El Poder Judicial y el caso Colosio; la impunidad se impone de nuevo

La disputa entre el Gobierno federal y la justicia en torno al atentado contra el candidato presidencial priista, en 1994, reaviva las sospechas de un crimen de Estado. El expediente, manoseado durante sexenios, marcó el fin del PRI como partido dominante

Netflix: revelaciones sobre el atentado en Lomas Taurinas

A más de 30 años del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio en Tijuana, las inconsistencias persistentes en el caso continúan avivando las sospechas de un crimen de Estado.

Los dos disparos de aquel 23 de marzo de 1994 en el mitin de la colonia Lomas Taurinas no solo hirieron de muerte a Colosio, sino al partido que él intentaba refundar. Seis años después de aquella fatídica tarde, el PRI perdería el poder tras siete décadas de dominio ininterrumpido.

«La justicia hacia adelante puede tardar, pero va a llegar. Por ejemplo, el caso del asesinato del candidato Colosio (…) el juez no quiere resolver(…) Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte (a Aburto). Quiero contestar que no puedo hacerlo. (…) se trata de un asunto de Estado (…) Yo no voy a dar un carpetazo»

Andrés Manuel López Obrador

La llegada del PAN a Los Pinos no trajo cambios a un expediente que transitó por un laberinto de 24 líneas de investigación cuyos caminos desembocan siempre en la teoría del «asesino solitario», por la cual solo Mario Aburto fue encarcelado.

«Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer».

Fiscalía General de la República

Por el contrario, la presencia de Genaro García Luna, el exsuperpolicía de Felipe Calderón que actualmente cumple una condena en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, en momentos cruciales de la investigación, es uno de los factores que llevaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a reavivar la teoría del «segundo tirador».

«Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, (…) que ponga un carpetazo final a este asunto, y permita que tanto mi familia como México sanemos (…) Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia».

Luis Donaldo Colosio Riojas

Se trata de Jorge Alberto Sánchez Ortega, un antiguo agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien fue detenido horas después del crimen tras encontrar manchas de sangre de Colosio en su chamarra y dar positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar bario y plomo y determinar si se disparó un arma de fuego. En ese entonces, García Luna era subdirector operativo en el Cisen.

«Creo que va a corresponder a la próxima administración dejar sin sospecha lo sucedido, aclarar lo que realmente pasó (…) El caso Colosio es un asunto de Estado (…) y es muy importante que esto se conozca (el papel que jugó Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el caso)».

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa

Aunque la justicia aceptó la explicación de que las manchas de sangre eran el resultado de un roce con el cuerpo de la víctima, el registro de imágenes del evento no respalda tal teoría. Además, las autoridades no hicieron comentarios sobre los residuos de disparo.

De ahí que el 30 de octubre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara una orden de captura contra Sánchez Ortega al considerar que podría tener información relevante sobre el crimen. La dependencia señala además que García Luna «fue quien lo rescató en Tijuana».

Tras un prolongado «peloteo» entre jueces para determinar quién debía atender la solicitud, el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México negó la orden de arresto contra Sánchez Ortega. La FGR apeló ante el Primer Tribunal Colegiado en Toluca, que tardó más de siete meses en resolver el recurso. Según López Obrador, esto evidencia un intento de evitar resolver el caso.

Finalmente, el 2 de agosto pasado, el Primer Tribunal Colegiado confirmó la negativa para ordenar la aprehensión, argumentando deficiencias técnicas en la apelación. De acuerdo con el tribunal, la impugnación no correspondía a la FGR, sino a la familia de la víctima.

Cabe destacar que en enero pasado, AMLO rechazó la solicitud de la familia de Colosio para indultar a Mario Aburto y reiteró que el caso debe ser investigado como un posible crimen de Estado.

Laberinto jurídico

La disputa entre AMLO y el Poder Judicial en torno al caso Colosio ha reavivado la controversia en torno a uno de los eventos más oscuros de la historia política del país.

El pasado 15 de julio, la FGR confirmó la identidad de Jorge Alberto Sánchez Ortega como el presunto «segundo tirador». Según la dependencia, al subordinado de García Luna se le había asignado la tarea de asistir al evento del priista como parte de un operativo de vigilancia.

A pesar de la evidencia presentada, que incluye testimonios y pruebas forenses, la FGR ha enfrentado múltiples obstáculos legales para proceder con su captura. En enero pasado, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández rechazó emitir una orden de aprehensión, argumentando deficiencias en la solicitud.

La apelación presentada por la FGR también fue desestimada por el Primer Tribunal Colegiado en Toluca, citando insuficiencia de pruebas que vinculen al sospechoso con el crimen.

Este nuevo giro en la investigación ha desencadenado una serie de reacciones y acusaciones tanto hacia el sistema judicial como para el Gobierno federal. Por un lado, a pesar de la presión política y la insistencia en investigar un posible crimen de Estado, la realidad es que los tribunales han cerrado la puerta a cualquier teoría que contradiga la versión del asesino solitario, lo que deja a Mario Aburto, el condenado por el asesinato, como el único responsable oficialmente reconocido. Por el otro, los detractores de la 4T acusan al presidente de intentar sacar rédito político de un caso ya cerrado.

La situación se complica aún más con la transición de la administración federal hacia Claudia Sheinbaum Pardo, quien no solo ha manifestado interés en revisar y esclarecer casos emblemáticos de la historia reciente de México, sino que planea concretar la reforma judicial anhelada por AMLO.

Para la FGR, existe un «gran acervo de pruebas» que implican a Sánchez Ortega en el asesinato, por lo que considera que el juez que negó su captura «actuó con evidente parcialidad» y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas al rechazar la solicitud de una orden de captura.

La dependencia explicó que Chávez fue liberado «en un evidente encubrimiento delictivo» en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna. Además, «un buen número de testimoniales ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima». La Fiscalía destaca que «está debidamente probado que el Cisen mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia».

También resaltó que las pruebas demuestran la presencia de Sánchez en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre los dos disparos contra Colosio. 

«Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima», señala en un comunicado.

Entre la justicia y la sanación

El pasado 29 de enero, Luis Donaldo Colosio Riojas, aún alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, solicitó a AMLO que le otorgue el indulto a Mario Aburto, quien fue procesado por el asesinato de su padre.

«Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, y permita que tanto mi familia como México sanemos (…) Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página y construir algo nuevo», declaró.

El 5 de octubre de 2023, un Tribunal Colegiado del Estado de México concedió un amparo a Mario Aburto para invalidar la condena de 45 años de prisión dictada en diciembre de 1994, y ordenar la emisión de una nueva sentencia conforme a las leyes estatales.

Por ello, se contemplaba que Aburto podía quedar en libertad el 23 de marzo de 2024, justo tres décadas después de su detención. Sin embargo, el amparo que permitía su salida de prisión fue impugnado, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no tiene una fecha para resolver el asunto.

El recurso de revisión presentado por la FGR, con el objetivo de que la SCJN suspenda el amparo y se mantenga la pena original de 45 años, argumenta que la justicia federal es competente para juzgar a Aburto debido a que la víctima era un candidato presidencial.

«Ya lo estamos viendo (la posible liberación de Aburto) porque todo esto tiene que ver con el Poder Judicial; no tiene que ver con nosotros, ni modo que ahora que están muy buenas las relaciones con el Poder Judicial estemos nosotros de común acuerdo planeando una estrategia perversa de este tipo», ironizó AMLO en marzo pasado.

El mandatario insistió en que el asesinato debe ser investigado como «un crimen de Estado» y que este tipo de delitos «no prescriben».

En octubre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la FGR realizar una nueva investigación del caso Aburto por violaciones a la integridad personal y trato digno, al debido proceso y por actos de tortura e incomunicación.

«Si el señor Aburto considera que está siendo tratado de manera injusta y que hay interés de perjudicarlo y que él es inocente, tiene toda la oportunidad de hablar, que se manifieste. Además, ayudaría mucho porque estas cosas no deben de repetirse nunca, jamás», dijo AMLO al respecto.

En julio pasado, el presidente detalló fecha por fecha los obstáculos que ha puesto el Poder Judicial a la investigación de la FGR y acusó que los jueces «no quieren resolver el caso».

Y aunque Claudia Sheinbaum ha declarado que no se trata de una investigación del Gobierno, sino de la FGR, consideró que «el caso Colosio es un asunto de Estado» y que  «es muy importante» que se conozca que el papel que jugó Genaro García Luna en el caso.

«Creo que va a corresponder a la próxima administración dejar sin sospecha lo sucedido, aclarar lo que realmente pasó», dijo Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre. E4

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Netflix: revelaciones sobre el atentado en Lomas Taurinas

La serie de Netflix Colosio ha captado la atención del público por su abordaje profundo y dramático del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. La saga, dirigida por Luis Mandoki y producida por Netflix en colaboración con Argos Cine, ha generado un renovado interés en uno de los eventos políticos más controvertidos de la historia reciente de México.

La narrativa de la obra se centra en la figura del político, interpretado por el actor Ernesto Alterio, y explora los complejos factores que rodearon su asesinato. La trama ofrece una visión crítica de la política mexicana de la década de los 90 y pone en primer plano las múltiples teorías sobre el atentado, que ha sido objeto de especulación y controversia durante décadas.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es la entrevista exclusiva con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien estaba en el poder cuando ocurrió el asesinato de Colosio. En esta charla, Salinas de Gortari defiende su administración y su papel en los eventos que rodearon el suceso. «Nunca he entendido por qué se me ha vinculado con el asesinato de Colosio. Fue un acto de violencia terrible y yo estaba completamente comprometido con la investigación», dice Salinas

«Las teorías conspirativas han desviado la atención de los hechos reales. Lo que ocurrió fue un crimen horrible, y se hizo todo lo posible para que se hiciera justicia», dijo. Esta postura del exmandatario se enmarca en su esfuerzo por distanciarse de las acusaciones y mantener su imagen intacta frente a las críticas.

La entrevista con Salinas se convierte en un punto focal para el análisis de la trama, ofreciendo a los espectadores una oportunidad para escuchar directamente la versión del expresidente, quien concluye con una afirmación contundente: «Lo que yo puedo decir es que mi administración siempre estuvo enfocada en resolver el caso y llevar a los responsables ante la justicia».

Además de la entrevista con Salinas, Colosio aborda otras figuras relevantes del caso, como Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato, y el entorno político del PRI, mostrando cómo el partido reaccionó y manejó las consecuencias del crimen. También examina el impacto del asesinato en la política mexicana y cómo ha influido en la percepción pública de los eventos y actores involucrados.

Mandoki también explora diversas teorías sobre el acontecimiento, incluyendo la posibilidad de que hubiera un segundo tirador involucrado en el ataque. La mención se presenta para ilustrar la complejidad del caso y las múltiples interpretaciones que han surgido a lo largo de los años. El filme aborda el tema de manera que permite a los espectadores entender las diferentes teorías que rodean el caso, sin necesariamente confirmar ninguna de ellas.

La representación del segundo tirador en la serie busca reflejar el escepticismo y la especulación que han marcado la investigación del asesinato de Colosio y aunque no se adentra en detalles concluyentes, plantea preguntas y muestra cómo estas teorías han influido en el debate público y en la percepción del caso. E4