Coraza de impunidad

La alternancia política modificó el itinerario hacia el poder. En el pasado el presidente tomaba al sucesor del gabinete y del resto se encargaba la maquinaria electoral a su servicio. Ernesto Zedillo nombró, bajo ese criterio, al secretario de Gobernación, Francisco Labastida, quien previamente había sido gobernador de Sinaloa. Vicente Fox, por sus pistolas, se lanzó a la presidencia desde el Gobierno de Guanajuato. Felipe Calderón, entonces líder del PAN, lo miró por encima del hombro: «A ver hasta dónde llega», declaró a Espacio 4 después de atestiguar la toma de posesión de Jorge Zermeño como primer alcalde no priista de Torreón, en diciembre de 1996. Fox llegó tan lejos como a Los Pinos sin saber para qué; y los mexicanos, menos.

Calderón aprendió la lección. Su autodestape en Guadalajara —cuando era secretario de Energía—, en un mitin encabezado por el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, no le hizo ninguna gracia a Fox. Al poco tiempo fue sustituido. Los favoritos presidenciales eran su esposa Marta Sahagún y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Si Calderón ganó la presidencia en un final de fotografía —trucado, según las evidencias—, las cartas foxianas habrían perdido arrolladoramente con Andrés Manuel López Obrador en 2006.

De los seis últimos presidentes, Calderón es el único que no fue gobernador. Lo intentó en 1995, pero perdió frente a Cristóbal Arias, del PRD, cuyo líder era entonces Porfirio Muñoz Ledo. La línea gobernador-presidente continuó con Enrique Peña Nieto (Estado de México), AMLO y Claudia Sheinbaum (Ciudad de México). La alternancia en los estados empezó en Baja California, siguió en Nuevo León, y con el tiempo se generalizó en todo el país. La única entidad donde el PRI ejerce hegemonía desde su nacimiento, en 1929, es Coahuila.

El cambio de siglas partidistas ha ayudado a romper la coraza de impunidad de los gobernadores. Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), del grupo de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, abandonó el mandato en abril de 1999, antes de entregar la estafeta, para no ser detenido. En su caso, no por efectos de la alternancia, sino por dos razones igualmente poderosas: desafiar al presidente Zedillo y colaborar con el cartel más influyente de la época. Agentes de la PGR y la DEA lo capturaron en mayo de 2001. Extraditado a Estados Unidos nueve años más tarde, reconoció haber lavado dinero para el narcotráfico. The New York Times dio así la noticia:

«Un exgobernador mexicano se declaró culpable el jueves ante un tribunal federal en Manhattan de conspirar para lavar millones de dólares provenientes de sobornos relacionados con el narcotráfico, que recibió del Cártel de Juárez, según informó un fiscal. El exfuncionario, Mario Ernesto Villanueva Madrid, de 64 años, gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999, fue extraditado a Estados Unidos en 2010 tras cumplir una condena de seis años en México por lavado de dinero. Las transferencias de dinero fueron gestionadas por un representante de inversiones de Lehman Brothers, quien se declaró culpable de lavado de dinero en 2005. El juez Víctor Marrero del Tribunal de Distrito de Estados Unidos aceptó la declaración de culpabilidad del Sr. Villanueva y fijó la fecha de la sentencia para octubre».

Villanueva pasó más de una década en la cárcel de Lexington, Kentucky, denominada «Granja para narcómanos». Después fue deportado a México para terminar de cumplir una condena pendiente. El político ingresó en un penal de máxima seguridad de Morelos para «enfermos mentales», de acuerdo con la PGR (Wikipedia). La pesadilla del otrora poderoso gobernador no ha terminado. La de otros exgobernadores aún no comienza.

El brazo de la FGR

La alternancia en los estados —paso que solo Coahuila no se ha atrevido a dar— no ha logrado combatir la venalidad a fondo. El alineamiento del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resulta fundamental para alcanzar ese propósito. El poder de los gobernadores y de los grupos de interés les permitió influir en el Congreso federal y en la administración e impartición de justicia. Salvo casos como los de Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), cuyos excesos obligaron a su protector Enrique Peña Nieto a expatriarlos de Guatemala y Panamá, los mandatarios detenidos después de la alternancia son apenas un puñado.

La nómina se reduce a Andrés Granier (Tabasco), absuelto tras cinco años de prisión; Rodrigo Medina (Nuevo León), quien apenas pisó el Penal de Topo Chico; y Jaime Rodríguez (primer gobernador independiente, del mismo estado), puesto en libertad antes de ser exonerado del delito de abuso de autoridad. Asimismo figura César Duarte (Chihuahua), recapturado por la FGR de Ernestina Godoy, el 8 de diciembre, e internado en el penal del Altiplano donde antes había sido recluido Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo «La Barredora». También pasaron por allí Joaquín «el Chapo» Guzmán, para fugarse, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales (el «Z-40»), los tres ya extraditados.

Los privilegios que la gobernadora María Eugenia Campos (PAN) le concedió a Duarte en el penal chihuahuense de Aquiles Serdán, por haber sido su jefe en el Congreso local, terminaron. La sociedad demanda que los políticos sientan el rigor y las privaciones impuestas a los delincuentes de a pie, aun cuando, como Duarte, tengan dinero de sobra. El que robó a los chihuahuenses para enriquecerse de manera obscena. ¿Cuándo pondrá atención la fiscal Godoy en Coahuila por los abusos, acaso más graves e impunes, cometidos durante el moreirato? ¿Por qué el silencio de Morena y el PAN, primero en pedir castigo?

Mientras la FGR y la líder de Morena, Luisa María Alcalde, responden y actúan, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (PRI) permanece en prisión y afronta un nuevo proceso por lavado de dinero (156 millones de pesos). El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo había vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. «Funcionarios como Roberto Sandoval Castañeda (…) se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarían a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos», señaló la ex subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia, Sigal Maldenker (Wikipedia).

Postulado para gobernador cuando Humberto Moreira era líder del PRI, Sandoval, más pedestre, siguió el ejemplo de su predecesor, Ney González, cuya extradición a México está en curso después de permanecer cuatro años prófugo. Antonio Chavarría García (PAN) hizo la vista gorda frente al cúmulo de cargos contra González y Sandoval. La alternancia en Nayarit, con Miguel Ángel Rivera (Morena), permitió que la justicia alcanzará a los dos. El brazo de la FGR también puede llegar a Coahuila donde ocurrió uno de los casos de corrupción más graves, vergonzosos y sonados de la historia.

Espacio 4

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