El ogro embiste también contra las televisoras; «mal negocio»

El boicot oficial a radiodifusores por su cobertura abre un conflicto de fondo sobre democracia, autocensura y uso político del espectro público

En Estados Unidos, la disputa entre el poder político y los medios ha escalado a un terreno inusual: la permanencia misma de las cadenas de televisión en el aire. El presidente Donald Trump, junto con el presidente de la Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, han planteado abiertamente revisar —e incluso condicionar— las licencias de medios que difundan lo que consideran «información engañosa».

El señalamiento, que en un inicio parecía una extensión del habitual enfrentamiento de Trump con la prensa, adquirió un cariz distinto a partir del 14 de marzo, cuando Carr lanzó una advertencia directa a los radiodifusores. En un mensaje público, el funcionario sostuvo que las estaciones que incurran en «distorsiones» informativas deberán rectificar o enfrentar consecuencias regulatorias en sus procesos de renovación. « Radiodifusores… tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que llegue la renovación de sus licencias», escribió Carr, al insistir en que los concesionarios del espectro deben operar bajo el principio de interés público.

«En un ejercicio descarnado de utilización de la confianza pública con fines políticos, el presidente de la FCC, Brendan Carr, está obligando a los radiodifusores estadounidenses a elegir entre la libertad de expresión y sus intereses comerciales. Es un mal negocio para la industria y un peor acuerdo para la democracia».

Tom Wheeler, expresidente de la Federal Communications Commission

La declaración no fue aislada. Se produjo en paralelo a una nueva ofensiva discursiva de Trump contra medios nacionales, en el contexto de la cobertura sobre el conflicto con Irán. El mandatario acusó a diversos periódicos y cadenas de difundir información engañosa e incluso sugirió que ciertas publicaciones podrían constituir actos de «traición», una acusación que eleva la confrontación a un terreno inédito en tiempos recientes.

En los días posteriores, el mandatario respaldó abiertamente la postura de Carr, celebrando que la FCC analizara la situación de «algunas de estas organizaciones de noticias» y reiterando que la desinformación mediática representa una amenaza para el país. El argumento central del Gobierno descansa en una premisa jurídica: las concesiones de radio y televisión utilizan un recurso público —el espectro radioeléctrico— y, por tanto, están sujetas a obligaciones específicas. Bajo esta lógica, la FCC podría intervenir cuando considere que un concesionario incumple con el «interés público», un concepto históricamente amplio y sujeto a interpretación.

Especialistas en derecho constitucional advierten que trasladar ese criterio al terreno editorial implicaría cruzar una línea delicada. La regulación de contenidos, especialmente cuando involucra valoraciones políticas, podría entrar en conflicto con la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa.

Las reacciones no se han hecho esperar. Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por lo que consideran un uso potencialmente coercitivo de las facultades regulatorias. Organizaciones internacionales han ido más lejos al calificar estas amenazas como un intento de presión indirecta sobre las redacciones, susceptible de generar autocensura. La cobertura de conflictos internacionales —como el enfrentamiento con Irán— ha sido uno de los principales puntos de fricción. Carr llegó a vincular sus advertencias con lo que describió como una pérdida de confianza pública en los medios, alimentada por supuestas «distorsiones» durante procesos recientes, incluida la campaña electoral de 2024.

A pesar de la dureza del discurso, existe un dato clave: la FCC no ha retirado licencias de radiodifusión por motivos editoriales en décadas. La última vez que se negó una renovación de este tipo se remonta a finales del siglo XX, lo que subraya el carácter excepcional —y controvertido— de las actuales amenazas.

Presión recurrente

Lejos de ser un episodio aislado, las advertencias recientes se inscriben en una serie de acciones emprendidas durante el segundo mandato de Trump que han tensionado la relación entre el Gobierno y los medios. Desde 2025, la FCC bajo la dirección de Carr ha reactivado herramientas regulatorias poco utilizadas, como la política contra la «distorsión informativa», con el objetivo de examinar contenidos periodísticos. Esta figura, heredada de mediados del siglo XX, ha sido criticada por su ambigüedad y por el riesgo de convertirse en un mecanismo de intervención editorial.

Uno de los casos más emblemáticos fue la presión sobre cadenas vinculadas a grandes corporativos mediáticos. Investigaciones regulatorias contra empresas como Comcast —propietaria de NBC— a juicio de muchos formaron parte de una estrategia más amplia para influir en líneas editoriales, particularmente en temas sensibles para la administración.

Otro episodio relevante involucró a CBS, cuya programación informativa quedó bajo escrutinio en medio de disputas políticas y procesos corporativos que requerían la aprobación de la FCC. Analistas señalaron que el uso de revisiones regulatorias en contextos de negociación empresarial podía convertirse en una forma indirecta de presión. Asimismo, decisiones como la revisión de reglas de «tiempo igual» para programas de entretenimiento y la polémica en torno a contenidos de comedia política —incluyendo tensiones con emisiones nocturnas— ampliaron el espectro del conflicto más allá del periodismo tradicional.

En paralelo, el Gobierno impulsó medidas contra medios públicos como NPR y PBS, incluyendo intentos de recorte de financiamiento federal, lo que reforzó la percepción de una estrategia sistemática para reconfigurar el ecosistema mediático.

En este sentido, la advertencia sobre la posible revocación de licencias no solo representa un nuevo capítulo en la confrontación entre Trump y la prensa, sino también un punto de inflexión. Por primera vez en años, la presión política amenaza con trasladarse de manera explícita al terreno regulatorio, donde las consecuencias podrían ser tangibles y de largo alcance. E4