Mientras se discute una reforma para meter en cintura a las aseguradoras y a las clínicas particulares, salen a la luz abusos sistemáticos que limitan el acceso a los servicios. La falta de transparencia, la concentración del mercado y la complicidad de instituciones financieras dibujan un panorama oscuro
Cáncer y accidentes encarecen las pólizas, según AMIS
México vive una crisis silenciosa en materia de salud privada. Lo que comenzó como una herramienta de protección —los seguros de gastos médicos mayores— se ha transformado, para miles de personas, en una trampa financiera. Simultáneamente, los hospitales privados operan en las sombras, sin controles eficaces que garanticen precios justos ni servicios proporcionales al costo.
A diferencia de otros países donde los seguros están regulados con criterios públicos de transparencia y competencia, en México el negocio de la salud privada ha crecido como un monstruo. «Las aseguradoras privadas de salud están operando con una preocupante falta de supervisión efectiva (…) Ni la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni la Profeco están actuando con firmeza frente a los abusos contra los usuarios», advirtió el senador Ricardo Monreal durante una sesión en la cámara alta, el pasado 15 de marzo.
Los testimonios de pacientes afectados por incrementos injustificados en pólizas, negativas de cobertura o cobros duplicados en hospitales privados son cada vez más frecuentes. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las reclamaciones por seguros de salud crecieron un 21% en 2024, y las quejas por aumentos en las primas sin justificación aumentaron un 35% en adultos mayores.
Aun quienes han pagado su seguro durante décadas descubren, al enfermar, que deben cubrir «copagos» que superan el 30% del costo total del procedimiento. Algunas aseguradoras incluso condicionan el acceso a ciertos hospitales bajo pretextos contractuales ambiguos.
Para más inri, el mercado está acaparado por cinco aseguradoras, las cuales controlan más del 80% del sector de gastos médicos mayores. Esta falta de competencia real ha generado prácticas que muchos califican de monopólicas Los pacientes no tienen margen de maniobra: si quieren cambiar de aseguradora, pierden derechos adquiridos; si se quedan, pagan cada vez más por menos.
Una iniciativa de ley impulsada por el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) no solo busca poner topes a los precios de medicamentos e insumos en hospitales privados, sino también establecer criterios claros para el aumento en primas de seguros. De acuerdo con el legislador, «los costos en salud no pueden seguir sujetos a la ley de la selva. Este no es un negocio cualquiera: se trata de vidas humanas».
La propuesta, que aún se discute en comisiones, contempla modificaciones a tres leyes federales. En el caso de las aseguradoras, destaca la intención de crear una base de datos pública de incrementos y rechazos de cobertura, obligatoria para todas las empresas del sector. También busca prohibir los aumentos de primas por edad después de 20 años de vigencia del seguro.
«Queremos acabar con la discriminación por edad y condiciones preexistentes. Una persona de 65 años no puede pagar el triple que una de 40 por la misma cobertura», señala Abramo Masso. La reforma también contempla que las pólizas sean portables, es decir, que el usuario pueda cambiar de aseguradora sin perder antigüedad ni beneficios, algo que actualmente no ocurre.
Hospitales cómplices
Otra arista crítica del problema es la integración vertical entre hospitales y aseguradoras. En algunos casos, las aseguradoras son propietarias de los hospitales o viceversa, lo cual genera conflictos de interés evidentes.
Este tipo de situaciones reflejan un reclamo cada vez más frecuente entre los usuarios de seguros de gastos médicos mayores: el mismo grupo que niega una cirugía o tratamiento es, al mismo tiempo, el que administra los hospitales que luego cobran sumas elevadas por esos procedimientos. Este ciclo de contradicción y falta de transparencia ha generado un creciente malestar entre los afectados, quienes argumentan que la falta de regulación permite que las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud operen de manera desleal, exacerbando la desigualdad en el acceso a la atención médica.
En este contexto, medios de comunicación y plataformas ciudadanas han documentado cobros inflados de hasta 2,000% en insumos básicos. Una botella de agua de 500 ml puede costar 120 pesos; una bata desechable, 900. En muchos casos, los hospitales imponen a los médicos listas de insumos «preferidos» de alto costo, ligados a contratos con proveedores.
Un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que más del 60% de los cobros por servicios hospitalarios no se sustentan en criterios clínicos, sino comerciales.
La presión ciudadana ha comenzado a permear en el debate público. En el foro legislativo del 12 de marzo pasado, varias víctimas compartieron sus casos. Los abusos denunciados por los usuarios de servicios de salud privados incluyen cobros excesivos por hospitalizaciones breves, condiciones contractuales poco claras y falta de transparencia en los costos.
Según cifras de la Condusef, las quejas por seguros de salud crecieron un 21% en 2024, con un aumento del 35% en las quejas por aumentos injustificados en las primas, especialmente entre adultos mayores. Estos abusos reflejan un patrón recurrente que afecta a millones de mexicanos, quienes se ven atrapados en un sistema de salud privado sin mecanismos eficaces de defensa.
Organizaciones como el colectivo Salud con Justicia han comenzado a documentar estos casos y a ofrecer asesoría legal a pacientes defraudados. «Hay una cultura del abuso instalada en el sector privado. Lo más grave es que muchos médicos están atrapados también en este sistema», explica José Alfredo Ruiz, integrante del colectivo.
La discusión no es menor: se trata de redefinir el modelo de atención médica en México y poner límites a un sistema que, por años, ha operado sin transparencia ni rendición de cuentas. Regular no significa estatizar, aclaran los expertos. Significa evitar que la salud se convierta en un lujo inaccesible o, peor aún, en una fuente de ruina para quienes la necesitan.
Le reforma impulsada por Jericó Abramo es vista como un paso inicial hacia la regulación del sector, pero, para que realmente se logre una transformación, se requiere de voluntad política, presión social y, por encima de todo, una visión ética de la salud. No se trata de sancionar a las aseguradoras o a los hospitales, sino de garantizar que los pacientes sean protegidos y que tengan acceso a una atención médica justa y accesible.
Es necesario que la reforma esté acompañada de una supervisión rigurosa y de un marco legal que favorezca la transparencia en todo el sistema de salud.
Zona gris
Mientras el sector hospitalario concentra la atención pública por sus prácticas inflacionarias, las aseguradoras han operado en una zona gris legal. Contratos difíciles de entender, negativas de cobertura y cancelaciones sin previo aviso son parte del modus operandi.
Uno de los puntos más cuestionados por los usuarios es el encarecimiento de los seguros al llegar a los 60 años. A pesar de haber pagado durante décadas, muchos ven duplicado o triplicado el costo anual sin justificación médica.
La reforma propuesta por Abramo Masso busca regular los seguros de gastos médicos y los hospitales privados, estableciendo mecanismos de control en sus costos y garantizando mayor transparencia para los usuarios. El legislador plantea que los incrementos en las primas anuales de los seguros de salud no superen los cinco puntos porcentuales por encima de la inflación; asimismo, busca obligar a los hospitales privados a hacer públicos sus tabuladores de precios por especialidad, así como la lista de médicos y servicios disponibles.
Además, propone regular los sobreprecios en el cobro de insumos y medicamentos en las cuentas hospitalarias, así como las malas prácticas que obligan a los pacientes a quedarse en garantía hasta que el seguro cubra la cuenta, lo que, según el diputado, contraviene el Artículo 230 del Código Penal Federal.
El legislador coahuilense enfatizó que esta iniciativa busca beneficiar a los usuarios de servicios de salud privados al fomentar la competencia entre aseguradoras y hospitales, garantizando mejores precios y un servicio más eficiente.
La propuesta aún está en discusión, expertos señalan que podría tener implicaciones significativas para el futuro de la salud en México. A medida que las aseguradoras y hospitales comienzan a modificar sus prácticas bajo la amenaza de la regulación, no se descarta que otros sectores de la economía sigan el ejemplo, promoviendo un cambio cultural hacia la transparencia y la competitividad. Sin embargo, los expertos advierten que, para que las reformas sean efectivas, debe existir un monitoreo continuo que garantice que las promesas de cambio se traduzcan en mejoras tangibles para los pacientes.
Para muchos, la lucha por una reforma efectiva en el sector de salud privada es solo el primer paso. Organizaciones de pacientes, activistas y legisladores han intensificado sus esfuerzos en los últimos meses, evidenciando cómo la falta de regulación ha empeorado la crisis sanitaria.
La reforma no será una solución mágica. Habrá resistencias tanto dentro del sector privado como en los espacios políticos, pero la persistencia de los afectados y las demandas sociales podrían convertirla en una realidad histórica. Mientras tanto, el sector de salud privado deberá enfrentar el creciente escrutinio público, que exige un cambio radical en su funcionamiento y un compromiso real con los principios éticos fundamentales de la salud pública. E4
Cobros excesivos en hospitales privados
| Suero fisiológico (1L) | $45 MXN | $980 MXN | +2,077% |
| Bisturí desechable | $35 MXN | $450 MXN | +1,185% |
| Batas desechables | $70 MXN | $890 MXN | +1,171% |
| Paracetamol 500 mg (1 tab) | $1.50 MXN | $35 MXN | +2,233% |
| Renta de oxímetro (1 día) | $50 MXN | $670 MXN | +1,240% |
Reclamaciones de seguros de gastos médicos mayores
| Año | Total de reclamaciones | Incremento anual |
|---|---|---|
| 2020 | 14,827 | — |
| 2021 | 17,490 | +17.9% |
| 2022 | 19,522 | +11.6% |
| 2023 | 22,885 | +17.2% |
| 2024* | 27,690 | +21.0% |
¿Quién controla el negocio de la salud privada en México?
Cinco empresas acaparan el 81% del mercado de seguros de gastos médicos mayores.
GNP 34%
Met life 18%
Seguros Monterrey 13%
Axa 9%
Mapfre 7%
Otros 19%
Fuente: Estimación propia con base en datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 2024.
Lo que propone la reforma de Abramo Masso
La iniciativa presentada por el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) el 27 de febrero de 2025 ante la Cámara de Diputados busca modificar las leyes General de Salud y de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como el Código Penal Federal. El objetivo es regular precios en hospitales privados, limitar aumentos en primas de seguros de gastos médicos mayores y prohibir la retención de pacientes por adeudos.
| Elemento | Actualidad | Propuesta de reforma |
|---|---|---|
| Aumentos en primas | Sin regulación clara | Topes máximos según edad y años de contrato |
| Portabilidad del seguro | No permitida | Permitida sin pérdida de antigüedad |
| Base pública de aumentos / rechazos | No existe | Obligatoria y pública |
| Precios de medicamentos e insumos | Sin regulación | Regulados por Profeco y Cofepris |
| Retención de pacientes | Permitida en la práctica | Prohibida y sancionada legalmente |
Cáncer y accidentes encarecen las pólizas, según AMIS
Mientras crece la polémica por la falta de regulación efectiva en los hospitales privados, las aseguradoras también enfrentan presiones crecientes. En los últimos cinco años, el monto que estas compañías han desembolsado por accidentes y enfermedades aumentó más del doble, al pasar de 59 mil millones de pesos en 2019 a más de 122 mil millones en 2024, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El cáncer y los tumores son, con diferencia, los padecimientos que más cuestan al sistema asegurador: tan solo en 2024 representaron un gasto superior a los 24 mil 400 millones de pesos. Le siguen las enfermedades del sistema osteomuscular, con 12 mil 600 millones; los accidentes, con 10 mil 200 millones; y los padecimientos digestivos y respiratorios, con 9 mil 100 y 6 mil 200 millones, respectivamente.
De acuerdo con Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, el costo promedio por siniestro se mantuvo en 117 mil 600 pesos, lo que indica que el alza en el gasto no obedece tanto al encarecimiento de los tratamientos, sino al mayor uso de las pólizas por parte de los asegurados.
El dato no es menor: en 2021, apenas 1.3 millones de personas contaban con un seguro de salud; hoy ya son más de seis millones. Este salto —empujado en parte por las pólizas colectivas y por una mayor conciencia tras la pandemia— refleja el crecimiento del sector, pero también pone el foco en los desafíos que enfrenta: poco más del 10% de la población mexicana está cubierta por un seguro de gastos médicos mayores.
Además, el 87% del monto cubierto por las aseguradoras va directamente a los prestadores de servicios médicos, en su mayoría privados. Esto reduce las barreras de acceso financiero para quienes están asegurados, pero también refuerza una estructura donde las tarifas hospitalarias escapan, en muchos casos, a cualquier tipo de control externo.
La AMIS reconoce que hay una concentración de costos en pocas instituciones médicas. De las más de 4 mil unidades privadas registradas, apenas 20 concentran el 49% del monto reclamado por los asegurados. Esta concentración genera dinámicas poco transparentes, donde las aseguradoras negocian tarifas sin un marco regulatorio claro y, muchas veces, con cláusulas opacas para los pacientes.
Las primas también han subido. En los últimos tres años, el costo de las pólizas individuales de gastos médicos mayores ha aumentado entre 12% y 20% anual, dependiendo del perfil del asegurado. Las aseguradoras argumentan que esto responde a la inflación médica y al encarecimiento de las tecnologías de diagnóstico y tratamiento. Pero especialistas advierten que, sin una supervisión real sobre las tarifas hospitalarias, el incremento se traslada directamente al consumidor.
Estos datos permiten entender otra cara del problema: la forma en que el negocio asegurador convive —y en algunos casos se ve condicionado— por una red médica privada donde los costos crecen, pero no siempre se reflejan en la calidad del servicio.
Rosas hizo un llamado a elegir pólizas con servicios preventivos y atención temprana, como una forma de despresurizar tanto al sistema público como al privado. Sin embargo, mientras no existan regulaciones claras sobre los cobros hospitalarios, ni transparencia en la prestación de servicios, los seguros seguirán siendo apenas un parche —costoso y desigual— dentro de un sistema de salud que reproduce las mismas inequidades que dice combatir. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.