Coahuila, gigante atado con grilletes; negociar con Sheinbaum, única salida

El gobernador Manolo Jiménez rendirá su primer informe en un escenario nacional adverso. Morena copa el poder y el PRI, con la representación más exigua en el Congreso, es un lastre. Después de un impasse de un año, ha llegado el momento de tomar decisiones para apuntalar al estado

Coahuila y Nuevo León, una rivalidad de larga data

Reformas para dar mayor poder a la mujer

El último bastión del PRI es Coahuila y, por lo tanto, el único donde podría completar un siglo en el poder. Esta situación lo expone a presiones políticas y económicas enormes. La única forma para mantenerse a flote consiste en establecer una relación cooperativa y de respeto con Claudia Sheinbaum. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, la bandera del PRI ondeaba en 15 estados; y Morena, en cuatro. Los papeles se invirtieron en apenas seis años. El partido de la 4T gobierna hoy el 75% de las entidades (24) y el PRI, dos (el otro es Durango). Frente a esa fuerza abrumadora, los gobernadores de oposición (cuatro más del PAN y dos de Movimiento Ciudadano) carecen del empuje para afrontar al Gobierno de la república como lo hicieron los 10 mandatarios organizados en la extinta Alianza Federalista, dominada por Acción Nacional.

La mayoría calificada de Morena y sus aliados (PT y Verde) en las cámaras de Diputados y Senadores le permite distribuir el presupuesto de acuerdo con las prioridades de la 4T, dirigir la agenda legislativa y tener bajo control a los gobernadores, en especial a los de distinto signo. El coahuilense Manolo Jiménez ha buscado acercamiento con la administración de Sheinbaum, pero es muy pronto para ver resultados. Fuera del tren de pasajeros entre Ciudad de México y Nuevo Laredo y de la continuación del Programa Agua Saludable para La Laguna, no existen proyectos de gran calado a la vista. La situación la complica la deuda cuyo servicio absorbe cada año alrededor el 10% del presupuesto.

Con 37 diputados y 14 senadores de su partido, de los cuales solo cuatro son del PRI, Jiménez tampoco puede presionar para atraer recursos adicionales al estado. Posponer por más tiempo inversiones necesarias para atender la demanda de infraestructura y servicios, y al mismo tiempo reducir el rezago acumulado en los 12 últimos años por la deuda, tarde o temprano pasará factura. Los grilletes le impiden al estado dar verdaderos pasos de gigante. Coahuila se mantiene en el tercer lugar del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2024, pero Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Sonora le pisan los talones.

En el subíndice de infraestructura, sin embargo, Coahuila se ubica en la posición número 15. El indicador evalúa las áreas financiera, de telecomunciaciones y de transporte, «necesarios para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo al incidir en otros sectores de la economía», dice el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El subíndice considera el acceso a tecnologías de la información y comunicación, el uso de servicios financieros. También variables relacionadas con los servicios de telefonía móvil, acceso a internet, heridos en accidentes de tránsito terrestre, terminales puntos de venta, uso de banca móvil, captación de ahorro, flujo de pasajeros y carga aérea.

En Sistema político y Gobiernos, Coahuila aparece en el puesto 31, solo por encima de Baja California. El subíndice mide el potencial de estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales (capacidad de influir positivamente en la competitividad). Un sistema efectivo fomenta el desarrollo económico local, dice el Imco. Entre las variables destaca la deuda «como porcentaje de sus ingresos totales» (en Coahuila es del 56.5%, el tercero más alto del país), los ingresos propios y la percepción de corrupción, entre otros factores. Coahuila es primer lugar en Derecho; tercero en Innovación y economía; y cuarto en Mercado de trabajo y en Sociedad y Medio ambiente. Empero, las debilidades en infraestructura, política y Gobierno, reflejadas en el ICE, podrían agravarse en los próximos años por falta de inversión y la carga excesiva de la deuda.

Aliados, no comparsas

Coahuila se mantuvo en compás de espera un año, mientras se elegía a la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, lo cual, en realidad, nunca fue un misterio. Resuelto el tema, Manolo Jiménez tomó la única vía segura y transitable para el estado y su administración: alinearse a la 4T y tratar de ganarse la voluntad de Claudia Sheinbaum. Igual actitud han tomado las cúpulas empresariales y los grupos de interés. La Suprema Corte de Justicia de la Nación —su último ariete— no pudo revertir la reforma judicial impulsada por la coalición Morena-PT-Verde en el Congreso. Sin fuerza ni respaldo popular, los ministros encabezados por Norma Piña tampoco lograron persuadir a los mexicanos de que su oposición era para preservar el equilibrio de poderes y no en defensa de un sistema de privilegios cuya prioridad no es la justicia.

La 4T y su partido pulverizaron a la partidocracia (PRI, PAN, PRD), modificaron el escenario político del país e implantaron una forma de ejercer el poder basada en la proximidad con las grandes mayorías y su alejamiento de la oligarquía. En ese contexto, Coahuila y su Gobierno son una isla, expuesta al oleaje impetuoso y expansivo de Morena. Coahuila ya no es el mejor PRI de México, sino el único. Jiménez debe tener claro lo delicado de la situación. Sin respaldo ni relaciones en el centro del país, que antes proporcionaban el PRI y sus bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, el gobernador necesita aliados, no comparsas.

El aislamiento solo empeoraría las cosas. Jiménez ha empezado a mover sus piezas de acuerdo con la nueva circunstancia política. Lo hace con cautela, cuida las formas y evita precipitaciones para no parecer oficioso. Contrario a Miguel Riquelme, Jiménez no se confrontó con López Obrador. Menos lo hará con la presidenta Sheinbaum, razón por la cual firmó, junto con otros gobernadores de oposición, un documento para mantener la prisión preventiva oficiosa, según lo mencionó la senadora morenista Andrea Chávez. Adoptar una posición contraria sería inútil.

Además, las enmiendas a la Constitución para elegir jueces, magistrados y ministros le amputará a los gobernadores uno de sus brazos principales: el judicial, clave para el control político. Los tribunales de justicia de los estados dependen de los ejecutivos locales, quienes nombran a sus integrantes por medio de sus mayorías en los congresos. Tal situación concentra en una sola persona los poderes públicos, desvirtúa la justicia, favorece a los grupos de interés y propicia cacicazgos regionales como ocurre en La Laguna.

Jiménez tiene frente a sí desafíos que ninguno de sus predecesores afrontó. Rogelio Montemayor fue el último gobernador que alternó con dos presidentes priistas (Carlos Salinas y Ernesto Zedillo). Enrique Martínez, el primero en lidiar con un mandatario de otro partido (Vicente Fox). Humberto Moreira tensó la relación con el Gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón. A Rubén Moreira le correspondió el último presidente del PRI (Enrique Peña). Miguel Riquelme se confrontó con Andrés Manuel López Obrador y el estado pagó las consecuencias. Aun así, todos contaban con salvaguardas. Manolo Jiménez está solo y depende de sus propias fuerzas y capacidades. Claudia Sheinbaum, con más poder incluso que AMLO, no solo construirá el segundo piso de la 4T, también hará de Morena la primera fuerza política del país por mucho tiempo. En esa ruta está Coahuila.

El desafío del jinete

Bajo la presidencia imperial, una de las formas de demostrarle al soberano que los recursos federales y estatales se invertían con honradez y en favor del pueblo, aunque no siempre fuera así, era con obras. Después de cada informe, los gobernadores y el representante presidencial inauguraban carreteras, escuelas, hospitales, unidades habitacionales e instalaciones de otro tipo. El Gobierno de Óscar Flores Tapia fue, en este sentido, uno de los más fecundos. Lejos de la simpatía del presidente José López Portillo, sin grandes presupuestos y con una deuda por 500 millones de pesos, logró la transformación de Saltillo y otras regiones de Coahuila.

Con las crisis económicas recurrentes y los tecnócratas en el poder, las cosas cambiaron. Eliseo Mendoza Berrueto se las ingenió para responder, con la mezcla de recursos federales, estatales y la participación de colonos y campesinos, la demanda de obras y servicios. Su relación con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso Lombardo, hizo posible la construcción de las autopistas de cuota Carbonera-Ojo Caliente (originalmente concesionada al Gobierno del Estado), Torreón-Saltillo, la ampliación del aeropuerto de Torreón y de la carretera a San Pedro. La creación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) elevó los ingresos propios y la capacidad de la administración para realizar obra pública con un sentido regional. La situación financiera de Coahuila, agravada por la deuda, sería insostenible sin el ISN.

Los Gobiernos siguientes también estuvieron sujetos a limitaciones presupuestarias y a presiones cada vez mayores. La alternancia en el poder modificó la relación entre los estados y la federación, antes regida por el presidente. Sin ese yugo ni el temor de ser depuestos, los gobernadores formaron sus propios cotos de poder y se olvidaron de rendir cuentas al Gobierno federal ni a nadie. Las sucesiones estatales y la nominación de candidatos a diputados y senadores, reservadas al presidente de turno, las asumieron ellos, lo cual aumentó su fuerza con respecto al centro del país.

El poder excesivo de los gobernadores tuvo consecuencias nefastas. Destacan: el vínculo con el crimen organizado y la espiral de violencia; un retroceso democrático; y el endeudamiento acelerado. Los pasivos de Coahuila se dispararon a 40 mil millones de pesos entre 2008 y 2010. Una parte significativa de los créditos se adquirió sin la autorización del Congreso, de mayoría priista, y con documentos falsos. La obra en el Gobierno de Humberto Moreira no es proporcional al monto de la deuda. En las administraciones de su hermano, Rubén, y de Miguel Riquelme, la inversión estatal se desplomó. La obra ha sido mínima en los últimos sexenios.

En esas circunstancias el gobernador Manolo Jiménez rendirá su primer informe. Sin salidas a la vista, la administración es arrastrada por la inercia. El «moreirazo» impide todo plan o proyecto. La seguridad, prendida siempre de alfileres, es el punto fuerte. Coahuila es, por su dinámica, uno de los estados más atractivos para la inversión privada, pero, sin infraestructura necesaria, pronto podría empezar a buscar nuevos destinos. Los informes de Gobierno, en la mayoría de los casos, dejaron de ser escaparates donde se inauguraban autopistas, clínicas y equipamiento, se colocaban primeras piedras y se presentaban al país los progresos de cada entidad. Desde hace tiempo sirven para dar discursos, lanzar consignas y cubrir el expediente. Las grandes obras las realiza el Gobierno federal. El control regresó a la presidencia, ejercida por primera vez una mujer poderosa, Claudia Sheinbaum, quien empieza a mirar al norte en busca de un desarrollo regional equilibrado. Jiménez puede desplegar sus habilidades y aprovechar la coyuntura. E4

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Coahuila y Nuevo León, una rivalidad de larga data

Al gobernador de NL, Samuel García, no se le quita de la cabeza ser presidente, a pesar de los escándalos. Frente a las embestidas del PRIAN, se refugia en Morena

La competencia entre Coahuila y Nuevo León la ganó desde hace tiempo la entidad que ahora gobierna el emecista Samuel García, el más joven de los ejecutivos de México (36 años), incluidas las mujeres. La rivalidad por la atracción de inversiones se acentuó en las administraciones de Óscar Flores Tapia y Alfonso Martínez Domínguez, entre finales de los 70 y principios de los 80. En ese periodo se instalaron en Saltillo y Ramos Arizpe empresas que a la postre convertirían al sureste en uno de los polos industriales más importantes del país: General Motors, Chrysler y De Acero, entre otras. El gabinete de Flores Tapia ha sido uno de los mejores, sobre todo en materia de promoción económica, cuyo responsable era Fernando Hernández de la Peña.

Nuevo León es el estado con más deuda del país: 106 mil 712 millones de pesos, casi tres veces mayor a la de Coahuila (37 mil 575 mdp), pero su presupuesto (156 mil mdp) es 2.3 veces superior (68 mil 429 mdp). Nuevo León también lidera la deuda pública per cápita (17 mil 549 pesos por persona). El tercer lugar, después de Chihuahua, corresponde a Coahuila (11 mil 500 pesos). Nuevo León pagará este año 10 mil 370 mdp por servicio de la deuda, y Coahuila, 6 mil 872 mdp. Nuevo León dedica 10 mil 370 a inversión pública mdp, y Coahuila, 3 mil 916 mdp.

Samuel García aprovechó su tercer informe para posicionarse con vistas a futuras aventuras políticas. Con ese propósito difundió profusamente la obra de su Gobierno en las redes sociales: seis nuevas carreteras, infraestructura de movilidad, 2 mil 500 autobuses eléctricos para el transporte público e inversiones privadas por más de 68 mil millones de dólares. García fue acusado por Grupo Reforma de triangular más de 200 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, a través de un proveedor del Gobierno, de la cual es socio junto con su padre. Los honorarios, según el gobernador, se pagaron antes de ocupar el cargo. Movimiento Ciudadano (MC) perdió la alcaldía de Monterrey en las pasadas elecciones.

García aspiró a la presidencia, pero el PRI y el PAN lo sacaron de la carrera antes de empezar. El 14% de las intenciones de voto por el regiomontano puso nerviosa a la cúpula opositora, pues las preferencias por su candidata, Xóchitl Gálvez, habían empezado a decaer. El expresidente López Obrador defendió a García de los embates del PRIAN y de los poderes fácticos. La relación del nuevoleonés con la presidenta Claudia Sheinbaum lo acoraza para el resto de su Gobierno. La pretensión del alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, de suceder a García, con quien perdió en 2021, es infundada.

Nuevo León es la entidad con más alternancias. La han gobernado el PRI, el PAN, el único ejecutivo independiente (Jaime Rodríguez) y ahora MC. Morena ocupó el cuarto lugar en los comicios de 2021, con Clara Luz Flores, quien empezó como favorita. Sin embargo, el partido de la 4T arrasó en las elecciones del 2 de junio. Sheinbaum es una presidenta con mayor poder que López Obrador. Los primeros objetivos de la lideresa de Morena, María Luisa Alcalde Luján, son las gubernaturas de Nuevo León y Chihuahua, las cuales se renovarán en 2027. Parece lejano, pero no lo es. La exsecretaria de Gobernación también buscará la alternancia en Coahuila. El plan ya está en marcha, solo falta definir si el candidato será hombre o mujer. E4

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Reformas para dar mayor poder a la mujer

Los Gobiernos estatales deberán darle más participación en la toma de decisiones como ya ocurre a escala federal. El gabinete presidencial es paritario

Las iniciativas de reforma de la presidenta Sheinbaum sacudirán el escenario político en los estados. Además de la judicial, en proceso, hay otras para elevar a rango constitucional y dar efectividad a la paridad en las alcaldías, la estructura gubernamental y los organismos autónomos. Los congresos locales ya son paritarios, pero los gabinetes y las presidencias municipales importantes siguen dominados por varones. Las entidades con menor desequilibrio podrán adaptarse mejor y más rápido a los cambios; en las demás, los gobernadores deben preparar los ajustes respectivos desde ahora para no atropellarse después ni hacerlos a marchas forzadas.

Coahuila figura entre los estados donde la mujer, fuera del congreso, tiene menor participación en la toma de decisiones. Miriam Cárdenas renunció a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en 2019 para dejar su lugar al enviado del exgobernador Miguel Riquelme. La relación de magistrados hombre-mujer en el Poder Judicial del Estado es de 14/6. Lo mismo sucede en el gabinete. Las mujeres ocupan un tercio de las carteras (Medio Ambiente, Fiscalización, Cultura, Trabajo, Turismo y Mujeres), pero los hombres están en la cima del poder.

La designación de Karla Samperio como zar anticorrupción, en reemplazo del moreirista Jesús Flores Mier, se ciñe a la línea de guardar bajo siete llaves temas escabrosos como la megadeuda y las empresas fantasma del Gobierno de Humberto y Rubén Moreira. La retórica de la exdiputada panista anticipa impunidad. Si la intención era equilibrar la balanza de la paridad de género, los platillos no se inclinaron un ápice. El nombramiento de Samperio, por parte de un Congreso donde el Gobierno y el PRI no tienen oposición —Morena es comparsa incluso en campañas contra autoridades priistas—, cumple, así sea tardíamente, uno de los compromisos del pacto PRI-PAN para las elecciones gobernador del año pasado.

El acuerdo, suscrito en un documento sin valor jurídico, concedía al PAN diputaciones, candidaturas a alcaldías —no cumplidas—, notarías públicas y cargos en el Poder Judicial, en organismos «autónomos» y en otras dependencias del Gobierno.

El líder del PAN, Marko Cortés, habría ventilado el asunto de acuerdo con el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, Rubén Moreira, para eliminar a Miguel Riquelme de la carrera senatorial y presionar al gobernador Manolo Jiménez. El desplante no surtió efecto. La votación de PAN resultó tan pobre que no podía ponerse digno ni reclamar lo que no había ganado en las urnas.

El escándalo puso a Coahuila en el ojo del huracán durante las campañas para la presidencia. Claudia Sheinbaum reprobó el pacto y lo puso como ejemplo de la complicidad entre el PRI y el PAN. Comprometer cargos en el Congreso y en el Tribunal Superior de Justicia desmiente la separación de poderes. Lo mismo ocurre con los organismos autónomos.

El gobernador Jiménez tiene frente a sí un dilema: ¿En qué puestos relevantes, dentro de su gabinete, colocará a mujeres, y quiénes serán las elegidas? La presidenta Sheinbaum continuará el proyecto de la 4T para desaparecer los organismos autónomos, precisamente por su inutilidad; y en el caso de Coahuila, por servir a los intereses del clan Moreira en Coahuila. Los estados podrán economizar recursos y destinarlos a obras y servicios en vez de mantener burocracias vacuas y onerosas. E4