No será hombre, será mujer por ahora, pero el diseño institucional de cambio de régimen de la 4T se dirige al país de un solo hombre, un sistema político de un presidente sin límites, sin contrapesos institucionales o de poderes públicos. Además, de concretarse la reforma política y electoral, le darían control de las elecciones, y la integración de las Cámaras con exclusión de la pluralidad, que conllevaría una desproporcionada sobrerrepresentación de Morena. Se avizora con claridad la construcción de un régimen autoritario, merma de libertades y el derecho de la sociedad a elegir, para el caso de ahora, un partido con 41% de los votos y 75% de los diputados.
El aval mayoritario de la población al presidente López Obrador, su candidata y Morena es inobjetable. Pero el mandato se construyó sobre premisas falsas; por ejemplo, hablando del proyecto legislativo de mayor prioridad, ¿los mexicanos quieren mejor justicia o elegir con voto directo a sus juzgadores? Los objetivos son incompatibles; elegir juzgadores no significa mejoría, sino que empeora al eliminar los avances importantes del sistema judicial, entre otros, el papel de la Suprema Corte de Justicia para evitar el abuso del poder, sea del presidente de la República o del Congreso de la Unión por la aprobación de normas inconstitucionales.
Buena parte de lo que los electores aceptaron y votaron fue en el ámbito de las intenciones —no de las políticas concretas—: acabar con la corrupción, un gobierno orientado al bienestar de la población, mejorar la seguridad frente a los errores del pasado, la austeridad, etc., pero la magia de la narrativa obradorista ha sido abonarse en el terreno de las intenciones y evitar se le evalúe por los resultados.
El problema no sólo está en la clara mayoría alcanzada por la candidata Sheinbaum que, ciertamente, se explica como un refrendo democrático al presidente López Obrador, su Gobierno y sus propósitos. La situación se complica por la integración de Cámaras y la interpretación que pudiera darse a la sobrerrepresentación, que permitiría a un solo partido por sí mismo cambiar la Constitución. La figura de la coalición fue utilizada para construir mayorías espurias; de darse así la interpretación del Tribunal Electoral, Morena, con 41% de los votos tendría la capacidad para modificar el régimen político, que en la propuesta de reforma constitucional del presidente, significa transitar de una democracia a un régimen autoritario, más cercano a Venezuela que a Costa Rica o Colombia.
La lógica del poder cambia con la eliminación del pluralismo, el voto libre y los contrapesos institucionales, situación donde los factores de la relación de las personas con sus autoridades no son ya las instituciones, la representación plural, las libertades y la legalidad. Los términos de la deliberación pública se han deteriorado de manera significativa por la manera como López Obrador descalifica a la crítica pública. Las empresas de medios se autocensuran y no pocos se inhiben de una valoración veraz sobre qué hacen el Gobierno y sus personajes.
A lo anterior debe sumarse la acción del crimen organizado ante periodistas, medios de comunicación y sus trabajadores. Uno de los elementos sustantivos de la democracia es la libertad de expresión. El giro de régimen significa una merma de uno de los bienes más preciados del régimen democrático.
La manera de generar certeza de derechos se modifica. De esta manera la candidata ganadora ha ratificado su compromiso con el sector empresarial e inversionistas de actuar de manera responsable, pero reitera su intención de cambiar al poder judicial en términos que implican su deterioro y sometimiento al régimen político. En la nueva lógica, la voluntad presidencial es el factor, precisamente por el deterioro de la autorregulación del régimen democrático.
El país de un solo hombre, para el caso de ahora, de una mujer, conlleva modificaciones importantes que difícilmente pueden ser evaluadas y sancionadas por el hombre común. Los sectores empresarial e inversionista han sido los primeros en expresar la inconveniencia de un giro de régimen que implique el deterioro de la certeza de derechos que, no necesariamente, comparte la cúpula, acostumbrada a una relación privilegiada y discrecional con el poder y, en cierto sentido, discriminatoria respecto al resto de los empresarios. La inversión especulativa también ha reaccionado, precisamente porque su presencia supone certeza de derechos.
El país de un solo hombre conspira contra la economía, pero aún más importante, también contra el régimen democrático, las libertades y la justicia en su más amplia expresión.
Lo que debe preocupar
Son muchas las expectativas por la renovación del Gobierno. Algunas ilusorias, otras razonables que nacen de lo deseable; sin embargo, muy pocas las realistas. Persiste el deseo genuino de que las cosas evolucionen para bien, que no deja de ser complicado. Se votó por la continuidad y por un cambio de régimen claramente inconveniente. La merma de las libertades y un poder presidencial sin límites institucionales nunca ha sido para bien, ni siquiera para privilegiar la justicia distributiva; a la larga, todos pierden.
Tiene razón el presidente López Obrador en mostrarse más que satisfecho con el desenlace de la elección. Los resultados fueron muy generosos para él y los suyos; no le vendría mal un poco de humildad, un poco, aunque para él, ya se sabe, resulta difícil. Pero importan las decisiones, no los temas personales; las de él y las de la virtual presidenta son acelerar la transformación a su modo y buen entender; por lo pronto, imponiendo un modelo de justicia politizado, sometido a los factores de poder que influyen en la selección de los prospectos y, desde luego, en los votos, ajeno al principio básico confiable de autonomía del juzgador. Por eso no hay país democrático en el mundo que lo practique. Pero así votaron los ciudadanos y será la postura de la nueva legislatura. Sin duda, una involución mayúscula y eso sí debe preocupar.
Se habla que habrá un cambio en las formas. Los modos del presidente López Obrador son irrepetibles; pero no importa tanto, nuevamente, son las decisiones y adquiere relieve la decisión de la virtual presidenta de utilizar una encuesta a modo de consultar a los mexicanos sobre qué piensan de la reforma judicial. La precipitación en sí misma es cuestionable, también el método.
El uso de la encuesta no sirve para conocer la opinión del pueblo. De antemano hay una amplia inconformidad con el estado de la justicia en el país, sea patrimonial, familiar o penal. Cuestionarles si están de acuerdo en votar a los juzgadores tiene cifras sobre 70%. Inutilidad de la encuesta porque no plantea los dilemas auténticos sobre qué hacer para mejorar la justicia. No se trata de utilizar de manera maniquea los resultados de una encuesta para oponerla a la razón que vendrá de la postura de los especialistas, la judicatura, la experiencia o del sentido común.
López Obrador da por terminada la deliberación sobre el estado de cosas y el destino del Poder Judicial. Habla de corrupción desbordada y los casos más a la vista se relacionan con su Gobierno y sus cercanos colaboradores o simpatizantes; remite sus insultos, calumnias e injurias al Poder Judicial Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ámbitos menos cuestionables. Por qué en este ejercicio de validación no se compara con el estado que guardan los ministerios públicos del país o los poderes judiciales de las entidades. La diferencia es mayúscula y favorable al ámbito judicial federal, por mucho.
De preocupar que haya sido iniciativa de la presidenta electa la idea de la encuesta porque es continuar por el camino de la manipulación y del engaño, hacerla de exégeta del pueblo para tomar una decisión que, ajena la calidad de la justicia, va más con la determinación de acabar con el poder judicial en su tarea de impartir justicia de manera imparcial, de hacer valer los derechos de las personas contra la arbitrariedad de las autoridades y la existencia de un órgano que salvaguarde la Constitución de actos de autoridad, particularmente los del presidente o decisiones legislativas contrarias a su texto.
Elegir jueces por voto directo no es fórmula para mejorar la justicia; pero sí un mecanismo para someter los juzgadores, por una parte, al presidente, factor para seleccionar a los prospectos y, por otra, a aquellos con mayor capacidad de movilizar votos y votantes, esto es, el partido gobernante.
Deben preocupar las pulsiones autoritarias actualizadas con la renovación política. El país ingresa a una nueva etapa; la elección no fue punto de partida, sino estación de paso en la que se acentúa el proceso de destrucción de las instituciones de la democracia. La preocupación por la pérdida de certeza de derechos no es exclusiva de los inversionistas, empresarios o especuladores con poder para presionar variables financieras, también es de muchos mexicanos que serán afectados al perder un bien fundamental, la justicia. Precisamente lo que debe preocupar.