La exposición de las masacres y desapariciones forzadas en México ante la Corte Penal Internacional y la Asamblea General de las Naciones Unidas —sobre todo las cometidas en Coahuila—, difícilmente hubiera sido posible sin la participación, el trabajo y el compromiso del obispo de Saltillo Raúl Vera López. Candidato al Nobel de la Paz en 2012 por su defensa de migrantes y grupos vulnerables, luego de haber recibido el premio Rafto que la Fundación homónima concede a quienes protegen los derechos humanos y combaten la opresión, el dominico ha criticado la pasividad de la Iglesia frente a la guerra contra la delincuencia organizada, y su encierro en los templos.
En una entrevista para la revista Magis de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), publicada en diciembre de 2016, Vera parte de la admonición del papa Francisco a la jerarquía católica, hecha en su visita de ese año a México, y su relación con el poder. «Dijo: “A ver, (los obispos) no tienen que hacer tratos en lo oscurito, ni tienen que subirse a las carrozas ni a los caballos de los nuevos faraones, y deben ser transparentes” (…) “mientras ustedes estén con otro interés, no serán los pastores que Cristo quiere, su interés no será el rebaño de Jesús». Respecto a las etiquetas que se le han colgado por su tarea pastoral, como la de «obispo rojo», la réplica de Vera es tajante: «Yo no quiero estar ni en las izquierdas ni en las derechas, yo quiero estar en la justicia, yo quiero estar en la verdad (…), en el amor sobre todo. Quiero ser, aunque me falte de aquí a la estrella más cercana, un hombre de bien. No lo soy, pero sí quiero serlo».
Desde que el papa Juan Pablo II removió a Vera de una de las diócesis más progresistas del país, la de San Cristóbal de las Casas, donde hizo tándem con Samuel Ruiz, a una de las más conservadoras, el domini canis fue objeto de rechazo por parte del poder económico y el poder político; y más tarde, de persecución y campañas infamantes. No en balde, pues durante sus 20 años como obispo denunció abusos, explotación e injusticias, y acompañó a migrantes, campesinos, obreros, prostitutas y a la comunidad LGBT. El 31 de julio de 2019, antes de entregar el cargo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal dispararon contra un grupo de migrantes. El hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán murió delante de su hija de ocho años.
El obispo Vera y la Casa del Migrante —fundada por él— echaron abajo la versión oficial que criminalizaba a la víctima. El 6 de agosto de ese mismo año, tras visitar Saltillo para documentar el caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio a conocer que «la muerte del señor Perdomo Guzmán habría sido consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila que realizaba un operativo», el cual «no tenía por objeto la realización de control migratorio…». El 2 de septiembre de 2002, el fiscal Gerardo Márquez ofreció una disculpa pública a la familia Perdomo. Las investigaciones —dijo— se realizaron conforme al Protocolo de Minnesota —como la ONU-DH lo planteó— sobre «ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias».
En su conversación con el periodista Rubén Martín, de Magis, Vera calificó a los migrantes centroamericanos de insurgentes. «(…) se niegan a regalarle su trabajo a las empresas extranjeras, multinacionales (…), se quieren ir a Estados Unidos, aunque ahí les paguen menos que a los legalizados (…). Entonces, como no se quedan allá, aquí en México se les castiga en nombre de Estados Unidos. (…) la violencia es inducida, también directa contra el pueblo, ¿por qué? Porque lo tienen que tener reprimido y espantado».
Verdad profunda
Las cifras son de espanto: más de 6 mil 200 cuerpos y 72 mil restos humanos sin identificar han sido hallados en las 4 mil 500 fosas clandestinas descubiertas por ahora en nuestro país, de acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. En la entrevista de mediados de 2016 con la revista Magis, el entonces obispo de Saltillo, Raúl Vera López, pone el dedo en la llaga: «La desigualdad —inducida por el modelo económico que deliberadamente concentra la riqueza en pocas manos y excluye a millones de personas en el mundo— es la madre de la violencia». La descomposición del país se aceleró porque la desigualdad se profundizó. La guerra antinarcóticos —advierte— «es una ficción, es la militarización del país».
En este sentido, Vera apunta: «Ahora tenemos la violencia directa que, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, se convierte en una estrategia de control de población. Es una estrategia de Gobierno: el horror y el terror provocados a la población por medio de estos dizque brotes de violencia… ¡No señor! Son inducidos, es violencia directa y, por supuesto, es control de población». El obispo responsabilizaba desde entonces al Estado de la indefensión social, y de estar ausente «tanto por negligencia como por acción»; y acusaba a los políticos, no solo de México, sino del mundo, de «dedicarse a hacer dinero; descaradamente entran a la política para hacerse ricos».
De acuerdo con el informe del CED de este año, «entre 2006 y 2021 se produjo un fuerte aumento del número de desapariciones en el país, más del 98 % (…). Estos datos muestran la estrecha correlación con la denominada “guerra contra el narcotráfico”, que comenzó durante el mandato de Felipe Calderón (…), caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para desempeñar funciones de seguridad pública. Esta política se mantuvo e incluso se intensificó en los seis años posteriores» (los correspondientes al Gobierno de Peña Nieto).
El organismo observa que «mientras que en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaban principalmente como un medio de represión política y eran cometidas por servidores públicos y las fuerzas armadas, sobre todo contra grupos sociales de la oposición, a partir de 2006 han involucrado a una amplia gama de autores, modalidades y víctimas». En su informe de visita, el CED señala que las desapariciones forzadas no han dejado de ser cometidas «directamente por servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal».
El mensaje del obispo sigue vigente: «No queda otra que organizarnos como sociedad nueva, en la que se rectifiquen todas las políticas públicas y se acabe con esta atrocidad. El principal responsable de esta violencia es el Estado mexicano, no hay otro». En la entrevista con el periodista Rubén Martín, Vera se dice impactado por la «vertebración ética y de estadistas de los políticos actuales. Eso impresiona. Son cínicos, desvergonzados». Sin embargo, en una sociedad deshumanizada «ellos mismos la van a pagar». La barbarie —insiste— es producto de una sociedad enferma. La gente está en las cárceles «porque nunca fue insertada en una formación formal, en una casa donde tuviera padres que la cuidaran, que la guiaran, con una vida digna».
Vera promovió en 2015 la Constitución Ciudadana Popular para hacer del pueblo sujeto de su propia historia. Tres años después, Morena ganó por primera vez la presidencia al PRI y al PAN con la promesa de transformar el país. Empero, la crisis de violencia e impunidad, incubada en décadas de corrupción y descomposición institucional, no ha terminado. La advertencia de Vera de ayer, sobre la refundación del país, vale para hoy. «Hay que rebasar (a los políticos). O se ajustan a vivir con el pueblo y se ajustan a lo que el pueblo diga, o no tienen futuro. Y no desde los puestos públicos, sino desde la construcción de un pueblo honesto».
