Después del resultado de las elecciones en Colombia y Perú, queda claro que una de las facturas que le pasa cobro a la izquierda en Latinoamérica es la seguridad. No en el discurso globalizado de la lucha contra las drogas o el terrorismo. No en la promesa de procesos de reconciliación en países que han sufrido conflictos armados prolongados. No en la esperanza de la paz. Más bien en la necesidad de millones de ciudadanos que tienen que lidiar con microfenómenos de inseguridad como extorsión, hurto en todas sus modalidades, secuestro, cobro de piso, y un largo etcétera.
El triunfo de Abelardo de la Espriella, en Colombia; y el de Keiko Fujimori, en Perú; viene acompañado de un clamor social que fue ignorado por los candidatos de izquierda de ambos países. La necesidad de una estrategia de mano dura contra la delincuencia que azota a millones de hogares día a día. En ambos países sudamericanos se ha incrementado en los dos últimos años la presencia de las bandas de delincuencia común que azotan al ciudadano de a pie en el corazón de las colonias, por populares que estas sean. Afectan su patrimonio, aumentan las migraciones internas y disminuyen considerablemente la calidad de vida.
Ambos países tienen Gobiernos progresistas o de izquierda, que han tenido logros importantes en temas como educación, medio ambiente y programas sociales. Eso lo reconocen instituciones académicas y asociaciones internacionales, no está en duda. Pero en términos de seguridad, y lo que eso implica han sido reprobados. Más allá del combate al narcotráfico, del que sufren y mucho, ambos países; la extorsión, cobro de piso, hurto con violencia, estafas y microtráfico se dispararon sin control, y pasaron a afectar a los ciudadanos de a pie que vieron en el discurso de los candidatos de derecha una esperanza.
Otra coincidencia es que, en ambos países, los candidatos de derecha ganaron a pesar del aparato estatal con el que contaban sus competidores, Iván Cepeda, en Colombia; y Roberto Sánchez, en Perú; donde parece que sus presidentes les hicieron más daño que beneficio. Cuando los progresistas presentaban su mayor pico de ventaja en las encuestas contra la derecha y todo parecía una crónica anunciada, De la Espriella y Fujimori endurecieron el discurso y más allá del combate a la corrupción, la modernización del estado y una apuesta por un crecimiento económico de la mano del sector privado, a decir de los analistas de ambos países, fue la mano firme contra la inseguridad lo que marcó la diferencia.
A pesar de que al candidato de Colombia, quien nunca había participado en política, lo quisieron hacer ver como una mala copia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la desesperación de esos millones de ciudadanos que lidian a diario con la inseguridad y la violencia fue tal, que en lugar de resultar contraproducente terminó generando más apoyo al hoy presidente electo de ese país. Habrá quienes podamos discutir abiertamente de polarización, demagogia, falsas promesas de campaña y una prolongada lista de factores a evaluar. Pero lo cierto es que al ciudadano de a pie poco le interesa la macroeconomía o los planes de desarrollo, como sí le interesa poder llegar a su hogar en paz y saber que el producto de su trabajo no se lo tendrá que dar a una banda criminal que lo extorsiona hasta por cruzar la calle.
Que si el apoyo del presidente de Estados Unidos fue fundamental para que la derecha conquistara dos países sudamericanos, o que los recientes escándalos de corrupción que enmarcaron la izquierda en los dos países fueron factores de incidencia, son temas que a la distancia se tendrán que analizar, pero en lo que coinciden analistas y periodistas de ambos países, es en que la seguridad jugó un papel fundamental en estas elecciones. Y ahí está el resultado.
