La liberación de Israel Vallarta deja al descubierto el modelo de justicia diseñado por y para los poderosos. Cualquier ciudadano puede ser encarcelado sin haber delinquido o para pagar culpas ajenas. Frente a la indolencia judicial y política, resuena la pregunta, siempre latente, acerca de cuántos mexicanos y sus familias viven dramas similares por habérseles fabricado delitos graves o menores. La sentencia de Mariana Vieyra Valdés, jueza Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, puso en evidencia al sistema de justicia que se ensaña con los indefensos y sirve de escudo a políticos, empresarios, capos, huachicoleros y todos cuantos puedan comprar a jueces, magistrados y ministros.
¿Quién —y cómo— compensará a Vallarta los casi 20 años perdidos en prisión por un acto de venganza y una trama urdida para engañar a la opinión pública sobre la eficacia de la guerra calderonista contra la delincuencia organizada? La absolución de Vallarta ocurre 11 meses después de que Brian Cogan, juez del Distrito Este de Nueva York, condenara a 38 años y 8 meses al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, «por ayudar durante una década al cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos». Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, acusado de torturar a Vallarta, fue recientemente transferido a un penal de Morelos.
La mano que aprieta el hombro de Vallarta para que se incrimine, en el montaje para la televisión, es la de Cárdenas Palomino, el número dos de García Luna. Para millones de mexicanos el caso es nuevo, pues sucedió hace dos décadas, cuando muchos de ellos aún no habían nacido. La resolución de Vieyra Valdés volvió a poner el caso en el ojo del huracán debido a su relevancia e implicaciones. Hoy, como ayer, los bandos y la comentocracia se dividen y toman partido: hay quienes condenan a Vallarta y quienes lo ven como víctima del aparato de justicia. Para entender la maquinación paso por paso y sin orejeras, el libro Una novela criminal, de Jorge Volpi, es fundamental.
Netflix produjo en 2022 el serial El caso Cassez-Vallarta, basado en la obra de Volpi. Los capítulos se titulan: 1) El secuestro, 2) El montaje, 3) El espejo de Valeria, 4) El año de México en Francia y 5) El efecto corruptor. Este dio lugar, en 2013, a la liberación de Cassez, expareja de Vallarta con quien, según las autoridades, dirigía la banda de secuestradores «Los Zodíaco». Volpi entrevistó, años después, a Cassez, en Francia; y a Cárdenas Palomino, en México. Leer la novela y ver la serie ayuda a formarse un juicio sobre el caso, cuya conclusión es la sentencia de la jueza Vieyra Valdés.
Volpi es una de las pocas voces autorizadas para hablar del tema. En medio de la barahúnda, el Premio Alfaguara toma la palabra: «Resulta descorazonador observar cómo columnistas de peso se atreven a poner en duda la inocencia de Vallarta —a lo largo de estos veinte años siempre ha sido inocente, como ellos mismos o cualquier otro ciudadano mexicano a quien nadie le ha probado un delito—, justo cuando, pese a todo, su caso es de los pocos que han llegado a una sentencia clara y contundente. Del mismo modo que a casi nadie le importa el inagotable expediente del caso —gracias a la generosidad de Guadalupe Vallarta, fui el primero en leerlo completo—, hoy casi nadie se ha preocupado por la sentencia de la jueza Vieyra Valdés: un documento extraordinario que refleja todos los vicios de nuestro sistema de justicia: los que existían hace veinte años, en el depauperado modelo heredado del PRI, los que continuaron a partir de 2008, cuando se introdujo el sistema penal acusatorio, y los que persisten en nuestros días y que solo se verán agravados por la reforma judicial de López Obrador. Quizá esta sea la mejor prueba de cómo, a lo largo de estos veinte años, toda nuestra clase política —PRI, PAN y Morena—, jamás hizo nada para construir un sistema de justicia eficaz, independiente y confiable» («El expediente Vallarta», Reforma, 09.08.25).
Reformas electorales
Las reformas políticas tuvieron como precedente elecciones de credibilidad dudosa, impugnadas por prácticas fraudulentas y una creciente presión social. En 1976, la totalidad de los votos fue para el candidato presidencial del PRI, José López Portillo. En las boletas no apareció ningún otro nombre. No por falta de oposición, sino de equidad y condiciones para dar cauce a las demandas democráticas del país. El lema de campaña lopezportillista, «la solución somos todos», anticipaba, cínicamente, el resultado. Sin embargo, el ingenio mexicano tornó la retórica en reproche: «La corrupción somos todos».
La reforma política-electoral de 1977, estructurada por Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, abrió las puertas a la transición con un sistema multipartidista. El cambio de paradigma disgustó a los de casa y entusiasmó a los contrarios. La izquierda, tantas veces satanizada e incluso proscrita, obtuvo registro oficial, y las oposiciones, en general, aumentaron su representación en el Congreso. En los mismos comicios del 76, el PRI se hizo con las 64 senadurías, incluida la del Partido Popular Socialista (PPS), y con 195 diputaciones. El resto se distribuyó entre el PAN (20), el PPS y el PARM (22), aliados del PRI.
Con la reforma del 77 aumentó a 400 el número diputados y se estrenó la figura de representación proporcional a la cual correspondió una cuarta parte del congreso. El PRI conservó la mayoría en la Cámara Baja con 296 escaños. Los demás se dividieron entre el PAN y los partidos Comunista Mexicano, PPS, Socialista de los Trabajadores (PST) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Solo Acción Nacional conservó el registro. La izquierda se aglutinó después en torno al PRD, pero fue con Morena cuando ganó la presidencia con las mayores votaciones registradas por ahora.
Los sucesores de López Portillo impulsaron sus propias reformas. Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Peña Nieto lo hicieron forzados por las circunstancias. El país no admitía más elecciones fraudulentas, sino libres y transparentes. Una de las respuestas, a medias, porque la presidencia quedó a cargo del secretario de Gobernación, fue el Instituto Federal Electoral (IFE). Para cumplir la «reforma electoral definitiva» que prometió en su toma de posesión, Zedillo retiró al Gobierno del IFE, lo dotó de autonomía y de un consejo ciudadano. La iniciativa despejó el camino para la alternancia política en 2000, pese a la resistencia del sector más duro del PRI.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo modificar el sistema electoral porque no tenía mayoría calificada en el Congreso. El proyecto planteaba reducir a 300 el número de diputados y a 96 el de senadores, elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular y reducir el financiamiento público a los partidos. Sin ese obstáculo, la presidenta Claudia Sheinbaum llevará adelante las reformas. Las oposiciones y los sectores afines se resisten, pero carecen de fuerza para frenarlas. La representación del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Congreso corresponde a los votos que obtuvieron el año pasado.
Sheinbaum instaló el 11 de agosto la comisión presidencial para la reforma electoral, la cual convocará a la ciudadanía a foros de consulta y análisis —«amplios e incluyentes»— para elaborar las propuestas. El encargado del organismo, Pablo Gómez, procede del movimiento estudiantil de 1968 y del Partido Comunista Mexicano. La mayoría de las reformas previas se hicieron sin tomar en cuenta a la izquierda. Excluir, ahora, a las fuerzas contrarias a Morena sería un error y deslegitimaría el proceso. Sin embargo, las oposiciones no pueden imponer su agenda, como tampoco lo permitieron cuando eran Gobierno, ni la presidencia ceder a chantajes.
