Los operativos ordenados por la Casa Blanca en el Caribe provocan conflictos y repulsa internacional. Mandos del Pentágono renuncian y la tensión con Venezuela aumenta. Organizaciones civiles ponen en tela de juicio la legalidad de la campaña
Militarización causa incertidumbre en AL
El Mar Caribe y el Pacífico oriental se han convertido en escenarios de una nueva escalada militar, donde las fuerzas de Estados Unidos han ejecutado una campaña letal contra presuntas embarcaciones de narcotráfico. Detrás del declarado objetivo de combatir el crimen organizado, se esconde una decisión de la Administración de Donald Trump que ha sembrado una profunda crisis de legalidad, ética y geopolítica, transformando las aguas internacionales en una zona de conflicto armado unilateral.
«Venezuela es un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbolá, Irán y otros, y obviamente estos grupos narcos».
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Las acciones, que incluyen 28 ataques que han dejado, al menos, 104 muertos, la incautación de activos soberanos venezolanos y la renuncia de altos mandos militares en Washington, pintan un panorama de arbitrariedad y uso desproporcionado de la fuerza, despertando el temor de que la «guerra contra el narcotráfico» sea el pretexto para una presión militar más amplia contra Venezuela, tal como lo han advertido organizaciones de derechos humanos y varios líderes latinoamericanos.
«Esos operativos, de otro modo, serían simplemente homicidios… el Gobierno está usando una opinión jurídica secreta para blindar a quienes autorizaron los ataques».
Organizaciones civiles (ACLU y CCR)
Asedio marítimo
Desde septiembre de 2025, el Pentágono ha ejecutado una poderosa ofensiva militar en aguas internacionales, obteniendo como resultado el hundimiento de una treintena de supuestas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. Los operativos, llevados a cabo tras el despliegue de unos 15 mil efectivos y capacidades militares navales y aéreas —incluido el portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo y el más moderno de la flota estadounidense— han desatado una ola de críticas por el uso aparentemente indiscriminado de la fuerza letal.
El episodio más reciente ocurrió el 18 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon dos presuntas narcolanchas en el Pacífico oriental, matando a cinco individuos. Según un comunicado del Comando Sur difundido en la red social X, los fallecidos eran «narcoterroristas» que operaban en rutas marítimas vinculadas al tráfico de drogas. El ataque forma parte de la Operación Lanza del Sur, una campaña militar de largo alcance destinada a «expulsar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental.
El ataque del día 18 fue el segundo bombardeo de esa semana. El 15 de diciembre, otras ocho personas fallecieron tras una ofensiva similar en el Pacífico oriental.
El epicentro de la controversia no es la interdicción de drogas en sí, sino la naturaleza de los ataques, que son auténticos bombardeos con misiles. Testigos del primero de los ataques, el 15 de septiembre —y uno de los más brutales, en el que murieron 11 tripulantes— aseguran que un video en posesión del Gobierno muestra a sobrevivientes aferrados a un bote volcado, agitando los brazos en una aparente señal de rendición o de petición de ayuda antes de ser impactados.
El suceso fue condenado sin reservas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó los incidentes como «asesinatos» y cuestionó el uso desproporcionado del poder militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó su profunda preocupación e instó a Estados Unidos a garantizar el respeto a los derechos humanos de los tripulantes, recordándole a Washington sus obligaciones internacionales.
En un gesto de búsqueda de justicia, la familia del colombiano Alejandro Carranza Medina, un supuesto pescador de Santa Marta desaparecido tras el bombardeo de su embarcación frente a la costa colombiana, presentó la primera denuncia formal contra Estados Unidos ante la CIDH por presunta ejecución extrajudicial.
¿Narcoterrorismo?
La justificación para estos bombardeos se encuentra en una maniobra legal sin precedentes de la Administración Trump: la designación de los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Designadas (OTD) o el uso de la etiqueta de «narcoterrorismo».
Esta designación no es meramente retórica; representa la piedra angular para militarizar la política antidrogas. Al clasificar a los cárteles como terroristas, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una opinión jurídica de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) que, según expertos, habría avalado los ataques como actos de un «conflicto armado».
El dictamen, que el Gobierno se ha negado a hacer público, permite a los militares operar bajo reglas de enfrentamiento que se aplican en zonas de guerra activa, blindando legalmente a los autores de los bombardeos. Las organizaciones civiles y expertos legales han advertido que, sin esta artimaña legal, dichos operativos «serían simplemente homicidios», al convertir a civiles sospechosos de narcotráfico en objetivos militares legítimos. El peligro reside en que este marco legal permite saltarse los estándares de debido proceso que rigen la ley civil.
La ofensiva no se ha limitado a las embarcaciones de bajo perfil. En un movimiento que elevó drásticamente las apuestas geopolíticas, Trump anunció el 11 de diciembre la incautación, un día antes, de un «petrolero grande, muy grande» frente a las costas de Venezuela. El mandatario no solo celebró el hecho, sino que lo calificó como el más grande jamás incautado, en lo que supuso una nueva y grave escalada en la campaña de presión económica y militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La respuesta de Caracas fue inmediata. Calificó la acción de «un robo descarado y un acto de piratería internacional». El Gobierno venezolano aseguró que la incautación forma parte de «un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas» y reafirmó que denunciará este «grave crimen internacional» ante todas las instancias mundiales. Este tipo de acción, al apuntar directamente a un activo soberano y vital para la economía de Venezuela, cruza una línea roja y evidencia que el objetivo de la operación en el Caribe excede la mera lucha contra el narcotráfico y busca la asfixia económica de la nación sudamericana.
Presentan demandas
La opacidad con la que opera la administración Trump ha provocado una respuesta legal desde el seno de Estados Unidos. Un grupo de organizaciones civiles, liderado por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y su filial en Nueva York, demandó al Gobierno federal para forzar la divulgación de la opinión jurídica secreta de la OLC.
Los demandantes buscan que el Ejecutivo revele la justificación legal detrás de los ataques. Los grupos cívicos alegan que la negativa a publicar el dictamen de la OLC tiene como único propósito «blindar a quienes autorizaron o ejecutaron los operativos». El objetivo de la demanda es fundamental: exponer si Washington utiliza ilegalmente la etiqueta de «conflicto armado» para eludir el derecho internacional y las leyes estadounidenses que protegen contra ejecuciones extrajudiciales.
Esta batalla legal interna subraya que la crítica a la agresividad de Trump no solo proviene de adversarios externos, sino de los propios guardianes de las libertades civiles en EE. UU., quienes ven en esta doctrina un precedente peligroso para el uso unilateral de la fuerza letal en cualquier región del mundo.
Renuncia almirante
Las dudas sobre la legalidad y la ética de los ataques se extendieron hasta la cúpula militar de EE. UU. El almirante Alvin Holsey, comandante que inicialmente supervisó la ofensiva como jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), anunció abruptamente su renuncia en octubre, dejando tras de sí un vacío de explicaciones sobre su salida que terminó por concretarse el 12 de diciembre.
Aunque Holsey no ofreció motivos durante su ceremonia de despedida, al menos tres fuentes anónimas indicaron que el almirante había expresado su profunda preocupación al inicio de la misión por las «embestidas» a las presuntas narcolanchas. La velocidad y la agresividad con la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el Pentágono presionaban para perseguir a los supuestos narcotraficantes habrían encontrado resistencia en Holsey, llevándolo a perder el respaldo de sus superiores.
La renuncia de un jefe de un comando regional en medio de una operación activa es altamente inusual y sugiere una fractura ética o legal dentro del liderazgo militar. El adiós de Holsey se interpreta como una señal de que el uso desproporcionado de la fuerza y la doctrina del «conflicto armado» pudieron haber generado objeciones internas significativas.
Tensión en Venezuela
Todos estos incidentes se enmarcan en una campaña de presión que ha militarizado la región del Caribe. El envío de tropas, el despliegue naval y las sanciones contra compañías y buques que ayudan a transportar petróleo venezolano —algunos con vínculos con Irán o Rusia— han creado un ambiente de máxima tensión y hostilidad.
La estrategia del Pentágono parece ser la de asfixia progresiva, combinando presión económica, sanciones contra el círculo íntimo de Nicolás Maduro —incluyendo a familiares de la primera dama, Cilia Flores, algunos de los cuales ya han sido condenados por narcotráfico— y demostraciones de fuerza militar cerca de las fronteras de Venezuela. La administración de Trump ha dejado claro que la campaña abarca mucho más que el narcotráfico, incluyendo la migración y, por extensión, la estabilidad del régimen.
La escalada alcanzó su punto más alarmante con la retórica explícita del presidente Donald Trump. El 12 de diciembre, el mandatario afirmó que «los ataques por tierra van a empezar a suceder» en Venezuela, añadiendo que así «es mucho más fácil». Aunque Trump trató de desviar la atención alegando que se trataba de «ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas», sus palabras, en un contexto de alta tensión militar, no han hecho más que solidificar los temores de que la lucha antidrogas podría emplearse como una cortina de humo para una intervención mayor.
Las incursiones terrestres, incluso si son limitadas y selectivas, representarían una violación flagrante de la soberanía de Venezuela y podrían desencadenar una crisis regional incontrolable. La afirmación de Trump de que no quiere «decir eso», pero que sucederá, refleja la naturaleza ambigua y amenazante de su política exterior, que utiliza el miedo a la invasión como la máxima herramienta de presión para lograr un cambio de régimen.
La ofensiva en el Caribe, con su coste humano y su dudosa legalidad, expone la voluntad de la administración Trump de operar fuera de los marcos legales convencionales, utilizando la guerra contra el narcoterrorismo como un cheque en blanco para el uso de la fuerza. El resultado es un aumento dramático de la inestabilidad de la región y una advertencia sombría para todos los países que la integran. E4
Momentos clave de la escalada militar en el Caribe y el Pacífico
| Fecha | Acontecimiento | Descripción del suceso y significado |
|---|---|---|
| 15 de septiembre | Primer ataque a gran escala con misiles | Las fuerzas de EE. UU. inician la ofensiva con un bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe. Se reportan 11 muertos. |
| Septiembre – noviembre | Serie de 22 bombardeos | EE. UU. lleva a cabo ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, causando más de 80 muertos. |
| Octubre | Renuncia del Almirante Alvin Holsey | El Almirante Holsey, jefe del Comando Sur, renuncia a su cargo. Fuentes anónimas sugieren que su salida fue forzada por expresar preocupación sobre la legalidad y la agresividad de los ataques contra las narcolanchas, perdiendo el respaldo del Pentágono. |
| 10 de diciembre | Incautación del petrolero The Skipper | EE. UU. incauta un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El presidente Trump lo califica como «el más grande jamás incautado». Caracas denuncia un «robo descarado y un acto de piratería internacional». |
| 11 de diciembre | Demanda de Organizaciones Civiles | El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) y la ACLU demandan al Gobierno de EE. UU. para forzar la divulgación de la opinión legal (OLC) que avala los bombardeos. |
| 15 de diciembre | Ataques recientes en el Pacífico | El Comando Sur confirma nuevos ataques, esta vez cerca de Buenaventura, Colombia. Se reportan ocho bajas. El presidente Petro denuncia que las víctimas podrían ser pescadores colombianos o dominicanos. |
| 18 de diciembre | Nuevo ataque aéreo contra narcolanchas | EE. UU. bombardea dos embarcaciones en el Pacífico oriental, matando a cinco personas. La cifra total de muertos asciende a 104 en, al menos, 28 ataques |
Fuentes: Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), El País, BBC News Mundo
Militarización causa incertidumbre en AL
La agresividad inducida desde la Oficina Oval aumenta los desafíos comerciales en la región, altera las relaciones internacionales y obliga a los países a reforzar su seguridad
La escalada militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental, presentada como parte de la lucha contra el narcotráfico, genera consecuencias más allá del terreno operativo. La estrategia no solo provoca tensiones directas con Gobiernos como los de Venezuela y Colombia, sino que redefine dinámicas diplomáticas y económicas en América Latina. La militarización de aguas internacionales puede alterar el comercio regional, afectar inversiones extranjeras y generar incertidumbre en sectores estratégicos, como la industria energética y marítima.
Los Estados vecinos observan con preocupación la aplicación de medidas militares extraterritoriales, amparadas por dictámenes legales internos de Washington. La etiqueta de «conflicto armado» aplicada a presuntos narcotraficantes legitima el uso de fuerza letal y crea un precedente que podría ser replicado en otras regiones, aumentando el riesgo de escaladas imprevistas.
Organismos internacionales y Gobiernos regionales han comenzado a ajustar sus posturas diplomáticas y estratégicas. La intervención militar de este tipo desencadena una percepción de vulnerabilidad entre los países latinoamericanos, que podrían verse obligados a fortalecer sus propias capacidades defensivas y revisar acuerdos comerciales o de seguridad. Paralelamente, bancos, compañías de seguros y operadores logísticos observan la situación con cautela, anticipando riesgos de interrupciones en rutas marítimas clave o sanciones secundarias derivadas de la confrontación estadounidense.
Asimismo, la retórica empleada por la administración estadounidense ha alimentado debates sobre soberanía y respeto al derecho internacional. La mezcla de estrategia militar, presión económica y legalización de operativos extraterritoriales crea un clima de incertidumbre que podría afectar no solo a los Gobiernos, sino también a los ciudadanos y empresas de la región, especialmente en el Caribe y la zona norte de Sudamérica. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.