El nuevo IEPS busca reducir en 7% el consumo de bebidas azucaradas y recaudar 41 mil millones en 2026. Mientras expertos apuntan a un reto cultural, la industria advierte pérdidas y afectaciones a los pequeños comercios
Educación y alternativas saludables fomentan mejores hábitos
Un peso más en la botella de 600 mililitros que millones de mexicanos compran a diario parece un ajuste mínimo. Sin embargo, en esa diferencia se juega un ambicioso objetivo del Gobierno federal: reducir en 7% el consumo de refrescos y obtener 41 mil millones de pesos adicionales para atender los estragos sanitarios que deja el azúcar en la dieta nacional. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, eleva el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas a poco más de tres pesos por litro. «¿Qué esperamos con esto? No incrementar el costo, sino reducir el consumo. Esperamos, y de acuerdo con las estimaciones económicas, que esto pueda impactar en una reducción de cerca del 7% en el consumo de refresco que nos ayude a mejorar la salud de los mexicanos», afirmó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional del 11 de septiembre.
Clark añadió que, si bien la recaudación no es el objetivo central, se prevé un ingreso de 41 mil millones de pesos, recursos que —según el funcionario— se destinarán de manera íntegra a la salud. «No solo para prevenir enfermedades, sino también para ayudar a las personas que ya se agravaron derivado del consumo de refrescos». El argumento no es nuevo. El IEPS a las bebidas azucaradas existe desde hace 11 años. En sus primeros dos, cuando se fijó en un peso por litro, la medida redujo en casi un 10% el consumo de refrescos, de acuerdo con evidencia científica presentada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Ahora, con el impuesto triplicado, el Gobierno federal confía en que el efecto sea más duradero.
«El refresco y los edulcorantes, el refresco azucarado y el que tiene edulcorantes no solo causa obesidad, que luego parece ser la principal preocupación para muchas personas, también mutilan, enferman y matan».
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud
El consumo, sin embargo, sigue siendo alarmante. «Cada mexicano toma 166 litros de refresco cada año. Y cada refresco de 600 mililitros son 15 cucharadas de azúcar», advirtió Clark. El cálculo es brutal: cada persona en México ingiere anualmente el equivalente a 4 mil 150 cucharadas de azúcar solo en refrescos.
El peso del azúcar
Las cifras explican la urgencia. México ocupa los primeros lugares mundiales en obesidad y sobrepeso, tanto en adultos como en niños. El INSP ha documentado que los refrescos son la principal fuente de azúcar en la dieta nacional, responsables de al menos un 70% de la ingesta de azúcares añadidos.
Los efectos son devastadores. Diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y falla renal crónica son algunas de las consecuencias médicas más comunes. La Secretaría de Salud estima que cada año se gastan 180 mil millones de pesos en atender estas enfermedades. Solo en diálisis, una persona afectada cuesta 415 mil pesos al año, una cifra insostenible para el sistema. «Cada paciente tiene que conectarse tres horas, tres veces por semana, para seguir con vida. Es un drama humano y un costo económico desbordado», subrayó Clark.
A esto se suma la obesidad infantil, una de las mayores preocupaciones en la agenda de salud pública. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, casi el 38% de los niños entre 5 y 11 años presentan sobrepeso u obesidad. La comida chatarra y las bebidas azucaradas son responsables directos de esa estadística. La relación entre consumo y enfermedad no se limita a la obesidad. Como recalcó Clark: «No solo causa obesidad, que parece ser la principal preocupación para muchas personas, también mutilan, enferman y matan». La diabetes, en particular, se ha convertido en una de las principales causas de amputaciones en el país.
En 2020, México adoptó medidas adicionales para frenar esta tendencia. El sistema de etiquetado frontal de advertencia, uno de los más estrictos del mundo, obliga a las empresas a señalar con claridad cuando un producto excede en azúcares, grasas o sodio. Y en paralelo, varios estados aprobaron leyes para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas y colegios, reconociendo que los entornos escolares son cruciales para la formación de hábitos alimentarios.
El actual incremento del IEPS se suma a ese marco regulatorio que busca, en palabras del secretario de Salud, David Kershenobich, «implementar estrategias de prevención, incluso a través de herramientas innovadoras como videojuegos educativos, que contribuyan a reducir tanto la violencia como los malos hábitos alimenticios».
Escenario global
La discusión sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados no se restringe al ámbito local. El Informe de Nutrición Infantil 2025 de Unicef ubica a México, Chile y Brasil como líderes mundiales en la creación de entornos alimentarios más saludables para niños y adolescentes. El documento destaca que nuestro país fue pionero en 2014 al introducir gravámenes a las bebidas azucaradas y a los alimentos no esenciales de alto contenido calórico. «Los impuestos resultaron en una disminución en las compras de productos gravados, especialmente entre los hogares de bajos ingresos», señala Unicef.
El informe subraya la importancia del etiquetado frontal de 2020 y de las medidas implementadas en las escuelas. «El país ha abordado los entornos alimentarios poco saludables en las escuelas, reconociéndolas como espacios cruciales para la formación de las prácticas alimentarias de niños y adolescentes», apunta. El reconocimiento internacional, sin embargo, no elimina los desafíos.
La industria refresquera ha ejercido presión desde la primera aplicación del impuesto en 2014, advirtiendo pérdidas económicas y afectaciones a pequeños comercios. Aunque los datos muestran que el consumo disminuyó, las ventas se mantuvieron relativamente estables en el largo plazo, lo que evidencia la resiliencia de la industria y la dificultad de modificar hábitos arraigados.
Impuestos y desperdicio
Mientras el Ejecutivo federal apuesta a un nuevo aumento del IEPS para reducir el consumo de refrescos, en el Congreso se discuten medidas complementarias para enfrentar otro problema alimentario: el desperdicio masivo de alimentos. El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) presentó una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, con el fin de fomentar la recuperación y distribución de alimentos que aún pueden ser consumidos.
La propuesta busca que los tres niveles de Gobierno firmen convenios con bancos de alimentos locales, promuevan campañas de concientización y ofrezcan incentivos fiscales a las empresas que donen en lugar de desechar.
«El desperdicio de alimentos se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes a nivel global y México no es la excepción», argumenta el legislador. Según la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), México pierde cada año 30 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 2.5% del PIB. El problema tiene múltiples causas: producción excesiva, falta de infraestructura de distribución y almacenamiento de alimentos, y escasa educación sobre la importancia de evitar el desperdicio. La contradicción es evidente. Mientras millones de mexicanos carecen de acceso a una alimentación nutritiva adecuada, toneladas de comida en buen estado terminan en la basura.
«Cada alimento desechado representa no solo un recurso perdido, sino también el agua, la energía y el esfuerzo que se invirtieron en su producción», señala la exposición de motivos de la iniciativa. Conectar ambos frentes —la reducción del consumo nocivo y la redistribución de recursos alimentarios— es clave para construir una política alimentaria integral. El aumento del IEPS no resuelve el hambre, pero genera ingresos que podrían destinarse a programas de nutrición y acceso a alimentos saludables.
Más allá de las finanzas
El aumento del IEPS a bebidas azucaradas en 2026 es, en muchos sentidos, un paso lógico en la política de salud pública que México ha venido construyendo desde hace más de una década. Reducir el consumo, generar recursos para la salud y prevenir enfermedades representan metas claras.
Sin embargo, la experiencia demuestra que los impuestos son solo una pieza del rompecabezas. La prohibición de comida chatarra en escuelas, el etiquetado frontal, las campañas de concientización y las iniciativas para evitar el desperdicio de alimentos apuntan hacia un mismo objetivo: transformar la relación de los mexicanos con lo que comen y beben. El reto es cultural, económico y político. En un país donde cada persona consume en promedio 166 litros de refresco al año, el cambio de hábitos no depende únicamente de un peso más en la botella. Requiere educación, acceso a opciones saludables y una voluntad política sostenida frente a la presión de la industria. E4
Comida chatarra y salud en México
- El sistema de salud destina 180 mil millones de pesos anuales a enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad.
- Un paciente con diálisis cuesta 415 mil pesos al año al sistema de salud.
- Cada botella de 600 ml contiene alrededor de 15 cucharadas de azúcar.
- 166 litros de refresco consume, en promedio, cada mexicano al año.
- Con el nuevo IEPS, el Gobierno federal espera recaudar 41 mil millones de pesos en 2026.
- México desperdicia 30 millones de toneladas de alimentos al año, el equivalente al 2.5 % del PIB.
- En 2014, México fue pionero en aplicar impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; en 2020, implementó uno de los etiquetados frontales más estrictos del mundo.
Fuente: Declaraciones de Eduardo Clark y David Kershenobich sobre el IEPS. Unicef, Informe de Nutrición Infantil 2025
Educación y alternativas saludables fomentan mejores hábitos
Especialistas subrayan la necesidad de orientación profesional, etiquetado claro y restricciones escolares. Piden apoyar a productores locales para enfrentar los problemas de salud asociados a malas prácticas alimenticias
El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas es una medida importante para reducir el consumo de refrescos en México y generar recursos para atender los problemas de salud derivados de su consumo excesivo. Sin embargo, para lograr un cambio significativo en los hábitos alimenticios de la población, es necesario implementar estrategias complementarias que promuevan alternativas saludables y eduquen a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcar. La colaboración entre el Gobierno, la industria alimentaria, las instituciones educativas y la sociedad civil es esencial para crear un entorno que favorezca la adopción de hábitos alimenticios saludables. Solo a través de un enfoque integral y sostenido en el tiempo se podrá reducir el consumo de refrescos y mejorar la salud pública en México.
Una de las alternativas más efectivas para reducir el consumo de refrescos es promover el consumo de bebidas saludables. El agua natural, las infusiones sin azúcar y los jugos naturales sin aditivos son opciones que pueden sustituir a las bebidas azucaradas sin comprometer el sabor ni la satisfacción. Además, estas bebidas suelen ser más económicas y accesibles para la población en general. Las autoridades sanitarias y organizaciones civiles han lanzado campañas para incentivar el consumo de estas alternativas. Por ejemplo, se han distribuido botellas reutilizables de agua en escuelas y comunidades, y se han organizado talleres sobre la preparación de bebidas caseras saludables.
La educación nutricional también resulta fundamental para cambiar los hábitos alimenticios de la población. Programas educativos en escuelas y comunidades pueden enseñar a niños y adultos sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar y la importancia de una dieta equilibrada. En muchos centros docentes se han implementado talleres interactivos, juegos educativos y actividades prácticas que permiten a los estudiantes aprender sobre nutrición de manera divertida y significativa. Además, se han distribuido materiales informativos que explican cómo leer las etiquetas de los productos e identificar las fuentes ocultas de azúcar en los alimentos procesados.
El etiquetado frontal de advertencia es una herramienta eficaz para informar a los consumidores sobre el contenido de azúcar, grasas y sodio en los productos alimenticios. En México, desde 2020, se implementó un sistema de etiquetado que utiliza octágonos de colores para alertar sobre los excesos en estos componentes. El sistema ha sido bien recibido por la población, ya que facilita la toma de decisiones informadas al momento de realizar las compras. Sin embargo, es importante que las autoridades continúen supervisando su efectividad y realicen ajustes si es necesario para asegurar que cumpla su objetivo de reducir el consumo de productos no saludables.
En paralelo, varios estados en México han implementado leyes que prohíben la venta de refrescos y alimentos ultraprocesados en las escuelas. Esta medida pretende crear entornos escolares más saludables y promover hábitos alimenticios adecuados desde una edad temprana. Por su parte, la industria alimentaria también juega un papel crucial en la reducción del consumo de refrescos. Las empresas pueden reformular sus productos para reducir el contenido de azúcar y ofrecer mejores alternativas. Además, pueden invertir en campañas de concientización y educación nutricional que lleguen a un amplio público.
Algunas entidades ya han comenzado a tomar medidas en este sentido y han lanzado líneas de bebidas sin azúcar o con edulcorantes naturales, y han etiquetado claramente sus productos para informar a los consumidores sobre su contenido nutricional. Fomentar el consumo de productos frescos y locales es otra estrategia para reducir la dependencia de bebidas azucaradas. Al apoyar a los productores locales y promover el consumo de frutas y verduras, se puede mejorar la calidad de la dieta de la población y disminuir la tentación de comprar refrescos.
Mercados locales, ferias agrícolas y programas de huertos urbanos han ganado popularidad en diversas comunidades. Dichas actividades no solo ofrecen nutrientes frescos y saludables, sino que también le demuestran a la población la importancia de una alimentación basada en productos naturales y locales.
Junto con el aumento al IEPS en bebidas azucaradas, el Gobierno podría considerar la implementación de incentivos fiscales para productos saludables. Reducir los impuestos sobre frutas, verduras y bebidas sin azúcar podría hacer que estos sean más accesibles. Algunos países han implementado con éxito este tipo de políticas. Por ejemplo, se han otorgado subsidios a los agricultores que cultivan productos orgánicos o sostenibles, y se han reducido los impuestos sobre alimentos saludables. E4
