Es recurrente señalar que la oposición vale 40% de los votos. No es así por dos razones: la primera, porque en toda democracia importan los cargos, no los sufragios. Allí está el caso reciente de Inglaterra, el partido laborista tiene una abrumadora mayoría legislativa, dos terceras partes de los asientos en el parlamento con una votación de 34%. La sobrerrepresentación es un efecto indeseable de la elección por mayoría simple, pero nadie disputa a los laboristas el derecho a la mayoría parlamentaria, ni el de formar Gobierno.
La segunda consideración es que los pesos electorales de los proyectos políticos se modifican para bien o para mal una vez que transcurre la elección. Los votantes estables en sus preferencias son minoría y es común en México que el partido ganador pueda verse fortalecido con las decisiones de Gobierno. En otras palabras, el resultado de la elección es una fotografía de una película rápida.
La oposición no vale los votos obtenidos, en el mejor de los casos su peso es el de los cargos alcanzados, considerablemente menos por un descuido elemental en la disputa distrital. Se ganaron 44 de 300 y varios estados se perdieron en la elección de senadores por una diferencia mínima. Si hubiera habido un entendimiento entre MC y el frente opositor para acordar declinaciones a favor de quien estuviera en mejores condiciones de prevalecer, otra historia se estaría contando, se habría conjurado la amenaza al régimen democrático.
El saldo es que el poder unifica y la derrota divide, disminuye y desalienta. Ese es el balance de hoy y los Gobiernos diferentes a los de la coalición gobernante se ven obligados a entenderse con quien detenta el poder nacional. Las necesidades o debilidades tienen que ver con el presupuesto, la ejecución de obras de infraestructura y su mantenimiento o para coordinarse en temas básicos como la política social o la de seguridad pública.
La oposición no está propiamente en los partidos, sus legisladores o sus autoridades; la que importa y vale es aquella con capacidad para resistir, condicionar o influir en las decisiones de autoridad. No es la opinión pública ni la publicada, en su mayoría está, como casi siempre, con el ganador. Son los poderes fácticos y lo mismo significa los trabajadores del Poder Judicial por su rechazo a la reforma del régimen, que los inversionistas renuentes o temerosos o las organizaciones civiles que demandan seguridad. La oposición social, no la empresarial o de las elites tiene más que todo expresiones de resistencia y es efecto de una lucha política que se dirimió en términos de guerra y de un proyecto que llegó no para gobernar, sino para cambiar al régimen político y con ello las premisas de existencia de la pluralidad.
Los partidos opositores, desde antes, padecen una severa crisis de representación. Sus burocracias dirigentes perdieron sentido no sólo de sus bases sociales y causa, sino de la política misma. La descomposición es abrumadora y más la del PRI; MC y PAN no están exentos de crisis existenciales. La derrota en muchos sentidos conduce a una etapa terminal. Los partidos aludidos están obligados a reinventarse y no se advierte capacidad, visión e imaginación para acometer con éxito un reto de tal magnitud. Quizás un liderazgo joven emergente tenga potencial electoral. Luis Donaldo Colosio, Manolo Jiménez o Alessandra Rojo de la Vega son ejemplos de que no todo está perdido en términos de votos, aunque importa más una transformación profunda, tema no de carisma, sino de visión estratégica.
No existe claridad en qué depara el futuro. Los ganadores gozan de los beneficios que acompañan al triunfo, pero también de una responsabilidad que la propia magnitud de la victoria les borra del horizonte una oposición institucional que les sirva como pretexto, punching bag o causa para legitimar el proyecto propio. Recurrir al pasado para justificar los malos resultados de la gestión pública cada vez es más ineficaz y hasta grotesco. Las dificultades adelante son considerables.
Lo que resiste apoya y si no hay quien contenga, afecta la calidad de las decisiones de quien manda y gobierna, como ejemplo es ese engendro de reforma judicial que habrá desgastar al Gobierno actual y dañar al país sin reportar beneficio alguno; de cualquier manera, la Corte estaba en proceso de colonización. Las pulsiones autoritarias cobran impulso y legitimidad cuando no hay quien las contenga.
Respuesta a la violencia e inseguridad
Fuera de todo lugar pretender que las condiciones deplorables de violencia e inseguridad cambien de un día para otro. El nuevo Gobierno tiene pocas semanas y es difícil que haya un cambio; al contrario, es de esperar que la ola delictiva continúe, especialmente en los territorios con una descomposición mayor, como en muchas partes del país.
La estrategia de seguridad de los primeros 100 días refiere a los territorios donde habrá intervención inmediata. Seguramente para estas fechas la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch deberán tener mayor claridad sobre el tamaño del reto y la fragilidad de las policías locales y municipales en el abandono total y con dificultades mayores para recuperarlas en plazo perentorio.
Si se trata de utilizar en todo el país el modelo de seguridad que tuvo éxito en la Ciudad de México debe incluir no sólo la inteligencia y la coordinación entre distintas dependencias, también la integridad y capacidad de quienes tienen que actuar en territorio, las policías. El problema es la capacidad operativa que corre a cuenta de órganos de seguridad local, problema grave porque donde la situación se ha vuelto inmanejable, simplemente no hay nadie confiable con quien coordinarse más allá de las fuerzas federales o de la FGR.
No se puede ignorar que el deterioro de la seguridad implica casi siempre, la connivencia o negligencia a los mandatarios locales, algunos con años en el Gobierno, como Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Evelyn Salgado de Guerrero y Rutilo Escandón de Chapas. Los gobernadores en lugares críticos que recién inician, Margarita González de Morelos, Libia Denisse García de Guanajuato y Eduardo Ramírez de Chiapas reciben una grave descomposición de la seguridad.
El problema no está en los medios que dan atención a los eventos de la inseguridad. El recurso de hostigarles y reclamarles por la cobertura que hacían de los hechos de inseguridad fue práctica regular del presidente López Obrador y replicado por algunos gobernadores afines. Caso singular el de Rubén Rocha Moya, quien ha llegado al extremo de acusar de lo que pudiera sucederle e insultar a periodistas que han dado atención al supuesto viaje del mandatario a EE. UU. el día que asesinaron a Melesio Cuén.
La investigación de los hechos de Sinaloa por la FGR realizada con celeridad, claridad y eficacia han dejado política y jurídicamente expuestas a las autoridades locales. En estos días se confirmó que el diputado electo y rival político del gobernador, Melesio Cuen, fue asesinado en la finca donde ocurrió el secuestro de El Mayo Zambada y no como habían sostenido las autoridades que había ocurrido en un asalto. La FGR ha expuesto no sólo las faltas elementales en la investigación por las autoridades locales al encubrir un homicidio delicado en extremo y en circunstancias muy graves por sus implicaciones. Un problema no menor es que la investigación corrobore lo señalado por El Mayo, quien también refirió que en dicho lugar estaría el gobernador Rocha.
Es explicable para no contribuir a la crisis de autoridad en el Estado que la reacción primera de las autoridades federales fuera blindar al mandatario. Sin embargo, no basta el dicho y la palabra jurada de un gobernador, particularmente por la investigación de por medio y no se pueden anticipar conclusiones hasta que la FGR avance. La presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch deben esperar a los resultados de las indagatorias de la Fiscalía, cada vez más comprometedora para las autoridades locales. Como también ocurriría en la investigación de los homicidios recientes de las autoridades municipales de Chilpancingo o en el de la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez el pasado domingo en San Cristóbal, Chiapas.
Es tarea de los medios dar cobertura y realizar la investigación periodística a todo asunto de interés público y es tarea de las autoridades aportar información sin que comprometa a las indagatorias criminales. La sociedad tiene una responsabilidad para abatir la impunidad y la función de los medios de información son un recurso mayor.
Encomiable que las autoridades nacionales se aparten del precedente de descalificar el trabajo periodístico, pero no es suficiente. El respeto a la libertad de expresión es un derecho, no una concesión del poder. Las autoridades deben actuar con responsabilidad para hacer frente a la inseguridad.
El balance inicial de las acciones contra la inseguridad mostrará tres preocupantes conclusiones: la impunidad como causa mayor de la violencia; la complicidad entre autoridades locales con el crimen organizado y la situación deplorable de buena parte de los sistemas de seguridad pública locales y municipales.