Elecciones intermedias en Coahuila, prueba de fuego para el PRI y Morena

Luego de perder la mayoría en 1996, el Gobierno separó los comicios para diputados. La reforma le permitió conservar el control del poder legislativo y, durante el moreirato, legalizar la megadeuda y enterrar expedientes políticamente explosivos. La oposición tratará de romper el cerco en 2026

Contrapesar las decisiones de la 4T es mucho pedir: Báez

Las mujeres ganan más reelecciones, pero les falta agenda

El PRI perdió la mayoría en el Congreso antes de perder la presidencia. No es condición para la alternancia, pero puede anticiparla. Sin el control del parlamento, los márgenes de maniobra del Gobierno se reducen. También lo expone a presiones políticas, y en casos como el de Coahuila, a la discusión y apertura de casos explosivos como la megadeuda, el desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma y las masacres de Allende y Piedras Negras. La prescripción de algunos delitos se debe a la falta de voluntad política para investigarlos, a la inoperancia de sistema anticorrupción y del aparato de justicia y a la red de intereses y complicidades tejida en torno al «moreirato».

Históricamente el Congreso de Coahuila ha sido dominado por el PRI. El primer traspié lo sufrió en 1996, durante el Gobierno de Rogelio Montemayor, cuando postuló candidatos cercanos al poder, pero sin militancia ni experiencia política. Por primera vez perdió la mayoría absoluta. La LIV legislatura estuvo integrada por 16 diputados del PRI, 10 del PAN, 2 del Frente Cardenista y 2 del Partido del Trabajo. El Gobierno rompió el empate con los votos cardenistas, a cambio de concesiones legales, económicas y políticas. En las mismas elecciones el PRI perdió los principales municipios con el PAN, cuyos alcaldes gobernaron al 50% de los habitantes del estado.

Los comicios para gobernador, alcaldes y diputados dejaron de celebrarse, a partir de entonces, en la misma fecha. La prioridad era asegurar el Congreso. Para mantener juntas las elecciones de gobernador y aislar las legislativas intermedias, la Constitución se reformó. El propósito consistía en que la votación del candidato a gobernador sirviera de paraguas a las fórmulas de diputados. En las elecciones de medio término, cuando el abstencionismo alcanza hasta el 60%, la tarea quedaba en manos de la estructura del PRI. Para acomodar el calendario, el periodo de los alcaldes se amplió a cuatro años. Después regresó a tres.

Separar las elecciones confirma la importancia del Congreso para el gobernador de turno. Desde esa perspectiva, resulta preferible perder presidencias municipales, incluso estratégicas, antes que la mayoría parlamentaria. La ingeniería falló en 2017, no por razones de diseño, sino por las circunstancias. Esta vez, el candidato a gobernador, Miguel Riquelme, no impulsó a los aspirantes a diputados, sino que los lastró. El PRI consiguió solo 10 curules, seguido por el PAN (9) y Unidad Democrática de Coahuila (3). Morena obtuvo dos y el PRD, una. Sin embargo, el grupo parlamentario del PAN, liderado por Marcelo Torres, actuó como comparsa y Riquelme gobernó sin sobresaltos. El tema de la megadeuda y otros, igualmente sensibles, nunca se tocaron.

Los votantes castigaron la atonía y falta de compromiso del PAN en las elecciones de 2021, cuando no ganó un solo distrito. El PRI logró recuperarse y arrasó en las 16 demarcaciones. Morena alcanzó cuatro diputaciones plurinominales y Acción Nacional, tres, de las cuales perdió una por la renuncia de Rodolfo Walss, quien se declaró independiente. Lo mismo que en 1996, cuando el PRI parecía tener perdida la gubernatura, y en 2017, cuando el panista Guillermo Anaya estuvo a punto de ganarla, en 2023 el dinosaurio demostró estar vivito y coleando en Coahuila, mientras en el resto del país colapsaba. La mayoría en el Congreso le brinda oxígeno.

Gobernar sin mayoría

Las legislaturas locales no alcanzan todavía el nivel de debate del Congreso federal ni la influencia necesaria para ser un contrapeso frente el ejecutivo, sobre todo en gobiernos divididos. El PRI perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones de medio mandato de Ernesto Zedillo, celebradas en 1996. Ejercer la presidencia en las mismas circunstancias obligó a Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto a negociar el presupuesto, las reformas a la Constitución y las leyes secundarias con las bancadas de los principales partidos. También con los gobernadores, jefes de facto de los diputados y los senadores. Los Gobiernos unificados volvieron con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Los congresos estatales han girado siempre en la órbita del gobernador. Pasó en la hegemonía priista y hoy sucede lo mismo en los 24 estados gobernados por Morena, los cuatro en poder del PAN y los dos en manos del PRI. En Nuevo León, Samuel García lidia con un Congreso hostil. Los 10 diputados de Movimiento Ciudadano poco pueden hacer para contener los embates del bloque PAN-PRI-PRD que los duplica. Las discrepancias han obligado a la administración a ejercer el presupuesto de años anteriores. En Jalisco MC tampoco tiene mayoría, pero sí la ventaja de que el PRI y el PAN no controlan la legislatura. Morena es en ambos estados la segunda fuerza electoral.

La mayoría de la coalición PRI-PAN-PRD en el Congreso de Coahuila le permite al gobernador Manolo Jiménez avanzar su agenda sin dificultades. Los diputados de Morena, lejos de representar una amenaza, actúan como aliados suyos. El tablero podría modificarse en la segunda parte del sexenio, si Morena y el PT aumentan su presencia en la legislatura, y el PAN compite solo en las elecciones del año próximo. Frente a esa eventualidad, el presidente del comité estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, advierte que su partido cuenta con los perfiles adecuados para ganar los 15 distritos.

Por razones obvias y otras que más tarde aflorarían, Humberto y Rubén Moreira tuvieron especial cuidado en hacerse con la mayoría de asientos en el Congreso. El segundo de ellos urdió reformas para escamotearle diputaciones al PAN, restarle representación e inflar a los satélites del PRI (PRD, Verde, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Primero Coahuila). Repartir los votos antes de las elecciones le permitía a los partidos paleros conservar su registro. La sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey prohibió el trasvase de sufragios que daban a la legislatura local un barniz plural.

El Instituto y el Tribunal Estatal Electoral, cuyos presidentes fueron después funcionarios del Gobierno, jugaron un papel clave en el montaje. Los consejeros y magistrados eran propuestos por el gobernador y los congresos los aprobaban sin chistar. Los consejeros del IEC recibían por celular consignas contra las oposiciones mientras sesionaban. La presión forzó una reforma constitucional para romper el círculo vicioso en el país y transferir al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de nombrar a los consejos generales de los organismos públicos locales electorales de los estados (Oples), los cuales fueron dotados de autonomía operativa e independencia en la toma de decisiones. Para que las elecciones locales se organicen de acuerdo con los criterios federales, los Oples se coordinan con el INE.

Garbanzo de a libra

Los congresos de Coahuila y del país, en su mayoría, han cumplido su encomienda a secas y actuado como oficialía de partes. Pocos sobresalen. El blasón corresponde a la legislatura que al final de la Decena Trágica desconoció al usurpador Victoriano Huerta como presidente. La iniciativa del gobernador Venustiano Carranza fue aprobada por los diputados el 19 de febrero de 1913, el mismo día de su presentación. En 1981, un grupo de diputados intentó frenar la renuncia de Óscar Flores Tapia, pero el gobernador los disuadió, por inútil y para no atizar aún más la inquina del presidente José López Portillo. Las legislaturas siempre han estado al servicio del ejecutivo, pero ninguna tan abyecta como la LVIII por haber legalizado una deuda de la cual se enteró, o fingió hacerlo, hasta que destapó el «moreirazo» la Secretaría de Hacienda.

Diputados de ese congreso y su pastor, Fernando de las Fuentes, recibieron, en correspondencia, alcaldías, cargos administrativos y sinecuras en los Gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme. Otros, como Raúl Onofre y Verónica Martínez, todavía hoy son diputados. Salvador Hernández Vélez fue premiado con la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los demás desaparecieron de escena gradualmente. Shamir Fernández, uno más de los diputados de la megadeuda, compitió por la alcaldía de Torreón el año pasado. Obtuvo el 39% de la votación, siete puntos por debajo de Román Alberto Cepeda (PRI), más por las siglas de Morena que por su trayectoria.

Los congresos sucesivos cumplieron la tarea de echar tierra al «moreirazo». La comisión legislativa que investigaría el destino de 40 mil millones de pesos fue otro de los embustes de Rubén Moreira que los diputados se tragaron como ruedas de molino. Hurgar en el Gobierno de su hermano, Humberto Moreira, habría sido suicida. El PAN denunció el endeudamiento ilegal ante la Procuraduría General de la República, pero terminó por olvidarse del asunto. Hoy los diputados panistas, aliados en PRI, hacen el trabajo sucio sin gesticular. Caso notorio es el de Gerardo Aguado.

El Sistema Anticorrupción y la fiscalía respectiva, aprobados por el Congreso hacia finales del Gobierno de Rubén Moreira, se han dedicado a cazar fantasmas, actúan por consigna contra rivales políticos y eventualmente sancionan alguna irregularidad. La mayoría de las veces, menor. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por el atraco recibieron el consabido carpetazo en la Fiscalía General del Estado. El primer zar contra la corrupción, Jesús Homero Flores, colaboró antes con Humberto Moreira en la alcaldía de Saltillo. Hoy es magistrado —por voto popular— del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, brazo con el cual el Gobierno controla a los poderes públicos.

Resuelta la «renovación» del Poder Judicial sin contratiempos, solo falta un Congreso igualmente a la medida del deseo. La legislatura que se nombre en junio próximo será la más importante para el gobernador Manolo Jiménez, pues con ella cerrará el sexenio. El PRI hará todo lo que esté a su alcance para conservar la mayoría. Si el PAN le acompaña o no, es irrelevante. Acción Nacional es el más urgido, pues su registro pende de un hilo. Para Morena y el PT, juntos o por separado, el Congreso significa el paso previo para la alternancia en el único estado donde no la habido. Solo si los egos de sus líderes no se anteponen podrían avanzar en su objetivo. E4

---

Contrapesar las decisiones de la 4T es mucho pedir: Báez

La aprobación de las reformas del partido mayoritario ocurre casi en automático en las legislaturas locales, dice el investigador de la UNAM

«“Mis diputados […], militantes del mismo partido, del PRI, no estamos muy de acuerdo [con la reforma constitucional en materia electoral]; es más, no estamos de acuerdo y simplemente no se aprueba aquí”. Y así fue: en octubre de 2007, unas semanas después de las declaraciones del gobernador Humberto Moreira (2005-2011), el Congreso de Coahuila, entonces con mayoría de sus diputadas y diputadas, votó en contra de la reforma electoral que estableció, entre otras cuestiones, un nuevo modelo de comunicación política que no era del agrado del mandatario estatal». Así empieza Ómar Báez Caballero su ensayo «La (in)trascendencia de las legislaturas locales en el federalismo: el caso mexicano».

Las legislaturas locales han estado sometidas y con escasa capacidad de resistencia frente al poder de los gobernadores y de los poderes nacionales.

El texto del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM forma parte de los 19 reunidos en el libro Los congresos locales en México. Un estudio comparado sobre la representación política, editado por la Universidad Nacional y el Instituto Nacional Electoral (INE) en el 2021. Khemvirg Puente Martínez y Érika García Méndez, coordinadores del proyecto, advierten que, frente a la transformación de los poderes públicos, acelerada por la democratización del país y «el papel central que debieran jugar los congresos locales, hasta ahora existe limitada evidencia de los cambios que estas instituciones políticas han tenido en los últimos años». Ponen asimismo de relieve el sometimiento de las legislaturas locales y su «escasa capacidad de resistencia frente al poder de los gobernadores y los poderes nacionales».

Báez señala que «la aprobación casi automática de las adiciones o reformas a la Constitución federal por parte de la mayoría de las legislaturas locales» tiene una explicación jurídica: el papel mínimo que se les asigna en el procedimiento, limitado a «aprobar o no aprobar»; y otra de teoría política: el control que sobre ellas ejercen los partidos con registro nacional, cuyas bancadas habían aprobado previamente las reformas en el Congreso de la Unión. El segundo punto vuelve la mirada hacia los gobernadores, pues su influencia en el parlamento federal aumentó durante las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, cuando también los diputados y senadores eran nombrados por ellos.

El académico observa la necesidad de profundizar en la función de las legislaturas estatales en el contexto del cambio constitucional del país. Por tanto, su trabajo pretende «explicar las causas y consecuencias de la (in)trascendencia que en México tienen los congresos locales sobre el cambio constitucional y sobre la transformación del federalismo en un sentido más amplio». Frente a la interacción «sin discordancias» entre los congresos federal y locales, «el federalismo […] está lejos de expresarse como sinónimo de división de poderes».

Esperar que las legislaturas contrarias a Morena (hoy apenas cinco, entre ellas la de Coahuila) contrapesen las decisiones del Congreso federal «sería mucho pedir», dice Báez. Sin embargo, la posibilidad está abierta, como en otros países, máxime si los congresos adquieren «conciencia plena de sus facultades». Para ello necesitan adoptar primero una posición firme y decidida con los gobernadores que los miran, no como representantes populares, sino como sus empleados, y sin el menor rubor les dictan consignas en público para aprobar o rechazar lo que a sus intereses conviene. Como lo hacía Moreira, quien, por cierto, nunca fue diputado. E4

---

Las mujeres ganan más reelecciones, pero les falta agenda

La representación proporcional deja de ser la principal vía para ingresar a los congresos, dice Adriana Báez. La paridad de género aumenta el poder femenino; ahora deben ejercerlo

La reelección inmediata de legisladores federales y locales en 2018 demostró que la mujer es tan competitiva o más que el hombre (Anticipo de la victoria abrumadora de Claudia Sheinbaum). Adriana Báez Carlos, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y Sergio Bárcena Juárez, profesor en la Escuela de Humanidades del ITESM, lo plantean en estos términos: «Aunque las mujeres representaron el 42.2% de los candidatos (…) por la fórmula de mayoría relativa y el 57.6% de quienes se postularon por representación proporcional, representaron el 57.5% de quienes ganaron un segundo mandato (…), contra el 47.5% de varones. El dato revierte la vieja tendencia de que la representación proporcional fuera la principal vía por la cual llegaban las mujeres a los congresos para demostrar su capacidad de trascender en la política» («El retorno a la reelección inmediata en los congresos estatales. Los Congresos locales en México»).

Bajo la férula de Rubén Moreira, Coahuila (junto con Nayarit) se adelantó a los demás estados para aplicar la reforma en 2014. La mayoría de los gobernadores estableció cuatro elecciones consecutivas, lo cual permite a los diputados permanecer en el cargo hasta 12 años. (Para evitar abusos, en Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas solo está permitida una segunda elección). Bajo ese criterio, el menor del clan Moreira (Álvaro), acumula ya dos periodos. Moreira II no ejerció un Gobierno democrático ni feminista, ni mucho menos respetuoso de la división de poderes. El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia los manejó a su arbitrio. Gobernó, legisló e inclinó la balanza de la justicia según su interés y estado de ánimo.

Para «cumplir» la equidad de género en la elección de diputados federales de 2009, Hilda Flores renunció a su escaño en favor de Noé Garza Flores, exlíder del PRI en el estado y entonces íntimo de Moreira. Después lo persiguió. El PAN, PRD y Verde utilizaron la misma fórmula de las «Juanitas». Los gobernadores y las dirigencias partidarias fueron maniatados con la elección de 2012. Desde entonces las fórmulas son del mismo género. Si una diputada (federal o local) o senadora deja el cargo, la reemplaza una mujer. La reforma de mayor calado fue la de 2019, pues elevó a rango constitucional la paridad de género. No sólo en el Congreso federal y en las legislaturas locales, sino también en las candidaturas a los Gobiernos estatales, alcaldías, órganos autónomos y la estructura federal en general. El mandato aún no se cumple por completo en los estados.

Sin embargo, la paridad de género en los congresos locales será insuficiente mientras las diputadas no diseñen una agenda propia, que priorice las demandas y reivindicaciones feministas. No solo es la violencia, en sus distintas manifestaciones, la que las agobia. También es preciso alinear sus sueldos con las percepciones de los hombres. Fiscalías como la de Coahuila son señaladas por distintos colectivos por negar protección a las mujeres abusadas y víctimas de acoso. Si «las grandes ganadoras (de la reelección) fueron las mujeres (…) y las candidatas a los congresos pueden ganar elecciones», según exponen Báez y Bárcena en su estudio, también deben concienciarse de su poder para incidir en la política de sus estados y dejar de ser figurantes en las legislaturas. E4