Las encuestas llegaron para quedarse. Muchas cosas han pasado en medio siglo. La información en papel ha cedido ante el formato digital; los dispositivos también han cambiado, la TV es un medio para el streaming no para la señal convencional de las empresas televisivas; la radio dejó de estar en casa, ahora se escucha en el coche o en el dispositivo móvil, medio de información, comunicación y entretenimiento masivo; una revolución tecnológica que apenas advertimos. Pero las encuestas llegaron y ahora, al menos en México son medida del desempeño del Gobierno y se utilizan hasta para definir quién debe ser candidato del partido gobernante, que como en los viejos tiempos, candidatos que prevalecen con regularidad.
Las encuestas son negocio del poder en todo el mundo. A pesar de su popularidad e influencia, aquí y en todos lados se equivocan en temas fundamentales; en 2016 se anticipaba la derrota de Trump ante Hillary Clinton. En México, en 2012 el consenso era el triunfo de Peña Nieto por dos dígitos y apenas superó seis puntos porcentuales. El primer ministro de Inglaterra, David Cameron, resolvió hacer el referéndum para salir de la Unión Europea (UE) bajo la premisa de que las encuestas señalaban que la permanencia ganaría y eso llevó a la decisión más desastrosa para el bienestar de los ingleses y de la UE. Las encuestas no son precisas y menos ahora porque los encuestados desconfían de ellas y en el caso de México, la inseguridad complicó el levantamiento presencial, telefónico o digital.
La encuesta requiere de la confianza del entrevistado, que hace tiempo se perdió. Los números muy favorables de un mandatario casi siempre son indicativos de la calidad del escrutinio público, no tanto del desempeño. Por eso los gobernantes las promueven cuando les favorecen, se regocijan con ellas y una buena parte de la opinión pública hace el juego. En nuestro país cada reporte de la aprobación presidencial es seguido por comentarios sobre el éxito de quien manda, sin advertir que la renuncia al análisis crítico y al debate público, entre otras cosas, posibilitan los números favorables.
Así, los mejor calificados son, casi siempre, los que gobiernan sociedades donde la libertad de expresión y la oposición son testimoniales, como sucede en México. Nadie registra relevante que el mismo funcionario elevado en aceptación, sea reprobado en los resultados de su Gobierno. El 70 % de los encuestados recriminan los malos resultados en seguridad o probidad.
La fascinación con las encuestas se asocia a la obsesión por la precisión que ofrece el número. La cifra no es punto de llegada, como suele suceder en la interpretación generalizada hasta de especialistas, supuestamente entendidos. El número o porcentaje es punto de partida para descifrar y discutir qué significa. La obsesión numérica tiene mucho que ver con la pereza mental, atrás queda la imaginación sociológica convocada por el sociólogo C. Wright Mills. El reduccionismo de la cifra es la renuncia más generalizada a la reflexión crítica. En México es necesario, toda vez que la medida de éxito del presidente o presidenta se relaciona falsamente a los elevados números de aprobación.
Un efecto de la perezosa interpretación de los resultados de las encuestas de aprobación presidencial es la banalización de la política en un doble sentido. Por una parte, abona a la soberbia moral y abuso de quien gobierna al asumirse ratificado en su gobernar y las discutibles decisiones que emprende; por la otra, inhibe la reflexión crítica y el indispensable escrutinio social como fórmula para mejorar el ejercicio del poder y contención al abuso. Banalizar conduce a venalidad y degradación en el ejercicio del poder; ceder en la valoración de la autoridad a partir del empirismo demoscópico es dejar a la sociedad en estado de indefensión.
La realidad se impone y no deja de ser una paradoja que los presidentes más populares son quienes han presentado los peores resultados. Debe preocupar la ausencia de deliberación y, la incapacidad de opositores y observadores de los asuntos públicos para entender la manera autoritaria en que se produce el consenso.
El balance no es favorable, y abonarse a la tesis de los logros distributivos de la política social y recuperación salarial es una de las muchas derrotas de la reflexión seria y profunda sobre el estado de cosas. Las encuestas son una invitación al debate, no son una renuncia a la reflexión crítica de la situación del país y de quienes gobiernan, como ahora sucede.
Trampas en los números
Son constantes las dificultades de políticos y analistas para entender las fórmulas de asignación de la Cámara de Diputados. De alguna manera, ha habido ardides: fórmulas que contienen trampas, casi siempre en función de la minoría mayor o, antes, del partido mayoritario, aquellos tiempos lejanos en los que el PRI podía aspirar a ganar la mayoría absoluta de votos, obsesión de la elección de 1988, como recordarán quienes estuvieron en la cocina de los números en aquella histórica noche. De ello podría dar testimonio el finado Fidel Herrera Beltrán.
El PAN no apoyó la reforma fundacional de 1977 para reconocer al Partido Comunista y al movimiento sinarquista, dándoles acceso a la Cámara de Diputados con 100 legisladores opositores electos por un régimen que contenía una trampa discreta, pero suficiente para que la oposición histórica la rechazara. La asignación favorecía más a las pequeñas minorías en detrimento del PAN. La inclusión fue un avance histórico, pero con trampa: se beneficiaba a los partidos pequeños a costa del opositor con más votos. Los beneficiarios no solo eran el PCM, el FCRN o el PDM; también el PPS y el PARM, que hasta antes de 1988 actuaban en función del régimen.
Hay una herencia del pasado que ahora adquiere la mayor importancia. El sistema mixto está cargado hacia la mayoría simple. La constante de las diversas fórmulas de asignación es que la sobrerrepresentación permanece, como efecto de que la mayoría de los legisladores son electos por mayoría simple. En otras palabras, el partido que gane más distritos estará sobrerrepresentado, a grado tal que se estableció que ningún partido podría tener más de 8% adicional de curules respecto a su porcentaje de votos. Este es un freno importante para reducir la sobrerrepresentación, pero apenas un matiz, no una solución, porque el régimen de asignación siempre favorecerá a la fuerza política con mayor capacidad de ganar distritos.
Otro factor relevante, y positivo, heredado del pasado a partir del interés por una asignación que favorezca a la minoría mayor, es que ningún partido puede tener mayoría calificada de 334 diputados; se le limita a 300. Esto responde al propósito del Constituyente de que todas las votaciones de mayoría calificada —entre ellas los cambios constitucionales— incluyeran a la oposición. Un tema fundamental para el pluralismo, ignorado y violentado en la asignación realizada por el INE y validada por el Tribunal Electoral cuando se excluyó de este criterio a las coaliciones. La oposición quedó marginada. Pero no fue un problema de reglas —por cierto, imprecisas—, sino de parcialidad en la autoridad electoral al interpretar la Constitución, como en el pasado, en interés del partido mayoritario.
Es sumamente relevante entender lo que significa el sistema mixto de representación para descifrar la trampa en la propuesta de integración Sheinbaum-Gómez que, por cierto, no se ha identificado. Definir la asignación a partir de la ventaja que tiene la minoría mayor en los triunfos distritales genera un sesgo que provoca sobrerrepresentación. Asignar 100 diputados a los mejores segundos lugares de la competencia distrital acentúa esa condición.
Esto significa que la primera minoría siempre estará sobrerrepresentada. Lo que no cambia es que requiere 42.2 % de los votos para lograr la mayoría absoluta, supuesto probable, aunque difícil de lograr y de allí la necesidad del PVEM y PT o de minar al INE para que sea la trampa la que determine el desenlace de la competencia distrital.
El poder es el poder, y esa es la aritmética fundamental que subyace en las leyes y en la traducción de votos a cargos o escaños legislativos. La primera minoría —por la mala, como ocurrió con la cuestionable interpretación de la asignación de 2024, o por la buena, mediante triunfos distritales en coalición—, requerirá de partidos afines. Los puristas podrán renegar del PT y del PVEM, pero resultan indispensables.
El debate debería centrarse en lo fundamental: el derecho de asociación para la creación de partidos no debe condicionarse; en todo caso, sí el derecho de asignación a través de un mínimo de votación. Para ello será necesario recomponer a fondo el sistema mixto a partir de igualar dos aspectos: el número de diputados de mayoría con los de representación proporcional, y el porcentaje de votos con la proporción de curules. Y, ya entrados, que los candidatos se seleccionen en elecciones primarias, así como prohibir las coaliciones electorales y hacerlas necesarias para quien pretenda gobernar y no tenga mayoría legislativa.
