El Gobierno federal revisa los privilegios concedidos en el sexenio de Peña Nieto y reduce las exenciones impositivas al comité organizador. Hacienda reduce plazos y beneficios, pero en el torneo prevalecen los esquemas financieros opacos y los costos elevados
Un historial marcado por la corrupción
El Mundial de Futbol 2026 avanza en México entre anuncios oficiales, promesas de derrama económica y una creciente disputa política por el costo real del evento. A meses del arranque del torneo, el Gobierno federal reconoce que heredó compromisos fiscales y financieros firmados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que benefician de manera extraordinaria a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), un organismo privado con sede en Suiza que impone condiciones a los Estados anfitriones.
En enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración acotó los privilegios fiscales otorgados a la FIFA, reduciendo su vigencia a un solo año —2026— y limitando los beneficios a bienes y personas estrictamente vinculados con la celebración del Mundial. La representante gubernamental para el torneo, Gabriela Cuevas, sostuvo que las garantías firmadas en 2018 incluían exenciones «terriblemente arbitrarias», algunas previstas hasta por diez años, y que hoy esas condiciones fueron renegociadas.
Sin embargo, documentos oficiales y revelaciones periodísticas publicadas en Reforma muestran que, aunque los beneficios fiscales fueron formalmente acotados, el corazón del esquema permanece intacto: durante el Mundial, la FIFA y su red de socios comerciales seguirán operando sin pagar impuestos por actividades relacionadas con el torneo, mientras México asume gastos de infraestructura, seguridad, movilidad y logística que no han sido cuantificados públicamente en su totalidad.
A este panorama se suma una segunda capa de complejidad: la forma en que se están financiando las obras vinculadas al Mundial. Investigaciones de la periodista Peniley Ramírez, publicadas en la columna Linotipia de Reforma, documentan que parte del dinero público destinado al torneo se canaliza a través de fideicomisos privados, créditos bancarios y contratos confidenciales que permiten adelantar recursos sin registrarlos como deuda pública y sin someterlos a los controles habituales de fiscalización.
El resultado es un Mundial financiado con dinero público, gestionado con instrumentos privados y blindado por contratos que limitan la rendición de cuentas, mientras el debate público se concentra en el espectáculo deportivo y no en los costos estructurales que permanecerán después del último partido.
Pacto fiscal heredado
Las exenciones fiscales otorgadas a la FIFA no son una decisión del actual Gobierno, sino el resultado de compromisos firmados en los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con documentos revisados por Reforma y citados en la columna Linotipia, en enero de 2018 el entonces presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, firmó una serie de garantías que comprometieron al Estado mexicano a conceder beneficios fiscales amplios como condición para albergar partidos del Mundial 2026.
Entre esas garantías se incluyeron exenciones de impuestos federales, facilidades aduaneras, libre importación y exportación de bienes, así como transferencias de divisas sin cargas fiscales para la FIFA y sus llamados «clientes FIFA», un universo que incluye patrocinadores globales, proveedores, equipos y socios comerciales. En algunos casos, los beneficios estaban previstos para extenderse más allá del torneo.
En diciembre de 2025, Claudia Sheinbaum reconoció que su Gobierno no podía cancelar unilateralmente esos compromisos sin exponerse a sanciones contractuales o a la pérdida de la sede. La estrategia, explicó, fue reducir el alcance temporal y material de las exenciones. Gabriela Cuevas detalló que hoy solo aplican durante 2026 y únicamente para actividades directamente relacionadas con el Mundial.
No obstante, como documentó Reforma, la propia redacción de las garantías deja amplios márgenes de interpretación. Determinar qué bienes, servicios o personas están «directamente relacionados» con el torneo no es una cuestión menor: de ello depende quién paga impuestos y quién no durante uno de los eventos comerciales más grandes del mundo.
Especialistas fiscales consultados por el diario señalaron que, aun con los ajustes anunciados, México sigue siendo el único de los tres países anfitriones que concedió una exención fiscal nacional a la FIFA. En Estados Unidos y Canadá, los beneficios se negocian de manera fragmentada, a nivel estatal o municipal, y con mayores límites.
Fideicomisos y dinero público
El debate fiscal se cruza con otro frente aún más delicado: la opacidad en el financiamiento de las obras del Mundial. En enero y febrero de 2026, Reforma publicó una serie de investigaciones que revelaron los detalles del llamado Proyecto Ajolote, un esquema mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de México obtuvo 4 mil millones de pesos para infraestructura vinculada al torneo.
Según los documentos obtenidos por Peniley Ramírez, el dinero no se entregó como presupuesto público tradicional ni se registró como deuda. En su lugar, se utilizó el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México como vehículo para estructurar un financiamiento adelantado respaldado por los ingresos futuros del impuesto al hospedaje.
El esquema involucró a los bancos BBVA y HSBC. Primero, el Gobierno capitalino cedió a HSBC los derechos de cobro del impuesto al hospedaje por cinco años. HSBC, a su vez, obtuvo los recursos mediante un contrato de crédito con BBVA. El dinero circuló por una red de cuentas y fideicomisos privados antes de llegar al Fondo Mixto, que paga las obras como si se tratara de reembolsos.
De acuerdo con las corridas financieras revisadas por Reforma, este entramado no solo dificulta el seguimiento del gasto, sino que genera costos adicionales en comisiones bancarias, servicios financieros y posibles intereses sobre intereses en caso de retrasos. Aunque el Gobierno capitalino insiste en que no se trata de deuda pública, los documentos describen plazos de amortización e intereses propios de cualquier financiamiento.
Expertos consultados por el diario coincidieron en que el uso de fideicomisos privados permite sustraer el gasto del escrutinio presupuestal ordinario, reduciendo la posibilidad de auditorías exhaustivas y de control legislativo. En palabras de una fuente citada por Reforma, el esquema “parece diseñado para que el dinero sea casi imposible de rastrear”.
Costos, poder y silencios
Las exenciones fiscales y los esquemas financieros son solo una parte del costo del Mundial. Otra investigación de Reforma reveló que los convenios firmados entre la FIFA y las ciudades sede obligan a México a asumir gastos adicionales que no han sido transparentados de manera integral.
Entre ellos se encuentran operativos de seguridad ampliados, cierres viales, transporte público gratuito para aficionados, reclutamiento y capacitación de más de 20 mil voluntarios, adecuación de canchas de entrenamiento y hospedaje de jugadores, familiares y personal vinculado al torneo. En varios de estos rubros, los documentos establecen que dos de cada tres gastos corren a cargo del Estado anfitrión, no de la FIFA.
Además, los contratos permiten que la FIFA modifique de manera unilateral las obligaciones de las sedes después de la firma y obligan a México a renunciar a litigar disputas en tribunales nacionales. En caso de conflicto, el Estado mexicano podría enfrentar reclamaciones en cortes extranjeras, con el riesgo de embargo de bienes.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en los beneficios: millones de visitantes, empleos temporales y una supuesta derrama económica que compensaría la inversión pública. Pero hasta ahora, como subraya Reforma, no existe un balance público que confronte esas proyecciones con los costos reales y los compromisos financieros adquiridos.
La decisión del Gobierno de Sheinbaum de acotar los privilegios fiscales marca un límite político al legado de Peña Nieto, pero no altera el fondo del problema: la FIFA mantiene un poder extraordinario para imponer condiciones a los Estados y México aceptó financiar el Mundial mediante exenciones, fideicomisos y contratos opacos cuyos efectos se extenderán mucho más allá del torneo. E4
- 3 Sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
- 13 Partidos que se jugarán en México durante el torneo
- 10 Años que contemplaban algunos beneficios fiscales originales
- 20,000 Voluntarios que el Estado deberá reclutar y capacitar
- 4,000 mdp Financiamiento adelantado para obras del Mundial en la CDMX.
- 2 Bancos involucrados en el esquema financiero: BBVA y HSBC.
2015
Estalla el mayor escándalo de corrupción de la FIFA
2018
Se firman las garantías fiscales heredadas
2026
Se reduce la vigencia de las exenciones
Un historial marcado por la corrupción
Escándalos, sobornos y opacidad en la cúpula del futbol internacional reavivan dudas sobre los acuerdos rumbo al Mundial
La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) carga con un historial de escándalos de corrupción que, durante décadas, ha puesto en duda la transparencia de su gobernanza y la forma en que negocia con Gobiernos, patrocinadores y empresas de mercadotecnia deportiva. Mucho antes de que el organismo emprendiera reformas internas, investigaciones judiciales y periodísticas documentaron sobornos sistemáticos, desvío de recursos y redes de favores a cambio de votos y contratos.
El punto de quiebre ocurrió en 2015, cuando autoridades de Estados Unidos y Suiza destaparon un esquema de corrupción transnacional que involucró a altos directivos del futbol mundial. La investigación —conocida como FIFA-Gate— reveló pagos ilegales por derechos de transmisión, patrocinios y comercialización de torneos durante más de dos décadas. Las detenciones y procesos penales derivaron en la renuncia del entonces presidente Joseph Blatter y en la caída de una cúpula que había concentrado el poder por años.
A partir de ese escándalo, la FIFA anunció reformas de gobernanza, códigos de ética y nuevos controles financieros. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en integridad pública han advertido que los cambios no alteraron de fondo la lógica de funcionamiento del organismo: la concentración de decisiones estratégicas, la opacidad contractual y la negociación de privilegios excepcionales con Estados anfitriones continúan siendo rasgos estructurales.
Casos posteriores reforzaron esas dudas. Investigaciones sobre la elección de sedes de Copas del Mundo, el uso discrecional de fondos de desarrollo y pagos injustificados a exdirectivos mostraron que la corrupción no fue un episodio aislado, sino parte de un patrón. Incluso en años recientes, tribunales y comisiones disciplinarias revisaron operaciones financieras que exhibieron debilidades persistentes en los mecanismos de control interno.
Estos antecedentes resultan relevantes al analizar los acuerdos firmados para el Mundial 2026. Las cláusulas de confidencialidad, las exenciones fiscales amplias y la capacidad del organismo para imponer condiciones a los Estados no surgen en el vacío: se inscriben en una cultura institucional que históricamente ha privilegiado el poder corporativo sobre la rendición de cuentas. Por ello, cada nueva Copa del Mundo reabre la discusión sobre hasta dónde llegan las reformas y qué tan reales son los límites al poder de la FIFA. E4
Principales escándalos de corrupción de la FIFA
| Año | Caso | Qué se investigó | Consecuencias |
|---|---|---|---|
| 2015 | FIFA-Gate | Sobornos por derechos de TV y marketing | Detenciones y renuncias |
| 2015 | Sedes 2018-2022 | Compra de votos en elecciones | Procesos y sanciones |
| 2016 | Fondos de desarrollo | Desvío de recursos | Inhabilitaciones |
| 2020 | Pagos irregulares | Transferencias sin justificación | Juicios penales |
| 2023 | Reformas internas | Concentración de poder | Críticas de ONG |
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.