A todas luces, fue una decisión muy desafortunada iniciar una guerra en Chihuahua por un operativo exitoso en el que estuvieron presentes agentes de la CIA para destruir el laboratorio de fentanilo más grande del país. La presidenta Sheinbaum se envolvió en la bandera nacional y por la vía judicial y política la emprendió contra la gobernadora Maru Campos; ni por asomo contra el Gobierno norteamericano por violentar los acuerdos y el régimen de coordinación convenido.
Ariadna Montiel ha incurrido en un desgaste inmediato. Su ungimiento se dio en medio del caso Sinaloa, el mayor escándalo que ha habido en la política nacional. No guarda precedente y sus efectos son graves en extremo. De alguna manera plantea el fin dramático de una época y de un régimen político. Morena no solo enfrenta desafíos electorales mayores, sino que, por la vía judicial norteamericana, podría ser declarada organización terrorista extranjera. No hay manera de sobrevivir en tal circunstancia.
Aunque nada sucediera en el plano judicial, Morena enfrenta un desafío mayor porque es un partido que, como el PRI de antes, interpreta y asume un resultado adverso como el principio del fin. El tricolor no pudo transitar con facilidad por la competencia y la alternancia. Sus dirigencias colapsaron hacia el cierre del siglo porque cada resultado adverso se percibía como un ominoso fracaso. Así podría suceder con Ariadna Montiel.
Lo peor para enfrentar la competencia política es la soberbia. Ir a Chihuahua a declararle la guerra a la gobernadora mediante una movilización fue una torpeza mayúscula; no había margen de error porque era la primera operación política de la nueva dirigencia. Si el PAN tenía condiciones adversas para la próxima elección, Morena ha hecho todo para revertirlas; dejan testimonio de que el Gobierno panista actúa como ninguno para combatir a los criminales y de que Morena es el centralismo. Además, en el Gobierno y en Morena no dimensionan lo que significa el caso de Sinaloa. Por si fuera poco, no han pensado, fuera de la cúpula morenista, cómo es percibido el hijo del expresidente López Obrador. Una primera batalla fallida, desangelada y repudiada por lo que ahora representa la mayor debilidad del grupo gobernante: el desapego a la realidad.
Para desgracia de la dirigencia vienen las elecciones de Coahuila. Si tiene suerte, Morena ganaría uno o dos distritos; no se descarta que pierda todos. Seguramente el resultado atiende principalmente a la situación local, al bien hacer de los del PRI y al mal hacer de los opositores. Sin embargo, esto inevitablemente se verá como la primera prueba electoral de la nueva dirigencia y, desde ahora, está dibujada la derrota. De poco servirá decir que fueron Luisa María Alcalde y López Beltrán los responsables de la elección. La derrota se le escriturará a Ariadna Montiel, además, abocada a la muy complicada selección de candidatas y candidatos a gobernador con un año de anticipación a los comicios.
Se entiende que la presidenta Sheinbaum mantenga una postura firme y de defensa de su Gobierno y de los suyos. Así es porque bien sabe las amenazas que enfrenta. Se tenía que defender con todo a los diez de Sinaloa para que no se apanicaran los muchos con pecado en todo el país. Ya se sabe que no se requiere de extradición, ni siquiera de un proceso legal para ser privado de visa, tampoco para que el FinCEN, del Departamento del Tesoro, determine el congelamiento de cuentas que la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y las instituciones financieras deben acatar.
El problema no es qué se dice o hace desde el poder, sino la realidad y el estado de indefensión en el que se encuentra cualquier señalado o acusado por las autoridades norteamericanas. Morena seleccionará candidatas y candidatos a gobernador el próximo mes. ¿Qué sucedería si se hace público el retiro de visa de EE. UU. a uno de los ungidos?
Todavía peor, si aparece en las indagatorias derivadas del contrabando de combustible, del financiamiento de campañas con recursos del narco o del crimen, o de posibles vínculos delictivos.
El Gobierno norteamericano ha obtenido pruebas, testimonios e indicios derivados de acciones de inteligencia. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, es un profundo conocedor de México, embajador durante cuatro años. Igual puede decirse de Terry Cole, director de la DEA, y del embajador Ronald Douglas Johnson, pieza mayor en la lucha contra el terrorismo asociado al narcotráfico.
Ominoso horizonte para Morena y el régimen político.
Verdad oficial y verdad legal
Los desencuentros y las diferencias son parte de lo social. Toda nación vive con ellos; incluso la misma historia y sus prohombres forman parte de la polémica. Las verdades en una democracia son precarias; pueden ser mayoritarias, pero nunca finales ni excluyentes; importantes son las reglas y las instituciones que garantizan la coexistencia en la diversidad y diferencia. No es propio de un régimen democrático considerar traidores a la patria a quienes no comparten su visión. Es común en los regímenes totalitarios: verdad solo hay una y quien no la suscriba merece el rechazo y, a veces, el paredón.
Un problema de nuestros tiempos es el populismo, que tiene mucho de autoritario. Así es Trump y su movimiento MAGA, también el obradorismo. Su último intento de reforma política pretendía excluir de la representación política sustantiva a cualquier expresión de pluralidad, incluyendo a sus propios asociados. Un error propio de la mente totalitaria, que hace del proyecto político la única expresión legítima.
La debacle ética del morenismo, efecto necesario de la imputación legal sobre la asociación entre Gobiernos y cárteles de la droga, ha llevado al enfrentamiento entre la verdad oficial y la verdad legal. Para los voceros del régimen se trata de entender el contexto y, como tal, refieren que el interés de EE. UU. no es combatir las drogas, sino imponerse a los Gobiernos soberanos; una fórmula para envolverse en la bandera, a manera de acreditar que la verdad oficial es la defensa de la soberanía frente a la verdad legal que viene del exterior. Empero, no hay manera de rechazar una detención con efectos de extradición, menos cuando proviene de un país donde la demanda cuenta con el aval de un jurado que valoró argumentos y pruebas para dar inicio al proceso penal.
La verdad oficial es doble. Primero, se dice que los diez imputados son inocentes porque no hay pruebas. Efectivamente, son presuntamente inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria; pero el régimen legal penal establece que el proceso inicie con pruebas que demuestren que el delito se cometió y que existen elementos para imputar responsabilidad penal. Por lo pronto, el régimen financiero establece el congelamiento de cuentas como acción preventiva, medida que ya se materializó y respecto de la cual no hay poder legal para evitarla porque los sujetos obligados son las instituciones financieras y deben cumplir con un régimen de control global.
Segundo, señalan que el Gobierno actúa en función no de la defensa de personas, sino de la soberanía nacional. El interés del Gobierno norteamericano no sería la justicia, sino una política ilegítima de imposición para hacer valer un interés presuntamente económico.
El problema es que el argumento de las autoridades mexicanas es estrictamente político. No es consecuente con la legalidad que rige la extradición. Además, las pruebas que se invocan para proceder a la detención no están previstas para esa etapa; son pruebas de presunción de responsabilidad, que es lo que se requiere para iniciar el proceso penal. El argumento político puede servir para generar adhesiones o convencer al público, pero no tiene validez alguna en el proceso legal, ni en el de extradición y mucho menos en el penal.
La verdad legal se sobrepone a la verdad oficial, por popular que esta pudiera ser. Como suele suceder en el proceso judicial, la opinión pública poco importa. El fiscal o el juzgador no actúan en función de percepciones u opiniones; su referencia es la ley y, como tal, la postura del Gobierno de México carece de valor jurídico.
Vanessa Romero, en su intervención en El País, afirma que debe considerarse el contexto, sí, pero no el contexto político al que ella alude, sino el legal que elude. No deja de llamar la atención el desdén que ella muestra respecto a si Rocha Moya y otros imputados son culpables o inocentes; para ella, más relevante sería la verdadera intención del Gobierno norteamericano al solicitar la detención.
Su postura es la del Gobierno mexicano y, como tal, no solo está equivocada; insistir en ello implica trasladar al país al irresponsable enfrentamiento, porque el cargo subyacente no es únicamente la presunta responsabilidad de Rocha Moya, sino la impunidad existente por la connivencia de las autoridades con el narco denunciada de hace tiempo, cuyas organizaciones han sido declaradas terroristas extranjeras por el poderoso vecino. Absurdo invocar verdad política sobre verdad legal.
