A ningún gobierno le gusta ser criticado, y menos para escuchar verdades, así sean a medias. Nadie puede dudar a estas alturas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea un auténtico patán. Sin embargo, su retórica estridente responde a su personalidad y a los compromisos que le permitieron regresar a la Casa Blanca después de un periodo intermedio, lo cual solo había conseguido Grover Cleveland hace 131 años. El caso de abuso sexual y difamación contra la columnista E. Jean Carroll; el escándalo por su relación con la exactriz porno Stormy Daniels, que intentó ocultar mediante la falsificación de registros comerciales; y el intento de autogolpe de Estado del 6 de enero de 2021 eran motivos suficientes para dar por terminada la carrera política del magnate inmobiliario. Sin embargo, la polarización en su país era tal, que la mayoría de los votantes prefirió hacer la vista gorda.
La epidemia de fentanilo en Estados Unidos, con la cual Trump presiona a México y Canadá, es real. Cerca de 110 mil personas murieron en 2022 por sobredosis, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. La crisis empezó a ceder tras la pandemia de COVID-19, pero sin políticas de prevención y combate a la producción y tráfico del opioide, fabricado en laboratorios, podría volverse a disparar, segar más vidas, elevar las tensiones entre los países y generar inestabilidad.
El discurso de Trump pone de relieve problemas seculares de nuestro país, sin detenerse en los propios (igual o más profundos), como son la corrupción, la relación entre autoridades (civiles y militares) y el narcotráfico. También exhibe los vicios del sistema de procuración e impartición de justicia. La liberación de capos, la falta de acciones y de voluntad para socavar las estructuras financieras, base de la influencia y poder de fuego de las organizaciones criminales, no se explican sin la participación de policías, fiscalías, jueces, magistrados e incluso ministros en el entramado.
La relación de Estados Unidos con México no había sido tan ríspida y comprometida desde el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. La destrucción de 544 hectáreas de mariguana en el rancho El Búfalo, de Chihuahua (protegido por funcionarios locales y federales), el año previo, representó uno de los operativos más importantes de la agencia antinarcóticos en nuestro país y en América Latina. El dueño de la propiedad, donde trabajaban 10 mil jornaleros, cuya producción anual se calculó en 8 mil millones de dólares, era el mismo que ordenó dar muerte a Camarena: Rafael Caro Quintero.
Uno de los capos entregados por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos es precisamente Caro Quintero. La extradición del fundador del cartel de Guadalajara y de otros delincuentes, incluidos en el grupo de los 29, la había solicitado el Departamento de Justicia en repetidas ocasiones.
La medida y las acciones emprendidas por la nueva administración federal contra el fentanilo, fueron fundamentales para suspender, al menos por un mes, la aplicación de aranceles a la mayoría de las exportaciones mexicanas. El presidente Trump no ha dado su brazo a torcer. Sin embargo, frente al riesgo de una guerra comercial, rechazada también por su país, parece empezar a entender que el diálogo y la cooperación rinden mejores resultados que la estridencia y el chantaje.
Círculos de impunidad
El Gobierno de México fue durante mucho tiempo reacio a extraditar narcotraficantes a Estados Unidos. Las cúpulas políticas se protegían así de delaciones, pues ningún cartel o corporación al margen de la ley surge, se expande y perdura si no es con la complicidad de los poderes públicos, en particular de las autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana. Jean-Francois Boyer expone la realidad de nuestro país y sus instituciones frente a ese fenómeno global en el libro La guerra perdida contra las drogas: Narcodependencia del mundo actual (Grijalbo Mondadori, 2001). Con nombres de figuras de la vieja guardia y de políticos de la época, el periodista anticipa, de alguna manera, la crisis presente.
Las consecuencias de la incuria gubernamental y de estrategias equivocadas como las de Felipe Calderón, quien «puso a la Iglesia en manos de Lutero» al designar como zar antidrogas a Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por recibir sobornos del cartel de Sinaloa, fueron terribles. No solo provocó la multiplicación de organizaciones criminales, sino también la aparición de una de las más sanguinarias. El narco infiltró todas las actividades, no solo la política. Penetró en los altos círculos sociales, en la economía, el deporte, el espectáculo, en los medios de comunicación y en las iglesias.
El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, en Guadalajara, tuvo un vínculo directo con el narcotráfico. Una de las líneas de investigación del atentado contra el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, 10 meses después, fue también la de las drogas. Los crímenes ocurrieron en Guadalajara y Tijuana, donde las organizaciones ilícitas tienen mayor dominio. En ambos casos se responsabilizó al Estado. Desde esa perspectiva histórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se equivoca cuando advierte que el país es gobernado por carteles.
Después de la Revolución y hasta el año 2000, los presidentes de México procedieron de un solo partido, el PRI. Dos fueron del PAN. Claudia Sheinbaum es la segunda emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El narcotráfico inició su ciclo en ese periodo de casi 100 años. Cada Gobierno, por tanto, tiene responsabilidad en el crecimiento de la hidra. El traslado de 29 capos mexicanos a Estados Unidos es un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo Donald Trump y al mundo. No teme a las acusaciones de los narcos, pues los carteles y sus jefes son anteriores a los Gobiernos de la 4T. La forma expeditiva de la entrega le permitió señalar al Poder Judicial por la tardanza para extraditarlos, individualmente o en grupo.
La firmeza de la presidenta, en un momento crítico para el país, aumentó su aprobación, pero también la compromete por el resto del sexenio. El combate al narcotráfico deberá ser claro, permanente y efectivo. Trump amenaza y presiona para imponer su agenda, así sea a trompicones. Ya no se trata solo de afrontar a los carteles y detener a sus cúpulas, sino de atacar su enorme riqueza y poder político. Negar que lo tienen es una falacia. Las organizaciones han financiado campañas y su influencia en los Gobiernos ha sido demostrada. Los ojos de Palacio Nacional y de la Casa Blanca están puestos en los cárteles y en sus padrinos políticos. En ese sentido, la presión trumpista servirá para romper los círculos de impunidad.
