La nota publicada el fin de semana por The New York Times sobre México demanda reflexión. Por una parte, están los estándares del periodismo respecto de revelaciones sustentadas en fuentes no oficiales. No es la primera vez que aparecen trabajos de esta naturaleza que la realidad desmiente. Sin embargo, la situación actual es distinta. La diferencia radica en el estado de impunidad que prevalece en México y en que el Departamento de Justicia ha solicitado la detención con fines de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos su gobernador, un senador y el presidente municipal de la capital, todos del partido gobernante. A ello se suman las declaraciones de diversos funcionarios estadounidenses de alto nivel que anticipan una nueva lista de personas imputadas.
Existe una reserva generalizada de que sea el principio del fin del régimen obradorista. Mucho tiene que ver la postura del Gobierno y de la presidenta de minimizar o trivializar la embestida judicial y la información periodística. La respuesta institucional ha surtido efecto en la medida en que indicadores como el tipo de cambio, el desempeño bursátil y la inversión mantienen una razonable estabilidad, como si nada ocurriera o pudiera ocurrir. Se añade, asimismo, el excepticismo o la actitud complaciente de medios de comunicación e, incluso, de representantes empresariales. La inclinación a la negación explica igualmente la postura de muchos; la incertidumbre y la adversidad suelen enfrentarse de esa manera.
Resulta difícil creer que The New York Times, por su línea y política editoriales, decidiera convertirse en vocero del Gobierno de Trump o de la llamada ultraderecha, como acusa Ariadna Montiel, presidenta de Morena o el coordinador de los diputados Ricardo Monreal. Lo más delicado de la información es que alude a un número importante de gobernadores, legisladores y políticos —en su mayoría de Morena—, que mantienen diálogo con las autoridades estadounidenses para incriminar a correligionarios de igual o mayor jerarquía. La nota señala que la DEA los ha buscado y que, ante el temor de ser imputados, están colaborando para revelar la connivencia de miembros relevantes del régimen.
La situación es muy delicada. Hay razones para dimensionar la gravedad de la amenaza, pese al discurso público de la presidenta y de la dirigencia de Morena. Las opciones legales o políticas del Gobierno son inexistentes o resultarían ineficaces. Más grave, y que la información consigna, es que integrantes de la propia jerarquía estén incriminando e incriminándose. El diario revela que es una docena de personas quienes están colaborando con las autoridades estadounidenses. Se trata de un hecho explosivo porque significa que la estrategia de la presidenta Sheinbaum para preservar la unidad no sólo no ha dado resultado, sino que está siendo saboteada desde el interior, ante la creencia de los suyos de que no puede garantizar protección frente a la ofensiva judicial estadounidense. Es cierto que la impunidad solo existe dentro de las fronteras nacionales y todo indica que la embestida judicial continuará ahora con testimonios de destacados miembros de la clase política.
El fin del régimen no estaría asociado a una campaña mediática, ni siquiera a la acción del Gobierno estadounidense o a una ofensiva ideológicamente motivada por la llamada ultraderecha. El origen del problema es la impunidad y la ausencia de condiciones para ofrecer una respuesta judicial convincente y creíble, precisamente porque el régimen terminó con la precaria autonomía de la FGR y con la independencia del Poder Judicial Federal. La pretensión de controlar el aparato de justicia penal terminó volviéndose contra el propio régimen político.
Así, el eventual fin del régimen sería consecuencia de una herida autoinfligida. Desde distintos frentes y por diversas razones se advirtió a la presidenta Sheinbaum sobre las implicaciones de destruir al Poder Judicial. Tuvo la opción de limitar la defenestración de juzgadores a la Suprema Corte, pero no le pareció suficiente, movida por un inexplicable sentimiento de agravio y, sobre todo, por un afán de un erigir un poder sin límites. Se impuso la cerrazón y ésta se extendió al juicio de amparo y a imponer en la FGR a una titular cuya principal credencial es su pertenencia y absoluta subordinación al grupo en el poder.
Es lamentable para el país y para su soberanía que una eventual debacle tenga como punto de partida el interés político, ideológico y judicial del poderoso país vecino, efecto de la impunidad y destrucción del sistema de justicia.
Los desafíos de Somos México
El INE otorgó el registro a dos nuevas fuerzas políticas entre las muchas que buscaron constituirse como partidos nacionales: Construyendo Sociedades en Paz (CSP), encabezada por Hugo Eric Flores, actual diputado federal de Morena, y Somos México, una organización que reúne a destacadas personalidades de la política, la academia y el servicio público, heredera de la Marea Rosa y que expresa el creciente descontento con el rumbo del país bajo el obradorismo.
Llama la atención que el INE ordenara a Somos México en votación dividida cambiar nombre, color y emblema, bajo el argumento de que podrían generar confusión. Tesis insostenible. Todos los partidos buscan proyectar una identidad incluyente; ahí están Morena y, antes, el PRI. La decisión constituye un golpe innecesario porque despoja al proyecto de su identidad y deja la impresión de ser una compensación por haberle concedido el registro.
La mayoría del Consejo General del INE tiene dueño y esa circunstancia explica una resolución difícil de justificar. El nuevo partido deberá impugnarla ante el Tribunal Electoral. Ahí se pondrá a prueba el órgano jurisdiccional y, más que eso, el sentido de la influencia política de la Presidencia sobre la resolución a emitir.
Los desafíos para un partido de nueva creación son considerables. La ley le impide competir en coalición en su primera elección y lo obliga a alcanzar por sí solo 3% de la votación nacional. Parece una meta modesta, pero la experiencia demuestra lo contrario. El PES perdió el registro en 2018, pese a formar parte de una coalición ganadora, y el PT sólo logró conservarlo en 2015 gracias a una elección extraordinaria. La legitimidad de la causa y el prestigio de quienes integran Somos México no bastan para garantizar los votos necesarios que le permitan mantenerse como una opción política con miras a 2030.
Existe la idea de que Somos México quitará votos a los partidos opositores. No hay tal, por la sencilla razón que los votantes no tienen dueño, ni siquiera los que han sufragado por la coalición gobernante. El llamado voto duro de los partidos es una proporción muy menor, además, el abstencionismo es un segmento mayor respecto a cualquier fuerza política. La fragmentación del voto opositor, para este caso, es una preocupación ociosa. Lo que sí es cierto es que una nueva forma de hacer política impone presión a las organizaciones dominadas por la partidocracia.
A ello se suma un entorno particularmente incierto. No sólo pesan los temas habituales de la agenda nacional, sino también la compleja relación con Estados Unidos. Hoy resulta plausible imaginar escenarios que hace pocos años parecían impensables: candidatos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, funcionarios de alto nivel sujetos a procesos judiciales en el extranjero o nuevas acciones contra organizaciones criminales con efectos directos sobre la política mexicana,como sería la declaratoria de Morena como organización terrorista extranjera. Existen investigaciones en curso que podrían alterar sustancialmente el contexto electoral.
En ese escenario, Somos México necesita diferenciarse con claridad del resto de la oposición. Su principal activo no debe limitarse a las propuestas para el país, sino reflejarse en la forma de hacer política. Tres compromisos pueden marcar esa diferencia: la selección democrática de sus candidatos, la incorporación efectiva de la sociedad civil a las decisiones internas y la construcción de alianzas con organizaciones sociales. A partir de ello deberá asumir una posición inequívoca frente a la impunidad y la corrupción.
La identidad de un proyecto político no surge de acumular causas, sino de apropiarse de una que sintetice el malestar colectivo. López Obrador consiguió que Morena fuera percibido como el vehículo para combatir la corrupción; así canalizó el descontento social. Hoy ese escenario ha cambiado. La indignación permanece, Morena es visto cada vez más como un partido que tolera la corrupción y se beneficia de ella. Además, la impunidad se ha convertido en el sello del régimen y ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado, debilitando al Estado y colocando a México en una posición de creciente vulnerabilidad frente a Estados Unidos.
Somos México ha de trascender el objetivo electoral. La magnitud de la crisis institucional exige construir una alternativa capaz de recuperar el Estado de derecho, salvaguardar la soberanía nacional y concitar la confianza ciudadana. El verdadero desafío será: convertirse en la opción más creíble frente a un eventual colapso del régimen de autoridad y esto puede ocurrir en cualquier momento.
