Ensalzar a criminales

En una entrevista para el programa Olla de Grillos, un amigo compartía, con Víctor Hugo Hernández y al autor de estas líneas, su extrañeza de que «alguien tan desconfiado» como Felipe Calderón haya asignado a Genaro García Luna el combate contra la delincuencia organizada. El exsecretario de Seguridad Pública y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia en el sexenio de Vicente Fox acababa de ser detenido en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa. El «superpolicía» del panismo y Luis Cárdenas Palomino dirigieron el montaje para presentar a Florence Cassez e Israel Vallarta, en el programa de Carlos Loret de Mola, como líderes de la banda de secuestradores «Los Zodiaco». El caso provocó un conflicto entre los gobiernos de Calderón y su homólogo francés Nicolas Sarkozy, quien al final logró repatriar a Cassez a su país.

Los países cuentan con agencias, servicios, mandos y cuadros que actúan al margen de la legalidad o la aplican según convenga. Su tarea consiste en afrontar amenazas y neutralizar enemigos —reales o imaginarios— en defensa de la seguridad nacional. En México, esa función la desempeñaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fundada en 1947 bajo la presidencia de Miguel Alemán, y desaparecida por Miguel de la Madrid en 1984. La DFS, cuyo jefe era el secretario de Gobernación, siempre estuvo en el ojo del huracán. Participó en la guerra sucia y dejó una estela de secuestros, tortura, asesinatos y desapariciones, no solo de criminales y disidentes políticos, sino también de inocentes. Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro y Antonio Zorrilla Pérez, cada uno con su propia historia de terror, dirigieron la agencia antes de su extinción.

Arturo Durazo Moreno se formó en la DFS. Su amigo, el presidente José López Portillo, lo ascendió después a la jefatura del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. A Durazo se le atribuye la autoría intelectual de la masacre del río Tula, cometida en enero de 1982. Doce colombianos recibieron tortura extrema; algunos fueron mutilados y otros, decapitados. Las ejecuciones las habría cometido Francisco Sahagún Vaca, jefe de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (la siniestra DIPD). También se le acusó de las torturas en las mazmorras de Tlaxcoaque, Ciudad de México, entre 1957 y 1989, las cuales incluyeron a niños y jóvenes. Antes de ser detenido y extraditado a México, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal nombró a Durazo doctor «honoris causa». Eran los tiempos de la dictadura perfecta.

¿Por qué le entregó Calderón la seguridad del país a García Luna? Es un misterio, pero debió haber sido algo turbio, inconfesable. Acaso por la información en poder del policía consentido y por los servicios prestados a un presidente deslegitimado en las urnas y urgido de poder. Pero mientras el Gobierno calderonista guerreaba con los carteles de la droga, García Luna protegía y recibía sobornos de uno de ellos. El PAN quedará marcado por el oprobio, máxime si al exsecretario se le condena a cadena perpetua.

Las acusaciones de García Luna contra el presidente López Obrador por sus supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa entusiasmaron a sus malquerientes. Sin embargo, la periodista de investigación Paniley Ramírez apagó la euforia. «Estuve en todas las audiencias del juicio García Luna y he seguido durante años las investigaciones de EU sobre dinero del narco y las campañas de AMLO. Y no encuentro, ni en lo que se dijo en el juicio ni en la carta de García Luna, algo nuevo o revelador. Esta es la carta de un hombre sentado en su narrativa antes de su sentencia y preparando su apelación. A la oposición en México le digo: ensalzar criminales porque dicen algo que les conviene no es una forma de recuperar el espacio político que han perdido. Y creerle a García Luna en esto implica, también, creer que uno de los responsables de la barbarie en que vivimos en realidad fue solo una víctima».