El negocio del agua en Saltillo: privatización, lucro y sequía…

En plena crisis hídrica, la ciudadanía exige frenar el saqueo y recuperar el control público del agua. La concesión a Agsal y la expansión de Coca-Cola agravan la desigualdad en el suministro y amenazan los acuíferos, acusan colectivos

Modelos globales ofrecen alternativas para gestionar el recurso

Se ha dicho hasta el cansancio que las guerras del futuro ya no serán por ningún tipo de supremacía, sino por el agua, pero no entendemos que el mañana es ahora. Así, mientras en la capital de Coahuila miles de familias reciben agua apenas una vez por semana, el Congreso autorizó un crédito por 150 millones de pesos a Aguas de Saltillo (Agsal), la paramunicipal operada por la transnacional francesa Suez que controla el sistema. La empresa recibió un beneficio extra: terminar de pagar el préstamo en los próximos nueve años. Es decir, en 2034, cuando venza el contrato de asociación si es que, como ya pasó, no se vuelve a renovar.

El endeudamiento generó una oleada de inconformidad social. Colectivos ambientalistas y usuarios protestan por el financiamiento a una concesionaria extranjera en medio de una crisis hídrica que afecta a miles de hogares y barrios periféricos. El anuncio de una nueva planta de la CocaCola, operada por Arca Continental, en una zona ya sobreexplotada, aumenta la indignación. El hartazgo ante los abusos del modelo privatizador es evidente: la ciudadanía reclama transparencia, control público del agua y priorizar, de verdad, el consumo doméstico sobre el industrial.

«El Congreso del Estado, sin consulta popular, acaba de autorizar 150 millones a una empresa privada (Agsal), para administrar el agua. Es el dinero de los saltillenses, es el agua de los saltillenses».

Emma Palacios, doctora en Derecho

Ciudadanos y colectivos realizaron dos manifestaciones para expresar su rechazo a la instalación de la industria refresquera. La principal preocupación es por el uso intensivo del agua en una ciudad que enfrenta escasez recurrente del recurso. La primera protesta se realizó el 9 de junio frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila; y la segunda, cinco días después en la Plaza Nueva Tlaxcala, en el centro de la ciudad.

«Aguas de Saltillo, al priorizar la distribución para el uso industrial y manufacturero, está dejando a miles de familias sin acceso al recurso que es vital».

Freddy Fernández, activista

Desde la perspectiva de los manifestantes, el agua se ha convertido en un negocio, y la sierra de Zapalinamé —considerada como el pulmón verde de Saltillo— se ha entregado a intereses privados. Agsal administra el servicio desde hace 25 años. En ese cuarto de siglo —denuncian— las fugas superan el 40%, los cortes son más frecuentes y la calidad no mejora. Entretanto, los recibos suben, los acuíferos se abaten y la crisis hídrica se torna irreversible. Mientras Agsal prioriza el suministro a grandes empresas, en las colonias populares no hay presión o el desabasto es total. Además, alertan sobre la posible privatización del Cañón de San Lorenzo a través de asociaciones ambientalistas que, aseguran, en realidad responden a intereses particulares.

Conciencia ciudadana

El activismo social encuentra en Emma Palacios, doctora en Derecho, respaldo jurídico y una voz que lo articula. Sobre la urgencia de un cambio social y cultural con respecto al agua («derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»: ONU), la especialista destaca la importancia de concienciar a la población sobre el recurso como bien común. «Siendo la capital del estado, Saltillo es el único municipio del estado donde una empresa privada acapara el agua. Hace 20 años teníamos agua todos los días; y en los últimos cinco, con Agsal, solo un día a la semana. Y hay veces que ni ese día llega».

Palacios denuncia la reciente asignación presupuestal a través de un crédito: «El Congreso del Estado, sin consulta popular, acaba de autorizar 150 millones a una empresa privada (Agsal)… ¡para agua! Es el dinero de los saltillenses, es el agua de los saltillenses. No es sequía, es saqueo». La privatización del agua es un error que castiga a la población, advierte la activista. Cita otros casos donde la industria ha agotado fuentes vitales: «Ya sucedió en Chiapas, ya sucedió en San Cristóbal de las Casas, en Cinco Manantiales (Allende, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza). Ya no hay Cinco Manantiales. Están secos. Se los acabó la cervecera. La gente sufre hoy, batalla, pero nadie hace caso. Ni la autoridad municipal, ni la autoridad estatal». En tanto, a escala federal se trabaja para proteger ríos y cuencas con amparos y respeto a los territorios indígenas.

Acerca del tema ambiental, Palacios lamenta la falta de infraestructura para el reciclaje del agua: «En Saltillo no tenemos plantas de reutilización. Las aguas negras se van a la tierra o las aprovecha uno que otro ganadero. En cambio, Monterrey ya tiene plantas tratadoras y obliga a los autolavados, por ejemplo, a pagar por acceder a su uso. No solo Monterrey no da ejemplo, sino también Ciudad de México».

Al filo de la barbarie

El testimonio de Freddy Fernández, activista local y representante del grupo Alternativa Socialista, complementa la denuncia con un análisis de la crisis hídrica y su impacto social. Fernández alerta que las condiciones climáticas en Saltillo y el norte de México se tornan cada vez más áridas: «La actividad es para denunciar lo que está sucediendo. Ahora existe la intención de crear otra planta de Coca-Cola, cuando las condiciones en Saltillo y en el norte de México en general, cada vez son más desérticas, más áridas. Estamos enfrentando sequías terribles». Añade que las presas clave en la región están en niveles mínimos históricos y cuestiona la construcción de más plantas en medio de esta situación: «Las presas, tanto las del Cuchillo como ahora la presa de la Amistad en Acuña, están enfrentando niveles mínimos históricos en su capacidad. Pero seguimos hablando de construir más embotelladoras, seguimos hablando de traer más industria… O sea, terminamos siendo un desierto que exporta agua. Lo cual es bastante ilógico».

Fernández insiste en la necesidad de democratizar el acceso al agua: «Queremos señalar que cuando el agua se convierte en una mercancía, se deja atrás a las personas marginalizadas y las personas más precarizadas. El acceso al agua necesitamos distribuirlo y que sea más democrático». Sobre el papel del sector privado, sostiene que no está en contra del uso industrial o agrícola, sino de la falta de participación ciudadana en las decisiones: «No estoy en contra de la agricultura. Pero sí necesitamos que los ciudadanos tengan más peso en la decisión de hacia dónde estamos utilizando el agua, el uso del recurso hídrico, hacia el sector privado o hacia el uso doméstico».

Describe la realidad de muchas comunidades periféricas, donde los vecinos se organizan para traer pipas que les garanticen un mínimo de suministro: «En Saltillo hay muchas colonias en la periferia en las que el acceso al agua no es regular. Los vecinos han tenido que organizarse para conseguir pipas. Nos están arrojando la barbarie». Fernández denuncia que Agsal prioriza a la industria y deja a miles sin agua: «Aguas de Saltillo, al priorizar la distribución para el uso industrial y manufacturero, está dejando a miles de familias sin acceso al recurso que es vital». Finalmente, lamenta la falta de conciencia generalizada: «Muchas personas ni siquiera están al tanto de que esta es una problemática que nos afecta a todos».

Plan en marcha

En el contexto nacional, estudios independientes apuntan a que la industria embotelladora en México es una de las que consume más agua. De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, para producir un litro de refresco se necesitan aproximadamente 300 litros de agua, debido a que incluye el uso en cultivos, proceso industrial, limpieza y embalaje. Esto contrasta con el promedio de consumo doméstico, que suele ser de 150 a 250 litros diarios por persona. Un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indica que la industria manufacturera representa casi el 20% del uso industrial del agua en México, siendo la embotelladora una parte significativa, aunque no exclusiva, de esta cifra.

En Saltillo, ante la preocupación ciudadana, Arca Continental aclaró que el nuevo centro a implementarse en la ciudad no será una planta embotelladora, sino un centro logístico de distribución. A través de una circular informativa, la empresa explicó que el CEDI —actualmente en construcción en el cruce del bulevar Fundadores y Luis Donaldo Colosio— contará con una inversión de mil 300 millones de pesos y que su operación estará basada en un modelo de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.

«Este proyecto no contempla procesos industriales de producción, sino que estará dedicado exclusivamente al almacenamiento y distribución de productos en toda la región», aseguró la empresa, que prevé generar hasta 900 empleos directos e indirectos con la nueva instalación. También informó que el complejo incluirá más de mil 140 paneles solares, capaces de generar casi un millón de kilowatts-hora al año, y un sistema de captación pluvial con capacidad para recolectar hasta 2 millones de litros de agua anualmente, destinados al riego, uso sanitario y limpieza de unidades.

Arca Continental subrayó que el CEDI «cumple estrictamente con la normativa ambiental estatal y municipal» y que su enfoque logístico no implicará impactos negativos en los recursos naturales. Sin embargo, la oposición persiste, ya que para muchos habitantes el problema de fondo no es solo la nueva obra, sino el modelo de gestión privatizada del agua que, aseguran, sigue excluyendo a las comunidades más vulnerables.

Si bien Arca Continental asegura que ellos practican un modelo autosustentable para no dañar el sistema ecológico local, la doctora Palacios lo pone en duda. «Pues mire, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo si no lo vería, no lo creería. Y sobre todo con las experiencias que tenemos, por ejemplo, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Era un pueblo mágico, maravilloso. Coca-Cola ha acabado con eso. No solo con el agua, sino con los mantos freáticos. Ahora imagínense que nos ponen publicidad con una niña que dice: «si lavas tu carro, te vas a acabar mi agua». ¿Mi carro? ¿Y Coca-Cola? ¿Y las empresas?». E4

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Modelos globales ofrecen alternativas para gestionar el recurso

De Melbourne a Ámsterdam, la infraestructura verde y la gobernanza participativa permiten aprovechar el líquido sin sobrexplotarlo

Mientras Saltillo enfrenta cortes semanales de agua, fugas del 40 % y decisiones opacas que favorecen a empresas privadas, en distintas regiones del mundo se desarrollan modelos de gestión hídrica pública y sostenible que apuntan a lo contrario: acceso equitativo, eficiencia ecológica y participación ciudadana.

En Australia, por ejemplo, el manejo urbano del agua se rige por el concepto de «Diseño Urbano Sensible al Agua» (WSUD, por sus siglas en inglés), que integra desde el origen mecanismos para captar, reutilizar y tratar el recurso dentro de las ciudades. Melbourne y Sídney han implementado con éxito jardines de lluvia, pavimentos permeables y biofiltros que permiten infiltrar el agua de escorrentía, reducir contaminantes y aliviar los sistemas de drenaje, todo ello con participación vecinal y apoyo estatal.

Estados Unidos y Canadá adoptan un enfoque similar conocido como «Desarrollo de Bajo Impacto» (LID), que busca imitar el ciclo natural del agua incluso en entornos urbanizados. Techos verdes, zanjas vegetadas y sistemas de captación pluvial son obligatorios en ciertos estados, especialmente en nuevas construcciones. Esta infraestructura verde no solo es funcional, sino que ofrece beneficios paisajísticos, mejora la calidad del aire y reduce el consumo energético.

En Europa, Reino Unido aplica el modelo SuDS (Sustainable Urban Drainage Systems), que combina infraestructura gris y verde para evitar inundaciones, reducir la contaminación y promover la biodiversidad. Estanques, humedales artificiales y calles diseñadas para captar y filtrar el agua son parte del paisaje cotidiano en varias ciudades británicas. En Suecia, el barrio ecológico de Hammarby Sjöstad, en Estocolmo, recicla aguas residuales para alimentar sistemas de calefacción y trata las aguas grises para su reutilización en riego y sanitarios, cerrando así el ciclo del agua dentro del desarrollo urbano.

Pero es quizás en los Países Bajos donde se ha desarrollado uno de los sisteams más avanzados y democráticos. El manejo del agua está en manos de los «water boards», organismos regionales elegidos por la ciudadanía que coordinan políticas de captación, tratamiento y uso racional. En Ámsterdam y Rotterdam se han rediseñado espacios públicos como «ciudades esponja», capaces de absorber el agua en exceso, almacenarla y liberarla de forma controlada. Esta visión no solo se centra en lo técnico, sino que promueve el control ciudadano del recurso como bien común.

Beneficios sociales

Estos modelos de gestión no solo buscan garantizar la disponibilidad del agua, sino también proteger el entorno natural y promover la justicia social. En Melbourne y Estocolmo, por citar par de ejemplos, la reducción del desperdicio hídrico ha significado un ahorro considerable de recursos y una mejora en la calidad de vida. Los espacios verdes creados para gestionar el agua también funcionan como áreas recreativas, mejorando el bienestar comunitario y fomentando la educación ambiental. Además, la participación ciudadana es un pilar fundamental. En los Países Bajos, la elección directa de los responsables de los «water boards» asegura que las políticas reflejen las prioridades y preocupaciones locales. Esta gobernanza inclusiva fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, elementos clave para evitar abusos y favorecer un uso sostenible

Tales experiencias contrastan con los problemas que enfrenta Saltillo, donde la privatización ha generado desigualdades en el acceso y ha dado lugar a conflictos sociales, además de impactos ambientales negativos por la sobreexplotación. La ausencia de políticas integrales y de un involucramiento real de la ciudadanía profundizan la crisis y el agua se convierte en una mercancía más que en un derecho. En un contexto global marcado por la escasez creciente y el cambio climático, las prácticas probadas en otros países ofrecen modelos para enfrentar el deterioro del agua en la capital coahuilense y en otras regiones del país. Más allá de la infraestructura, estas experiencias resaltan la importancia de una gestión que reconozca al agua como un recurso finito y bien común, que requiere un manejo equitativo, responsable y transparente. E4