Durante las últimas semanas la información sobre aseguramiento de combustible ilegal y robado en México generó reacciones de grupos políticos y económicos del país que alcanzaron a la política y la gobernanza para lanzar culpas y señalamientos en un entorno de acciones que hoy se realizan y en el pasado no.
Coahuila ocupó los titulares de este movimiento iniciado por el gobierno federal que instrumenta una cruzada en contra de la introducción ilegal de combustible al país y del robo de gasolinas y diésel que generan una competencia desleal a Petróleos Mexicanos y pérdidas millonarias al fisco nacional.
La actividad que hoy sí se enfrenta no está exenta de ser ligada al crimen organizado, pero aún más a la delincuencia organizada para blanquear recursos ilícitos para vender combustible ligeramente más barato.
La importancia de las acciones es aún mayor por la coordinación entre las autoridades federales y las estatales, como es el caso en Coahuila, tal y como lo declaró la propia presidenta de la República y su secretario de Seguridad Nacional.
Si la intención presidencial es limpiar el sector y sancionar legal y penalmente el fenómeno delictivo caiga quien caiga sin distingo partidista y se cumple la máxima del Gobierno federal, entonces es fácil intuir que hay muchas cabezas nerviosas con lenguas viperinas que pretenden confundir a la opinión pública en un sumario social sin pruebas o argumentos.
La enredada madeja que implica un fraude de este tamaño, por fuerza y lógica, tiene que involucrar a muchos sectores y mandos de la gobernanza, de todos los niveles y de la seguridad incluso a los más altos niveles que pudieran relacionar a las fuerzas castrenses.
Resulta entonces muy interesante y morboso imaginar, especular y sobre todo esperar el desarrollo de esta historia de la política nacional que puede alcanzar niveles impresionantes, para conocer hasta donde llega y con quien, y a quienes esta red de corrupción e impunidad que podría ser conocido como el robo, el fraude y el mejor financiamiento de campañas del siglo.
Es ahí donde encuentra el mayor cuestionamiento de esta acción de gobierno para los gobernados y ciudadanos escépticos como el humilde escribiente, si realmente se castigará con nombres y apellidos a operadores, empresarios, funcionarios de gobierno y elementos de seguridad que son los verdaderos responsables de un operativo de alto nivel como es el ingreso ilegal, la transportación y distribución en el interior del país y la justificación de ganancias ante las autoridades fiscales.
El delito mencionado en esta colaboración no incluye solamente a veladores, cuidadores, choferes, operadores financieros para lavado de dinero, políticos o gobernantes que se enriquecen de la noche a la mañana o empresarios que se vuelven más poderosos.
El delito no es común ni tampoco sencillo y si no hay un desenlace con responsables de gran tamaño y castigos ejemplares, la cruzada no pasará de una estrategia pasajera con un efecto mediático que desaparecerá y el delito continuará.
