión» en que ocurrieron los crímenes de lesa humanidad, denunciados por la FIDH, Rubén Moreira controlaba la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Primero como presidente, y después como gobernador, a través de Miriam Cárdenas y Armando Luna, previamente nombrados por él como titulares de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. El moreirato estaba blindado. Como parte de la misma estratagema, el Gobierno creó la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la dotó de jugosos presupuestos. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, cuyo silencio sobre las masacres en el estado fue estentóreo, recibió en el mismo lapso el doctorado honoris causa. La obra laudatoria que Moreira publicaría con los logros de su administración en materia de derechos humanos, no salió a la luz. Antes de su lanzamiento, la FIDH ya había puesto al tanto de la CPI los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila. E4
El papel fundamental de Vera y del FJdL
Las «historias falsas» que, según Rubén Moreira, construyó el Centro Diocesano, sirven de base a organizaciones internacionales de derechos humanos
Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, compareció el 7 de octubre de 2017 ante la Comisión de los Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para informar sobre las desapariciones forzadas en México. La cifra oficial de personas ausentes desde 2006 rebasaba entonces las 32 mil (el dato actualizado supera los 130 mil). Dulitzky examinó la crisis y destacó hallazgos clave que se presentarían en un informe posterior, relacionados con los presuntos vínculos entre el crimen organizado y el Estado de Coahuila, y las violaciones de derechos humanos cometidas, dice la HRC en un comunicado.
El informe, titulado «Control… sobre todo el estado de Coahuila», se publicó el 6 de noviembre, un mes después de la comparecencia de Dulitzky. El documento «analiza la información más importante derivada de los testimonios de testigos en tres juicios federales estadounidenses contra miembros del cartel de Los Zetas». También describe la estructura jerárquica de la organización, sus vínculos con las autoridades mexicanas e identifica las violaciones de derechos humanos perpetradas por el cartel. Un día después, el gobernador Rubén Moreira desmintió el estudio en un comunicado: «(…) es una infamia, es parcial en sus investigaciones y mentiroso en sus conclusiones». «Es increíble que una universidad tan prestigiada destine recursos para actividades seudo académicas que mienten y no tienen ningún rigor científico».
Con la misma cachaza Moreira pone en tela de juicio la veracidad del Centro Fray Juan de Larios —fundado por el obispo Raúl Vera López, premio Rafto 2010—, cuyos aportes a la Universidad de Texas y a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) resultaron fundamentales para que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) pusiera al tanto de la Asamblea General de la ONU la situación en México. El silencio del Fray Juan de Larios sobre los «éxitos» del Gobierno contra la delincuencia, fue calificado por Moreira de interés malsano por «construir historias falsas».
«Control… sobre todo el estado de Coahuila» basa su análisis en las declaraciones de 24 testigos de primera mano en los juicios de San Antonio, Austin y Del Río, varios de los cuales afirman haber entregado «sobornos de millones de dólares» a los gobernadores de turno. Compila «abusos a derechos humanos, amenazas de muerte y reclutamiento forzado». Los testimonios «describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/o cooperación del Estado mexicano con el cartel de Los Zetas y sus negocios ilegales (…) extensamente documentado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales».
La FIDH y el CED encendieron desde hace décadas las alarmas por las desapariciones sistemáticas, los secuestros y los crímenes de lesa humanidad en México —destacadamente en Coahuila—, pero los Gobiernos del PRI, PAN y Morena hicieron oídos sordos. Ahora corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum afrontar la crisis humanitaria y forense sin nacionalismo de orejeras, sino con espíritu de cooperación. Exponer la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas «no debe interpretarse en modo alguno como un prejuicio o una interferencia con otros procedimientos (…)», advierte el CED. Tampoco debe afectar, sino reforzar, la ayuda para investigar, castigar y erradicar el fenómeno, precisa. El cerco para que los crímenes de lesa humanidad dejen por más tiempo de permanecer impunes empieza a cerrarse. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.