De siempre al poder político incomoda la libertad de expresión. La diferencia en una democracia es que a quien critica o disiente se le tolera y si hay altura, se le respeta. En los regímenes autocráticos se descalifica lo que incomoda y se insulta, disminuye o se persigue a quien disiente. La libertad de expresión no es monopolio de los periodistas, también ocurre en la calle, que ahora se amplía porque cada persona con su móvil se vuelve reportero o divulgador de lo que acontece. El presidente del Senado, quien ya debiera estar curtido del trato que recibe en lugares públicos, denuncia ante la FGR a un ciudadano que le molestó, y previa acción penal que le sirve para intimidar y someter le obliga a ofrecer pública disculpa en el Senado, espectáculo de humillación al particular a manera de establecer precedente; «conmigo nadie se mete» es el mensaje implícito del virtuoso de la patanería (Ciro Gómez Leyva dixit), mucho menos en un salón de acceso exclusivo de la línea aérea.
El problema no es el presidente del Senado, sino la postura del poder a partir del arribo de López Obrador. Al amparo del derecho de réplica, prerrogativa ciudadana no de una autoridad, el presidente insultaba y calumniaba con regularidad a los críticos de su Gobierno sin la menor contención o proporción. Prácticamente no hubo un medio o periodista independiente de importancia en la formación de opinión que no recibiera agresiva e indigna metralla mañanera. Se volvió parte del paisaje, hoy práctica común de la presidenta Sheinbaum, aunque con menos majadería y sin la altanería de su antecesor.
La libertad de expresión va en franco retroceso y su defensa no estará en tribunales ni en la aplicación estricta del derecho constitucional a la libre expresión con un poder judicial sometido. El caso de Héctor de Mauleón es emblemático. Una persona con influencia judicial y política, Tania Contreras, quien aspira a ser magistrada y presidenta del tribunal de Tamaulipas y con posible apoyo político del gobernador Américo Villarreal en tal empeño (fue su consejera jurídica), emprende una acción legal para callar a un periodista que acredita hechos y verdades que ponen en entredicho la probidad del círculo cercano de la aspirante. El periodista aporta hechos y recibe insultos, descalificación y una orden judicial para obligarlo al silencio, a él y al medio. Un acto de censura con placas de acción de justicia.
Las credenciales periodísticas de Mauleón son irrefutables. Denunciarle por calumnias es infundado, como también poner en entredicho su integridad profesional; que la acusadora invoque violencia política por razón de género representa un agravio a las mujeres que efectivamente lo padecen en una sociedad donde la misoginia es moneda corriente; si hay duda allí está la protección política y blindaje al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y al senador Salgado Macedonio.
El problema mayor no está en lo visible, sino en lo que ocurre con discreción y tiene que ver con la autocensura. Son muchas las firmas de calidad marginadas en el proceso de formación de opinión. Los medios convencionales, más que ningún otro género, son propensos a someterse a los dictados del poder. Sucede en la radio, la televisión o la prensa, especialmente en las empresas mayores. La mayor traición a la democracia y a las libertades viene de las empresas de comunicación, por ello adquiere valor que El Universal no haya cedido a la censura.
La libertad de expresión no sólo es amenazada por el régimen que busca influir o silenciar la crítica, por cierto, cada día más necesaria para el bien del país. La mayor amenaza viene del crimen tanto del vinculado al narcotráfico como al crimen político. Los atentados y asesinatos de periodistas en el ámbito local son por incordiar a narcotraficantes, pero también a autoridades o políticos que hacen causa común con los grupos criminales.
El país ha involucionado en muchos sentidos. La presidenta Sheinbaum tuvo el acierto nada menor de suspender la complacencia de su predecesor hacia el crimen organizado, además con mando civil. Se esperaba algo semejante en términos de libertades por su origen en la lucha opositora. No fue así. La mañanera es para anular al mensajero.
Es preciso señalar que México nunca ha sido modelo en el ejercicio de la libertad de expresión, salvo escasos y breves periodos. Existen razones para pensar que ahora vive sus peores momentos por la pinza de intimidación del poder político y del crimen organizado.
Versiones encontradas
Dos periodistas de reconocida reputación presentan versiones distintas sobre el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila. La primera, de Adela Navarro, directora del semanario Zeta, sostiene en una primera aproximación que el problema no se centra en la gobernadora, sino en las actividades de su esposo, Carlos Torres. La implicación es delicada, pues se sugiere que él actúa con el respaldo de Ávila, quien incluso estaría promoviendo su candidatura para alcalde de Tijuana por Morena.
Por otro lado, Tim Golden, periodista galardonado en dos ocasiones con el premio Pulitzer, cita a un funcionario anónimo que confirma la existencia de un grupo de trabajo en la Casa Blanca enfocado en el narcotráfico en México. Este grupo habría elaborado una lista de políticos prominentes, en su mayoría gobernadores, y altos mandos militares no identificados. Golden ya había revelado anteriormente la investigación en Estados Unidos sobre supuesto financiamiento ilegal del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.
Ambas investigaciones no son excluyentes. Si la versión de Navarro prevalece, el daño se limitaría a Baja California y a su gobernadora, un escenario menos problemático para Morena y la presidenta Sheinbaum. Pero si la versión de Golden es correcta, el problema se extiende a una red de corrupción que podría afectar a varios políticos y militares. De hecho, el lunes pasado la periodista Adela Navarro afirmó que sí fueron actos de la gobernadora los que motivaron la cancelación de la visa y refiere a que a mediados de abril la mandataria ordenó suspender una investigación sobre una fosa clandestina, hecho desmentido por la fiscalía de la entidad.
La reacción de Morena ha sido cerrar filas, como en otros casos, ya sea con Cuauhtémoc Blanco o Rubén Rocha. No obstante, la situación se agrava si se confirma que el retiro de la visa responde a investigaciones más amplias. Si se demuestra que la acción no fue consecuencia de la conducta de la gobernadora, el Gobierno federal podría intervenir para restaurar su permiso migratorio, lo que fortalecería la imagen de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, si el retiro de la visa se sostiene, la sospecha sobre la gobernadora Ávila persistirá, y no sólo eso, continuará la versión de que es uno de los muchos casos que vendrán.
El contexto invita a considerar múltiples escenarios, incluidos listados extensos de funcionarios señalados y la posibilidad de que los casos del alcalde de Matamoros y la gobernadora de Baja California sean préambulo de una estrategia estadounidense contra la colusión de autoridades mexicanas con el crimen organizado. Los testimonios de delincuentes que buscan reducir sus condenas en cortes norteamericanas suelen ser una fuente de información para las fiscalías, aunque no siempre son verificables, como ocurrió en el caso de García Luna. De pronóstico reservado la reacción de la presidenta Sheinbaum ante una acción de tal naturaleza. La opción de «venezualizar», presente en Morena, sería atroz.
El peligro para López Obrador es que las acciones de las autoridades norteamericanas puedan volverse en su contra, involucrando a sus funcionarios e incluso a él mismo. No se trata de rumores infundados: existen precedentes, como la ejecución del rey del huachicol Sergio Carmona en 1991 y su presunto financiamiento ilegal a campañas de Morena. Tanto él como su hermano habrían controlado la aduana de Reynosa en los primeros años del Gobierno actual, facilitando el tráfico ilegal de combustibles, actividad que habría crecido de forma significativa bajo la presión de las autoridades estadounidenses.
El tiempo determinará la verdad y la magnitud del problema. La impunidad, como se ha señalado, es el pecado original de la caída de los grandes proyectos políticos. Lo fue para el PRI en su resurgimiento, para el PAN y, ahora, con claridad, para Morena. La corrupción socava la legitimidad del Gobierno y amenaza su estabilidad. La presidenta Sheinbaum lo sabe, y de ahí su decálogo anticorrupción, que podría apreciarse como grito en el desierto.
El problema se agrava por tres razones: primero, la corrupción alcanza a muchos en un Gobierno que llegó al poder con la bandera de la honestidad; segundo, la impunidad ha generado un incremento en la violencia y el crimen; y tercero, ahora se suma la amenaza del intervencionismo estadounidense.
La versión original de Adela Navarro es menos impactante en comparación con la tesis de Tim Golden, que sugiere una ofensiva desde Washington contra políticos mexicanos presuntamente involucrados en corrupción y narcotráfico.
