En la competencia de cínicos e inmorales, todavía falta tiempo —por los años de Morena en el poder, no por falta de esfuerzo— para que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador alcance el desprestigio de las fuerzas políticas que gobernaron el país y los estados por ocho décadas. Las oposiciones y los grupos de presión capitalizan y exageran cualquier traspié o error del Gobierno federal, grande o menor, para desgastarlo. Morena hizo lo mismo cuando estaba en la otra acera. El tema no es solo de tiempo, sino también de historia y de credibilidad. La declaración del exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, en el sentido de que con el PRI no había violencia porque pactaba con los carteles, quedó grabada en piedra.
Manuel Camacho Solís, una de las figuras de centro-izquierda del PRI, declaró en una entrevista con Espacio 4 que la violencia en nuestro país «era administrada» por el Estado, lo cual le daba en parte a Rizzo la razón. Camacho se desempeñaba entonces como coordinador nacional de las redes ciudadanas en la segunda campaña de AMLO. La violencia en los Gobiernos del PRI —todavía con Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto— era contra disidentes, líderes de oposición, estudiantes, campesinos, obreros y periodistas, englobados en la categoría de «enemigos del sistema». Muchos de ellos desaparecieron o fueron asesinados.
El narcotráfico en México empezó hace más de un siglo en la frontera con Estados Unidos y en los estados del Pacífico. Sinaloa —epicentro del «Triángulo Dorado», que forma junto con Durango y Chihuahua— registró el segundo asesinato de un gobernador en ejercicio desde la fundación del PRI: Rodolfo Tostado Loaiza, en 1944. Militante del PRM, se postuló por el Partido Acción Revolucionaria Sinaloense; después volvió al redil. Ese primer error le costó la inquina del presidente Ávila Camacho; el segundo, plantarle cara al narcotráfico, entonces incipiente, pudo haber marcado su destino; y el tercero, extender la reforma agraria, motivado por su credo cardenista, exacerbó los ánimos de los terratenientes.
Los latifundistas crearon cuerpos de seguridad para reprimir a los campesinos y desestabilizar al estado. El magnicida, Rodolfo «el Gitano» Valdez, había sido reclutado por uno de esos grupos, conocidos como «guardias blancas». Las líneas de investigación apuntaron al narcotráfico, a los acaparadores de tierras y a los rivales políticos del gobernador. En el libro Bienvenido a Sinaloa, el periodista Diego Enrique Osorno cita testimonios como este: «El Gitano se arrepintió de la misión que tenía encomendada, “a mí me ha hecho favores el viejo, una vez hasta me regaló dos mil pesos, me ha tratado bien”. Uno de los favores que le habían hecho desde el Gobierno, fue perdonarle la pena por el crimen de una amante que tuvo en el pueblo de Urías, a la cual asesinó borracho en una parranda que parecía no terminar nunca» (Infobae, 08.03.24).
La lección de que nadie debe fiarse ni de su propia sombra, sobre todo en el narcotráfico y en la política, que casi siempre van de la mano, no se aprende. Sinaloa y los estados donde los carteles tienen mayor influencia, y aún donde no, son como la casa del jabonero, gobernador que no cae, resbala. En la tierra del «Chapo» Guzmán, la mayoría ha caído. Francisco Labastida, quien ahora pone en grito en el cielo, fue señalado por supuestos nexos con el cartel de Guadalajara, entonces liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, quien habría crecido bajo la sombra del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis.
«Sospechosismo»
Falta mucho para que el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya (Morena), logre la notoriedad del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El zar antidrogas de Felipe Calderón pasará el resto de sus días en el «Alcatraz de las Montañas Rocosas», la prisión inexpugnable de Florence, Colorado, donde también se halla internado Joaquín «el Chapo» Guzmán. El primero purga una condena de 38 años por brindar protección al cartel de Sinaloa y recibir a cambio millones de dólares; al segundo se le dictó cadena perpetua. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su correligionario es clara: primero las pruebas de la supuesta colaboración de Rocha con el narcotráfico y después, si es procedente, la detención con fines de extradición solicitada por la Fiscalía de Nueva York.
En un estado donde la connivencia entre políticos y narcos es histórica, meter las manos al fuego por alguien, incluso por el mejor portado, es exponerse a perder los brazos. Rocha, de 76 años, es un viejo militante de izquierdas, lo cual, de ningún modo, lo exime de responsabilidad. El escritor y académico ha sido diputado local por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y no fue hasta su tercer intento —como Andrés Manuel López Obrador, en el caso de la presidencia— cuando se convirtió en gobernador luego de vencer por un margen de 24 puntos porcentuales a Mario Zamora —cercano al exgobernador Francisco Labastida—, postulado por la coalición PAN-PRI-PRD. Rocha era el segundo gobernador mejor evaluado del país en 2022, detrás del panista Mauricio Vila de Yucatán. Miguel Riquelme aparecía en la encuesta de El Financiero en el noveno lugar; y en el décimo, la entonces jefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum. La popularidad, sin embargo, es tan volátil como el estado de ánimo.
Rocha Moya fue puesto en el punto de mira de la Fiscalía neoyorquina 10 días después de descubrirse el operativo encubierto de la CIA en Chihuahua en el cual murieron dos elementos de la agencia y dos funcionarios de la Fiscalía del estado cuando su vehículo explotó tras caer en un barranco. Si la detención del gobernador de Sinaloa se hubiera solicitado primero y el accidente hubiera ocurrido más tarde, quizá las acusaciones contra Rocha no se habrían tomado como una cortina de humo para desviar la atención del escándalo diplomático causado por la incursión de la CIA en el municipio de Morelos.
El PRI fue la formación dominante en Sinaloa hasta 2010, cuando Mario López Valdez (PAN) ganó la gubernatura. El partido tricolor recuperó el poder seis años después con Quirino Ordaz, a quien expulsó en 2022 por haber aceptado la embajada de México en Madrid. Morena gobierna el estado desde hace cinco años. «El Chapo» para entonces ya estaba en prisión. En junio de 2024, Ismael «el Mayo» Zambada, sucesor de Guzmán, fue traicionado por uno de los narcojuniors y puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. La celada desató una nueva guerra por el control del mercado y de los territorios, la posterior captura y extradición de uno de los hijos del Chapo y la entrega de otro a la justicia estadounidense. Dos vástagos más, aún prófugos, buscan un acuerdo como lo hicieron sus hermanos. Rocha ha quedado atrapado en ese torbellino. La coyuntura brinda a las autoridades la oportunidad de aplicar la ley, si es culpable; y a las oposiciones y poderes fácticos, la posibilidad de obtener ventaja electoral. Sin embargo, falta más de un año para los comicios.
