El doble rasero de un presidente megalómano; castiga a la USAID

Reducir el financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional afecta programas de derechos humanos, lucha contra la corrupción y medios independientes. La cancelación de 100 millones de dólares pone en riesgo a organizaciones clave y la cooperación bilateral

AMLO pidió establecer la frontera entre cooperación e injerencia externa

Donald Trump no quiere que Estados Unidos sea la «policía del mundo», pero su nuevo objetivo va más allá de las tropas y la geopolítica: busca desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el organismo que, con su red de ayuda global, ha sido clave en la lucha contra el hambre, las epidemias y la pobreza extrema. Para los seguidores del magnate neoyorquino se trata de un golpe contra el derroche; para sus críticos, una sentencia de muerte para millones de personas en los rincones más vulnerables del planeta. «Reduciremos drásticamente el gasto en ayuda internacional y nos enfocaremos en fortalecer nuestra nación primero», afirmó el republicano en un mitin en Iowa.

Desde su creación en 1961, USAID ha sido una pieza central de la diplomacia estadounidense. Su influencia va desde la entrega de vacunas en África hasta la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010. Pero Trump y su círculo de asesores ultranacionalistas la ven como un símbolo de intervención innecesaria y gasto descontrolado. «No podemos seguir pagando para que otros países dependan de nosotros», ha repetido el presidente estadounidense en mítines y entrevistas. Según un informe del Washington Post, funcionarios de su administración han expresado que «el dinero de los contribuyentes debe servir a los ciudadanos estadounidenses, no financiar proyectos extranjeros sin resultados claros».

 «No podemos seguir pagando para que otros países dependan de nosotros».

Donald Trump, presidente de EE. UU.

El plan de Trump implica trasladar muchas de las funciones de USAID al Departamento de Estado y reducir drásticamente su presupuesto. La Casa Blanca argumenta que la agencia ha financiado proyectos ineficientes e incluso corruptos, favoreciendo a élites políticas extranjeras en lugar de a las poblaciones necesitadas. Sin embargo, organismos independientes advierten que su eliminación podría provocar un vacío catastrófico en la asistencia humanitaria global. «Este recorte sería devastador para millones de personas que dependen de la ayuda estadounidense para sobrevivir», señaló David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate.

A nivel estratégico, el cierre de USAID también tendría implicaciones geopolíticas. China y Rusia han aumentado su influencia en países en desarrollo mediante inversiones y ayuda directa. La retirada de Estados Unidos del ámbito del desarrollo podría acelerar esta tendencia, debilitando el llamado «poder blando» estadounidense y menguando su capacidad de influencia en regiones clave. La representante Young Kim, republicana de California, escribió en X que las reformas a USAID «deben hacerse con precisión y cuidado para que la posición de Estados Unidos y su capacidad de proyectar poder blando se mantengan en el extranjero».

El Congreso, incluidos algunos republicanos moderados, ha mostrado resistencia al plan de Trump. Legisladores advierten que, sin USAID, Estados Unidos perdería una herramienta crucial para prevenir crisis migratorias y conflictos que, eventualmente, podrían afectar su propia seguridad nacional. «Cada dólar invertido en ayuda internacional nos ahorra miles en futuras intervenciones militares», argumentan expertos en política exterior. Un informe del Brookings Institution señala que «USAID es una inversión en estabilidad global y en la seguridad nacional de Estados Unidos».

Los defensores de USAID también recuerdan que la agencia no solo beneficia a otros países, sino que genera empleos y contratos para empresas estadounidenses. Su desaparición dejaría a miles de empleados sin trabajo y a numerosas ONG sin financiamiento para continuar sus programas. «Eliminar USAID significaría cortar contratos vitales para cientos de empresas estadounidenses que trabajan en proyectos de desarrollo en el extranjero», explicó un analista de la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo la condición de anonimato. Contratistas federales, miembros de una asociación comercial del área de la ciudad de Washington, han acumulado alrededor de 350 millones de dólares en facturas impagas, lo que los ha obligado a despedir a unos dos mil empleados en el área. «Estamos hablando de miles de personas aquí y en el extranjero, empresas estadounidenses que se dedican a implementar programas de USAID», dijo Dany Bahar, miembro senior del Centro para el Desarrollo Global, un grupo de expertos. «Gran parte del dinero de USAID está ayudando a países a crecer y desarrollar vínculos comerciales más fuertes con Estados Unidos».

Cambios significativos

Desde que Donald Trump asumió por primera vez la presidencia en 2017, una de las áreas más afectadas por sus políticas ha sido USAID. Los cambios implementados durante su administración, impulsados por su visión de «America First», marcaron un giro sustancial en la forma en que Estados Unidos abordaba los proyectos de desarrollo en el extranjero. Aunque la reorganización fue respaldada por figuras influyentes como Elon Musk, especialmente en lo que respecta a la reducción de gastos gubernamentales y la privatización de ciertos servicios, los efectos en los países receptores y en los contratistas estadounidenses han sido notoriamente adversos.

Uno de los primeros movimientos de la administración Trump fue una significativa reducción en el presupuesto destinado a USAID. A través de un enfoque centrado en la austeridad, se propuso recortar hasta el 30% de los fondos de ayuda exterior, con el objetivo de alinear los recursos del Gobierno con las prioridades nacionales. Este recorte generó preocupaciones en los sectores más afectados, como organizaciones humanitarias, empresas contratistas y Gobiernos extranjeros que dependían de la asistencia estadounidense. Para muchos, esta estrategia significaba una desconexión con los ideales de cooperación internacional y el liderazgo estadounidense en la promoción del desarrollo global.

Con el tiempo, Trump no solo ha recortado fondos, sino que también implementó cambios estructurales dentro de USAID. La administración impulsó un enfoque más rígido y orientado a la seguridad nacional, priorizando los intereses estratégicos de Estados Unidos sobre los programas tradicionales de asistencia. Esto significaba que la ayuda exterior no solo debía cumplir con fines humanitarios o de desarrollo, sino que también debía estar alineada con los objetivos geopolíticos de la administración. Como resultado, muchos proyectos de USAID se reorientaron hacia la promoción de la democracia, la estabilidad política y el fortalecimiento de los aliados de Estados Unidos en regiones como América Latina y África, mientras que las iniciativas de salud, educación y asistencia humanitaria quedaron en segundo plano.

El respaldo de Elon Musk a este enfoque fue una extensión de su apoyo general a la administración Trump. Musk, quien durante este periodo se mostró como un ferviente defensor de los recortes fiscales y la reducción del gasto público, vio la privatización de ciertos servicios de desarrollo como una oportunidad para el sector privado. A través de sus empresas, como SpaceX y Tesla, Musk defendió una mayor intervención del sector privado en la solución de problemas globales, sugiriendo que la ayuda exterior podría ser mejor gestionada por actores no gubernamentales con intereses alineados con la eficiencia y la innovación tecnológica.

Después de un intenso congelamiento de fondos, cientos de organizaciones y contratistas de USAID se vieron obligados a despedir a personal y recortar actividades debido a la incertidumbre y falta de recursos. Empresas estadounidenses que previamente se beneficiaban de contratos multimillonarios con USAID se encontraron en una crisis económica, ya que los proyectos de desarrollo fueron suspendidos o cancelados.

Las críticas hacia la administración Trump aumentaron, especialmente por parte de actores internacionales y de los propios aliados republicanos en el Congreso, quienes temían que estos cambios pudieran afectar la influencia global de EE. UU. y debilitar sus relaciones con aliados clave. La reducción en la ayuda exterior fue vista no solo como un golpe a los esfuerzos humanitarios, sino también como una amenaza a la posición estratégica de Estados Unidos en el escenario internacional.

Golpe para México

La reciente decisión de la administración Trump de suspender 100 millones de dólares destinados a México por USAID ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Esta medida afecta directamente a programas clave en áreas como la búsqueda de mujeres desaparecidas, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Entre los proyectos afectados se encuentran iniciativas que brindaban sostén a organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos y justicia. Por ejemplo, el «Programa para la Sociedad Civil de USAID» apoyaba a organizaciones en México, impulsando su capacidad institucional y técnica en áreas como derechos humanos, prevención del delito y reforma judicial. La suspensión de estos fondos pone en riesgo la continuidad de estos esfuerzos, que han sido fundamentales para fortalecer el estado de derecho y la transparencia en el país.

La lucha contra la corrupción, una de las principales prioridades del Gobierno mexicano, también se ve afectada. Iniciativas como «Acciones Hoy para Menos Corrupción Mañana», desarrollada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), recibían financiamiento de USAID para investigaciones periodísticas y litigios estratégicos contra la corrupción. La interrupción de estos recursos limita la capacidad de las organizaciones para llevar a cabo investigaciones independientes y acciones legales contra prácticas corruptas.

El fortalecimiento del Estado de derecho y la mejora de las instituciones judiciales mexicanas también se ven comprometidos. Programas destinados a mejorar el acceso a la justicia y la capacitación de funcionarios judiciales, que recibían apoyo de USAID, enfrentan incertidumbre. La falta de estos recursos puede ralentizar los esfuerzos por garantizar una justicia más eficiente y accesible para todos los ciudadanos. La seguridad y la protección de los derechos humanos en México, especialmente en regiones afectadas por la violencia y el crimen organizado, también se ven afectadas. Programas que brindaban asistencia a víctimas de violencia y apoyaban a las fuerzas de seguridad en la implementación de políticas de derechos humanos enfrentan la suspensión de fondos. Esto puede resultar en una disminución de los servicios de apoyo a las víctimas y en una menor capacidad de las autoridades para implementar prácticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

Diversas organizaciones y expertos han expresado su preocupación por las consecuencias de la suspensión de estos fondos. La Alianza de Medios de México advirtió que los recortes afectarían gravemente a medios independientes y periodistas, dejándolos sin financiamiento esencial para su labor. Además, Reporteros Sin Fronteras señaló que las restricciones presupuestarias afectarían a más de 268 millones de dólares destinados al apoyo a medios de comunicación independientes y a la libre circulación de información en el mundo.

Ante esta situación, el Gobierno mexicano y las organizaciones de la sociedad civil buscan alternativas para mitigar el impacto de la suspensión de fondos. Se están explorando mecanismos de financiamiento local y regional, así como la colaboración con organismos internacionales que puedan suplir parcialmente los recursos perdidos. Sin embargo, la magnitud de los recortes requiere una respuesta coordinada y efectiva para garantizar la continuidad de los programas esenciales para el desarrollo y la justicia en México. E4

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AMLO pidió establecer la frontera entre cooperación e injerencia externa

El expresidente criticó a USAID de financiar a organizaciones civiles como MCCI. Las acusó de intervenir en la política interna y de socavar las reformas de su administración

Durante su mandato, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó varias acusaciones contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), señalando que esta agencia financiaba a organizaciones de la sociedad civil que él consideraba opositoras a su Gobierno. Uno de los focos de sus críticas fue la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dirigida por María Amparo Casar, una de las figuras más prominentes en el activismo en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.

Desde que AMLO asumió la presidencia en diciembre de 2018, la relación con USAID y otros actores internacionales se volvió tensa debido a las políticas del mandatario en áreas como la lucha contra la corrupción, la gestión de los recursos públicos y la autonomía de las organizaciones civiles. AMLO, quien destacó por su retórica de oposición a las élites políticas y económicas, acusó en varias ocasiones a USAID de intervenir en la política interna de México y de apoyar a quienes cuestionaban su administración.

«Las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento extranjero no son ajenas a los intereses de los Gobiernos que las financian. USAID financia a estas organizaciones para que actúen en contra de los Gobiernos de los países a los que se les asigna apoyo».

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

En el caso específico de MCCI, la organización, que se posicionó como uno de los principales críticos de las políticas públicas del Gobierno morenista, especialmente en lo respecta a la transparencia y la rendición de cuentas, fue un blanco recurrente de las críticas del presidente. AMLO y sus aliados señalaron que MCCI recibió financiamiento de USAID, lo que, según ellos, configuraba una injerencia extranjera en los asuntos internos del país y un apoyo a la oposición en su lucha contra el Gobierno. «Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento extranjero no son ajenas a los intereses de los Gobiernos que las financian. USAID financia a estas organizaciones para que actúen en contra de los Gobiernos de los países a los que se les asigna apoyo», declaró López Obrador.

El Gobierno de la 4T afirmó en diversas ocasiones que las críticas de organizaciones como MCCI, respaldadas por USAID, no eran más que un intento por sabotear las reformas que su administración estaba implementando, especialmente en áreas sensibles como la lucha contra la corrupción y el combate a las desigualdades sociales. Según la narrativa oficial, este financiamiento extranjero representaba una forma de intervención en los asuntos internos de México, algo que AMLO, quien siempre defendió la soberanía nacional, no podía tolerar.

Por otro lado, MCCI y otras organizaciones defensoras de la sociedad civil respondieron a estas acusaciones señalando que su trabajo era completamente independiente y que el financiamiento extranjero, como el que recibían de USAID, se destinaba exclusivamente a proyectos de desarrollo y transparencia, sin ningún interés político. El conflicto entre AMLO y organizaciones como MCCI también abrió un debate más amplio sobre la autonomía de la sociedad civil en México. Para muchos, el presidente utilizó su discurso contra las ONG para desacreditarlas y minar su influencia, especialmente cuando estas criticaban su Gobierno. Las acusaciones de AMLO contra USAID y MCCI generaron una polarización, donde algunos vieron en sus declaraciones un ataque legítimo a la intervención extranjera, mientras que otros interpretaron sus palabras como un intento de silenciar la oposición y controlar la narrativa política. E4