La gestión inédita pretende compensar más de 2 mil millones de pesos por daños económicos y resalta la urgencia de una competencia justa en la salud pública. Los recursos recuperados se destinarán a fortalecer programas para los sectores más vulnerables
Transparencia, cero corrupción e inclusión de todas las instituciones
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha marcado un hito en su historia al interponer la primera acción colectiva en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana. Esta medida busca reparar el daño causado por prácticas anticompetitivas que, durante un periodo de 10 años, redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de los medicamentos en el país.
En esa década, estas empresas establecieron una serie de acuerdos que afectaron gravemente la competencia en el mercado de medicamentos. Dichas prácticas incluyeron la interrupción intencionada de la distribución de productos en días clave, con el fin de manipular la oferta y controlar los precios. También limitaron el surtido a farmacias, disminuyendo su capacidad para ofrecer ciertos medicamentos y así mantener los precios elevados. La Cofece estima que estas conductas anticompetitivas causaron un daño económico de más de 2 mil millones de pesos, afectando a millones de mexicanos al reducir su acceso a medicamentos esenciales.
«Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va hacer, de manera transparente invitando a que participe todo aquel que tiene que ver con la proveeduría de salud y estamos seguros de que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador».
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
En 2021, la Cofece ya había impuesto multas que superaban los 903 millones de pesos a las empresas y directivos involucrados, la sanción máxima permitida en ese momento por la ley. Además, 10 directivos fueron inhabilitados para ocupar posiciones ejecutivas en la industria farmacéutica, subrayando la gravedad de los acuerdos anticompetitivos. Sin embargo, la medida no fue suficiente para compensar el daño a la sociedad. Ahora, Cofece ha optado por una acción colectiva que busca una reparación más amplia y justa, solicitando un pago de 2 mil 316 millones de pesos. Esta cantidad está destinada a compensar los daños acumulados durante la década de prácticas ilegales, enviando un mensaje claro a las empresas sobre las consecuencias de la manipulación de precios en sectores críticos como la salud.
Impacto en la población
El alza en los precios de medicamentos debido a las prácticas anticompetitivas afectó especialmente a los hogares de menores ingresos, que gastan una proporción significativa de sus ingresos en salud. La manipulación de precios y la limitación de la disponibilidad significaron un aumento en el gasto para las familias de escasos recursos, comprometiendo su acceso a tratamientos necesarios. Cofece ha subrayado que los hogares pobres son los más vulnerables a estos sobreprecios, exacerbando las desigualdades en el acceso a la salud en México y agravando la situación de quienes ya enfrentan barreras financieras para obtener medicamentos básicos.
Por tal motivo, propuso que los recursos obtenidos por las sanciones se destinen al programa IMSS-Bienestar, que presta servicios médicos a una gran parte de la población mexicana, especialmente a aquellos con menores ingresos. Esta medida busca compensar de manera directa a los sectores más afectados por los sobreprecios en medicamentos, fortaleciendo el sistema de salud pública y ayudando a mejorar la disponibilidad de tratamientos para quienes no pueden costear alternativas privadas. De esta manera, Cofece pretende contribuir a mitigar el impacto negativo de las prácticas monopólicas en el acceso a la salud.
Sin embargo, más allá de la reparación económica, Cofece busca con esta acción colectiva sentar un precedente sobre la importancia de la responsabilidad social y la ética en el sector farmacéutico. Esta demanda es una señal de que las prácticas anticompetitivas serán castigadas con rigor, y que las empresas deben operar con transparencia y respeto hacia el consumidor. Con la acción colectiva, Cofece reafirma su compromiso de proteger la competencia justa y el bienestar del público, destacando que el propósito de las sanciones es tanto disuasorio como correctivo.
Cártel farmacéutico
El «cártel farmacéutico» —así lo nombró Raquel Buenrostro cuando aún se desempeñaba como secretaria de Economía en el Gobierno de López Obrador—, está compuesto por empresas que han utilizado su posición en el mercado para manipular el suministro de medicamentos críticos, afectando directamente a instituciones de salud como el IMSS e ISSSTE y agravando la crisis de abasto de medicamentos. Estas compañías no solo manejan el mercado de medicamentos, sino que también ejercen prácticas que inhiben la competencia y encarecen los precios. Buenrostro señaló que se adoptan tácticas como la obstrucción de compras consolidada, una estrategia que intenta concentrar las compras de medicamentos en un proceso único para garantizar precios competitivos y transparentes.
Según Buenrostro, el problema radica en que, pese a las intenciones de generar un mercado más abierto, estas empresas farmacéuticas han aprovechado los contratos de largo plazo para consolidar su dominio, excluyendo a otros proveedores y creando una dependencia institucional. Este modelo también ha permitido que las mismas empresas participen en prácticas anticompetitivas, controlando la distribución de medicamentos oncológicos y tratamientos esenciales, lo que provocó desabasto en hospitales públicos y afectó a pacientes de enfermedades graves, sobre todo el cáncer.
Otro aspecto alarmante es el papel de intermediarios o distribuidores que operan en alianza con estos grandes laboratorios, ejerciendo un poder casi monopólico en la distribución de medicamentos. Esto bloquea la entrada de nuevos competidores y reduce la variedad de proveedores disponibles, limitando la capacidad del Estado para negociar precios más bajos o buscar alternativas que beneficien al sistema de salud pública. El costo de estos abusos no solo se ve reflejado en la falta de acceso a medicamentos para los pacientes, sino también en la erosión de la capacidad del Gobierno para asegurar el abasto a través de mecanismos de compras públicas.
El caso del «cártel farmacéutico» pone en evidencia los desafíos de un sistema de salud que ha buscado incluso alianzas internacionales para optimizar la adquisición de medicamentos. Sin embargo, la influencia de los grandes laboratorios y distribuidores ha dificultado cualquier cambio sustancial, perpetuando una estructura que favorece a unos pocos y perjudica el acceso a la salud de millones de mexicanos. E4
Acciones colectivas: fuerza de los consumidores
Las acciones colectivas en materia de competencia son un mecanismo legal que permite a un grupo de personas afectadas por prácticas anticompetitivas exigir, de manera conjunta, una compensación por los daños sufridos. En este tipo de demandas, se busca que las empresas responsables de infringir la ley de competencia económica indemnicen a los perjudicados por sus prácticas irregulares, tales como la manipulación de precios, la limitación en el suministro de productos o la exclusión de competidores en el mercado.
A través de una acción colectiva, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puede representar a todos los afectados y llevar el caso ante el Poder Judicial sin que los ciudadanos tengan que asumir los costos asociados al proceso judicial. Esto facilita el acceso a la justicia y evita que los individuos, especialmente aquellos con menos recursos, se vean limitados por los altos costos de un litigio prolongado. En este contexto, la Cofece actúa como una defensora de los derechos de los consumidores, quienes normalmente carecen de los medios o conocimientos para enfrentar a grandes corporaciones en un juicio.
Las acciones colectivas también tienen un efecto preventivo y disuasorio: al establecer la posibilidad de demandas masivas y sanciones económicas, se busca que las empresas reconsideren cualquier práctica que pueda afectar la libre competencia. En el caso reciente que involucra a empresas farmacéuticas en México, la acción persigue no solo la reparación de daños para los consumidores, sino también el establecimiento de un precedente que promueva la ética y la responsabilidad dentro del sector farmacéutico.
Transparencia, cero corrupción e inclusión de todas las instituciones
La Secretaría de Salud será la piedra angular en la nueva estrategia de abasto de medicamentos. Liderará el proceso de compras para garantizar un manejo claro del sistema
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado un golpe frontal contra los problemas en el abasto de medicamentos heredados del sexenio anterior, donde cinco modelos de compra se estrellaron uno tras otro, dejando a millones de mexicanos en la incertidumbre. En un movimiento que promete romper con la opacidad y el fracaso, Sheinbaum ha anunciado una estrategia que coloca a la Secretaría de Salud (SSA) como la fuerza central, tomando las riendas del proceso con un modelo totalmente digital y transparente. A diferencia de los intentos fallidos bajo la tutela de Andrés Manuel López Obrador, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hacienda, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) intentaron sin éxito asegurar el abasto, esta nueva estrategia promete no solo ordenar el caos, sino ofrecer una respuesta definitiva a la crisis de medicamentos en México.
Bajo el modelo propuesto por la actual Administración, la SSA asumirá la responsabilidad de las tareas de diagnóstico, planificación, coordinación y supervisión en el proceso de compra, mientras que Birmex se encargará exclusivamente de la ejecución de las adquisiciones. A diferencia de los intentos previos, esta estrategia propone una transparencia total: tanto las empresas participantes como el público tendrán acceso a la información de todo el proceso, eliminando la opacidad que caracterizaba a las bases de licitación anteriores.
Según declaraciones del subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García, el sistema está diseñado para evitar las limitaciones impuestas por los esquemas anteriores y cuenta con un récord de 26 instituciones federales participantes, con mecanismos de monitoreo y penalizaciones estrictas para los proveedores que incumplan sus compromisos.
Aunque los tiempos son relativamente ajustados debido a la proximidad del 2025, se planea una compra bianual para insumos que se entregarán en aproximadamente cinco meses y para 2026. Esta planificación permitirá a los proveedores ofrecer mejores condiciones y tiempos de entrega. «En paralelo estamos en un proceso de una compra complementaria más pequeña para atender las necesidades urgentes de noviembre, enero, febrero y un poquito de marzo de tal manera que el proceso de largo plazo que es el más ambicioso no se contamine un poco por pedir a los proveedores cosas que tal vez vean complicadas», comentó Eduardo Clark.
Digitalización y megainversión
Uno de los pilares de esta nueva política es la digitalización de todo el proceso, lo cual permitirá, según el Gobierno, un mejor monitoreo y control de cada etapa de la compra y distribución de los medicamentos. Esta medida responde a las críticas de administraciones anteriores en cuanto a la falta de transparencia y eficiencia en las adquisiciones, que impactaron negativamente en la disponibilidad de insumos esenciales. Con la digitalización, la SSA facilitará el acceso a una plataforma pública donde se podrán consultar todas las etapas del proceso, incluyendo los contratos, los proveedores seleccionados y los montos asignados. Además, Sheinbaum ha prometido que no habrá empresas vetadas, permitiendo la participación tanto de compañías nacionales como internacionales, en un intento por diversificar y garantizar un suministro suficiente.
El nuevo modelo proyecta una inversión anual de 130 mil millones de pesos en medicamentos para los años 2025 y 2026. Se prevé la adquisición de cerca de 5 mil millones de productos y más de 4 mil 400 claves de medicamentos e insumos. Este presupuesto pretende cubrir las necesidades de 26 instituciones federales, las cuales participarán en la primera compra bienal bajo esta estrategia. Eduardo Clark detalló que el modelo contará con nuevas disposiciones para asegurar el cumplimiento de los contratos, incluyendo la implementación de penalizaciones más estrictas para proveedores que incumplan con los plazos o la calidad de los productos. Esta supervisión contará con el respaldo de la Secretaría de la Función Pública, que verificará la adherencia a las políticas de contratación y la adecuación a los anexos técnicos en los contratos, buscando así que las adquisiciones sean acordes con las «necesidades reales» del sistema de salud.
Lecciones del pasado
La administración de Andrés Manuel López Obrador implementó múltiples modelos para intentar resolver los persistentes problemas de abasto de medicamentos, uno de los puntos más críticos y cuestionados de su sexenio. Entre las estrategias, el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) fue uno de los más controvertidos y ambiciosos, al buscar una compra consolidada de medicamentos para erradicar prácticas monopólicas en la distribución en México. La contratación de UNOPS en 2020 involucró una inversión de más de 6 mil millones de dólares y pretendía revolucionar el sistema de adquisiciones de insumos médicos con un enfoque de transparencia y eficiencia.
Sin embargo, la estrategia con UNOPS rápidamente mostró sus limitaciones. A pesar de la promesa de acabar con el monopolio de distribuidores y dar prioridad al suministro de medicamentos, el proceso estuvo marcado por retrasos que afectaron gravemente a los hospitales y centros de salud públicos. La falta de experiencia de UNOPS en el contexto mexicano y la dificultad para adaptarse a las complejidades logísticas del país contribuyeron a que las expectativas puestas en este modelo no se cumplieran. Como resultado, la cobertura de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas y condiciones graves fue insuficiente, impactando especialmente a la población más vulnerable. Este contexto provocó un aumento en las quejas de pacientes, médicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes criticaron la falta de un suministro adecuado y oportuno.
El fracaso de la estrategia con UNOPS no fue un caso aislado en el sexenio pasado. Otras entidades gubernamentales, como el Insabi y Birmex, intentaron asumir la responsabilidad de las compras consolidadas, pero también enfrentaron dificultades significativas pues carecían de la estructura logística y administrativa necesaria para gestionar una cadena de suministro nacional. Los problemas iban desde la falta de capacidad de almacenamiento y distribución hasta los retrasos en la entrega, lo cual provocó un suministro irregular e insuficiente en varios periodos. Estos desafíos pusieron en evidencia la falta de una maniobra coordinada y centralizada que pudiera sostener el abasto de medicamentos en los niveles requeridos.
«Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va hacer, de manera transparente invitando a que participe todo aquel que tiene que ver con la proveeduría de salud y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habían disminuido de manera muy importante los precios en la compra de medicamentos. Entonces, transparencia, cero corrupción y un esquema en donde participan todas las instituciones», explicó la presidenta. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.