Los resultados de la elección del primero de junio para que los ciudadanos voten a nuevos magistrados y jueces de los poderes federal y estatal, serán decisivos para el futuro de órganos electorales como el INE y el IEC, ya que serán blanco político de la actual narrativa populista.
No es un secreto que hay una intención expresa del actual grupo de poder gubernamental a nivel nacional para que los órganos electorales que realizan los comicios ya no sean autónomos y dependan del poder ejecutivo federal.
La intención, podría no sólo ser, controlar elecciones para manipular resultados y mantenerse en el poder de cualquier forma sin menoscabo alguno de respeto a la competencia y la participación de la oposición en una democracia cada vez más golpeada y en alto riesgo.
El otro objetivo es impulsar candidaturas que ganen magistraturas y jueces a modo para evitar que sea el poder judicial donde las reformas legislativas no sean frenadas a pesar que limiten la libertad de los ciudadanos y fomenten el absolutismo y presidencialismo que tanto daño hizo a este país.
El futuro de las elecciones y sus resultados no tiene un panorama y escenario muy optimista sobre todo por la cantidad de puestos y candidatos que los ciudadanos votarán el primero de junio.
El entorno ya establece que por falta de recursos no se instalará el número de casillas que normalmente funcionan en una elección federal y estatal, además que la premura del tiempo ya apunta a cometer errores y omisiones en la organización del proceso.
El principal enemigo de la elección del poder judicial será una boleta casi imposible de entender y sobre todo de identificación de candidatos y sus trayectorias en la jurisprudencia del país.
Son más de cien puestos en disputa donde por lo menos podrían registrarse dos aspirantes y si se toma en cuenta solamente el tiempo que podría llevar a cada elector poner el número del candidato y en consecuencia se acota el número de ciudadanos que puedan participar en el proceso por cuestión de tiempos.
El reto de socializar las boletas para agilizar el proceso de votación es un reto casi imposible de cumplir por la cantidad de aspirantes y porque ahora no son representantes de partidos y organizaciones políticas.
Llama la atención que ya los organismos electorales, tal vez, resignados, señalan que el éxito del proceso estará fincado en la participación de los ciudadanos, tanto en la organización y ejecución del proceso, como en acudir a las pocas urnas que se instalarán.
Y es que la postura no es criticable, pero si apunta a que el resultado del proceso no será el esperado y deseado, pues el discurso oficial sobre la participación ciudadano y los cuestionables resultados no serán atribuidos a la complejidad del proceso, si no a la efectividad de los órganos electorales.
Los responsables electorales en Coahuila, del nivel local y federal, mostraron un optimismo efímero e hicieron un llamado público a aprovechar esta oportunidad para fortalecer la democracia, pero en los hechos, este proceso podría significar la sepultura de la autonomía de las instituciones electorales del país.