El moreirato, el caso de nepotismo que trastornó las reglas del sistema

El clan que gobernó Coahuila durante tres sexenios consecutivos pierde influencia y sus rescoldos no tardarán en apagarse. Sin embargo, el daño causado, sobre todo entre los sectores más pobres, es tremendo. La reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum acabará con esa práctica

Moreno Valle-Alonso, la sucesión que acabó en tragedia

Monreal, Figueroa y Villarreal, familias del poder

La abyección política, la indiferencia social, la complicidad de las élites y la debilidad de las instituciones, en primer término la presidencial, hicieron posible el caso de nepotismo más obsceno visto por el país en la era del PRI. La sucesión entre Humberto y Rubén Moreira Valdés no fue por consenso o para continuar un proyecto de gran calado, sino para mantener impune una deuda por 40 mil millones de pesos.

El déficit conserva casi el mismo nivel de hace 14 años, cuando se descubrió el «moreirazo». La LVIII legislatura «legalizó» el atraco después haber sido ninguneada a la hora de contratar de los créditos. El Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía respectiva han cumplido la función de tapadera.

Rubén Moreira actuó como vicegobernador en el sexenio de su hermano Humberto, y cuando este ascendió a la presidencia del PRI, lo impuso como candidato. El presidente Felipe Calderón no pudo evitar el golpe autoritario —apoyado por Enrique Peña Nieto desde el Estado de México—, pues dependía del PRI, que entonces controlaba el Congreso y la mayoría de los estados. Con el Gobierno y el narcotráfico en «guerra», y la violencia fuera de control, el nepotismo en Coahuila «bien valía una misa». Esa fue la causa por la cual la Procuraduría General de la República (PGR) siguió el caso a paso de tortuga, cuando el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, destapó el escándalo de la deuda semanas antes de las elecciones para gobernador de 2011.

El «moreirazo» representaba una amenaza para la campaña presidencial de Peña Nieto, quien cortó por lo sano y defenestró a Moreira de la jefatura del PRI, mas no lo desprotegió. Como parte de los acuerdos poselectorales con Felipe Calderón, Peña logró exonerar al exgobernador de Coahuila por los supuestos delitos de «enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita».

La denuncia de los senadores del PAN, presentada en 2011, señala como probable responsable a Humberto Moreira y a dos personas más. El 23 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó una casa en San Antonio, en 515 mil dólares (10.3 millones de pesos), que Herminia Martínez, suegra de Moreira, entregó al Gobierno como parte de un acuerdo. Supuestamente, la propiedad se adquirió con recursos del erario de Coahuila (Animal Político, con información de My San Antonio y Reforma, 23.02.17).

El oficio de la PGR donde se «autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal» contra el exgobernador y exlíder del PRI tiene fecha de 22 de octubre de 2012. Andrés Manuel López Obrador, entonces líder Morena, presentó una copia certificada del documento el 22 de abril de 2017 en el marco de una gira por Coahuila. «En 2012 —declaró— imponen a Peña Nieto (como candidato). Siendo ya presidente, Moreira habla con Peña —no hay que olvidar que Moreira fue presidente del PRI y le ayudó a Peña; es decir, mucho dinero de la campaña de Peña salió del erario de Coahuila— y le pide que hable con Calderón para que antes de que termina su gestión sea exonerado».

El «documento de la exoneración de Moreira, deja de manifiesto una vez más que son lo mismo los del PRI y del PAN; no se dejen engañar: es el mismo PRIAN, es la misma mafia», acusó AMLO. No sería el último favor de Peña Nieto.

En 2016, la embajada de México en España movió cielo y tierra para liberar al exgobernador coahuilense de la prisión de Soto del Real, donde fue internado el 15 de enero de ese año como parte de una operación de la Audiencia Nacional contra el blanqueo de dinero y otros delitos.

«O césar, o nada»

El moreirato lleva más de 18 años, comprendidos entre los Gobiernos de Humberto y Rubén Moreira y Miguel Riquelme. El cacicazgo, en extinción, no tiene la misma influencia, pero aún conserva cotos de poder en el Tribunal de Justicia y en la sección V del SNTE, donde Carlos Moreira mueve los hilos. Álvaro, el menor de los hermanos, ocupa un asiento en el Congreso por segunda vez consecutiva. Bendita reelección. Humberto regresó a Saltillo después de pasar una larga temporada a salto de mata. Rubén vive fuera desde que terminó su Gobierno. El clan arrasó, cual plaga de langostas, con las finanzas del estado y dejó en ruinas el sistema de pensiones. El abandono de los hospitales y la carencia de medicamentos y servicios básicos afectan a miles de maestros y sus familias.

El nepotismo es fuente de corrupción e injusticia. El moreirato representó para Coahuila una de sus peores épocas. El envilecimiento de las instituciones políticas favoreció la operación de carteles y una espiral de violencia sin precedente.

Las masacres en Allende y Piedras Negras —denunciadas ante la Corte Penal Internacional—, las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas en La Laguna dejaron una estela de rabia, dolor e impotencia que el tiempo no borra. La indignación de las familias ha sido ignorada por las autoridades, más preocupadas en cubrirse las espaldas que en procurar justicia. Por absurdo que parezca, no hay detenidos. Netflix documenta parte del horror en la serie «Somos».

Los excesos en la primera etapa del moreirato obligaban a un mínimo de recato en la segunda. Sin embargo, al populismo demagógico de Humberto Moreira siguió la soberbia del hermano cuya idea de «o césar, o nada» le ocasionó al estado nuevos y mayores males. Rubén le jugó el dedo en la boca al Congreso cuantas veces quiso. Frente a la demanda del diputado del PAN, Fernando Gutiérrez, en un informe de Gobierno, para investigar la «megadeuda», el gobernador propuso una comisión especial. Nunca se integró. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la contratación ilegal de créditos duermen aún el sueño de los justos. Pura simulación, silencio y complicidad.

El 7 de julio de 2020 —tercer año de la administración de Miguel Riquelme, quien había pedido a los medios de comunicación pasar página al «moreirazo» como si fueran cacahuates— el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte publicó el reportaje «Frontera de papel: desvíos de empresas fantasma en el norte de México». Entre 2014 y 2019 los estados y municipios de la región (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur) «facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma», revela la pesquisa de Miriam Ramírez.

Coahuila malversó alrededor del 28% de los recursos: 680 millones en la administración de Rubén Moreira; y 43 millones, en la de Riquelme. En junio de 2022, un juez federal vinculó a proceso al exsecretario de Finanzas, Ismael Ramos, por distraer 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), como si decisiones de esa magnitud las tomara un subalterno y no la cabeza. En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se desviaron 650 millones de pesos para financiar campañas políticas del PRI mediante un esquema similar denominado Operación Safiro. Tres figuras clave de la trama fueron: el exgobernador de Chihuahua, César Duarte (encarcelado después por otros delitos); el ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y Antonio Tarín García, exoperador de Duarte, quien se suicidó el 7 de abril de 2023 al arrojarse desde de un puente.

Transición forzosa

El cacicazgo de los Moreira, basado en el nepotismo, se disuelve conforme pasa el tiempo, como sucede con todos. Los rescoldos terminarán de apagarse a medida que nuevos cuadros ocupen su lugar.

En los Gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme, los cargos relevantes tuvieron la misma matriz. Manolo Jiménez tomó otro derrotero, pues la legitimidad de su elección y su independencia (económica y política) con respecto de sus predecesores se lo permite. El moreirato fue relegado a posiciones de segundo y tercer grado. Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, ostentó el mismo cargo al principio de la gestión de Humberto Moreira, pero renunció por no tener margen de maniobra. Los hilos los manejaba Rubén Moreira desde la subsecretaría de Asuntos Políticos.

Pimentel posee carrera propia (presidente del PRI, alcalde de Saltillo y diputado federal dos veces), y junto con el diputado Carlos Robles Lostanau es el perfil más experimentado en el Gobierno. Ambos equilibran un gabinete dominado por jóvenes, en cuyo vértice no hay laguneros. Los únicos supervivientes de esa zona, que en el sexenio de Riquelme controlaron la administración, aun sin ser titulares, son Miguel Algara Acosta (secretario de Infraestructura) y Eduardo Olmos (secretario de Desarrollo Regional de La Laguna).

Jiménez dirige la transición entre el moreirato y una nueva generación política, lo cual supone ventajas y desafíos enormes. Sacudirse la sombra del clan y de Riquelme le permite ejercer el poder sin interferencias, y marcar la agenda sin influencias ajenas. Jiménez es uno de los pocos activos de un PRI venido a menos.

Coahuila es la única entidad del país donde no ha habido alternancia. Conservar la gubernatura en 2029, objetivo improbable por la fuerza avasalladora de Morena y el declive del PRI, exige planificación, estrategia, disciplina y resultados. Pero, sobre todo, una figura que por ahora no se tiene; ni en el gabinete ni en las presidencias municipales. La baraja de Morena y sus aliados, en cambio, es amplia.

El favorito en las tres últimas sucesiones se proyectó desde un principio y se alineó a todas las fuerzas. El de Humberto Moreira fue su hermano; el de Rubén, Riquelme; y el de Riquelme, Jiménez. La elección intermedia estuvo a punto de perderse, no tanto por el candidato, sino por el repudio ciudadano al moreirato. El panista Guillermo Anaya estuvo a tres puntos porcentuales de ser gobernador. Riquelme asumió deslegitimado el cargo, pero hizo resurgir al PRI de sus cenizas y a Jiménez le facilitó el camino hacia el Palacio Rosa.

Sin embargo, el método parece ya agotado. Quienquiera que sea el preferido de Jiménez para sucederle tendrá que prepararse no solo para enfrentar a la aplanadora de Morena, sino también para detener la expansión de la 4T en el estado. El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus planes para el Coahuila, aunados a los programas sociales, le darán a su candidato (hombre o mujer) el impulso que Armando Guadiana no tuvo; entre otras razones, por la escisión del PT de la alianza encabezada por Morena.

El gobernador deberá cuidar su relación con la presidenta y no cometer errores, ni en el ejercicio de su mandato ni en la elección de su delfín. Por de pronto ha redirigido el presupuesto hacia los sectores más pobres, donde la 4T tiene adeptos, votos y una base en constante crecimiento. El reloj sucesorio ya está en marcha y nadie podrá detenerlo. También avanza la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para que casos como el moreirato no se repitan en México. E4

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Moreno Valle-Alonso, la sucesión que acabó en tragedia

En Puebla el morenovallismo acabó cuando la gobernadora y su predecesor y esposo murieron al desplomarse su helicóptero. La gestión de ella duró apenas 10 días

Lo más parecido al caso de nepotismo en Coahuila ocurrió en Puebla siete años después, cuando Martha Érika Alonso sucedió a su esposo Rafael Moreno Valle Rosas en la gubernatura. El morenovallismo resultó efímero; y su final, trágico. El 24 de diciembre de 2018, la pareja abordó una aeronave en el céntrico helipuerto Triángulo de las Ánimas para trasladarse a Ciudad de México. Pocos minutos después, el helicóptero se desplomó a causa una falla. El matrimonio murió junto con Marco Antonio Tavera, Roberto Coppel (pilotos) y Héctor Baltazar (asistente de Moreno en el Senado).

Alonso, de 45 años, duró en el cargo apenas 10 días. Las elecciones, celebradas el 1 de julio de 2018, fueron impugnadas por Morena, cuyo candidato, Miguel Barbosa, quedó cuatro puntos por debajo de Alonso, de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Rafael Moreno, de 50 años, fue el primer gobernador de Puebla ajeno al PRI, donde empezó su carrera; y su esposa, la primera gobernadora. El abuelo de Moreno, de quien tomó nombre y apellidos, también desempeñó la gubernatura de Puebla (1969-1972). Antes había sido secretario de Salud en la administración de Gustavo Díaz Ordaz.

En Coahuila Humberto Moreira dejó de interino a Jorge Torres López para ocupar la presidencia del PRI y preparar el camino a su hermano Rubén. Moreno se apartó del cargo para ser candidato a senador. José María Gali, exalcalde de Puebla, lo sustituyó para entregarle a Alonso la gubernatura. La Auditoría Superior del Estado acusó a Moreno y a Gali de desviar 1 mil 600 millones de pesos del Comité Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) a través de una red de empresas fantasma (Periódico Central).

Las elecciones extraordinarias de 2019, convocadas para terminar el periodo de Alonso, las ganó Miguel Barbosa (Morena). Enrique Cárdenas Sánchez, del frente que antes apoyó a la exgobernadora, obtuvo el segundo lugar. La participación ciudadana se desplomó en más de la mitad respecto al proceso previo, y el abstencionismo se disparó casi al 70%. El analista Mario Patrón atribuye el desaire ciudadano a la polarización política, a la guerra sucia y a la violencia en los comicios del año previo, marcados por la violencia. En ese proceso murieron cinco personas y se registró el robo de más de 70 paquetes electorales (La Jornada, 07.06.19).

Barbosa falleció el 13 de diciembre de 2022, dos años antes de terminar su gestión, debido a un infarto. En 2024, su viuda, María del Rosario Orozco, aspiró a la gubernatura. «Es el tiempo de las mujeres», proclamó. Sin embargo, Morena se decantó por el senador Alejandro Armenta, acaso influido por Claudia Sheinbaum, contraria al nepotismo y a la reelección inmediata. Armenta superó por 26.7 puntos a Eduardo Rivera, de la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD). Esta vez, la participación ciudadana volvió a la normalidad: votó del 64.4% de la lista nominal.

El último gobernador priista de Puebla fue Mario Marín. Su involucramiento con una red de pedofilia, regentada por empresarios y políticos, a la que habría brindado protección, y la captura y tortura a la periodista Lidia Cacho tuvieron consecuencias. Miles de poblanos se concentraron en la capital para exigir su renuncia y, al no obtenerla, en 2010 votaron por Moreno Valle. En Coahuila estuvo a punto de ocurrir lo mismo un año después, cuando la ciudadanía dijo no al moreirato y se volcó con Guillermo Anaya (PAN), pero el sistema frenó la alternancia. E4

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Monreal, Figueroa y Villarreal, familias del poder

Las dinastías políticas forman parte de la historia del país. Padres, hijos y hermanos han sido gobernadores, pero la mayoría de las veces después de varios periodos

El primer estado conquistado por el PRD, bajo la presidencia de Andrés Manuel López, fue Zacatecas. Ricardo Monreal renunció al PRI en protesta por el dedazo favorable a Marco Antonio Olvera, a quien venció por una nariz en 1998. Veintitrés años después, David se convirtió en el segundo gobernador de la dinastía, esta vez bajo las banderas de Morena y la 4T. Saúl Monreal, exalcalde de Fresnillo, igual que David, es actualmente senador. La mitad de los Monreal, que en total son 14, se dedica a la política y ha ocupado puestos en los tres niveles de Gobierno.

Félix Salgado Macedonio, exmilitante del PRI, intentó dos veces ser gobernador de Guerrero por el PRD, después de haber sido alcalde de Acapulco. En la tercera tentativa pudo serlo, por Morena, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su candidatura por no presentar el informe de ingresos y gastos de su precampaña al INE. Morena lo reemplazó con su hija Evelyn, de 43 años, quien derrotó a Mario Morena Arcos, de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Entre los Gobiernos de Rubén Figueroa —padre e hijo— mediaron casi dos décadas. Al primero lo secuestró el Partido de los Pobres en 1974, antes de ser candidato. Cabañas fue asesinado por un teniente. El segundo Figueroa renunció en 1996 tras la masacre ocurrida el año previo en el vado de Aguas Blancas, donde murieron 13 personas a manos de la Policía del Estado y 27 sufrieron heridas graves.

Américo Villarreal Guerra ocupó la gubernatura en el periodo 1987-1993 por el PRI. Su hijo, del mismo nombre, gobierna desde 2022; no por el partido de su padre, sino por Morena, al cual se afilió en 2017. Cuna del cartel del Golfo, primero en operar en el país a partir del contrabando de licores a Estados Unidos, Tamaulipas ha estado siempre en el ojo del huracán. El 25 de marzo de 2021 el exgobernador Tomás Yarrington se declaró culpable de lavado de dinero (hasta por 9.5 millones de dólares de acuerdo con autoridades de Estados Unidos) en una corte de Texas, después de haber sido extraditado de Florencia, Italia. Se le condenó a nueve años, pero sus abogados lograron reducir la pena y en noviembre de 2024 volvió a ser libre. Manuel Cavazos y Eugenio Hernández, predecesores de Yarrington, también fueron señalados por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2010 el panorama estaba despejado para que Rodolfo Torre Cantú, candidato el PRI al Gobierno Tamaulipas, arrasará en las urnas. El 28 de junio, mientras se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a Matamoros, donde tendría un acto de cierre de campaña, un comando bloqueó y acribilló a su comitiva. El candidato y cuatro miembros de su equipo fallecieron. Yarrington fue acusado por su presunta complicidad en el ataque. El PRI sustituyó a Rodolfo Torre con su hermano Egidio, exalcalde de la capital, quien obtuvo el triunfo desahogado, pero con un alto abstencionismo; apenas votó el 44%.

Estos son algunos casos de familias políticas. La lucha por el poder, y para conservarlo, es feroz. La rodean intereses, traiciones y secretos. Pero donde el nepotismo ha sido más nefasto es en Coahuila, por su cauda de escándalos financieros (la megadeuda empobreció aún a los más pobres) y de muerte (las masacres en Allende y Piedras Negras). El final de los Moreno-Alonso, en Puebla, es la cara trágica de la misma moneda. El favoritismo, presente en todos los niveles del Gobierno, es una práctica arbitraria que debe acabar, ya. E4