De los «abrazos» a la «inteligencia»; el sello de Sheinbaum en seguridad

La presidenta apuesta por el mando civil y el uso de herramientas de vigilancia del Estado para combatir al crimen organizado. Frente al optimismo gubernamental, que augura mayor eficacia, expertos advierten riesgos por la ausencia de contrapesos y controles

¿Qué hacen otros países? Lecciones y casos de éxito

México enfrenta desde hace décadas una crisis de seguridad pública que ha dejado cientos de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y comunidades enteras sometidas por el crimen organizado. En ese contexto, el Congreso mexicano ha aprobado un ambicioso paquete legislativo compuesto por tres piezas clave: la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además, se ha anunciado una Ley General contra la Extorsión que será presentada en septiembre.

Se trata de un andamiaje normativo que, en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca «fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar la paz». Sin embargo, el debate público ha estado marcado por el ruido, la polarización y una serie de preocupaciones legítimas respecto a los riesgos que estas leyes representan para los derechos humanos, la privacidad, la transparencia institucional y los contrapesos democráticos.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, busca establecer una arquitectura institucional moderna y funcional para coordinar los esfuerzos de seguridad en los tres niveles de Gobierno. Entre las principales innovaciones se encuentra la consolidación de un mando civil a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En paralelo, el Congreso aprobó una nueva versión de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretende fortalecer las capacidades del Estado para combatir delitos como la extorsión, el secuestro y la trata de personas, a través de herramientas tecnológicas.

El tercer eje del paquete es la Ley General contra la Extorsión, que aún no ha sido aprobada, pero que ha sido anunciada como prioritaria por la presidenta Sheinbaum. Se trata de la Ley General contra la Extorsión, que busca homologar los tipos penales en los 32 estados y permitir la investigación de oficio, sin necesidad de denuncia.

El nuevo marco legal en materia de seguridad pública, telecomunicaciones y combate a la extorsión es, sin duda, uno de los esfuerzos más ambiciosos del Estado mexicano en los últimos 20 años. Tiene el potencial de mejorar la capacidad de respuesta ante la violencia, evitar la fragmentación institucional y fortalecer la inteligencia estratégica.

Pero ese mismo poder, sin controles adecuados, puede derivar en abusos, persecución política, vigilancia masiva y pérdida de confianza ciudadana. La clave será la implementación: si hay voluntad política para establecer contrapesos, fiscalización y participación ciudadana, este paquete puede marcar un cambio de paradigma. Si no, será otro capítulo en la historia de promesas incumplidas.

Coordinación y mando civil

Uno de los aspectos centrales de la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la creación de una Plataforma Nacional de Información para la Seguridad Pública (PNISP), que obliga a los estados y municipios a compartir en tiempo real datos sobre delitos, órdenes de aprehensión, personas desaparecidas y detenciones. «Esto permitirá una verdadera inteligencia estratégica, no sólo operativos reactivos», dijo Harfuch en conferencia de prensa (06.07.25)

También se habilita el acceso sin orden judicial a bases de datos bancarias, biométricas, vehiculares y de telecomunicaciones, algo que ha levantado críticas desde múltiples frentes.

Para Ernesto López Portillo, investigador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, la ley tiene avances, pero adolece de problemas estructurales: «No basta con tener bases de datos o mandos unificados; si no se cambian los incentivos de corrupción y se garantiza la rendición de cuentas, el sistema seguirá produciendo impunidad», advirtió durante su participación en el foro «Seguridad y Gobernanza» organizado por la UIA (07.06.25).

Organizaciones como Artículo 19 y Fundar han alertado sobre la concentración de facultades sin controles democráticos adecuados. «La ley carece de mecanismos de supervisión independientes, lo cual abre la puerta al uso político o abusivo de la información», señalaron en un comunicado conjunto.

Este esquema de coordinación también refuerza el papel de los gobernadores dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aunque bajo la rectoría de la federación. El objetivo, según el dictamen, es evitar que las estrategias estatales sigan fragmentadas o duplicadas.

Sin embargo, varios gobiernos locales han expresado dudas sobre su capacidad operativa para cumplir con los requerimientos técnicos, financieros y humanos que demanda la PNISP.

El lado técnico de la seguridad

Entre las medidas más relevantes de la de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se encuentra la facultad para geolocalizar, sin orden judicial, teléfonos relacionados con investigaciones penales urgentes. Además, se obliga a las compañías de telefonía a bloquear los dispositivos reportados como robados, y a compartir con las autoridades los listados de equipos ilícitos.

La senadora Citlalli Hernández (Morena) señaló en una intervención del Senado que la mayoría de los casos de extorsión se originan con teléfonos introducidos ilegalmente en penales y calificó la ley como «una herramienta esencial para romper esa cadena criminal».

Sin embargo, los riesgos son evidentes. Inicialmente, la ley incluía un polémico artículo que permitía al Estado bloquear plataformas digitales extranjeras, lo cual fue eliminado tras fuertes protestas de la sociedad civil y especialistas en derechos digitales.

«Celebramos que se haya retirado esa disposición, pero sigue siendo preocupante el nivel de acceso que el Estado tiene ahora a las comunicaciones privadas sin control judicial», advirtió Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

A esto se suma una creciente inquietud por el almacenamiento y resguardo de los datos obtenidos mediante estos mecanismos. Expertos en ciberseguridad advierten que México carece de un marco robusto de protección de datos personales, lo que podría convertir estas herramientas en armas de vigilancia política o comercial.

Además, se desconoce si las plataformas tecnológicas actuales del Estado tienen la capacidad de interoperar con rapidez y precisión. «No basta con tener acceso a los datos: hay que saber procesarlos, auditarlos y protegerlos. Hoy eso no está garantizado», sostiene la investigadora Irene Levy.

Un nuevo paradigma penal

La Ley General contra la Extorsión busca homologar los tipos penales en los 32 estados y permitir la investigación de oficio, sin necesidad de denuncia. Según datos del INEGI y el Secretariado Ejecutivo, la extorsión ha crecido un 28 % en los últimos cinco años. No sólo afecta a grandes empresarios: tianguistas, comerciantes, taxistas y hasta estudiantes se ven obligados a pagar «cuotas» a grupos criminales.

«El gran problema es que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades. Al declarar al Estado como víctima directa, esta ley puede cambiar el juego», explica la penalista Ana Laura Magaloni (Sin Embargo, 11.06.25).

La iniciativa requerirá reformas constitucionales y armonización legislativa en todo el país. Además, su éxito dependerá de la capacidad de las fiscalías locales para actuar con rapidez, imparcialidad y sin colusión con grupos criminales.

En ese sentido, organizaciones como México Evalúa han pedido la creación de fiscalías especializadas en extorsión, con personal capacitado y autonomía presupuestal. «Sin una estructura institucional dedicada al problema, la ley será un cascarón», alertó Edna Jaime, directora del organismo (El Financiero, 11.97.25).

Por ahora, la legislación está en fase de anteproyecto, pero ya genera resistencia en algunos congresos locales. Legisladores de entidades con altos índices de corrupción judicial temen que una investigación de oficio pueda prestarse a montajes o persecuciones políticas.

Además, la ley tendrá que resolver cómo proteger efectivamente a las víctimas que colaboren con las investigaciones sin quedar expuestas a represalias. «La clave estará en los mecanismos de protección a testigos y denunciantes», señala Magaloni.

Harfuch y la Guardia Nacional

No puede analizarse este nuevo andamiaje legal sin observar el creciente papel de Harfuch, quien fue jefe de la Policía capitalina y goza de la confianza de Sheinbaum. Con las nuevas leyes, su Secretaría controla la Plataforma de Inteligencia, el mando de la Guardia Nacional (aunque sigue adscrita a la Sedena) y la coordinación con fiscalías estatales.

Esto ha generado tensión con sectores del Ejército, que ven reducido su papel en tareas de inteligencia. Esta tensión se refleja en episodios recientes: las discusiones sobre la subordinación de la Guardia Nacional al mando civil de Harfuch llevaron a fricciones con oficiales del Ejército. Analistas señalan que el proceso de transición «representa un cambio significativo en la lógica de seguridad, con museos de poder aún por redefinirse».

Uno de los principales riesgos que presenta este paquete legislativo es la concentración de funciones en pocas manos, sin mecanismos claros de fiscalización. Las leyes no establecen órganos de supervisión independientes, ni mecanismos ciudadanos de control.

Esto plantea dudas sobre la autonomía de los cuerpos de seguridad y la transparencia en el uso de la inteligencia estatal. Algunos analistas consideran que el nombramiento de Harfuch representa la culminación de una apuesta por profesionalizar la seguridad desde una lógica policial más que militar. Pero otros advierten que su popularidad no puede sustituir a los controles institucionales. E4

Tres frentes, una estrategia: seguridad, telecomunicaciones y antiextorsión

Ley	Estado	Beneficios clave	Riesgos principales
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Aprobada por Congreso 1 de julio de 2025	Consolida el mando civilCrea la Plataforma Nacional de InformaciónMejora la coordinación entre niveles de Gobierno	Acceso sin orden judicial a datos sensiblesConcentración de poder sin contrapesosFalta de supervisión independiente
Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión	Aprobada por Congreso el 2 de julio de 2025	Geolocalización de dispositivos relacionados con delitosBloqueo obligatorio de celulares robadosInclusión de medios comunitarios e indígenas	Acceso a comunicaciones sin orden judicialRiesgo de vigilancia estatal masivaAusencia de control judicial en tiempo real
Ley General contra la Extorsión	Anunciada, en preparación. Presentación prevista: septiembre 2025	Homologa el tipo penal de extorsión en todo el paísPermite investigar de oficio sin denunciaDeclara al Estado como víctima para activar procesos	Requiere reformas constitucionales y localesFiscalías estatales carecen de capacidadPosible uso político o montaje de casos

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¿Qué hacen otros países? Lecciones y casos de éxito

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en el diseño de un nuevo andamiaje legal para combatir al crimen organizado, crece el debate sobre la ausencia de contrapesos y mecanismos de supervisión en el sistema de inteligencia que se propone. Si bien todos los Estados tienen agencias de seguridad y acceso a bases de datos estratégicas, lo que diferencia a una democracia funcional de un régimen autoritario es, precisamente, quién vigila al que vigila.

En países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Chile, existen marcos jurídicos que no sólo regulan el acceso a la información privada, sino que establecen límites precisos, procesos judiciales previos, auditorías parlamentarias y sanciones por abuso. México, en cambio, llega a este rediseño con antecedentes graves de espionaje, vigilancia política y uso indebido de herramientas de seguridad.

En Estados Unidos, las agencias de inteligencia como la NSA y el FBI deben solicitar autorizaciones al Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) para intervenir comunicaciones. Este tribunal secreto, creado tras el escándalo de Watergate y fortalecido con la Ley Patriótica de 2001, ha sido criticado por su opacidad, pero sigue siendo un filtro obligatorio. El Congreso también realiza audiencias públicas y revisiones periódicas del uso de tecnologías intrusivas.

A raíz de las filtraciones de Edward Snowden en 2013, que revelaron un programa masivo de vigilancia sin control, se implementaron nuevas regulaciones que obligan a las agencias a documentar, justificar y reportar cada solicitud de intervención.

En Alemania, el Bundesnachrichtendienst (BND) —el servicio federal de inteligencia— está sometido a estricta supervisión parlamentaria a través de una comisión especial. Además, cualquier intervención en comunicaciones requiere orden judicial y está sujeta a control por parte de un comisionado federal de protección de datos.

En Reino Unido, el Investigatory Powers Act (conocido como «Snooper’s Charter») obliga a todas las intervenciones a pasar por la doble aprobación de un juez y un ministro. También existe un comisionado independiente que revisa el cumplimiento de estas normas.

En Chile, el escándalo por el espionaje ilegal a periodistas, activistas mapuches y políticos entre 2017 y 2019 obligó a una reforma del sistema. Hoy, los organismos de inteligencia deben rendir cuentas ante una comisión bicameral del Congreso y entregar informes periódicos.

Además, se creó una figura nueva: el delegado de supervisión estratégica, un funcionario con autonomía que puede revisar, detener o denunciar acciones de vigilancia sin sustento legal. Estas reformas buscan restaurar la confianza pública y evitar la persecución política.

En contraste, las nuevas leyes de seguridad en México, aunque fortalecen la coordinación institucional y el acceso a datos, no establecen mecanismos independientes de control. El acceso a información bancaria, biométrica, vehicular o de telecomunicaciones puede hacerse sin orden judicial y sin obligación de rendir cuentas ante instancias civiles.

Los antecedentes no ayudan. En 2017 se documentó el uso del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. La administración de Enrique Peña Nieto negó los hechos, pero las pruebas forenses demostraron que se usaron recursos públicos para realizar vigilancia ilegal. Incluso en el actual sexenio, organizaciones como R3D han documentado casos de espionaje con software similar operado desde instancias militares.

México enfrenta el reto de construir un sistema de inteligencia eficaz, pero también legítimo. La eficacia operativa no puede ir por delante de los derechos fundamentales. Como muestran los modelos internacionales, la clave no está sólo en el acceso a los datos, sino en los límites y fiscalización del uso que se hace de ellos. E4