Siete informadores han sido asesinados en lo que va del año. La impunidad alimenta la crisis, dice Artículo 19; pide investigaciones a posibles redes de protección política y criminal
El actual año registra un alarmante repunte de homicidios de periodistas. Siete comunicadores asesinados en los primeros siete meses del año y 14 durante el actual sexenio han reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección, la persistencia de la impunidad y la capacidad del Estado para garantizar la libertad de expresión.
«No hablamos solo del número de periodistas asesinados, sino de un contexto en el que persisten las amenazas, los ataques físicos, las desapariciones, las campañas de estigmatización y todo esto amparado por una impunidad que sigue enviando el mensaje de que agredir a la prensa no tiene consecuencias».
Mariana Suárez, coordinadora de Protección de Artículo 19 para México y Centroamérica
De acuerdo con los registros acumulados por Artículo 19, desde el año 2000, durante el Gobierno de Vicente Fox fueron asesinados 22 periodistas; con Felipe Calderón la cifra aumentó a 48; en el sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 47; en la administración de Andrés Manuel López Obrador otros 47 perdieron la vida por ejercer su labor, y en el Gobierno de Claudia Sheinbaum suman 14 casos, cuando aún resta la mayor parte del sexenio. Los números reflejan que la violencia contra la prensa permanece como un problema estructural que ningún Gobierno ha conseguido resolver.
El caso más reciente es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ultimado a balazos en Oaxaca mientras desayunaba cerca de su domicilio. Días antes había sido ejecutado en Puebla Josué Martínez Contreras, conocido como «El Jaguar», y antes de ellos fueron ultimados periodistas en Veracruz, Guerrero y Nuevo León. La mayoría compartía un rasgo: ejercía el periodismo local, documentaba corrupción, inseguridad o abusos de poder y había recibido amenazas previas.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado cada uno de los homicidios y ha reiterado que no habrá impunidad. El Gobierno federal sostiene que la Fiscalía General de la República atraerá los casos cuando existan elementos para ello y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas continúa fortaleciéndose para brindar medidas preventivas a quienes enfrentan riesgos. La postura oficial insiste en que cada crimen será investigado y sancionado.
Sin embargo, para las organizaciones especializadas el problema rebasa la reacción posterior a los asesinatos. Mariana Suárez, coordinadora de Protección de Artículo 19 para México y Centroamérica, resumió el diagnóstico al señalar que «no hablamos solo del número de periodistas asesinados, sino de un contexto en el que persisten las amenazas, los ataques físicos, las desapariciones, las campañas de estigmatización y todo esto amparado por una impunidad que sigue enviando el mensaje de que agredir a la prensa no tiene consecuencias».
El señalamiento apunta a un elemento recurrente: varios de los periodistas asesinados habían denunciado amenazas o incluso contaban con algún tipo de protección institucional. En distintos expedientes aparecen antecedentes de intimidaciones, campañas de desprestigio o agresiones que no fueron suficientes para activar mecanismos eficaces capaces de impedir los homicidios.
Posible colusión
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ola de violencia es que, en algunos casos, las investigaciones comienzan a dirigir la mirada hacia funcionarios públicos. En Puebla, el asesinato de Josué Martínez Contreras derivó en una investigación que apunta hacia Javier Montalvo Juárez (Javier N.), presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, lo que volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de que actores políticos participen directa o indirectamente en agresiones contra periodistas. El caso ha reforzado la exigencia de que las indagatorias no se limiten a los autores materiales y profundicen en posibles redes de complicidad.
Mientras tanto, Veracruz se ha convertido nuevamente en foco rojo durante el actual sexenio. En los primeros meses de 2026 fueron asesinados Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez; posteriormente fue secuestrada y asesinada Roxana Berenice Guzmán. La investigación de este último caso escaló hasta señalar como presunto autor intelectual a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, además de involucrar a policías municipales y presuntos integrantes del crimen organizado.
La combinación de delincuencia organizada y posibles vínculos con autoridades locales representa uno de los mayores desafíos para las investigaciones, pues dificulta la identificación de los responsables intelectuales y alimenta la percepción de impunidad.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha sido igualmente contundente. Tras el asesinato de Josué Martínez Contreras advirtió: «Seis periodistas asesinados en poco más de seis meses: ¿cuántos más tienen que morir para que las autoridades comprendan que su respuesta sigue siendo claramente insuficiente?». Añadió que «abrir una investigación después de cada asesinato simplemente no basta» y pidió reforzar la protección de periodistas, fortalecer las investigaciones y exigir responsabilidades por las fallas en materia de prevención. E4
Casos por sexenio
| Presidente | Período | |
|---|---|---|
| Vicente Fox | 2000-2006 | 22 |
| Felipe Calderón | 2006-2012 | 48 |
| Enrique Peña Nieto | 2012-2018 | 47 |
| Andrés Manuel López Obrador | 2018-2024 | 47 |
| Claudia Sheinbaum | 2024 a julio de 2026 | 14 |
| Fuente: Artículo 19 |
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.