Más allá del discurso político de un sistema de gobernanza que busca control total, la realidad supera la fantasía de las palabras y es fácil, con aritmética básica, determinar que la pasada elección del Poder Judicial en nuestro país fue un fracaso con más puntos cuestionables que elementos rescatables.
Para el humilde escribiente es muy práctica, sencilla y honesta la evaluación del proceso con una reflexión casera y tradicional: si usted organiza una fiesta, tertulia, reventón, ágape o kermes y tiene una lista de invitados de 10 personas y solo asisten dos, pues evidentemente su evento es un fracaso, además de las pérdidas económicas por todo lo que no se utilizó.
Las razones del fracaso pueden ser muchas, desde la convocatoria que no contaba con una buena estrategia para motivar a los invitados a acudir a las urnas, con una estrategia fallida de publicidad; campañas que no permitieron conocer a los aspirantes y con una sospecha tácita de orientación del voto con los mentados acordeones.
La elección es altamente cuestionable porque, como en la fiesta, solo dos de cada 10 mexicanos participaron y los ganadores pueden ser cuestionados por la vox populi ya que el discurso de la voluntad popular se concreta al 12% del total de persona que pueden votar y no acudieron.
El discurso político de que los ciudadanos «eligieron» a los magistrados y jueces es una narrativa política no realista ya que fueron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que decidieron quienes aparecerían en las boletas de los más de tres mil candidatos, misión imposible de lograr, ya no para el ciudadano, también el gobernante, el político y el suspirante.
La elección no dista mucho del pasado, pues el Ejecutivo enviaba su propuesta para magistrados y jueces y luego eran los diputados y senadores quienes decidían.
Ahora se incluyeron a más funcionarios del Poder Judicial para ser votados en lo que parecería una estrategia para alejar al elector o bien confundirlo a la hora de acudir a las urnas con hasta 10 boletas llenas de cuadritos, nombres y puestos que incluso ni se conocía que existían.
En el sistema político de los años 50 a los 80, una máxima no escrita dictaba que mientras menos personas fueran a votar, el resultado era más conveniente para el sistema, porque la base del partidazo y de los padrones de beneficiarios de programas es la que permitía con votos a modo, obtener los mejores resultados políticos y no electorales.
Un Poder Judicial a modo permitirá en el futuro próximo, realizar modificaciones a leyes en la Constitución y reglamentos que no permitirán amparos ante la corte cuando se vulneren derechos y libertades de los ciudadanos.
En el año 2027, nuevamente se realizará una elección del Poder Judicial en la que seguramente se gastarán miles de millones de pesos que justificarán el desperdicio de millones de boletas para maquillar como elección ciudadana una estrategia de poder político y gubernamental de régimen absolutista y totalitario.