El problema de la concentración de poder es que vuelve imposible su control. Resulta difícil que quien preside un Gobierno, además de dirigir la complejidad de la administración pública y lo que ello implica, atienda los ámbitos legislativo, judicial y local. Prescindir de reglas que dan coherencia y orden al espacio público significa que el poder, en sus extremos, se convierta en una jungla donde impera el más fuerte: el que tiene mayor capacidad de influencia o de intimidación. Dos casos recientes ilustran, con claridad, que la justicia penal se aplica como recurso para dirimir diferencias entre particulares o resolver exigencias de quienes gobiernan.
El viernes 9 de enero, en el aeropuerto de Monterrey, con un despliegue policiaco excesivo, fue detenido Armando Castilla, director del diario Vanguardia de Saltillo, Coahuila, ícono del periodismo independiente local. Treinta y seis agentes de la Fiscalía de Nuevo León y nueve vehículos de la dependencia y de la Guardia Nacional participaron en el operativo para detener al empresario. Al día siguiente sería liberado por orden de un juez. A Castilla se le acusó de fraude, un delito fabricado por quienes litigan un caso mercantil que no ha sido resuelto y cuyos abogados tienen relación con la fiscalía de NL.
Historia conocida y recurso propio de la justicia a modo: fabricar delitos, comprar el favor de fiscalías para llevar a la detención del particular y, en la cárcel, obligarlo a un acuerdo. Afortunadamente, en este caso hubo una defensa legal oportuna y eficaz mediante el juicio de amparo, pero eso no siempre ocurre. La Fiscalía de Nuevo León debe una explicación.
Vanguardia cumplió recientemente 50 años de su fundación. Armando Castilla padre fue su creador, con la participación siempre del entrañable y espléndido cronista y periodista, orgulloso saltillense, Armando Fuentes Aguirre, Catón, expresión del mejor periodismo nacional. Desde su inicio, Vanguardia fue referente de buen oficio: audaz, creativo, sin miedo, convirtiéndose en el diario con mayor ascendiente. Un actor incómodo para el poder, exitoso en todas sus etapas, incluida la actual, tan complicada para los medios por la revolución digital. Vanguardia, con Diana Galindo y su hijo Armando, ha transitado venturosamente a esta nueva etapa.
Otro caso sumamente preocupante del uso de la detención arbitraria, el del lunes 12 de enero, con la aprehensión del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud, en la ciudad de Campeche. A los viejos usos policiacos se le plantó droga en su vehículo para justificar la detención. La fiscalía afirma que fue detenido en su vehículo a raíz de una denuncia anónima, explicación inverosímil. El rector Abud se ha resistido a la pretensión de la gobernadora Layda Sansores de que la Universidad entregue al Gobierno local la propiedad del estadio de béisbol Nelson Barrera, sede del equipo Piratas de Campeche. En ocasiones anteriores, ya había sido objeto de presiones; agredido en el programa de la gobernadora, llamado Martes del Jaguar, fracasada réplica de la nefasta mañanera de López Obrador. Asimismo, la Universidad recibió repetidas auditorías, todas puntualmente solventadas.
Actualmente, la Universidad estaba en proceso de designar a un nuevo rector. José Abud ha insistido en la necesidad de defender a la casa de estudios de la interferencia política y del patrimonio universitario. Se señala a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la mandataria y funcionario con mayor influencia, como responsable de la embestida contra la UAC. Hasta estas horas, el rector continúa detenido e incomunicado, al tiempo que se ha designado a Fanny Guillermo como rectora amedrentando desde el gobierno a consejeros universitarios.
Los casos de Castilla y Abud no son excepción ni accidente; son muestra del deterioro de la justicia. Recurrir a la detención arbitraria, con la participación de fiscalías es un viejo recurso del poder. Hoy, en estos nuevos tiempos, puede utilizarse para amedrentar o extorsionar a un directivo de un importante medio de comunicación o para someter a un rector de la universidad pública de una entidad y permitir que la autoridad influya en el destino de una institución autónoma.
Ambos casos ilustran un grave problema de la justicia penal en un país marcado por la impunidad: fiscalías incapaces de cumplir su cometido de combatir el delito y, en no pocos casos, coludidas con criminales. El envilecimiento de la justicia penal al servicio del poder político o económico. La ley de la selva.
La plataforma de la legalidad
Combatir al populismo es tarea casi imposible cuando quien detenta el poder controla el espacio informativo y noticioso, como sucede en México. En Estados Unidos no ocurre así; por ello, el Gobierno de Trump enfrenta una opinión pública cada vez más hostil, que conlleva la fractura de su coalición, porque los suyos, los republicanos, viven de los votos y su presidente resta, antes sumaba y con creces. Frenar al populismo es extremadamente complicado y, al parecer, sólo la incapacidad de administrar su unidad, el caos o una embestida externa mayor podría llevarlo a su caída.
Invocar a la democracia para reprobar el ejercicio populista es causa perdida. Las razones entran por el bolsillo. Además, en México no existe un aprecio popular sólido por los valores del liberalismo. En su mayoría, incluso en estos tiempos de hedonismo digital e individualismo creciente, los mexicanos prefieren suscribir la condición de beneficiarios antes que la de ciudadanos. Aunque temporal y estructuralmente marginal o minoritaria, la ciudadanía importa para modernizar la economía y la política. El populismo cobró fuerza y devastó las instituciones de la democracia sin resistencia, a causa de una oposición frágil e ineficiente, de un escrutinio del poder arrinconado y, también, de élites que se acomodaron al régimen. El resultado ha sido caro para todos, muy caro, incluso para el obradorismo, porque para defenderse de la mayor amenaza debilitó su mejor argumento: la legalidad.
Absurdo y peligroso que los malquerientes del régimen esperen que el exterior imponga orden. Basta verse en el espejo de Venezuela. Donde se prefirió a los chavistas, a Delcy Rodríguez —producto del fraude electoral— en lugar del movimiento democrático liderado por María Corina Machado. No es que Trump tenga debilidad por los dirigentes autoritarios —que la tiene—; para él es mejor entenderse con quien carece de ascendiente popular que con quien depende del respaldo ciudadano, porque eso prescinde de la política y privilegia la fuerza, que es lo suyo y ahí nadie le gana. El ideal de Trump para México es hacer de Sheinbaum una Delcy Rodríguez; el régimen no enfrenta el peligro, sino el país y lo que queda de su régimen democrático.
El tema, en todo caso, son los términos del sometimiento. Ya se sabe que Trump va por Cuba, porque eso sí representa un trofeo mayor. No sólo sería una revancha, también superar a un ícono del inventario presidencial, John F. Kennedy, y su fracasada aventura en Bahía de Cochinos. No es un asunto menor, y ahí Trump está dispuesto a todo. Ese es el factor que deberá valorar el país y su gobierno, que, por cierto, ha optado por regalar petróleo a una dictadura que nada aporta, excepto el regocijo de algunos nostálgicos estalinistas.
La legalidad es el mejor antídoto contra el populismo. A diferencia de la democracia, que es un concepto abstracto que cada uno usa a su modo, al grado que la presidenta —que la destruyó— afirma que México es el país más democrático del mundo, la legalidad tiene definiciones escritas, procedimientos, órganos que la hacen valer y, especialmente, sanciones. En México se prescindió de la legalidad, y esa es la mayor vergüenza de esta generación, y su principal debilidad. El mundo democrático la invoca para defenderse del autócrata. La mayor derrota que puede enfrentar Trump en su país está en los tribunales, antes que en el Congreso. En el ámbito internacional crece la exigencia de legalidad, no sólo por lo ocurrido en Venezuela, sino por las pretensiones expansionistas sobre Groenlandia y lo que pudiera seguir.
La legalidad es el mejor freno al populismo porque limita el ejercicio del poder sin contención, algo imposible en una república y menos en una democracia, donde es esencial la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las decisiones legislativas. La presidencia de Trump es la crónica de la violación del régimen legal. Los aranceles son impuestos que deben ser aprobados por el Congreso; para evitarlo, invocó un falso estado de emergencia. Prácticamente todas sus decisiones parten de la excepción al régimen legal. Una sola resolución de la Suprema Corte, incluso de una Corte afín a Trump, podría significar el colapso de su Gobierno. Esto demuestra que la legalidad implica derechos y obligaciones, así como la existencia de un órgano profesional e independiente que los haga valer. Queda claro que el régimen obradorista conspiró contra el país al destruir el Poder Judicial Federal.
