La ocupación de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, operación burda para apropiarse de la riqueza petrolera. No abre cauces democráticos ni desmantela la dictadura chavista. El precio humanitario y político en la región será enorme. El Cartel de Los Soles, otra mascarada
En nombre de la libertad, Estados Unidos ha sembrado dictaduras, cementerios y manicomios a lo largo de América Latina
Eduardo Galeano
Entre México y Venezuela: mapa histórico del injerencismo
La imagen del helicóptero, los comandos especiales y el anuncio desde Washington pretendieron vender una operación quirúrgica. Pero la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abre una grieta más profunda: la de un orden internacional donde la fuerza vuelve a imponerse sobre el derecho. No se trata de defender al chavismo ni de minimizar la deriva autoritaria del gobierno venezolano; se trata de advertir que el camino elegido por Estados Unidos reproduce una lógica histórica de consecuencias devastadoras.
El escritor Eduardo Galeano lo resumió con crudeza: cada vez que Estados Unidos «salva» a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio. La experiencia latinoamericana confirma esa sentencia. Irak, Afganistán, Libia o Panamá no son episodios aislados, sino parte de una secuencia donde la intervención militar desarma estados, fragmenta sociedades y deja heridas que duran generaciones.
La novedad no está solo en el blanco elegido, sino en la naturalización del método. En una reciente entrevista con The New York Times, Donald Trump reconoció sin ambigüedades su línea dura y afirmó que Estados Unidos «va a manejar Venezuela». La frase, lejos de ser un exabrupto, condensa una visión de poder que desborda el caso venezolano.
Incluso voces críticas del chavismo advirtieron el peligro. El demócrata Bernie Sanders sostuvo que Estados Unidos no puede cruzar una línea tan peligrosa, aun frente a un dictador. Su advertencia apunta a un principio básico: ningún fin justifica dinamitar las reglas que sostienen la convivencia internacional.
El argumento oficial se apoyó en la existencia del llamado Cartel de los Soles. Sin embargo, el propio Departamento de Justicia se retractó de esa calificación, dejando al descubierto una excusa similar a la de las armas de destrucción masiva invocadas por George W. Bush para invadir Irak. El paralelismo no es retórico: en ambos casos, la mentira funcionó como llave de entrada a la guerra.
Detrás del discurso moral aparece el objetivo material. Venezuela concentra una de las mayores reservas de petróleo del planeta y Trump anunció que su gobierno garantizará la entrega y comercialización de entre 30 y 50 millones de barriles «en beneficio de los venezolanos y de Estados Unidos».
La promesa recuerda a viejas administraciones coloniales y a la lógica de gobernar territorios para las grandes corporaciones.
Petróleo y poder
La «Doctrina Monroe», proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, establecía que cualquier intervención de potencias europeas en el continente americano sería vista como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y que el hemisferio occidental quedaba bajo su esfera de influencia exclusiva.
En su origen, se presentó como una advertencia contra el colonialismo europeo y como un principio de separación entre «Viejo Mundo» y «Nuevo Mundo». Sin embargo, con el paso de los años esa doctrina fue reinterpretada y expandida para justificar intervenciones directas y apoyar cambios de régimen que favorecieran los intereses políticos y económicos de Washington en la región.
En América Latina, el legado del monroísmo no fue inocuo. A lo largo del siglo XX y hasta hoy, esa política sirvió de telón de fondo para golpes de Estado, respaldos a dictaduras, represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos —desde Guatemala y Chile hasta Nicaragua y más allá— muchas veces con el pretexto de contener el comunismo o proteger «la estabilidad».
Esa historia de intervenciones dejó sociedades fragmentadas, desapariciones, torturas y gobiernos autoritarios que, lejos de fortalecer la democracia, respondieron a patrones de poder moldeados desde fuera. Hoy, la administración Trump abraza de nuevo esa lógica al justificar su incursión en Venezuela como una versión modernizada de la doctrina, con un énfasis explícito en la hegemonía estadounidense en el hemisferio y un llamado a «reafirmar» el control regional.
Trump fue explícito al anunciar que EE. UU. asegurará el control y la venta del petróleo venezolano. El mensaje no deja espacio a interpretaciones altruistas. Gobernar Venezuela implica administrar su principal recurso y orientar su renta hacia intereses externos.
La lógica se extiende más allá de América Latina. En la misma entrevista con The New York Times, Trump volvió a insinuar que Estados Unidos podría obtener Groenlandia «por la fuerza si es necesario». La frase, que parecía una extravagancia en su primer mandato, hoy se inscribe en una política coherente de expansión y control de territorios estratégicos.
La reacción regional fue inmediata. El presidente colombiano Gustavo Petro se comunicó con Trump en medio de la entrevista para expresar su preocupación por el impacto de la incursión en la estabilidad sudamericana. El temor a un efecto dominó no es infundado.
Seis países —México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España— emitieron un comunicado conjunto rechazando el control estadounidense sobre el petróleo venezolano y subrayaron que solo compete a los venezolanos construir una salida democrática.
Incluso líderes de la derecha europea expresaron reparos. La francesa Marine Le Pen cuestionó el uso unilateral de la fuerza y advirtió sobre el precedente que sienta para la soberanía de los Estados. El rechazo cruzó ideologías.
En ese marco, el petróleo deja de ser un recurso y se convierte en el verdadero eje del conflicto: quien controla la energía, controla la política.
El costo político
La decisión de Trump no fue acompañada por el Congreso. El presidente no pidió autorización para capturar a Maduro, tensando al máximo el equilibrio institucional estadounidense y reabriendo el debate sobre los poderes de guerra del Ejecutivo.
Las calles respondieron. Manifestaciones multitudinarias se registraron en varias ciudades de Estados Unidos, con consignas contra la guerra y advertencias sobre el riesgo de una escalada internacional. El «America First» choca con una sociedad cansada de conflictos externos.
El Partido Demócrata, lejos de cerrar filas, exhibió fisuras. Sanders y otros referentes progresistas denunciaron la ilegalidad de la operación y recordaron que las intervenciones previas dejaron más inestabilidad que soluciones.
Trump, sin embargo, redobló la apuesta. «Vamos a manejar Venezuela», dijo, como si se tratara de una empresa en quiebra y no de un país con 28 millones de habitantes. El lenguaje empresarial aplicado a la política exterior revela una concepción utilitaria del poder.
El costo también es económico. Estados Unidos asume una operación prolongada en un contexto de inflación persistente y tensiones internas. La promesa de beneficios rápidos contrasta con la experiencia histórica de guerras largas y caras.
La pregunta que recorre Washington es simple: ¿qué gana realmente Estados Unidos con esta incursión y quién pagará la factura?
En el terreno, la intervención no trajo alivio inmediato. Por el contrario, la represión y la persecución política se intensificaron. Retenes con encapuchados se multiplicaron en las calles y el gobierno ordenó la captura inmediata de quienes se expresen públicamente a favor de la incursión estadounidense.
La paradoja es evidente: el discurso trumpista de «liberación» convive con un endurecimiento del control interno. La población queda atrapada entre una dictadura debilitada y una potencia extranjera que decide su destino.
El vacío de poder abre interrogantes. ¿Quién asumió efectivamente el Gobierno? La falta de una transición clara alimenta la incertidumbre y el riesgo de violencia entre facciones. A esto se suma una pesada herencia económica. Venezuela adeuda alrededor de 12 mil millones de dólares por expropiaciones y enfrenta un colapso productivo que ninguna operación militar puede resolver por sí sola.
La excusa que se derrumba
La desmentida sobre el Cartel de los Soles no es un detalle técnico, sino un síntoma. El Departamento de Estado, conducido por Marco Rubio, había llegado a declarar a esa supuesta red como organización terrorista. El giro posterior deja en evidencia la fragilidad de una política exterior basada en afirmaciones no probadas y decisiones unilaterales.
El episodio tuvo un efecto dominó en la región. Por ejemplo, el gobierno argentino había declarado al Cartel de los Soles como organización terrorista «a partir de un trabajo conjunto» con EE. UU., y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reivindicó públicamente ese alineamiento. La marcha atrás estadounidense expuso el costo del seguidismo ciego.
El presidente Javier Milei ya había quedado descolocado cuando pidió que Venezuela quedara en manos de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, solo para ver cómo Trump los ninguneaba minutos después. La imprevisibilidad se convirtió en regla. Un antecedente ilustra esa lógica. Milei viajó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, galardón al que Trump aspiraba. El republicano no asistió, molesto por no haber sido elegido, y la escena terminó en un papelón diplomático.
Lo que revela esta secuencia es que la «causa venezolana» funciona como ficha de negociación interna y externa para Washington, no como un compromiso real con la democracia. Cuando la excusa se cae, queda al descubierto el interés estratégico.
La comparación con Irak no es exagerada. Allí, la inexistencia de las armas prometidas no impidió la invasión ni evitó el colapso posterior. En Venezuela, la retractación sobre el Cartel de los Soles llega tarde: la intervención ya está en marcha. E4
Entre México y Venezuela: mapa histórico del injerencismo
La reacción de México frente a la incursión de Estados Unidos en Venezuela marcó una línea clara de distancia con la estrategia de Donald Trump. Mientras el presidente estadounidense aseguró que Washington va a «manejar» Venezuela y su petróleo, el Gobierno mexicano rechazó cualquier forma de intervención militar y sostuvo que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías políticas y diplomáticas, sin tutelajes externos. La postura mexicana no solo responde a una tradición histórica de no intervención, sino también a un cálculo geopolítico en un momento de reordenamiento regional.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las insinuaciones de Trump sobre supuestas alianzas entre gobiernos latinoamericanos y redes criminales, y recordó que México no tiene interés estratégico en el control del petróleo venezolano.
De hecho, en términos energéticos, la relación de México con Venezuela es marginal. El país norteamericano produce y gestiona su propia renta petrolera a través de Pemex y mantiene acuerdos energéticos mucho más relevantes con Cuba que con Caracas: México envía más petróleo a la isla que el que actualmente importa o intercambia con Venezuela, un dato que relativiza cualquier lectura conspirativa impulsada desde Washington.
Ese dato incomoda al discurso trumpista. Si el argumento central de la incursión es «ordenar» el mercado energético regional, México aparece como un actor que demuestra que la cooperación petrolera puede darse sin ocupaciones militares ni cambios forzados de Gobierno. La política energética mexicana —con énfasis en soberanía, control estatal y acuerdos bilaterales— choca frontalmente con la lógica de apropiación y administración externa que Trump propone para Venezuela.
En el tablero regional, las posiciones comenzaron a alinearse con rapidez. Del lado del rechazo a la intervención se ubicaron México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, que emitieron un comunicado conjunto subrayando que solo el pueblo venezolano puede definir su destino. A ese bloque se sumaron organismos académicos y sociales, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que denunció una regresión histórica hacia el intervencionismo clásico.
En la vereda opuesta quedaron los aliados regionales de Trump, presidentes que han construido su política exterior sobre el alineamiento personal con el mandatario estadounidense y que respaldaron —explícita o tácitamente— la incursión. Ese grupo, reducido pero ruidoso, privilegia la cercanía con Washington por encima de los consensos latinoamericanos y vuelve a instalar una fractura conocida: la de una región dividida entre la defensa de la soberanía y el seguidismo estratégico.
México, en ese contexto, reaparece como un actor de equilibrio. Sin defender al Gobierno de Nicolás Maduro ni minimizar la represión interna en Venezuela, su postura apunta a contener una escalada que podría desestabilizar a toda América Latina. En un escenario donde Trump reactiva la Doctrina Monroe y redefine enemigos y aliados con lógica de negocios, la posición mexicana funciona como recordatorio de que el petróleo —y la democracia— no pueden administrarse a punta de fusiles. E4
| País | Año(s) | Tipo de intervención | Gobierno/actor estadounidense | Consecuencias principales |
|---|---|---|---|---|
| México | 1846–1848 | Invasión militar | James K. Polk | Pérdida de más de la mitad del territorio mexicano |
| Cuba | 1898–1902 1906–1909 | Ocupación militar | William McKinley | Enmienda Platt, tutela política y militar |
| Nicaragua | 1912–1933 | Ocupación militar | Varios Gobiernos | Control político, origen de la dictadura somocista |
| Haití | 1915–1934 | Ocupación militar | Woodrow Wilson | Desmantelamiento institucional, dependencia estructural |
| Guatemala | 1954 | Golpe de Estado | CIA / Dwight D. Eisenhower | Inicio de décadas de dictaduras y genocidio indígena |
| República Dominicana | 1965 | Invasión militar | Lyndon B. Johnson | Imposición de Gobierno afín a Washington |
| Chile | 1970–1973 | Golpe de Estado | CIA / Richard Nixon | Dictadura de Pinochet, miles de muertos y desaparecidos |
| Uruguay | 1970s | Apoyo represivo | CIA | Tortura sistemática, persecución política |
| Argentina | 1976–1983 | Apoyo a dictadura | Gerald Ford / CIA | Terrorismo de Estado, 30 mil desaparecidos |
| Centroamérica (El Salvador, Honduras) | 1980s | Guerra indirecta | Ronald Reagan | Guerras civiles, masacres, Estados fallidos |
| Panamá | 1989 | Invasión militar | George H. W. Bush | Derrocamiento de Noriega, cientos de civiles muertos |
| Haití | 2004 | Intervención política | George W. Bush | Derrocamiento de Aristide, inestabilidad crónica |
| Honduras | 2009 | Golpe “blando” | Barack Obama | Ruptura democrática, violencia estructural |
| Venezuela | 2019–2026 | Sanciones, intentos de cambio de régimen e incursión militar | Donald Trump | Crisis humanitaria, escalada militar, captura de Maduro |
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.