Elección judicial, entre la zozobra y la busca de justicia para todos

El país vivirá el 1 de junio un proceso inédito: los mexicanos votarán por primera vez a ministros y jueces federales. Mientras la 4T defiende la reforma como un antídoto contra la corrupción y el nepotismo, los críticos advierten un retroceso institucional. Los índices de impunidad marcarán su éxito o fracaso

La reforma zedillista que redefinió la Corte

El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Esta elección es el resultado de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Los cambios buscan combatir la corrupción, el nepotismo y la impunidad que han caracterizado al sistema judicial mexicano por décadas. Sin embargo, también han generado críticas por los riesgos que implica para la independencia judicial y la calidad de la justicia.

Los promotores de la reforma argumentan que la elección popular de jueces permitirá sanear al aparato de justicia y acercarlo a la ciudadanía. En palabras de la presidenta: «Es la única manera de sanear al Poder Judicial, que la gente decida».

Pero el proceso ha despertado resistencias abiertas por parte de sectores como la Coparmex, y políticos. Uno de los exhortos más visibles al boicot provino del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien instó a sus seguidores a «no participar» en lo que calificó como una farsa electoral impulsada por el Gobierno. La presidenta Sheinbaum pide acudir a las urnas y denuncia que estos llamados forman parte de una campaña sistemática promovida por quienes «se beneficiaron durante años de un sistema de justicia que nunca se tocaba». Según la mandataria, la ciudadanía responderá con votos a una estrategia que busca preservar privilegios.

Entre otros aspectos fundamentales, el proyecto contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la SCJN, encargado de investigar y sancionar irregularidades dentro del sistema judicial.

Sin embargo, los detractores advierten que la elección popular de jueces podría politizar al Poder Judicial y comprometer su independencia. Incluso organizaciones internacionales, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han calificado los cambios como un retroceso para los derechos humanos, advirtiendo que podrían debilitar el Estado de derecho y la imparcialidad judicial.

Entre otros señalamientos, destacan los relacionados con las deficiencias en la implementación de la reforma, la improvisación legislativa, las boletas mal diseñadas y problemas con la elegibilidad de candidatos.

La polarización y desconfianza en el sistema de elección seguramente tendrá impacto en la participación electoral, la cual podría situarse entre el 8% y el 18%, según cálculos de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

No obstante, la reforma representa un intento audaz por transformar un sistema profundamente cuestionado. Y aunque su implementación apresurada ha generado preocupación, es innegable la necesidad de reformar un aparato plagado de corrupción y nepotismo.

Transparencia y eficacia

Uno de los cambios más significativos de la reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024, es la implementación de la elección popular para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.

Desde el punto de vista de sus promotores y muchos sectores de la sociedad, esto no solo rompe con el carácter cerrado, elitista y autorreferencial del sistema judicial mexicano, sino que acerca la justicia a la ciudadanía, dándole un sentido de corresponsabilidad.

Tradicionalmente, los nombramientos judiciales han estado marcados por el amiguismo, el favoritismo y el control de ciertos grupos dentro del Poder Judicial. La elección por voto popular pretende debilitar estas redes de poder internas y dar paso a nuevos perfiles, más representativos y diversos.

Además, un juez electo por la ciudadanía podría sentirse más responsable ante el electorado que ante estructuras internas. Se argumenta que esto podría aumentar el compromiso con el combate a la corrupción, la transparencia y el cumplimiento efectivo de la ley, especialmente en casos de alto interés público.

Otro punto polémico es la reducción de la SCJN, la cual pasará a estar compuesta por 9 ministros en lugar de 11, con mandatos que bajarán de 15 a 12 años. Además, se eliminarán las dos salas existentes, y la Corte sesionará únicamente en pleno, con sesiones públicas obligatorias, lo que busca aumentar la transparencia en sus deliberaciones.

Esto podría dar mayor eficacia en la toma de decisiones. Con menos integrantes y deliberaciones más directas, se busca evitar la fragmentación de criterios y acelerar la resolución de casos relevantes.

Además, con las sesiones obligatorias del Pleno en todos los asuntos, se refuerza el papel de la SCJN como máximo tribunal constitucional del país. Esto podría dar mayor coherencia y peso jurídico a sus resoluciones, en lugar de dejar cuestiones importantes en manos de salas divididas o con menor representatividad.

Un menor número de ministros también significa una reducción en el gasto público destinado a sueldos, equipos, asesores, seguridad y pensiones. En línea con la política de austeridad promovida por la 4T, esta medida apunta a racionalizar el presupuesto y disminuir los privilegios que históricamente ha concentrado la Corte.

Por otra parte, la reducción del período de encargo de 15 a 12 años permitiría una rotación más frecuente en la composición del tribunal, lo que a su vez podría abrir espacios para nuevas generaciones de juristas, con visiones más actuales y sensibles a los cambios sociales. Mientras que las sesiones públicas permitirían a la ciudadanía observar el debate jurídico, identificar posturas de cada ministro y generar mayor confianza en sus resoluciones.

La reforma también establece la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar las faltas administrativas de los miembros del Poder Judicial. Este órgano, también electo por voto popular, reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal en sus funciones disciplinarias, buscando una mayor independencia y eficacia en la supervisión interna.

Esta separación de funciones entre quienes imparten justicia y quienes supervisan corrige una de las críticas más frecuentes al Consejo de la Judicatura, acusado de ser juez y parte. Además, podría ser una herramienta eficaz para desmantelar redes internas de impunidad que han protegido durante años a jueces corruptos.

La reforma también elimina la pensión vitalicia para los ministros de la SCJN y establece que ningún funcionario judicial podrá percibir un salario superior al del presidente de la República. Estas medidas buscan alinear los beneficios del Poder Judicial con los principios de austeridad y equidad.

Riesgos y temores

Si bien la reforma judicial busca democratizar y transparentar el sistema de justicia, diversos expertos y organizaciones han señalado preocupaciones sobre sus posibles efectos negativos. El debate gira en torno a si los mecanismos propuestos realmente atacan las causas estructurales de la corrupción e impunidad o si, por el contrario, podrían abrir nuevas puertas a la manipulación del sistema judicial. Muchos juristas han pedido mayor discusión técnica y menos decisiones apresuradas con fines políticos.

Algunos analistas señalan que la elección popular de jueces y magistrados podría llevar a la politización de la justicia, ya que los candidatos podrían verse influenciados por intereses partidistas o populares, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones judiciales.

En un entorno electoral, los jueces podrían verse tentados a emitir fallos o posturas que favorezcan la opinión pública o a ciertos grupos con poder mediático o económico, con tal de garantizar apoyo para futuras reelecciones o conservar legitimidad, lo cual socavaría la neutralidad que exige el ejercicio judicial.

Hay quienes también ven un riesgo en la participación de los tres poderes del Estado en la selección de candidatos para las elecciones judiciales, lo que podría facilitar la captura política del Poder Judicial, especialmente si un solo partido domina el Ejecutivo y el Legislativo, como es el caso actual con Morena.

El diseño del proceso de selección inicial —donde el presidente, el Congreso y el propio Poder Judicial proponen ternas— podría permitir la consolidación de perfiles afines al poder político, dificultando la autonomía judicial y aumentando la percepción de subordinación a intereses partidistas.

Otra de las críticas es el posible debilitamiento de la profesionalización. La eliminación del sistema de carrera judicial basado en méritos y concursos de oposición podría afectar la profesionalización del Poder Judicial, al priorizar la popularidad sobre la experiencia y la formación jurídica de los candidatos.

Esto podría desalentar a juristas con trayectoria técnica, académica o institucional, que prefieran no exponerse al ruido político de campañas, y abrir paso a perfiles carismáticos pero poco calificados, lo que a largo plazo debilitaría la calidad de las resoluciones y de la argumentación jurídica en el país.

Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y WOLA, han advertido que la reforma podría socavar la independencia judicial y contravenir estándares internacionales de derechos humanos, al exponer a los jueces a presiones políticas y sociales.

Estas entidades han señalado que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos, especialmente en contextos donde se litigan violaciones a derechos humanos, corrupción estatal o abusos de poder. Un juez sujeto a presiones políticas puede dejar de ser un garante de libertades.

La complejidad del proceso electoral y la falta de información clara sobre los candidatos podrían generar desconfianza en la ciudadanía y una baja participación en las elecciones judiciales, lo que cuestionaría la legitimidad de los funcionarios electos y la eficacia de la reforma.

A esto se suma la posibilidad de campañas desinformativas o de baja cobertura, donde los votantes acudan sin conocer bien a los candidatos ni sus trayectorias, lo que resta valor al principio democrático que la elección busca representar y puede dar lugar a resultados arbitrarios o deslegitimados. E4

Ventajas y riesgos de la reforma judicial

Punto de la reforma	Ventajas	Riesgos
Elección popular de jueces, magistrados y ministros	Acerca la justicia a la ciudadanía; combate el elitismo y el nepotismo; fortalece la rendición de cuentas.	Posible politización del Poder Judicial; riesgo de populismo judicial; candidatos influenciados por intereses partidistas o económicos.
Reducción y reconfiguración de la SCJN	Mayor agilidad en decisiones; reducción de privilegios; sesiones públicas obligatorias que promueven transparencia.	Pérdida de diversidad de criterios; concentración del poder; riesgo de manipulación si los nombramientos responden a intereses políticos.
Creación del Tribunal de Disciplina Judicial	Supervisión independiente del Poder Judicial; combate más eficaz a la corrupción interna; elimina conflicto de interés del Consejo anterior.	Falta de claridad en su funcionamiento y estructura; riesgo de convertirse en herramienta política; posible falta de autonomía real.
Eliminación de pensión vitalicia y topes salariales	Alinea los beneficios judiciales con políticas de austeridad; reduce gasto público; genera percepción de equidad.	Desincentivo para atraer a perfiles altamente capacitados; podría percibirse como castigo político más que medida estructural.

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La reforma zedillista que redefinió la Corte

A lo largo de la historia moderna de México, pocas transformaciones del sistema judicial han sido tan radicales como la emprendida en 1994 por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Considerada por muchos como la refundación del Poder Judicial contemporáneo, esta reforma no sólo alteró la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que también modificó su papel dentro del sistema político mexicano. La Corte, tal como se conocía, prácticamente desapareció.

En el contexto de la crisis política y económica que sacudió al país tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la devaluación del peso, Zedillo llegó al poder con una agenda de reformas institucionales para fortalecer la democracia. Una de las prioridades fue precisamente el Poder Judicial, visto como una instancia opaca, subordinada al Ejecutivo y sin credibilidad pública. En diciembre de 1994, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad.

El cambio más contundente fue la reducción del número de ministros de 26 a 11. Con ello, se buscó compactar al máximo tribunal y hacerlo más eficiente. Pero el efecto más evidente fue político: los 26 ministros en funciones presentaron su renuncia para abrir paso a una nueva integración, nombrada en su totalidad por el presidente, aunque con la ratificación del Senado. Esta medida fue vista como una suerte de reset institucional: una Corte nueva, sin vínculos con los poderes previos.

La reforma también redefinió las funciones de la Suprema Corte. Se le atribuyó el carácter de tribunal constitucional, es decir, un órgano encargado principalmente de interpretar la Constitución, resolver controversias entre poderes y estados, y proteger los derechos humanos a través de mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.

Otro cambio fundamental fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano administrativo responsable de la vigilancia, disciplina y carrera judicial en los tribunales de menor jerarquía. Esta separación de funciones buscaba liberar a la Corte de tareas burocráticas y permitirle concentrarse en la interpretación constitucional.

La reforma zedillista recibió elogios dentro y fuera del país. Fue vista como un intento genuino de construir un Poder Judicial más independiente, profesional y moderno. En palabras del propio Zedillo, se trataba de «garantizar que ningún poder esté por encima de la Constitución». La nueva Corte emitió resoluciones clave en temas de derechos humanos, división de poderes y libertad de expresión, aunque su autonomía nunca estuvo exenta de tensiones con otros poderes.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Aunque los nuevos ministros fueron considerados juristas de prestigio, todos fueron designados por el presidente, lo que levantó sospechas sobre la verdadera independencia de la Corte. Además, la existencia del Consejo de la Judicatura, dominado por el mismo Poder Judicial, generó con el tiempo señalamientos de opacidad y complicidades internas.

La reforma de 1994 representa, hasta hoy, el intento más profundo de transformar el Poder Judicial mexicano desde el siglo XX. Paradójicamente, muchos de los problemas que esa reforma buscó resolver —como el nepotismo, la corrupción y la falta de legitimidad ante la ciudadanía— son los que ahora motivan una nueva transformación, esta vez desde la elección directa. La historia parece cerrarse en círculo, aunque el contexto político y las herramientas son radicalmente distintas. E4

Reformas judiciales en México (1994–2024)

1994

Reforma zedillista

• Se reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 26 a 11.
• Se les otorga nuevas funciones como tribunal constitucional.
• Se crea el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la administración y disciplina del Poder Judicial.
• Todos los ministros en funciones presentan su renuncia. La Corte se reintegra desde cero.

2008

Reforma judicial penal

• Se aprueba el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, basado en juicios orales.
• La reforma busca mayor transparencia, presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos.
• Se da un plazo de ocho años para su implementación en todo el país.

2011

Reforma constitucional en derechos humanos

• Se incorpora el principio de interpretación conforme y el control de convencionalidad.
• Los jueces deben aplicar normas internacionales en derechos humanos en sus resoluciones.
• Marca un punto de inflexión en la protección judicial de derechos en México.

2021

Extensión del mandato del presidente de la Corte

• Se aprueba una polémica reforma que extiende dos años el mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar.
• La medida es fuertemente criticada por considerarse contraria a la autonomía judicial.
• Finalmente no se ejecuta, pero genera tensiones institucionales.

2024

Reforma judicial de la 4T

• Se aprueba una reforma que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
• Se reduce la SCJN de 11 a 9 ministros y se eliminan las salas; todas las sesiones serán en Pleno y públicas.
• Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y sancionar faltas dentro del sistema.
• Se eliminan las pensiones vitalicias para ministros y se limitan los salarios.