La condena a 38 años de prisión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien el juez Bryan Cogan acusó de tener «una doble vida», representa un estigma indeleble para el país. Si algo faltaba para sentenciar al expresidente Felipe Calderón por la escalada de violencia, que ni Enrique Peña Nieto ni Andrés Manuel López Obrador pudieron detener, era el veredicto en cuestión. Las estrategias pueden fallar, máxime si no se planifican, responden a impulsos o al deseo de satisfacer a Gobiernos extranjeros, en este caso a Estados Unidos. Pero si al fracaso de la guerra sin sentido contra el narcotráfico se suman la connivencia y venalidad de los principales responsables de proteger a la sociedad, no tiene nombre.
Calderón rindió protesta en un ambiente nacional crispado y altamente polarizado. La ceremonia duró apenas unos minutos. Era la única forma de evitar una crisis constitucional tras unas elecciones fraudulentas marcadas por la torpe e insolente intromisión de Vicente Fox, cuya intención era evitar a toda costa el triunfo de López Obrador. Calderón pretendió legitimarse con un golpe de efecto como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto lo hicieron al detener a Joaquín Hernández Galicia, Raúl Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo en los albores de sus sexenios. Ninguno lo logró, excepto Zedillo, pues su Gobierno acreditó los delitos contra el mayor de los Salinas: autoría intelectual de asesinato y enriquecimiento ilícito, entre otros. Los casos de Hernández y Gordillo respondieron a venganzas políticas.
Resulta patético que el Gobierno emanado de un partido cuyas banderas fueron por el cambio y la lucha frontal contra la corrupción haya traicionado así su historia. También defraudó la confianza de millones de mexicanos que elección tras elección votaban por sus candidatos, convencidos de que, aún si ganaban, el triunfo les sería arrebatado. El daño causado al país es terrible; y sus secuelas, interminables. Lo menos importante es el futuro del PAN. En vez de repartir culpas, la jerarquía y quienes encumbraron a Calderón y en privado criticaban su talante autoritario, deben asumir su responsabilidad frente a México y purgar sus culpas. El primer paso es la elección de un líder fuera de la órbita de Marko Cortés, a quien no solo deben el mayor de sus fracasos, sino también su deshonra.
La ciudadanía adelantó el juicio contra Acción Nacional en las urnas. La representación del PAN en el Congreso y en el Senado es hoy la más pobre desde la alternancia, inaugurada por Fox. Entre 2018 y 2024, el partido conservador perdió ocho gubernaturas; ahora solo tiene cuatro. La de Chihuahua la ostenta Maru Campos, acusada de recibir sobornos del exgobernador priista César Duarte, cuando estuvo a cargo de la vice coordinación del grupo parlamentario del PAN. Los otros estados que gobierna son Guanajuato (la entidad con el mayor número de homicidios en 2023 (Inegi), Querétaro y Aguascalientes.
El PAN se fundó en 1939 para afrontar a la entonces naciente hegemonía del PRI. En sus primeras décadas cumplió esa función incluso al grado del sacrificio y el martirio. Los liderazgos históricos fueron suplantados por acomodadizos, oportunistas y anodinos, todos ávidos de riqueza. Su alianza con el PRI —en Coahuila y en el país— constituyó un agravio que sus militantes y votantes jamás perdonarán. Representa claudicación sin lucha, renuncia a los ideales y anhelos de «una patria ordenada y generosa, (y de) una vida mejor y más digna para todos». También reconoce su incuria e incapacidad para reconquistar el apoyo ciudadano. Su fusión con las siglas de las cuales abominó por más de medio siglo retrata su doble moral.
Narcopolítica en México
Genaro García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango sentenciado en Estados Unidos. Brindó protección y recibió sobornos del cartel de Sinaloa, el más poderoso del país. La organización está desarticulada por ahora, pues sus principales capos ya han sido condenados (Joaquín Guzmán) o están sujetos a proceso (Joaquín y Ovidio, hijos del Chapo, e Ismael Zambada). Los exgobernadores priistas Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo) y Tomás Yarrington (Tamaulipas), aspirante a la presidencia de la república en 2006, fueron enjuiciados por los mismos delitos. Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, murió en 2012 en una prisión de Florida, donde purgaba cadena perpetua por sus nexos con el cartel de Guadalajara y con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, en 1985.
Zuno habría facilitado avionetas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), de la cual era vocal ejecutivo, para transportar mariguana. Así lo declaró el líder cañero Jesús González Gortázar al periodista y político Carlos Loret de Mola Mediz [Los Caciques, 1980 (Infobae, 18.02.20)]. En 1978, Zuno fue imputado por el asesinato de un par de agentes de la Policía Judicial Federal, pero un juez lo eximió. En una entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, transmitida el 13 de febrero de 2009 por MVS Noticias, el expresidente Miguel de la Madrid acusó a Raúl Salinas de Gortari (RSG) de haber sido el enlace con traficantes de drogas durante el Gobierno de su hermano Carlos.
RSG recibió una sentencia de 50 años como autor intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre de 1994. Sin embargo, solo pasó 12 años en prisión, pues casi al final del Gobierno del Vicente Fox (PAN) un juez lo liberó. Absuelto también de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero, recuperó los 120 millones de dólares incautados en Suiza y otros países. México castiga con mayor rigor los delitos famélicos que los de corrupción y cuello blanco.
El narcotráfico, como otras actividades ilícitas, no puede desarrollarse sin la participación y complicidad del poder político y económico. El caso de García Luna es uno entre muchos, la mayoría impunes debido también a los compromisos e intereses del sistema judicial. En el Gobierno de Peña Nieto, Rafael Caro Quintero, responsable principal de la tortura y asesinato de Camarena, y de la crisis con Estados Unidos que endureció la lucha antidrogas, recuperó su libertad. La DEA ofreció 20 millones de dólares por su captura, realizada por fuerzas mexicanas en 2022. Abogados y jueces han impedido la extradición del capo.
El poder de Estados Unidos le permite imponer condiciones a los países productores de drogas, tradicionales y sintéticas, y obligarlos a afrontar al crimen organizado, pero no puede disminuir el consumo entre su gente. Tampoco hace esfuerzos para frenar el tráfico de armas hacia México, utilizadas para sembrar terror y muerte. Apresar a capos debilita temporalmente a los carteles, pero no los extingue. La atención se centra también en los exlíderes de los Zetas detenidos en México y que la DEA reclama. Exintegrantes de esa organización revelaron, en tres juicios celebrados entre 2013 y 2016 en Texas, cómo tomaron el estado, cometieron masacres, incineraron centenares de personas en la cárcel de Piedras Negras y sobornaron a autoridades de Coahuila. Los detalles están en el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila», elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas con la participación del Centro Diocesano para Derechos Humanos Fray Juan Larios, fundado por el ahora obispo emérito Raúl Vera López.
