Una encuesta del organismo sitúa al país a la cabeza de América Latina en credibilidad pública. El dato refleja el fortalecimiento del vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Mentís al catastrofismo opositor; se abre una ventana de oportunidad para consolidar la gestión gubernamental
Macron, Mamdani y la proyección internacional de la 4T
En buena parte de América Latina, la desconfianza en las instituciones públicas se ha vuelto una suerte de sentido común. La imagen dominante es la de congresos desacreditados, Gobiernos percibidos como lejanos y sistemas judiciales que no resuelven.
En ese contexto, que parece definido por el escepticismo, el caso mexicano rompe el patrón: la más reciente «Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe 2025» coloca a México en el primer lugar regional en confianza institucional.
De acuerdo con el informe, 54 % de los mexicanos declaran tener un nivel alto o moderadamente alto de confianza en su Gobierno y en las instituciones públicas, frente a un promedio regional de 35.18 % y por encima del promedio de los países miembros de la organización, que ronda el 39.3 %. El dato no es menor: sugiere que, contra la intuición dominante, el vínculo entre ciudadanía y Estado en México atraviesa por una fase de fortalecimiento relativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum capitalizó el hallazgo en una de sus conferencias matutinas. Para la mandataria, es el efecto de una combinación de programas sociales, inversión pública y un cambio de modelo económico orientado —en su propia fórmula— a «primero los pobres».
El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desmenuza percepciones ciudadanas sobre la capacidad de respuesta del Estado, la calidad del servicio público, la integridad de las instituciones y la experiencia cotidiana de la gente al tramitar, denunciar o reclamar. En esos niveles más finos, México aparece también en posiciones relativamente favorables, pero lejos de un escenario idílico: menos de la mitad de la población de la región, aun en los países mejor situados, siente que el Gobierno responde con eficacia a sus demandas.
Es precisamente ahí donde el documento se vuelve políticamente relevante. En un contexto donde sectores opositores y poderes fácticos han insistido en describir a México como un «Estado fallido» o una democracia en caída libre, los datos de la OCDE operan como un mentís parcial a ese discurso catastrofista. No porque nieguen los problemas —que son severos—, sino porque muestran un cuadro menos apocalíptico: la confianza ciudadana no se ha roto, sino que, en términos comparativos, se ha robustecido.
Radiografía de la confianza
La encuesta de la OCDE no es un sondeo aislado ni propagandístico. Forma parte de una serie de estudios sobre confianza institucional que la organización viene realizando desde hace más de una década, con metodologías comparables entre países y bloques regionales. En América Latina y el Caribe, el ejercicio incluye preguntas sobre confianza en el Gobierno nacional, el parlamento, el Poder Judicial, la administración pública, las fuerzas armadas y Gobiernos locales, además de indicadores sobre percepción de corrupción, capacidad de respuesta y calidad de servicios públicos.
En ese marco, el dato de 54 % para México —frente al 35.18 % regional y al 39.3 % de la propia OCDE— no sólo indica un «primer lugar» simbólico, sino un salto estadísticamente relevante respecto del patrón latinoamericano. Ecuador y República Dominicana le siguen, pero con márgenes menores. Del otro lado del espectro aparecen países como Perú, Guatemala o Paraguay, donde la confianza en las instituciones públicas se desploma por debajo del 30 %. El mapa regional, en suma, es desigual, y el caso mexicano se ubica en la parte alta de esa curva.
La radiografía es aún más compleja si se observa institución por institución. En toda la región, las fuerzas armadas tienden a ser las más confiables, seguidas por la policía y, más abajo, por el Gobierno nacional y los parlamentos. La OCDE subraya que esta brecha refleja tanto la visibilidad de las instituciones castrenses en tareas de seguridad como la persistente debilidad de los poderes civiles. México no es excepción: los niveles de confianza en las fuerzas armadas suelen superar los que reciben otras instancias, aunque la encuesta también revela que la ciudadanía distingue entre seguridad y garantía de derechos.
Otro hallazgo relevante es la percepción sobre la capacidad de respuesta del Gobierno. El estudio señala que México, junto con Ecuador y Brasil, se encuentra entre los países donde una mayor proporción de la población confía en que las autoridades atenderán reclamos o sugerencias ciudadanas: alrededor de 48 % considera que su Gobierno reaccionaría de forma efectiva y estaría dispuesto a adoptar ideas innovadoras. Eso no significa que exista una confianza ciega, pero sí un margen de expectativa mayor que en otros contextos latinoamericanos.
La experiencia cotidiana de la ciudadanía al interactuar con el Estado también cuenta. La OCDE documenta que quienes evalúan positivamente el trato recibido en oficinas administrativas —por ejemplo, en trámites de identidad, salud o educación— tienden a confiar más en las instituciones. En México, la expansión de programas sociales con padrones más amplios, la digitalización de trámites y ciertas mejoras en servicios educativos parecen haber incidido en esa evaluación, aunque persisten quejas por burocracia, tiempos de espera y desigualdad territorial en la calidad de los servicios.
El panorama se oscurece cuando la encuesta aborda la percepción sobre corrupción. La mayoría de las personas consultadas en la región cree que la corrupción está extendida en el sector público, y México no es la excepción. La coexistencia de altos niveles de confianza relativa con una fuerte percepción de corrupción sugiere que la ciudadanía puede considerar a las instituciones como necesarias y, al mismo tiempo, entenderlas como imperfectas o capturadas por intereses particulares. No hay idealización, sino una suerte de apuesta pragmática porque el Estado siga funcionando.
En materia de seguridad, el informe confirma que la violencia y el delito siguen siendo las principales preocupaciones de la región. Estudios complementarios citados por la prensa muestran que cerca de siete de cada diez mexicanos dicen sentirse inseguros en su entorno cotidiano, incluso cuando otros indicadores de confianza apuntan al alza.
La brecha entre percepción de seguridad y confianza institucional es uno de los grandes enigmas de la política mexicana contemporánea: la gente puede desconfiar de la calle, pero otorgar todavía un voto de confianza al aparato estatal.
Discurso vs. datos
En los últimos años, ciertos sectores políticos, empresariales y mediáticos han insistido en caracterizar a México como un país al borde del abismo institucional. Se habla con ligereza de «Estado fallido», de «dictadura en ciernes» o de un sistema democrático que habría retrocedido décadas. Esa narrativa encuentra eco en problemas muy reales —violencia, desigualdad, impunidad—, pero también construye una imagen de colapso inminente que no siempre se ajusta a la evidencia disponible.
El informe de la OCDE introduce un matiz incómodo para ese discurso. Si, pese a todo, más de la mitad de la población declara confiar en sus instituciones —y la proporción es mayor que en el resto de la región—, el relato de país al borde de la disolución institucional pierde fuerza. La presidenta Sheinbaum lo ha dicho con ironía: frente a los detractores, «ahí están los datos». Más allá del tono, el punto de fondo es muy claro: la discusión pública no puede ignorar un estudio comparativo serio cuando evalúa la salud de la vida institucional.
El Gobierno, por su parte, ha tejido su propia lectura. El crecimiento del empleo formal —con registros históricos ante el IMSS—, la relativa estabilidad del peso frente al dólar y el incremento del salario mínimo son presentados como factores que explican la mejora en la confianza. En esa interpretación, la encuesta de la OCDE sería una consecuencia natural de políticas públicas que habrían roto con el guion de austeridad y recortes de décadas previas. Es una versión que refuerza el relato oficial de «cuarta transformación» y continuidad transexenal.
Sin embargo, la confianza medida por la OCDE no es un plebiscito sobre un gobierno en particular ni un cheque en blanco al proyecto político en turno. El propio informe advierte que, en América Latina, la confianza puede ser volátil y responder a expectativas de cambio que, si no se cumplen, se transforman con rapidez en frustración. De ahí que la misma cifra que hoy parece un aval pueda convertirse mañana en un recordatorio incómodo si la percepción ciudadana se revierte.
El discurso catastrofista, por otro lado, suele omitir que la desconfianza también puede ser selectiva. La ciudadanía puede desconfiar del Congreso, pero valorar positivamente programas sociales; sospechar del sistema de justicia, pero apreciar la ampliación de derechos sociales o ciertas políticas redistributivas. La encuesta de la OCDE muestra precisamente esas zonas grises, donde coexisten la crítica y el reconocimiento. En términos periodísticos, la nota no es que «todo va mal» o «todo va bien», sino que la realidad es más ambigua de lo que dejan ver los extremos.
Para la oposición, los poderes fácticos y buena parte de la comentocracia, el reto consiste en asumir que la crítica más eficaz no será la que ignore los datos, sino la que dialogue con ellos. Denunciar la violencia, la pobreza o la impunidad sigue siendo imprescindible; reducir el país a un paisaje sin instituciones confiables puede resultar contraproducente si la experiencia cotidiana de millones de personas no coincide del todo con esa imagen. En otras palabras, el catastrofismo deja de ser verosímil cuando la gente no se reconoce en él.
Desde el Gobierno, el riesgo opuesto es el triunfalismo. Convertir el informe de la OCDE en una medalla definitiva puede incentivar la complacencia y debilitar la capacidad autocrítica. La confianza es un activo frágil: se construye lentamente, pero puede erosionarse con rapidez frente a escándalos de corrupción, abusos de poder, violaciones de derechos humanos o crisis mal gestionadas. Si el dato se administra como propaganda y no como responsabilidad, su efecto puede revertirse.
Lo que el estudio pone sobre la mesa, en realidad, es una invitación a recalibrar el debate público. Frente a la retórica del desastre o la del éxito total, el «dato duro» de la OCDE propone una tercera vía: reconocer que el país no está moral ni institucionalmente arrasado, pero tampoco en la cima del bienestar democrático. México aparece, más bien, como una sociedad que sigue apostando por sus instituciones, incluso cuando estas no siempre están a la altura de sus demandas. E4
Radiografía de la OCDE
Los mejor posicionados en América Latina
| País | Confianza | Nota |
|---|---|---|
| México | 54 % | Primer lugar regional |
| Ecuador | 50 % | Alto nivel de confianza relativa |
| República Dominicana | 45 % | Tendencia estable |
| Chile | 38 % | Confianza moderada |
Los del fondo regional
| País | Confianza | Nota |
|---|---|---|
| Perú | 20 % | Crisis institucional recurrente |
| Guatemala | 27 % | Alta desconfianza en autoridades |
| Paraguay | 27 % | Persisten problemas de gobernanza |
| Brasil | 36 % | Recuperación moderada |
*Porcentaje de personas que declaran confianza alta o moderadamente alta en su Gobierno
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe 2025
México: puntos fuertes de la confianza institucional
| Indicador evaluado | Resultado para México | Nota / Relevancia |
|---|---|---|
| Confianza en el gobierno nacional | 54% | Mayor nivel de confianza entre los países encuestados en ALC. |
| Confianza en el poder legislativo | 43% | Por encima del promedio regional (27 %). Muestra mayor legitimidad institucional. |
| Confianza en partidos políticos | 33% | Supera ampliamente el promedio regional (19 %), indicador poco habitual en la región. |
| Satisfacción con el sistema de salud | 53% | Entre los niveles más altos reportados; destaca en el gráfico sectorial del informe. |
| Confianza según condición económica (personas sin inseguridad) | 60% | Confianza significativamente mayor entre población con estabilidad económica. |
| Confianza según condición económica (personas con inseguridad) | 52% | Aún entre sectores vulnerables, el nivel de confianza es elevado. |
| Percepción de mejora en servicios tras un reclamo | Alto (por encima del promedio regional) | La ciudadanía mexicana reporta mayor expectativa de respuesta gubernamental. |
| Confianza en la capacidad del gobierno para enfrentar desafíos a largo plazo | Superior al promedio regional | México aparece en el grupo con mayor expectativa positiva. |
Macron, Mamdani y la proyección internacional de la 4T
La confianza institucional no se juega sólo dentro de las fronteras. También se construye y se refleja en la manera en que otros Estados, organismos internacionales y actores globales leen a un país. En ese sentido, la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a México operó como una pieza más del rompecabezas. Más allá de las fotos en Palacio Nacional, la declaración conjunta entre ambos mandatarios habló de «profundizar una cooperación sustentada en valores comunes» y de relanzar la relación bilateral en los terrenos cultural, económico y científico.
Uno de los acuerdos emblemáticos fue el intercambio temporal de códices prehispánicos: México prestará a Francia el Códice Boturini y recibirá el Códice Azcatitlan para exhibiciones cruzadas, como parte de las celebraciones por el bicentenario de las relaciones diplomáticas en 2026. Más allá de su dimensión cultural, el gesto funciona como metáfora: se trata de negociar, desde una posición de relativa paridad, la memoria escrita de la nación. Sheinbaum lo expresó así: «Estos códices son la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad».
La escena contrasta con otros momentos de tensión en la relación franco-mexicana. El conflicto por el caso Florence Cassez, durante el Gobierno de Felipe Calderón y la presidencia de Nicolas Sarkozy, provocó la cancelación de programas culturales y una década de enfriamiento diplomático.
En el terreno simbólico, el reconocimiento no llega sólo desde Europa. El demócrata Zohran Mamdani, primer musulmán y de origen inmigrante en ganar la alcaldía de Nueva York, ha señalado públicamente que Claudia Sheinbaum «es una inspiración para todos» y que el mundo necesita «más líderes como Claudia Sheinbaum», resaltando su apuesta por un Gobierno cercano a la gente y comprometido con causas sociales. Sus palabras, colocan a la presidenta mexicana como referencia dentro de un mapa global de liderazgos progresistas urbanos.
Un país percibido como impredecible o institucionalmente frágil difícilmente se convierte en socio estratégico para proyectos de largo plazo. Que Francia busque relanzar su vínculo con México, o que figuras progresistas en Estados Unidos lo identifiquen como ejemplo, revela al menos que el Estado mexicano es visto como un actor con el que se puede construir.
También aquí hay riesgos. La validación externa puede usarse para silenciar críticas internas: si Macron estrecha la mano de Sheinbaum o Mamdani la celebra en un discurso, se podría concluir que cualquier señalamiento de organizaciones civiles, víctimas o colectivos es exagerado. Sería un error. Las violaciones a derechos humanos, las desapariciones y las violencias cotidianas no se disuelven por decreto diplomático ni por discursos elogiosos desde el extranjero.
Al mismo tiempo, la ausencia de reconocimiento externo tampoco sería neutra. La historia reciente muestra que el aislamiento o la desconfianza internacional pueden agravar la fragilidad institucional de un país. En ese sentido, la actual combinación de confianza interna relativamente alta (según la OCDE) y de una proyección internacional en proceso de fortalecimiento abre una ventana de oportunidad: México puede usar ese capital político para impulsar reformas pendientes y no sólo para apuntalar la imagen del Gobierno en turno. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.