Educación VII

Los problemas por los que pasa la educación en México son múltiples y diversos. Pero un punto de partida razonable para la discusión es considerar los recursos que el país destina a esta política pública tan esencial para la vida de una nación. Aquí son apenas los mínimos necesarios para cubrir ese rubro. La tendencia a la baja se inició en la década de los ochenta del siglo pasado.

El esloganideológico denominado Austeridad Republicana, y proclamado por la 4T con una estridencia ensordecedora, ha profundizado la precariedad de los recursos financieros destinados a la educación, alcanzando apenas para lo más básico, y esto ha impedido orientarlos a la eficacia del sistema y acordes con las posibilidades de la nación.

De ninguna manera afirmo que el régimen impuesto por Morena sea la responsable única de la catástrofe silenciosa de la educación mexicana; sólo la ha agudizado acercándonos al colapso, mismo que está a un tris de suceder.

Lo cierto es que el sistema educativo mexicano ha mantenido una pobre eficiencia en su desempeño histórico, pero que hoy adquiere importancia relevante por cuanto que parece esconder algo mucho más de fondo: una ineficiencia institucional y, quizá también, una ineficiencia social.

Los logros perceptibles en las últimas décadas se refieren a la indiscutible expansión educativa, misma que ha permitido el acceso a la educación formal a grupos sociales tradicionalmente excluidos de ese derecho universal.

Ese logro, sin embargo, se ha visto empañado por la aparición dentro del sistema educativo un mecanismo de discriminación social pues resulta fácil ver que los servicios educativos que se ofrecen a los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad mexicana son, precisamente, los de peor calidad.

El impacto de esta realidad es que los niños provenientes de tales grupos registran los mayores índices de fracaso escolar convirtiéndolos en poco aptos para la vida productiva situándolos en el punto más vulnerable a merced de cualquier poder que puede reclutarlos, incluso, para organizaciones criminales.

Empañan esos logros la existencia de una desvinculación entre niveles y modalidades educativas. Se advierte claramente que entre el nivel de primaria y secundaria hay un abismo de planes de estudio y prácticas pedagógicas; por supuesto también ocurre lo mismo entre los planes de enseñanza media y los de estudios superiores.

Como consecuencia directa de lo anterior resulta la irrelevancia de los contenidos educativos para la vida práctica al privilegiar la memoria sobre los procesos de razón. Se escolariza, pero no se educa. Y en correspondencia con esa limitación tenemos formas de medir bien los niveles de escolarización, pero ignorar completamente el verdadero perfil de la educación que resulta del esfuerzo institucional.

Como aludí al principio de este artículo, la omisión y el castigo presupuestario padecido por la educación pública se suma a los problemas de calidad, equidad y organización educativa. Las tasas de inversión educativa en México han estado muy por debajo de la recomendación internacional de un 8 % del PIB para países en desarrollo, como el nuestro.

Así las cosas, la percepción de imposibilidad para proponerse una renovación educativa, es absolutamente real. Antes, debe plantearse con seriedad una ampliación sustancial del gasto destinado a este rubro.

Pero también es una realidad que factores políticos deciden con mayor peso la asignación de los recursos, donde la educación no es, ciertamente, prioritaria.

Yo tengo la percepción arraigada de que en las decisiones de asignación presupuestal imperan las decisiones que fortalecen el poder de los grupos que mejor respaldan el poder del Estado. Creo firmemente que entran en juego los mecanismos informales, las presiones de grupos, la complicidad burocrática y las negociaciones a puerta cerrada. Todas esas formas constituyen un camino anómalo que se contrapone a los criterios técnicos que debieran regir el sector educativo y, por supuesto, golpean toda intención democrática donde el debate y la discusión de ideas fueran lo común.

El predominio de los criterios políticos es también claro en la participación de otros sectores claves en la asignación presupuestal. Los partidos políticos, por ejemplo, mantienen un status de superioridad por encima de rubros esenciales para el bienestar de los ciudadanos: educación, sistema de salud, justicia…

Si tuviéramos una mayor asignación de recursos económicos para la educación, aún manteniendo la proclama gubernamental —que nadie cumple, por cierto— de «austeridad republicana», probablemente tendríamos también una mejor respuesta a los desafíos que la nación plantea a la hora de buscar el desarrollo.

Con una mejor educación, no acotada por la limitación de recursos, tendríamos un ciudadano mejor armado para enfrentar la corrupción, la impunidad, la mentira que funda el discurso vacuo de los políticos en turno.

Un ciudadano formado en una educación de calidad, abierta a las proyecciones del futuro, rechazaría contundentemente el corporativismo político de los liderazgos del SNTE para entregarle al Gobierno 1.5 millones de sus agremiados al padrón electoral de Morena beneficiando a las dirigencias de ambas organizaciones, nunca a la educación mexicana.

Un ciudadano formado en una educación de calidad, entrenado en la discusión fundada en los procesos de razón, sabría que obsesión presidencial por la solicitud de perdón a España por los agravios de la conquista es una causa perdida, por irrelevante y retórica porque, aunque este hecho ocurriera no mueve nada. Sería mejor que el Gobierno mexicano solicitara el perdón de los pueblos indígenas por los agravios históricos cometidos en su contra y llegar a la hora de incorporarlos al desarrollo sin victimizarlos y minimizarlos por su condición.

Un ciudadano formado en una educación de calidad, capaz de cuestionar su entorno, sabría enfrentar críticamente la retórica discursiva de los poderes públicos y, en consecuencia, podría darnos razón del estado que guarda nuestra democracia, fundada en el discurso y no en la práctica institucional.

Un ciudadano formado en una educación de alto rigor sabría que, en la base de un sistema educativo sólido, está el financiamiento, sin regateos, y con visión para fundar instituciones fuertes que respondan a las exigencias contemporáneas de un mundo que cambia de manera vertiginosa.

La ausencia del problema en la opinión pública, la segregación de la sociedad, los padres de familia, los medios de opinión y las organizaciones e instituciones no educativas han facilitado los «arreglos internos» en los problemas educativos. El resultado es esta catástrofe silenciosa que nos cobrará la factura en los próximos años.