Entre amparos, mañaneras y desacatos, magistrados se resisten a ir a las urnas

Los togados recurren a todos los medios a su alcance —huelgas, argucias legales y ruedas de prensa— para impedir la reformaque deja en manos de la ciudadanía la elección de los impartidores de justicia. El Ejecutivo y el Legislativo cierran filas y exhiben casos de corrupción judicial. Trife da luz verde al INE; la Suprema Corte tendrá la última palabra

Reforma energética: por la soberanía y el control estatal

La implementación de la reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre, avanza en medio de un pantano jurídico. En un esfuerzo por detener los cambios constitucionales que los obligarían a someterse al voto popular, jueces y magistrados han recurrido a toda clase de maniobras legales para bloquear su aplicación.

Entre ellos, destacan el paro de actividades, que ha retrasado más de 13 mil audiencias, una avalancha de amparos con bases jurídicas cuestionables y las amenazas de denunciar y llevar a juicio a la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Quien está en desacato es la jueza (Nancy Juárez Salas). Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el Estado de derecho son ellos, ellas (…) Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo (…) Son los propios jueces (…) que están defendiendo sus propios privilegios».

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Uno de los episodios más recientes en la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo lo protagonizó la jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien otorgó un amparo para retirar la publicación de la reforma del DOF. El incumplimiento de esta orden «rompe el Estado de Derecho y conduce a la anarquía», argumenta.

En respuesta, Sheinbaum no solo recordó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que este tipo de recursos «es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», sino que también acusó a la jueza de violar la ley.

«Quien está en desacato es la jueza. (…) Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el Estado de Derecho son ellos, ellas», dijo en conferencia de prensa (21.10.24). «Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo (…) Son los propios jueces (…) que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: “Votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución”», agregó.

Otro de los principales obstáculos para la reforma es la organización del proceso electoral que designará a los jueces en 2025. El pasado 23 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) puede continuar con el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, desestimando las suspensiones emitidas por diversos jueces de distrito.

La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá decidir si las impugnaciones presentadas por el Gobierno federal contra las suspensiones que han frenado la reforma judicial son de naturaleza electoral o jurisdiccional. El 14 de octubre, la SCJN admitió a trámite una solicitud de los magistrados del Tribunal Colegiado de Colima, en la que pidieron a los ministros determinar qué órgano jurisdiccional será competente para resolver los recursos de revisión y queja.

Por otro lado, los congresos locales tienen hasta el 14 de marzo del próximo año para ajustar sus constituciones a la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión.

Fuego cruzado

El 21 de octubre de 2024, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reveló los antecedentes disciplinarios de la jueza Nancy Juárez Salas, quien fue suspendida en 2021 tras denuncias de 12 servidores públicos (inhabilitación revocada en marzo de 2023).

Entre las acusaciones en su contra destacan hostigamiento laboral, nepotismo y mal desempeño de funciones. Además, fue sancionada por ratificar licencias médicas de manera irregular en 2016 y por realizar actividades comerciales incompatibles con su cargo. Rodríguez también mencionó investigaciones por violaciones a los derechos de los trabajadores bajo su jurisdicción.

Juárez no es la única jueza bajo escrutinio. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) también presentó una lista de jueces acusados de liberar a delincuentes o favorecer a personajes políticos involucrados en corrupción. Entre los casos más destacados, menciona:

• José Alberto «la Kena», presunto líder del Cártel del Golfo, liberado por el juez Crescencio Contreras Martínez el 25 de enero de 2024.
• Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, cuya extradición a Estados Unidos ha sido impedido por el juez Juan José Fernando García Quiroz desde 2022.
• Héctor «el Güero» Palma, obtuvo un amparo del juez Conrado Alcalá Romero para invalidar un auto de formal prisión.
• Emilio Lozoya, implicado en el caso Odebrecht, recibió un amparo del magistrado Juan Pedro Contreras, en 2022, para dejar sin efecto su prisión preventiva.
• Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, beneficiado por la jueza Adriana Yolanda Vega, en 2023, al suspender una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
• Rodríguez también denunció la intervención del Poder Judicial en asuntos electorales. Destaca que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, organizó una cena a la que asistieron Alejandro «Alito» Moreno, Santiago Creel y varios magistrados electorales. La titular de la Segob subrayó además la existencia de corrupción en el Poder Judicial, afirmando que sus integrantes no enfrentan sanciones adecuadas ante las quejas presentadas en su contra.

La presidenta Sheinbaum anunció que notificará a las autoridades correspondientes para que se sancione a Juárez Salas y otros jueces que han desacatado las leyes, argumentando que defienden sus privilegios a costa del Estado de derecho.

El mismo 21 de octubre, magistrados federales de circuito iniciaron un ciclo de conferencias matutinas para ejercer su derecho de réplica y abordar las preocupaciones planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la reforma judicial.

Durante la primera de estas sesiones, los magistrados reafirmaron que «la última palabra siempre está en los tribunales». Argüyen que el amparo relacionado con la reforma judicial debe proceder, citando que el artículo en cuestión es un producto de la reforma de la Ley de Amparo de 2013, lo que significa que aún no hay jurisprudencia que lo declare como una regla insuperable.

Sheinbaum expresó que los jueces «están en su derecho» de realizar estas sesiones, enfatizando la importancia de la libertad de expresión. Sin embargo, también cuestiona la situación de los trabajadores del Poder Judicial que están en paro, sugiriendo que deberían explicar al pueblo de México por qué continúan recibiendo salarios mientras más de 13 mil casos están estancados.

La presidenta instó a los jueces, magistrados y ministros a postularse en las próximas elecciones, sugiriendo que deberían presentar su trayectoria judicial ante la ciudadanía. Enfatizó que su administración ya ha implementado una reforma constitucional y, por lo tanto, los jueces deben rendir cuentas sobre su desempeño.

Bolivia y Colombia

La reciente reforma que permite la elección de jueces y magistrados por voto popular ha suscitado un intenso debate, sobre todo al compararla con el modelo de Bolivia, el único país donde este sistema ha sido implementado.

Desde la adopción de su nueva Constitución en 2009, Bolivia ha realizado dos elecciones judiciales (2011 y 2017), donde los ciudadanos votan para elegir a los miembros de las altas cortes, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

No obstante, este método ha sido criticado por la falta de respaldo popular, ya que en ambas ocasiones más del 60% de los votantes optó por anular su voto, lo que refleja un descontento generalizado hacia un sistema que muchos consideran poco transparente y efectivo.

En este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto la elección de jueces por voto popular, inspirándose en la reforma mexicana. Durante un discurso reciente, Petro reconoció que las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en Colombia han sido «traumáticas» y sugirió que la política debe evolucionar junto con la realidad social, citando el ejemplo de México.

Sin embargo, su propuesta ha generado preocupación entre juristas y exfuncionarios, quienes advierten que esto podría politizar la administración de justicia y afectar su independencia. La crítica se centra en que, al igual que en México, la elección popular podría llevar a la designación de jueces sin la preparación adecuada, minando la integridad del sistema judicial.

A diferencia de México y Bolivia, Colombia ha intentado abordar problemas estructurales en su sistema judicial a través de reformas más amplias. En 2016, la Corte Constitucional invalidó una reforma que buscaba mejorar la selección de magistrados, argumentando que vulneraba el principio de separación de poderes. Esto demuestra que el camino hacia una justicia más autónoma y eficaz es complejo y lleno de obstáculos, tanto en Colombia como en otros países de la región.

En cuanto a las elecciones judiciales programadas en Bolivia para diciembre de este año, el proceso enfrenta serias incertidumbres debido a disputas internas en el Legislativo y decisiones contradictorias de cortes regionales que podrían paralizar la renovación de jueces.

Con la actual situación de pugnas políticas, la posibilidad de que se realicen las elecciones se ve amenazada, lo que podría dejar a los magistrados prorrogados en sus cargos sin la debida legitimidad. Esta crisis no solo refleja las tensiones políticas internas, sino que también plantea un riesgo significativo para la estabilidad del sistema judicial en un país donde la elección de jueces por voto popular ya ha demostrado ser problemática. E4

Casos judiciales polémicos

José Alberto «la Kena» (2024)

Liberado por el juez Crescencio Contreras

Rafael Caro Quintero (2022)

Extradición bloqueada por el juez Juan García Quiroz

Héctor «el Güero» Palma (2024)

Amparo contra arresto concedido por el juez Conrado Alcalá

Emilio Lozoya (2022)

Amparo contra prisión preventiva por el juez Juan Pedro Contreras

Francisco Cabeza de Vaca (2023)

Orden de aprehensión suspendida por Adriana Yolanda Vega

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Reforma energética: por la soberanía y el control estatal

El Senado de México aprobó, el pasado 19 de octubre, una reforma energética que privilegia a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). La enmienda marca un cambio radical en la política energética del país, al modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, revirtiendo en gran medida la reforma impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013, que abrió el sector a la inversión privada.

La votación se realizó tras una prolongada sesión, resultando en 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención. La reforma redefine a Pemex y CFE de «empresas productivas del Estado» a «empresas públicas», lo que les permite operar con ventajas sobre las firmas privadas.

Los defensores argumentan que esto fortalecerá a las empresas estatales y garantizará la soberanía energética. Las oposiciones temen que pueda desincentivar la inversión privada y afectar la competencia en el sector.

Un aspecto central de la reforma es la prevalencia de la CFE en el mercado eléctrico. Se establece que la CFE debe mantener al menos el 54% de la generación eléctrica, limitando así la participación de empresas privadas a un 46%. Esto genera dudas sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, como los del T-MEC, que demandan competencia en igualdad de condiciones.

El camino legal de la reforma no está exento de retos. Aunque ya fue aprobada por el Senado, necesitará la ratificación de al menos 17 congresos estatales, donde el partido gobernante, Morena, tiene mayoría. Además, se derogan los transitorios de la reforma de Peña Nieto, lo que busca prevenir futuras impugnaciones judiciales.

La reforma también se enfrenta a críticas respecto a sus implicaciones ambientales y de costos. Especialistas advierten que al dar prioridad a la CFE, que históricamente ha sido menos eficiente y más contaminante, se incrementarán los costos de generación eléctrica. Esto podría traducirse en tarifas más altas para los consumidores, contradiciendo la promesa de ofrecer electricidad a un menor costo.

A pesar de las críticas, los inversionistas están optimistas sobre el impacto de la reforma en la calificación crediticia de Pemex, sugiriendo que esta podría acercarse a la deuda soberana. Esto refleja un cambio en la percepción del mercado hacia las finanzas de Pemex, lo que podría permitirle reducir su deuda histórica de casi 100 mil millones de dólares. La reforma representa un intento por parte del Gobierno actual de reafirmar el control estatal en un sector clave, pero también plantea serias dudas sobre su viabilidad económica, competitividad y compromiso ambiental. El debate continúa mientras se espera el proceso legislativo en los estados y la definición de las leyes secundarias. E4