Mientras millones de personas viven la pasión del balompié, la organización que gobierna el espectáculo acumula ingresos históricos, rodeada de privilegios fiscales, investigaciones judiciales y un largo historial de sobornos. Es una versión «VIP del crimen organizado», dice el autor del libro Dios es redondo
México 86: una historia donde la realidad supera a la ficción
Miles de aficionados hacen fila durante horas para ingresar a los estadios. Pagan boletos cuyo precio, en muchos casos, supera el salario mensual de una familia promedio; enfrentan obras inconclusas, cierres viales, revisiones de seguridad y restricciones impuestas alrededor de las sedes mundialistas. Mientras tanto, a unos cuantos metros, en los palcos corporativos, dirigentes, patrocinadores y grandes inversionistas observan el espectáculo desde una realidad completamente distinta.
El escritor Juan Villoro retrata esa imagen en su columna «La Cueva de Alí Babá», publicada en Reforma el pasado 19 de junio. «La FIFA opera como una fuerza de ocupación», y su historia está marcada por la opacidad, la concentración del poder y la búsqueda permanente de beneficios económicos, dice el autor del libro Dios es redondo.
La crítica no surge solo de una postura literaria. Durante las dos últimas décadas, investigaciones judiciales en Estados Unidos y Europa han documentado una extensa red de sobornos, lavado de dinero, compra de votos y manipulación de procesos para la elección de sedes. El caso convirtió a la FIFA en protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia del deporte profesional.
Durante décadas, el organismo dejó de ser solo el rector del futbol para convertirse en una de las empresas deportivas más poderosas del planeta. Aunque jurídicamente conserva el carácter de asociación sin fines de lucro registrada en Suiza, administra ingresos comparables con los de grandes corporaciones internacionales.
Los derechos de televisión, el patrocinio global, la venta de hospitalidad VIP, el marketing y las licencias comerciales transformaron al Mundial en un producto que genera carretadas de dinero. Los ingresos de este año oscilarán entre los 11 mil y los 13 mil millones de dólares (BBC), cifras sin precedentes impulsadas por el aumento de selecciones participantes y nuevos paquetes comerciales.
El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido este modelo asegurando que buena parte de esos recursos se reinvierten en el desarrollo del futbol mediante programas como FIFA Forward. Sin embargo, el crecimiento económico no ha ido acompañado de mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas.
Villoro resume esa contradicción con una imagen contundente. Describe la sede de la FIFA, en Zúrich, como una metáfora de la institución: «dos pisos reciben la luz del día y los otros cinco están bajo tierra». La arquitectura, apunta, parece reflejar una organización donde buena parte de las decisiones permanecen fuera de la vista pública.
Potencia financiera
Cuando la FIFA fue fundada en París en 1904 tenía una función esencialmente administrativa: organizar las reglas del futbol internacional y coordinar las competencias entre asociaciones nacionales. Más de un siglo después, su dimensión económica poco tiene que ver con aquella organización naciente.
El presupuesto aprobado por la propia FIFA para el ciclo 2023-2026 asciende a
13 mil millones de dólares, el mayor en su historia. La mitad de esos recursos proviene de la Copa del Mundo masculina y del ecosistema comercial construido alrededor del torneo. La expansión de 32 a 48 selecciones incrementó el número de partidos, los contratos televisivos y las oportunidades comerciales, convirtiendo a México, EE. UU. y Canadá en la sede del Mundial más grande jamás organizado.
Aunque jurídicamente continúa registrada como una asociación sin fines de lucro en Suiza, la dimensión económica de la FIFA la coloca al nivel de las grandes multinacionales.
El dinero, sin embargo, no sólo proviene del mercado. Buena parte del modelo financiero depende de condiciones que negocia directamente con los Gobiernos anfitriones: exenciones fiscales, zonas comerciales exclusivas, protección extraordinaria de marcas, facilidades migratorias y operativas, además de inversiones públicas para adecuar la infraestructura urbana.
Juan Villoro resume esta lógica en una frase contundente que define a la institución como «la versión VIP del crimen organizado». La expresión es deliberadamente provocadora, pero encuentra sustento en procesos judiciales.
La madrugada del 27 de mayo de 2015, agentes de la policía suiza, actuando a petición del Departamento de Justicia de EE. UU. y en coordinación con el FBI, ingresaron al hotel Baur au Lac, en Zúrich, donde se hospedaban varios de los principales dirigentes de la FIFA antes de su congreso anual. Las imágenes de funcionarios esposados dieron la vuelta al mundo.
La investigación reveló un esquema de corrupción que operó durante más de dos décadas mediante sobornos, lavado de dinero y fraude electrónico relacionados con la venta de derechos comerciales, contratos de mercadotecnia y procesos de elección de sedes. El Departamento de Justicia estimó que los sobornos superaban los 150 millones de dólares.
Uno de los personajes centrales fue Chuck Blazer, exsecretario general de la Concacaf, a quien Villoro recuerda como el directivo que pagaba un departamento de lujo para sí y otro exclusivamente para sus gatos en la Torre Trump de Nueva York. Blazer terminó colaborando con las autoridades estadounidenses y sus declaraciones permitieron reconstruir buena parte de la red de corrupción.
Junto a él aparecieron nombres como Jack Warner, histórico dirigente de Trinidad y Tobago; Jeffrey Webb, presidente de la Concacaf; Eugenio Figueredo, expresidente de la Conmebol; Nicolás Leoz, José Maria Marin, Rafael Esquivel y otros altos funcionarios acusados de recibir o distribuir millones de dólares en sobornos. Muchos terminaron detenidos, extraditados, inhabilitados o aceptando su responsabilidad ante la justicia estadounidense.
La era Infantino
El escándalo de 2015 parecía marcar el fin de una época. La renuncia de Joseph Blatter, presidente de la FIFA durante 17 años, fue presentada como el inicio de una profunda transformación institucional. El dirigente suizo abandonó el cargo envuelto en investigaciones por administración desleal y fue suspendido por el Comité de Ética de la propia FIFA tras autorizar un pago de dos millones de francos suizos al exfutbolista francés Michel Platini, entonces presidente de la UEFA. Ambos negaron haber cometido un delito y años después fueron absueltos en un proceso penal en Suiza, aunque las sanciones deportivas ya habían puesto fin a sus carreras como dirigentes.
La promesa de cambio llegó de la mano de Gianni Infantino, elegido presidente en 2016 con un discurso centrado en la transparencia, la modernización administrativa y la recuperación de la credibilidad perdida.
La FIFA presume nuevas reglas de cumplimiento, auditorías independientes, límites a algunos mandatos y mayores mecanismos de supervisión financiera. Sin embargo, analistas sostienen que el verdadero cambio fue económico antes que institucional: el organismo incrementó su capacidad para generar ingresos sin modificar sustancialmente la concentración de poder en la presidencia.
Juan Villoro sintetiza esa crítica con una frase demoledora: «Blatter era un gánster refinado. Infantino, en cambio, es un charlatán que beneficia a la élite dueña del futbol planetario».
La historia de la FIFA también ha estado acompañada por su cercanía con Gobiernos autoritarios. La organización convivió con la Italia de Benito Mussolini, organizadora del Mundial de 1934; con la España de Francisco Franco, sede de la Copa de 1982; con la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla durante Argentina 1978; con la Rusia de Vladimir Putin en 2018 y con el emirato de Qatar en 2022, un torneo rodeado por denuncias de violaciones a derechos laborales y libertades civiles.
La candidatura de Arabia Saudita para organizar el Mundial de 2034 volvió a colocar a la FIFA bajo cuestionamiento. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnesty International y Human Rights Watch, han advertido que la elección podría fortalecer la estrategia de sportswashing: utilizar grandes eventos deportivos para mejorar la imagen internacional de Gobiernos señalados por violaciones a los derechos humanos.
México paga, la FIFA cobra
Pocas imágenes ilustran mejor esa relación que lo ocurrido en México durante la organización del Mundial de 2026. Como recordó Villoro, alrededor del Estadio Azteca se establecieron perímetros especiales de seguridad, restricciones al comercio informal y modificaciones urbanas destinadas a cumplir los compromisos adquiridos con la FIFA.
El Gobierno mexicano reconoció que mantiene vigentes compromisos firmados desde 2015 mediante los cuales la FIFA y las empresas que ésta designe gozan de amplias exenciones fiscales. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esos acuerdos fueron heredados del proceso de candidatura impulsado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y quedaron incorporados al marco legal aplicable al Mundial.
Los Gobiernos financian obras que permanecerán en las ciudades una vez terminado el campeonato, pero también asumen gastos extraordinarios que difícilmente recuperan de forma directa. La mayor parte de los ingresos derivados de derechos audiovisuales, patrocinadores globales, hospitalidad corporativa, licencias comerciales y mercadotecnia permanece bajo control exclusivo del organismo internacional.
Esa concentración de beneficios ha provocado tensiones incluso en Estados Unidos. Diversos comités organizadores locales han advertido que podrían cerrar el torneo con pérdidas operativas, mientras la FIFA obtendría ingresos cercanos a 8 mil 900 millones de dólares solamente por la Copa del Mundo de 2026.
La escena vuelve a ser la misma. En las tribunas, millones de aficionados celebran un gol que consideran propio. En las oficinas de Zúrich, el verdadero marcador se mide en miles de millones de dólares. E4
México 86: una historia donde la realidad supera a la ficción
Netflix revive los hechos que rodearon la designación de la sede mundialista de 1986, bajo la sombra de Televisa, la Femexfut y el escándalo de los Cachirules
La película México 86, estrenada recientemente en Netflix, no funciona solo como una reconstrucción nostálgica del Mundial que consagró a Diego Armando Maradona. Su verdadero interés está en otra cancha: la de los despachos, los favores políticos, los intereses televisivos y las zonas grises que marcaron la organización de la segunda Copa del Mundo realizada en territorio mexicano.
Dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, la cinta toma como punto de partida un personaje ficticio, Martín de la Torre, inspirado en figuras reales de la dirigencia mexicana. Diversos medios han señalado que una de las principales referencias históricas es Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Futbol en los años ochenta, aunque el personaje condensa rasgos de varios funcionarios de la época.
La película, por tanto, no debe leerse como documental, sino como sátira política. Su valor está en utilizar la ficción para recuperar una pregunta incómoda: ¿cómo logró México quedarse con el Mundial de 1986 en medio de una crisis económica, con el antecedente de Colombia como sede fallida y, más tarde, con el país sacudido por el terremoto del 19 de septiembre de 1985?
La sede original de la Copa había sido otorgada a Colombia en 1974. Sin embargo, el Gobierno colombiano terminó renunciando en 1982 ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por la FIFA. Un año después, en mayo de 1983, el Comité Ejecutivo del organismo eligió a México como sustituto, aprovechando la infraestructura heredada del Mundial de 1970.
Ahí aparece una de las capas más interesantes del relato: México no sólo ofrecía estadios, experiencia organizativa y una afición probada. También contaba con una poderosa alianza entre futbol, televisión y política. La figura de Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, y la influencia de Guillermo Cañedo de la Bárcena, exdirectivo del futbol mexicano y vicepresidente de la FIFA, forman parte del trasfondo histórico que la cinta convierte en materia dramática.
La película sugiere sobornos, presiones y arreglos para asegurar la sede. Conviene hacer una precisión periodística: no existe una sentencia que acredite judicialmente una compra del Mundial por parte de México. Lo que sí hay es una larga historia de relaciones opacas entre dirigentes deportivos, intereses televisivos y una FIFA que, décadas después, sería exhibida como un organismo vulnerable a la corrupción.
El terremoto de 1985 agregó una dimensión moral al torneo. A menos de un año del inicio de la Copa, la Ciudad de México estaba marcada por la tragedia, la reconstrucción y el cuestionamiento social al Gobierno. Pese a ello, el Mundial se mantuvo. Para el poder político, organizarlo significaba proyectar normalidad ante el mundo; para la FIFA, conservar el calendario; para la televisión, asegurar el espectáculo.
El éxito deportivo y mediático de México 86 terminó conviviendo con una sombra posterior. Dos años después estalló el escándalo de los Cachirules, cuando se descubrió que la selección mexicana Sub-20 había alineado jugadores con edades superiores a las permitidas mediante documentos falsos. La sanción de la FIFA dejó a México fuera de competencias internacionales, incluida la eliminatoria rumbo a Italia 90.
El episodio cerró de forma amarga una década en la que México había aparecido ante el mundo como anfitrión confiable del futbol global. La misma dirigencia que presumía capacidad para organizar un Mundial quedó atrapada en uno de los fraudes administrativos más graves de la historia deportiva nacional. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.